Siete juzgados tramitan querellas contra la ¡®polic¨ªa patri¨®tica¡¯ del PP

Siete juzgados de Madrid tramitan o investigan las querellas presentadas por dirigentes de Podemos y de partidos independentistas, as¨ª como por empresarios catalanes, contra los responsables del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Los querellantes se sienten v¨ªctimas de persecuci¨®n pol¨ªtica presuntamente perpetrada por altos mandos policiales entre 2012 y 2016 contra los adversarios del PP.

Aunque muchos de los indicios de esas maniobras realizadas sin orden judicial se empezaron a conocer hace m¨¢s de 10 a?os, ning¨²n tribunal ha condenado hasta ahora estas pr¨¢cticas e incluso archiv¨® alguna de las querellas presentadas.

A finales de 2012 fue publicado un informe policial sin sello ni firma que acusaba de graves corruptelas, nunca demostradas, a dirigentes independentistas catalanes. Unos a?os despu¨¦s, desde los mismos departamentos del Ministerio del Interior se difundi¨® una supuesta cuenta en Suiza del exalcalde de Barcelona, Xavier Tr¨ªas, que result¨® ser falsa. Tras la publicaci¨®n por EL PA?S, el pasado julio, de los audios de la corrupci¨®n, donde se recog¨ªan grabaciones del comisario Jos¨¦ Manuel Villarejo con dirigentes pol¨ªticos del PP, se han vuelto a presentar nuevas querellas en los juzgados de Madrid.

Los catalanes Sandro Rosell, expresidente del Barcelona; la familia Sumarroca, ligada al expresidente Jordi Pujol; los due?os de la Banca Privada de Andorra; el exjefe Superior de Polic¨ªa de Catalu?a, Narciso Ortega; y el exconsejero de Econom¨ªa Jaume Gir¨®, han presentado querellas contra dirigentes del PP y de Interior, incluyendo a varios mandos policiales de aquella ¨¦poca (el grupo que despu¨¦s fue bautizado medi¨¢ticamente como polic¨ªa patri¨®tica).

Algunos de los supuestamente perseguidos por la Polic¨ªa durante el mandato del PP llevaron sus denuncias al juzgado 6 de la Audiencia Nacional, donde se instruye la macrocausa denominada caso T¨¢ndem sobre los negocios ilegales del comisario Jos¨¦ Manuel Villarejo. En ese sumario se acumulan cientos de pruebas de las actividades de la denominada polic¨ªa patri¨®tica a las ¨®rdenes del Gobierno del PP. Pero el instructor Manuel Garc¨ªa Castell¨®n ha rechazado investigar esos extremos.

El ¨²ltimo auto judicial desestimaba la petici¨®n de Sandro Rosell, quien denunciaba que la senadora del PP Alicia S¨¢nchez Camacho, exl¨ªder popular en Catalu?a, hab¨ªa dado al comisario Villarejo una lista de personas a investigar por su relaci¨®n con el independentismo, entre las que estaba el expresidente blaugrana.

La querella de Sandro Rosell, como la mayor¨ªa de las presentadas en los ¨²ltimos meses, denunciaba la existencia de ¡°un entramado pol¨ªtico-policial que tendr¨ªa por finalidad llevar a cabo actuaciones para desestabilizar o frenar a personas vinculadas al movimiento independentista catal¨¢n, o vinculadas, presuntamente a ellas¡±.

Apariencia de delito

El juez Garc¨ªa Castell¨®n deriv¨® a otras instancias judiciales la querella de Rosell con el siguiente argumento: ¡°Sin poner en duda la gravedad de las afirmaciones contenidas en la querella, ni la posibilidad de que tales hechos presentasen, indiciariamente, apariencia de delito, ello es diferente de que tales hechos deban ser investigados en el marco de las presentes diligencias penales. En la querella no se consigna en qu¨¦ modo se encuentran conectados los hechos narrados con la causa aqu¨ª seguida contra el ex comisario Villarejo. En este sentido, debemos recordar que en esta causa, tanto en la principal como en cada una de las piezas separadas, se investiga un mismo patr¨®n de conducta delictiva: la contrataci¨®n privada del ex comisario mediante el grupo CENYT, para prestar servicios que no pod¨ªa desarrollar, dada su situaci¨®n de polic¨ªa en activo y, en ocasiones, con empleo de medios de investigaci¨®n restringidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; ello se cristalizaba en un encargo o proyecto, bajo un presupuesto y con abono de un precio por tal il¨ªcita actividad¡±.

A las cinco querellas vivas de dirigentes catalanes vinculados al independentismo se unen otras dos causas que afectan a Podemos.

El exl¨ªder de esta formaci¨®n, Pablo Iglesias, reclam¨® en octubre pasado la reapertura de la causa abierta tras la publicaci¨®n de una informaci¨®n falsa en Okdiario para desacreditarle ¡ªel supuesto cobr¨® de un cheque a su nombre en un banco de Islas Granadinas emitido por el Gobierno venezolano¡ª cuyo origen era supuestamente el Ministerio del Interior. El juzgado de Instrucci¨®n 12 de Madrid ha pedido a la Fiscal¨ªa que se pronuncie respecto a esta petici¨®n de apertura de la causa y la imputaci¨®n del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Mart¨ªnez, y el exdirector adjunto operativo de la Polic¨ªa, Eugenio Pino.

La juez archiv¨® la querella presentada en su d¨ªa por Iglesias con el siguiente argumento: ¡°Los hechos denunciados est¨¢n amparados en meras informaciones period¨ªsticas aparecidas en distintos medios de comunicaci¨®n. La reiterada jurisprudencia del Supremo se?ala que la mera publicaci¨®n de informaciones en los medios de comunicaci¨®n no puede justificar sin m¨¢s la apertura de un procedimiento penal para la investigaci¨®n de los hechos descritos si la denuncia que los incorpora, como es el caso, no aporta u ofrece alg¨²n indicio de su comisi¨®n que pueda ser calificado como accesible y racional. De manera que s¨®lo cuando existan concretos indicios de delito resulta admisible la apertura de investigaciones¡±.

Grabaci¨®n de Villarejo

El nuevo escrito de Iglesias recoge hechos nuevos relacionados con una grabaci¨®n conocida hace varios meses, donde Villarejo confirma que la informaci¨®n difundida por Okdiario sobre la cuenta de las Islas Granadinas era falsa.

Por otra parte, el juzgado 29 de Madrid investiga desde 2021 el caso Caranjuez, una trama de polic¨ªas y abogados que ofreci¨® supuestamente diversos servicios a ex altos cargos del Gobierno de Venezuela a cambio de dinero y de informaci¨®n comprometedora sobre la formaci¨®n pol¨ªtica Podemos.

En enero pasado, la juez del caso acept¨® la petici¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n para citar al exviceministro venezolana Nervis Villalobos y a la extesorera Claudia D¨ªaz Guillen, que podr¨¢n declarar por videoconferencia el pr¨®ximo mes.