Camps se enfrenta a las conclusiones de la Polic¨ªa en su juicio por G¨¹rtel

El juicio contra el expresidente valenciano Francisco Camps por su presunta implicaci¨®n en el caso G¨¹rtel se reanuda esta semana tras dos meses de par¨®n. Seg¨²n el calendario fijado por la Audiencia Nacional, la vista oral se retomar¨¢ a partir de este martes con la declaraci¨®n de nuevos testigos ¡ªya han comparecido 109 en las 31 sesiones que acumula el proceso¡ª y con los primeros interrogatorios a peritos y polic¨ªas. Entre otros, los magistrados han citado para el mi¨¦rcoles a Manuel Morocho, inspector jefe de la Polic¨ªa Nacional, quien durante m¨¢s de una d¨¦cada ha liderado el grupo de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) encargado de investigar a fondo los compadreos entre dirigentes del PP y la red corrupta de Francisco Correa. Los informes de este agente, que volver¨¢n ahora a ponerse sobre la mesa, se han convertido en una aut¨¦ntica pesadilla para el partido conservador, que ha tratado de desacreditarlos durante a?os. Con escaso ¨¦xito.

Con el inicio de las declaraciones de la polic¨ªa, el foco volver¨¢ a centrarse en el desembarco y anidamiento de G¨¹rtel en la Administraci¨®n valenciana. Las acusaciones mantienen que el expresidente facilit¨® el aterrizaje de la trama, ya que manten¨ªa una ¡°estrecha relaci¨®n¡± con ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, el hombre de confianza de Francisco Correa, l¨ªder de la trama, en la Comunidad Valenciana. En palabras de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que pide dos a?os y medio de c¨¢rcel para el exjefe del Ejecutivo, Camps les ofreci¨® la ¡°posibilidad¡± de ¡°expandir¡± sus oscuros ¡°negocios¡± y les abri¨® de par en par las puertas de la Generalitat. ¡°Facilit¨® a P¨¦rez el acceso a altos cargos con poder decisorio e intervenci¨®n destacable en la tramitaci¨®n, adjudicaci¨®n y ejecuci¨®n de los expedientes de contrataci¨®n de la feria de turismo de Fitur y de otros eventos¡±, expone el ministerio p¨²blico en su escrito provisional de conclusiones.

Desde que empez¨® el juicio en enero, las acusaciones se esfuerzan en demostrar que Camps se situaba en la c¨²spide de la trama y que buena parte del resto de los procesados ¡ªse sientan en el banquillo otras 25 personas, incluidos tres exconsejeros de sus gobiernos y una decena de t¨¦cnicos de la Administraci¨®n¡ª ejerc¨ªa de correa de transmisi¨®n y ejecuci¨®n de sus ¨®rdenes originarias. Precisamente, los informes de Morocho describen una ¡°din¨¢mica de actuaci¨®n¡± plagada de irregularidades en el seno de la Generalitat, encabezada por el pol¨ªtico popular de 2003 a 2011. En uno de esos documentos, por ejemplo, el inspector jefe explica c¨®mo se violaban los ¡°principios de publicidad y concurrencia establecidos en la Ley de Contrataci¨®n de las Administraciones P¨²blicas¡± al contratar con Orange Market, la empresa que usaba la red G¨¹rtel en la Comunidad Valenciana.

Morocho detalla que esa alianza corrupta implicaba el ¡°fraccionamiento del objeto e importe de contratos por cuant¨ªas inferiores a 12.020,24 euros¡±, lo que permit¨ªa al Govern adjudic¨¢rselos a la trama ¡°sin necesidad de licitaci¨®n previa¡±. Es m¨¢s, para evitar que se descubriera esta din¨¢mica ¡ªhubiera sido muy ¡°evidente¡± si todos los contratos menores se hicieran con Orange Market¡ª, el investigador incide en que se ¡°dio entrada¡± a otras empresas de G¨¹rtel, que se limitaban simplemente a ¡°la expedici¨®n de facturas, sin realizar ninguna actividad o servicio¡±. ¡°Esta actuaci¨®n se evidencia a trav¨¦s de los correos electr¨®nicos hallados, donde los propios trabajadores de Orange Market piden de manera expl¨ªcita la emisi¨®n de facturas por importes no superiores a 12.020,24 euros para un mismo acto¡±, apostilla en su informe.

En otro documento, el inspector jefe destaca la existencia de otros emails, entre empleados de G¨¹rtel y personas vinculadas a la consejer¨ªa de Turismo, que ¡°ponen de manifiesto¡± los contactos que hubo antes de la adjudicaci¨®n de un expositor de Fitur 2007 para ¡°definir la oferta concreta¡± que G¨¹rtel deb¨ªa presentar a ese concurso. A su vez, Morocho recogi¨® una conversaci¨®n telef¨®nica entre ?lvaro P¨¦rez y David Serra, quien fuera exvicesecretario de Organizaci¨®n del PP valenciano, que desvela presuntamente un encuentro que iban a tener para hablar de la elevada deuda que el partido auton¨®mico arrastraba con Orange Market y de ¡°la f¨®rmula de cobro de la misma¡±. Seg¨²n la Fiscal¨ªa, Camps tambi¨¦n maniobr¨® a favor de G¨¹rtel para ¡°contentar a sus gestores¡± y ¡°favorecer sus intereses econ¨®micos¡± debido a esa deuda. Adem¨¢s de jefe del Ejecutivo, Camps era presidente del PP valenciano, cuyos actos organizaba la red de Francisco Correa.

Presiones denunciadas

Los informes de Morocho sobre el caso G¨¹rtel han impactado de lleno en los intereses del partido conservador durante a?os. Tanto, que el PP ha tratado de desacreditar al polic¨ªa en los juzgados ¡ªha llegado a pedir que se supriman fragmentos de sus an¨¢lisis¡ª y en el Congreso ¡ªdonde ha puesto en duda su palabra¡ª. El inspector, por su parte, ha denunciado en la Audiencia Nacional que sufri¨® ¡°presiones¡± y que, incluso, intentaron comprarlo con su traslado a destinos mejor dotados econ¨®micamente durante los gobiernos de Mariano Rajoy.

En los juicios celebrados sobre la trama, el agente tambi¨¦n ha jugado un papel determinante. En abril de 2021, por ejemplo, compareci¨® en la vista oral sobre la caja b del PP nacional y, a lo largo de tres d¨ªas, desgran¨® la contabilidad paralela y el sistema creado para pagar en negro la reforma de la sede de la calle G¨¦nova, que la Audiencia dio por probados.

Para el juicio contra Camps, el tribunal ha reservado dos d¨ªas para la declaraci¨®n de Morocho, seg¨²n el calendario de la Audiencia Nacional.