La Fiscal¨ªa plantea reformar las competencias de la Audiencia Nacional tras quedar ¡°obsoletas¡±

¡°Ha llegado el momento¡±. Con estas palabras, la Fiscal¨ªa General del Estado ha expresado en su ¨²ltima memoria anual, publicada el jueves, la urgente necesidad de reformar las competencias de la Audiencia Nacional tras haber quedado ¡°obsoletas¡± y ¡°sobrepasadas por la realidad jur¨ªdica¡±. La c¨²pula del ministerio p¨²blico reimpulsa as¨ª esta demanda al destacarla en el cap¨ªtulo de propuestas de modificaciones legislativas, donde ya la incluy¨® en 2016 y 2013, sin que haya encontrado respuesta de las Cortes pese al tiempo transcurrido, y pese a la insistencia de la Fiscal¨ªa de la propia Audiencia Nacional y de la Fiscal¨ªa Antidroga por las dificultades que se topan para investigar el crimen organizado.

La Audiencia Nacional es un ¨®rgano de jurisdicci¨®n especial que solo asume investigaciones sobre algunos delitos (como el terrorismo) y en determinadas circunstancias. Esto ha supuesto en la pr¨¢ctica, seg¨²n explican fuentes fiscales, que muchos cr¨ªmenes cometidos por complejos grupos organizados (por ejemplo, de narcotr¨¢fico) se instruyan en peque?os juzgados que carecen de los medios suficientes o que se encuentran saturados. ¡°Se percibe la necesidad de un ¨®rgano ¨²nico y centralizado como eje de lucha contra [estos]¡±, subraya la Fiscal¨ªa General del Estado, encabezada por ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, que se?ala a la Audiencia Nacional como el ¡°¨®rgano m¨¢s adecuado¡± para dar una ¡°respuesta penal m¨¢s eficaz, r¨¢pida y especializada¡±.

¡°El paso del tiempo ha producido importantes cambios en todas las facetas de la vida, incluida la jur¨ªdica¡±, incide la memoria, que recalca que la ¡°lucha contra la criminalidad organizada se ha convertido en un eje fundamental de las pol¨ªticas de la Uni¨®n Europea¡±: para combatir el terrorismo nacional e internacional, las amenazas h¨ªbridas, la trata de seres humanos, la explotaci¨®n sexual, la pornograf¨ªa infantil, la delincuencia econ¨®mica y la cibercriminalidad, entre otros. ¡°Ha llegado, pues, el momento de redefinir las competencias [de la Audiencia Nacional] para convertirla en un ¨®rgano cada vez m¨¢s especializado, no solo en terrorismo, sino tambi¨¦n en delincuencia organizada econ¨®mico-financiera de mayor gravedad y en crimen organizado nacional e internacional¡±.

Tambi¨¦n, apostilla la memoria, para que todos los casos de narcotr¨¢fico (y el blanqueo de capitales derivados de este delito) ¡°realmente relevantes y complejos¡± acaben en la Audiencia Nacional. ¡°Es decir, aquellos cometidos por estructuras criminales internacionales de alto impacto, asumiendo as¨ª [este ¨®rgano] las grandes causas transnacionales y no las interregionales de menor importancia¡±. Fuentes del ministerio p¨²blico subrayan, por ejemplo, que no tiene sentido que, como ocurre actualmente, la Audiencia Nacional se quede con pesquisas sobre grupos de narcos que trafican en varias provincias de Espa?a, pero no con las investigaciones sobre organizaciones que operan en una sola provincia y en varios pa¨ªses del extranjeros.

¡°La delincuencia organizada dedicada al narcotr¨¢fico ha evolucionado, desarrollando una dimensi¨®n global, digital y econ¨®mica sin precedentes, con alianzas entre estructuras criminales transnacionales que superan el actual modelo que atribuye la competencia a la Audiencia Nacional¡±, remacha la memoria, que plantea que este ¨®rgano asuma tambi¨¦n todas las causas de corrupci¨®n policial vinculada con el tr¨¢fico de drogas. Una cuesti¨®n sobre la que se esfuerza en poner el foco la fiscal jefe de Antidroga, Rosa Ana Mor¨¢n, sin mucho ¨¦xito hasta ahora: ¡°No tengo la sensaci¨®n de que la delincuencia organizada est¨¦ en el foco prioritario de las instituciones que deben responder, como el Parlamento o el Gobierno¡±, lamentaba en una entrevista.

La memoria de la Fiscal¨ªa General del Estado aborda muchos otros asuntos. Estos son algunos de ellos:

Se dispara la suspensi¨®n de juicios. El ministerio p¨²blico critica la elevada cancelaci¨®n de vistas en ¨®rganos de todo el pa¨ªs, que experiment¨® en 2022 un importante incremento y super¨®, incluso, los datos de 2020 ¡ªcuando se produjo la pandemia¡ª. Las cifras de la Fiscal¨ªa apuntan que los juzgados de lo penal suspendieron, de media, el 53% de los se?alamientos, frente al 35% de 2021 y al 46% de 2020. Esa evoluci¨®n se repite en las audiencias provinciales, que cancelaron el 47% de los juicios el pasado a?o, frente al 32% de 2021 y al 41% de 2020. ¡°Ha de reiterarse los perversos y perjudiciales efectos que entra?an, pues inciden directamente en la insatisfacci¨®n y molestias que genera en la ciudadan¨ªa [...] y conllevan la apreciaci¨®n de la atenuante de dilaciones indebidas¡±, explica la memoria.

Prevenir la ¡°captaci¨®n¡± yihadista. El balance anual destaca que, con una ETA derrotada y una amenaza terrorista nacional pr¨¢cticamente inexistente, la situaci¨®n internacional ha provocado que la lucha antiterrorista se centre en ¡°prevenir los procesos de captaci¨®n, adoctrinamiento, radicalizaci¨®n, reclutamiento, adiestramiento, apoyo y cobertura a las c¨¦lulas, grupos y personas que militan en el ideario yihadista¡±. En ese sentido, la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional afirma que ¡°el principal vector de amenaza¡± del terrorismo de ETA reside en algunos colectivos juveniles del mundo abertzale, ¡°especialmente activos¡±; y a?ade que se aprecia una reducci¨®n de los actos violentos vinculados al independentismo catal¨¢n y al proc¨¦s.

Espa?a, principal productor de cannabis. La Fiscal¨ªa General del Estado muestra su preocupaci¨®n por el hecho de que Espa?a se haya convertido en el primer productor de cannabis de la UE. Seg¨²n subraya el ministerio p¨²blico, adem¨¢s del peligro derivado del aumento de consumo ¡°de una sustancia accesible¡±, se genera el riesgo de que se instalen en el pa¨ªs m¨¢s organizaciones criminales extranjeras, que colaboren con las nacionales. Unos grupos que son ¡°cada vez m¨¢s violentos, como revela una mayor incautaci¨®n de armas y el incremento de reyertas generadas por los robos de drogas entre organizaciones¡±, dice la memoria.

Criminalidad inform¨¢tica. Para la Fiscal¨ªa, resulta ¡°incuestionable¡± que el desarrollo tecnol¨®gico abre la puerta a una realidad criminol¨®gica ¡°abierta y vers¨¢til¡± que alcanza ¡°a todo tipo de manifestaciones delictivas¡± y que para su abordaje exige el esfuerzo no solo de los operadores jur¨ªdicos y de los investigadores, sino tambi¨¦n del poder legislativo y de la sociedad en su conjunto. Al igual que en a?os anteriores, el volumen m¨¢s elevado de procedimientos judiciales por ciberdelitos corresponde a estafas y defraudaciones, que alcanzaron la cifra de 20.111, un 81,68% del total. Esta situaci¨®n se viene constando a?o a a?o, y se va consolidando progresivamente, al elevarse en cada balance anual. La Fiscal¨ªa ve ¡°revelador¡± que en el a?o 2019 las ciberestafas constitu¨ªan el 65,52% de los delitos y se haya ido elevando hasta el 72,43% en el a?o 2020, al 75,50% en 2021 y el 81,68% en 2022.