El Consejo de Europa insta a Espa?a a aprobar r¨¢pido la ley de vivienda
En su informe tras su visita en noviembre, la comisaria de Derechos Humanos, Dunja Mijatovi?, alerta de las ¡°desigualdades¡± en vivienda y acceso a salud, especialmente en atenci¨®n primaria, donde se hace eco de las protestas contra la pol¨ªtica sanitaria del Gobierno de Madrid
Espa?a deber¨ªa aprobar ¡°lo antes posible¡± la ley de la vivienda, ha afirmado este mi¨¦rcoles la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovi?, para quien esta normativa, que se encuentra en proceso de tramitaci¨®n en el Senado, constituye un paso en el buen sentido para atender con ¡°urgencia¡± el problema ¡°estructural¡± de vivienda de ¡°grandes proporciones¡± que vive el pa¨ªs. Esta es una de las principales recomendaciones del informe de la comisaria de Estrasburgo tras su visita en noviembre a Espa?a, en el que adem¨¢s manifiesta su preocupaci¨®n por las ¡°desigualdades¡± y ¡°precariedades¡± en materia de salud, especialmente en la atenci¨®n primaria en comunidades como Madrid, adem¨¢s de la situaci¨®n de los migrantes, sobre todo en Melilla.
¡°La vivienda no deber¨ªa ser tratada como un bien asequible solo para algunos. El acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano central para el completo disfrute de la mayor¨ªa de los dem¨¢s derechos¡±, sostiene Mijatovi?, para quien la ley de la vivienda en proceso de aprobaci¨®n aborda algunos de los principales escollos para garantizar el derecho social fundamental a una vivienda digna. Un derecho que se ha visto dificultado en Espa?a, entre otros, se?ala el informe, por las decisiones de ¡°sucesivos gobiernos¡± en los ¨²ltimos a?os de permitir a firmas de capital privado invertir en el mercado inmobiliario.
Para la comisaria, que se hace eco una vez m¨¢s de forma especial de la situaci¨®n de los habitantes sin acceso a luz de Ca?ada Real ¡ªsobre cuyo caso se ha pronunciado tambi¨¦n el Comit¨¦ de Derechos Sociales de la instituci¨®n con sede en Estrasburgo¡ª, resulta fundamental que las autoridades espa?olas ¡°a todos los niveles, incluidas las comunidades aut¨®nomas y municipalidades¡±, se coordinen y act¨²en de forma conjunta para ¡°garantizar el derecho a una vivienda asequible¡±. Algo que incluye, destaca, ¡°el uso m¨¢ximo de todos los recursos disponibles para atender el d¨¦ficit de viviendas sociales, medidas adecuadas para regular el mercado inmobiliario privado para mejorar el acceso equitativo a viviendas asequibles y medidas de largo plazo para evitar y erradicar la situaci¨®n de los sin techo¡±. Sobre este ¨²ltimo punto, Mijatovi? recomienda adem¨¢s ¡°considerar extender la suspensi¨®n temporal de desahucios de personas vulnerables¡± lanzadas durante la crisis de covid-19 al menos hasta que ¡°se logre una soluci¨®n m¨¢s amplia y sostenible¡± para este sector social.
Preocupaci¨®n por la ¡°creciente privatizaci¨®n de la salud¡±
La comisaria de Derechos Humanos tambi¨¦n manifiesta su preocupaci¨®n por las ¡°diferencias regionales¡± en materia de salud, especialmente de la atenci¨®n primaria y la especializada, y destaca en su informe el ¡°impacto negativo en el derecho a la salud que resulta de una creciente privatizaci¨®n del sistema sanitario¡±, sobre todo ¡°en algunas regiones¡±.
El informe de Mijatovi? presta una atenci¨®n especial a Madrid, donde, recuerda la comisaria, poco antes de su visita, del 21 al 25 de noviembre, miles de personas salieron a la calle para protestar por la pol¨ªtica sanitaria del Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso y reclamar ¡°una sanidad 100% p¨²blica, universal y de calidad¡±. Tambi¨¦n destaca que, justo cuando llegaba a Madrid, los m¨¦dicos de atenci¨®n primaria y pediatras de los centros de salud de la capital comenzaron una huelga indefinida. ¡°La comisaria entiende que Madrid es la regi¨®n espa?ola que tiene el menor gasto per c¨¢pita en atenci¨®n primaria, pese a ser la regi¨®n con los ingresos per c¨¢pita m¨¢s altos. El sindicato de m¨¦dicos de Madrid [en referencia a la Asociaci¨®n de M¨¦dicos y Titulado Superiores de Madrid, AMYTS] afirma que de cada dos euros gastados en sanidad en Madrid, uno acaba en el sector privado¡±, se?ala al respecto el informe.
Seg¨²n el reporte final, Espa?a ¡°debe hacer m¨¢s para reforzar el acceso universal a una atenci¨®n sanitaria p¨²blica de calidad¡± en todo el territorio. Algo que pasa, insiste, por corregir la ¡°inversi¨®n insuficiente en atenci¨®n primaria¡± y las ¡°precarias condiciones de empleo¡± de los trabajadores de la salud, que se encuentran, en muchos lugares, ¡°abrumados, exhaustos y dependientes de contratos de corta duraci¨®n¡±. Para ello, llama a ¡°respetar y proteger los derechos laborales de la fuerza laboral sanitaria¡±, mediante ¡°medidas inmediatas¡± que garanticen su bienestar y seguridad laborales. ¡°Esto incluye -subraya el informe- tomar todas las medidas para garantizar que son tratados con los niveles apropiados de dignidad y respeto, entre ellos mediante los t¨¦rminos de su situaci¨®n contractual y seguridad en los ingresos¡±, entre otros.
La comisaria tambi¨¦n insta a Espa?a a garantizar una salud sexual y reproductiva ¡°de alta calidad¡± que sea ¡°completamente accesible¡± mediante servicios p¨²blicos en todo el pa¨ªs, incluida la atenci¨®n para el aborto, en l¨ªnea con las directrices al respecto emitidas en 2022 por la Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS).
Asimismo, llama la atenci¨®n de la ¡°altas tasas de mortalidad¡± en residencias de mayores durante la crisis de covid, una cuesti¨®n que ¡°todav¨ªa debe ser investigada de manera efectiva y atendida con una participaci¨®n estrecha de las familias de las v¨ªctimas¡±.
En materia de derecho, Mijatovi? saluda en su informe la supresi¨®n del delito de sedici¨®n del C¨®digo Penal que, en su d¨ªa, recuerda, llev¨® a ¡°restricciones del derecho a la libertad de expresi¨®n y reuni¨®n de pol¨ªticos y activistas catalanes¡±. A la par, sin embargo, insiste en que la ley mordaza ¡°sigue teniendo un impacto negativo serio en el disfrute de las libertades de expresi¨®n y reuni¨®n, en especial de los defensores de derechos humanos y periodistas, lo que crea un efecto disuasorio general en la sociedad¡±. No es la primera vez que la comisaria de Derechos Humanos alerta sobre ello: ya lo hizo, en una carta enviada al entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en marzo de 2021, en la que solicitaba cambios legales sobre los insultos a la Monarqu¨ªa y el enaltecimiento del terrorismo, entre otros.
Tampoco son nuevas sus cr¨ªticas a la situaci¨®n de los migrantes en las fronteras espa?olas, sobre todo en Ceuta y Melilla, sobre la que ya se pronunci¨® cr¨ªticamente nada m¨¢s concluir su visita oficial en noviembre. En su informe, vuelve a ¡°deplorar¡± las ¡°diferencias significativas¡± en el territorio espa?ol a las protecciones a las que tienen derecho los refugiados y demandantes de asilo, sometidos, entre otros, a ¡°largos periodos de espera al proceso de asilo, retrasos en la identificaci¨®n de vulnerabilidades especiales y obst¨¢culos al acceso a derechos sociales, incluidos la vivienda y la salud¡±.
De la misma manera, Mijatovi?, que en su visita tambi¨¦n pas¨® por Melilla, reitera que sigue sin haber un acceso ¡°genuino y efectivo¡± al asilo en la frontera entre Nador (Marruecos) y Melilla. ¡°Parece que no hay otra forma para entrar en Espa?a en la frontera de Melilla para buscar protecci¨®n ante las autoridades relevantes que nadando o saltando la valla, arriesgando la vida¡±, declara la comisaria, en unas palabras casi calcadas de su primera impresi¨®n en noviembre.
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