El Gobierno da una de cal y otra de arena ante la primera petici¨®n judicial por el ¡®caso Pegasus¡¯

El pasado 25 de julio, el caso Pegasus ¡ªla supuesta interceptaci¨®n masiva de m¨®viles de l¨ªderes independentistas catalanes con un programa esp¨ªa israel¨ª en los a?os del proc¨¦s¡ª lleg¨® por primera vez a la mesa del Consejo de Ministros. En su ¨²ltima reuni¨®n antes de las vacaciones, el Gobierno en funciones examin¨® la solicitud de desclasificaci¨®n de informaci¨®n secreta elevada por la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 20 de Barcelona, quien investiga una denuncia por presunto espionaje presentada por el presidente del grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Parlamento catal¨¢n, Josep Mar¨ªa Jov¨¦, y la portavoz del mismo partido en la Euroc¨¢mara, Diana Riba.

El primero aleg¨® que su m¨®vil hab¨ªa sido infectado con el virus esp¨ªa mientras negociaba la investidura del socialista Pedro S¨¢nchez en 2019, mientras que la segunda argument¨® que se hab¨ªan espiado conversaciones sobre su esposo, Ra¨¹l Romeva, exconseller de Exteriores de la Generalitat condenado y luego indultado por el proc¨¦s.

La petici¨®n de desclasificaci¨®n, elevada en abril pasado por la juez, respond¨ªa a una resoluci¨®n de la Audiencia Provincial de Barcelona que dio la raz¨®n al abogado de los dos republicanos, Andreu Van den Eynde, y orden¨® que se citara como investigada a la empresa israel¨ª NSO Group, propietaria del programa Pegasus, y como testigo a Esperanza Castelerio, directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Para evitar que esta se escudara en el car¨¢cter clasificado del asunto, la jueza opt¨® por elevar previamente una petici¨®n de desclasificaci¨®n al Gobierno.

El escrito judicial constaba de tres apartados. Preguntaba primero si el servicio secreto espa?ol dispone del software esp¨ªa israel¨ª; reclamaba luego la identidad del suministrador y las condiciones de la adquisici¨®n; e inquir¨ªa por ¨²ltimo si ha sido utilizado para espiar a los dos denunciantes, Jov¨¦ y Riba. La respuesta del Gobierno, seg¨²n ha podido saber EL PA?S de fuentes conocedoras de la misma, es una de cal y otra de arena.

Por un lado, el Gobierno se niega a responder a las dos primeras cuestiones, alegando que no puede revelar las ¡°fuentes y medios¡± del servicio secreto, clasificados por la ley reguladora del CNI de mayo de 2002, sin poner en riesgo la actividad del centro. Sin embargo, autoriza a la jefa de los esp¨ªas a declarar en el juzgado, aunque anticipa que los dos denunciantes, Jov¨¦ y Riba, nunca fueron investigados por el CNI. As¨ª, si la juez la estima conveniente, Casteleiro comparecer¨¢ como testigo ante el juzgado, pero no podr¨¢ dar muchos m¨¢s detalles de los que adelanta el Gobierno e insistir¨¢ en que los dirigentes de ERC nunca estuvieron bajo el radar del centro.

Los nombres de Jov¨¦ y Riba figuraban en la lista de 65 dirigentes independentistas supuestamente espiados entre 2015 y 2020 ¡ª63 de ellos con el programa Pegasus¡ª que en abril de 2022 hizo p¨²blica Citizen Lab, un laboratorio de la Universidad de Toronto (Canad¨¢).

Las sospechas se dirigieron inmediatamente al CNI, ya que este programa solo se vende a agencias gubernamentales, pero la entonces directora del centro de espionaje, Paz Esteban, que compareci¨® a puerta cerrada ante la Comisi¨®n de Secretos Oficiales del Congreso, solo reconoci¨® haber espiado a 18 de los 65 integrantes de la lista y siempre con autorizaci¨®n judicial. Entre los pol¨ªticos que el CNI admite haber espiado figuraba el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragon¨¨s, cuando era vicepresidente, pero no Jov¨¦ y Riba. Citizen Lab, por su parte, solo ha admitido un error en su lista, la de haber incluido entre los espiados el exconseller Toni Com¨ªn, fugado de la Justicia espa?ola como el expresident Puigdemont, cuyas siglas hab¨ªan confundido con las de otro.

A pesar de que la destituci¨®n de Paz Esteban y su sustituci¨®n por Casteleiro, a la semana siguiente de que la primera compareciera en el Congreso, amain¨® la tormenta pol¨ªtica generada por el esc¨¢ndalo, el caso Pegasus ha seguido enturbiando las relaciones del Gobierno con los independentistas catalanes. Como parte del acuerdo que permiti¨®, la semana pasada, la elecci¨®n de Francina Armengol como presidenta del Congreso, los socialistas aceptaron crear una comisi¨®n de investigaci¨®n en el Congreso sobre el caso y se comprometieron a no vetar ninguna comparecencia. Seg¨²n la ley del CNI, es la Comisi¨®n de Secretos Oficiales, y no una eventual comisi¨®n de investigaci¨®n, la que puede tener acceso a informaci¨®n clasificada sobre el funcionamiento y las actividades del servicio secreto, por lo que su margen de maniobra puede ser muy limitado.

Ser¨¢ la tercera comisi¨®n parlamentaria de investigaci¨®n sobre el caso Pegasus. El propio Jov¨¦ preside la comisi¨®n creada en el Parlamento de Catalu?a, ante la que han rehusado comparecer el presidente Pedro S¨¢nchez y su antecesor Mariano Rajoy, entre otros. Por su parte, la comisi¨®n del Parlamento Europeo concluy¨® en mayo con un informe en el que ped¨ªa a las autoridades espa?oles una ¡°investigaci¨®n completa, justa y exhaustiva¡± del presunto espionaje.

En los tribunales

La causa abierta por el juzgado n¨²mero 20 de Barcelona es la primera sobre el caso Pegasus que llega a la mesa del Consejo de Ministros, pero no la ¨²nica que se investiga. En los juzgados de Barcelona y en la Audiencia Nacional media docena de jueces instruyen denuncias por supuesto espionaje con el programa israel¨ª, hasta ahora con escaso ¨¦xito. La primera querella la presentaron en julio de 2020, antes de que se hiciera p¨²blico el informe de Citizen Lab, el entonces presidente del Parlamento catal¨¢n, Roger Torrent, y el diputado Ernest Maragall, ambos de ERC. El titular del juzgado 32 la archiv¨® porque Israel no contest¨® las comisiones rogatorias enviadas y Torrent y Maragall, al contrario que Jov¨¦ y Riba, no aportaron sus tel¨¦fonos m¨®viles para que se pudiera realizar un peritaje independiente. El mismo juzgado 32 recibi¨® las denuncias de tres diputados de la CUP supuestamente espiados, mientras que la demanda del presidente Aragon¨¨s fue a parar al Juzgado de Instrucci¨®n 29 de Barcelona, que intent¨® inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, aunque la Audiencia Provincial le ha obligado a asumir la investigaci¨®n.

Es en la Audiencia Nacional donde se ha ventilado la otra cara del caso Pegasus: la infecci¨®n de los m¨®viles del presidente Pedro S¨¢nchez y los ministros del Interior, Defensa y Agricultura, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Luis Planas, en mayo y junio de 2021, coincidiendo con la crisis diplom¨¢tica con Marruecos. La denuncia, que se present¨® en mayo de 2022, en plena pol¨¦mica por el llamado Catalangate, fue instruida por el titular del Juzgado Central n¨²mero 4, Jos¨¦ Luis Calama, En julio pasado, el magistrado decret¨® el sobreseimiento provisional de la causa, alegando que ¡°la absoluta falta de colaboraci¨®n¡± por parte de Israel, que ha ignorado las sucesivas comisiones rogatorias, imped¨ªa aclarar la autor¨ªa de un ciberataque que supuso el robo de grandes cantidades de informaci¨®n y, seg¨²n el juez, pudo ¡°poner en jaque la seguridad nacional¡±.