El Gobierno del PP archiv¨® el ¡®caso Cuarteles¡¯ pese a que un segundo informe confirmaba irregularidades

Jos¨¦ Manuel Holgado Merino, director general de la Guardia Civil durante la etapa de Juan Ignacio Zoido (PP) como ministro del Interior en el ¨²ltimo Gobierno de Mariano Rajoy, orden¨® por escrito el 27 de diciembre de 2017 que el Servicio de Asuntos Internos dejara de investigar la supuesta adjudicaci¨®n irregular de decenas de obras del instituto armado al constructor canario ?ngel Ram¨®n Tejera de Le¨®n, Mon, uno de los ahora imputados en el caso Cuarteles de corrupci¨®n junto al teniente general Pedro V¨¢zquez Jarava. Holgado dio la orden a pesar de que un informe encargado a la Jefatura de Asuntos Econ¨®micos hab¨ªa confirmado las sospechas de Asuntos Internos de que hubo supuestas irregularidades en aquellas licitaciones, seg¨²n recogen documentos incorporados al sumario a los que ha tenido acceso EL PA?S.

En el escrito por el que ordenaba el archivo, Holgado, juez de carrera, se?alaba que, tras diversas comprobaciones internas sobre los hechos que Asuntos Internos recog¨ªa en un ¡°borrador de informe¡± que hab¨ªa planteado llevar a la Fiscal¨ªa, ¡°se concluye que no existen [¡­] acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley, ni conductas contrarias a la ¨¦tica profesional en las que se haya visto involucrado personal destinado en la Direcci¨®n General del Cuerpo¡±. En la orden, el m¨¢ximo responsable pol¨ªtico del instituto armado esgrim¨ªa para justificar su decisi¨®n tres estudios realizados por diferentes ¨®rganos de la Guardia Civil sobre el contenido de aquel borrador. Entre ellos citaba un informe de la Jefatura de Asuntos Econ¨®micos que, en realidad, enumeraba diversas irregularidades y que ahora ha sido incorporado al sumario que instruye la titular del Juzgado de Instrucci¨®n 3 de Madrid, Mar¨ªa Isabel Dur¨¢ntez.

En concreto, este documento detallaba supuestas anomal¨ªas en las adjudicaciones de nueve comandancias a las empresas de Tejera de Le¨®n en el per¨ªodo 2015-2017. Entre ellas, las realizadas en cuarteles de la provincia de ?vila, foco donde arrancar¨ªa un a?o despu¨¦s la investigaci¨®n que ha desembocado en la actual causa judicial en la que est¨¢ imputado el empresario y alto mando del instituto armado, ya retirado. El documento est¨¢ fechado el 31 de agosto de 2017 y consta de 24 folios y 29 anexos en los que se acumulan m¨¢s de 270 facturas, presupuestos y correos electr¨®nicos de aquellas obras. Lo firman dos tenientes coroneles interventores.

En el cap¨ªtulo de ¡°conclusiones y recomendaciones¡±, el informe se?ala que, en buena parte de los expedientes de licitaci¨®n examinados, no consta como es preceptivo una memoria ¡°u otro documento an¨¢logo¡± que justifique el gasto. La investigaci¨®n judicial ha revelado ahora que el constructor recibi¨® encargos de trabajos que ni siquiera hab¨ªan pedido los responsables de los cuarteles donde se hicieron. Adem¨¢s, el documento de Asuntos Internos detalla que, si bien en general en todas las adjudicaciones se solicitaron presupuestos a tres empresas para hacer una ¡°prospecci¨®n de mercado¡±, al final este requisito qued¨® ¡°viciado por el hecho de que las empresas o empresarios que concurren est¨¢n controladas por las mismas personas¡±.

Los interventores, que calificaban de ¡°an¨®mala y bastante reiterada¡± esta circunstancia, destacaban que las cuatro sociedades beneficiadas (Angrasurcor, Solocorcho, Canarycork e Impermekork) ¡°cuentan con las mismas personas como administradores y apoderados¡±, en referencia a Tejera de Le¨®n. El quinto licitador era un empleado del propio empresario canario. Y a?ad¨ªan un detalle: ¡°Incluso los formatos de documentos presentados [por estas mercantiles] cuando concurren a las licitaciones son pr¨¢cticamente id¨¦nticos¡±. Estas empresas se hicieron finalmente con cerca del 50% de los importes de las obras analizadas en el informe.

El informe tambi¨¦n alertaba de que las sociedades de Tejera de Le¨®n no ten¨ªan ¡°personal ni infraestructura espec¨ªfica para el desarrollo de los trabajos de construcci¨®n, reparaci¨®n y conservaci¨®n¡± que se le adjudicaron. En este sentido, destacaba que en ocasiones se hab¨ªa visto obligado a subcontratar a otras compa?¨ªas. La actual investigaci¨®n judicial ha constatado que el constructor se hizo con el concurso para demoler el cuartel de Garachico, en la isla de Tenerife, por 168.524 euros. Sin embargo, los trabajos nunca los hicieron trabajadores de sus compa?¨ªas, sino dos empresas de la isla, a las que pag¨® 62.000 euros. Tejera de Le¨®n se embols¨® un beneficio superior a los 100.000 euros.

Asuntos Econ¨®micos tambi¨¦n pon¨ªa el foco en la ¡°lejan¨ªa del domicilio social de las empresas respecto a buena parte del lugar de ejecuci¨®n de las obras¡±, dado que la mayor¨ªa de las empresas de Tejera de Le¨®n ten¨ªan su sede en Canarias, pese a lo cual se le adjudicaron concursos para hacer peque?as reparaciones en cuarteles de toda la Pen¨ªnsula. El documento se?alaba que en tres comandancias ¨Dlas de A Coru?a, Badajoz y Castell¨®n¨D el ofrecimiento a contratar a estas empresas ¡°hab¨ªa sido gestionado desde ¨®rganos centrales¡± de la propia Direcci¨®n General de la Guardia Civil, sin mayor concreci¨®n. La actual investigaci¨®n judicial ha concretado que era el propio general V¨¢zquez Jarava quien presuntamente indicaba a los responsables de las comandancias que ten¨ªan que contratar al constructor.

Pese a todo ello, el ex director general alud¨ªa en su orden a este documento como uno de los tres que hab¨ªan propiciado su decisi¨®n de archivar la investigaci¨®n de Asuntos Internos. Los otros dos eran uno elaborado por la Jefatura de Servicios de Apoyo-Servicio de Acuartelamiento para verificar ¡°la calidad de los trabajos¡± realizados por las empresas de Tejera de Le¨®n y el informe que elabor¨® el propio V¨¢zquez Jarava, que entonces estaba al frente de la Subdirecci¨®n General de Apoyo, uno de los puestos de mayor poder dentro de la Guardia Civil al gestionar sus recursos financieros y patrimoniales. En este, el alto mando conclu¨ªa que ¡°en las actuaciones informadas [en el documentos de Asuntos Internos] no existe indicio de delito¡±. Seg¨²n detallan ahora informes incorporados al caso Cuarteles, para entonces el general ya hab¨ªa recibido supuestamente d¨¢divas del empresario en forma de viajes para ver en Mil¨¢n y Cardiff (Reino Unido) sendas finales de la Champions League y estancias de hotel para ¨¦l y su familia.

Con todo ello, Holgado orden¨® a finales de diciembre de aquel a?o ¡°el archivo del expediente incoado por el Servicio de Asuntos Internos¡± y ¡°el cese en las actuaciones¡± al considerar que no eran ¡°necesarios nuevos elementos de juicio en que basar esta decisi¨®n¡±, seg¨²n recoge el documento. Ocho d¨ªas despu¨¦s de la orden, el 4 de enero de 2018, el propio V¨¢zquez Jaraba remit¨ªa un oficio al coronel jefe de Asuntos Internos con copia del documento firmado por Holgado ¡°para conocimiento y constancia de esa unidad¡±. En el escrito, el general le indicaba al otro alto mando que el m¨¢ximo responsable pol¨ªtico de la Guardia Civil hab¨ªa ordenado ¡°el archivo del expediente¡± sobre las adjudicaciones al constructor y, por tanto, que no iba a ser enviado a Fiscal¨ªa. La orden muestra el recib¨ª manuscrito del coronel de la unidad. Once d¨ªas m¨¢s tarde, el general pasaba a la condici¨®n de retirado por edad y abandonaba la c¨²pula de la Guardia Civil.

Ahora, m¨¢s de cinco a?os despu¨¦s, las supuestas irregularidades denunciadas son investigadas por un juzgado de Madrid, que mantiene como imputadas a cuatro personas por las supuestas irregularidades en la adjudicaci¨®n de 193 obras en cuarteles de 13 comandancias (cuatro m¨¢s de las que revelaba aquel documento) por un valor superior a los 3 millones de euros. Entre los imputados est¨¢ Tejera de Le¨®n y V¨¢zquez Jarava, este ¨²ltimo acusado de los delitos de tr¨¢fico de influencias, prevaricaci¨®n administrativa, cohecho, falsedad documental y malversaci¨®n. Hay un segundo alto mando de la Guardia Civil imputado y Asuntos Internos ha planteado a la jueza que instruye la causa que tome declaraci¨®n como investigados a otros responsables del instituto armado y a una arquitecta, aunque la magistrada ha rechazado citarlos por el momento.