El Tribunal Constitucional avala la legislaci¨®n de la Regi¨®n de Murcia para proteger el Mar Menor
La sentencia considera que no se invaden competencias estatales y que daban las condiciones para actuar con urgencia ¡°por la situaci¨®n cr¨ªtica del estado ecol¨®gico¡± de la zona
El Tribunal Constitucional ha avalado el decreto ley del Gobierno de la Regi¨®n de Murcia aprobado en 2020 para la recuperaci¨®n y protecci¨®n del Mar Menor. La impugnaci¨®n fue formulada por el Gobierno contra la normativa que modificaba una ley auton¨®mica del mismo a?o y cuyo objetivo fue dar m¨¢s atribuciones a la propia comunidad, pero el Ejecutivo central consider¨® que invad¨ªan las competencias del Estado.
La norma persegu¨ªa un control m¨¢s eficaz de los regad¨ªos ilegales y sus consecuencias sobre la preservaci¨®n del medio ambiente, y se aprob¨® con los votos del PSOE, PP y Ciudadanos. Se preve¨ªa en la nueva legislaci¨®n que esos regad¨ªos volvieran a ¡°un estado natural¡±, de modo que se suprimieran las instalaciones de riego que hubieran sido puestas en marcha, as¨ª como los cultivos a que hubieran dado lugar. El Gobierno de Murcia ¡ªpresidido ya por Fernando L¨®pez Miras (PP), ahora en coalici¨®n con Vox¡ª consider¨® necesario reformar por decreto la propia ley por razones de urgencia a la vista de la ¡°cr¨ªtica¡± situaci¨®n ecol¨®gica de la zona.
La sentencia ¡ªde la que ha sido ponente el magistrado Ram¨®n S¨¢ez, del sector progresista del tribunal¡ª explica que los preceptos impugnados hab¨ªan sido aprobados para aclarar determinados extremos de car¨¢cter t¨¦cnico?procedimental de la regulaci¨®n auton¨®mica preexistente, y que la finalidad del decreto era ¡°agilizar la tramitaci¨®n de los expedientes de restituci¨®n de cultivos, que constituyen una de las herramientas centrales de la pol¨ªtica auton¨®mica de protecci¨®n del Mar Menor frente al vertido de nutrientes de origen agrario¡±.
El fallo ¡ªaprobado por unanimidad¡ª desestima ¨ªntegramente el recurso, concluyendo que los preceptos e incisos impugnados son conformes con la exigencia de ¡°presupuesto habilitante de la legislaci¨®n de urgencia¡±. La demanda del Gobierno, en cambio, consideraba que no exist¨ªa una situaci¨®n de ¡°extraordinaria y urgente necesidad¡± que tanto la legislaci¨®n auton¨®mica como la propia Constituci¨®n exigen para actuar por la v¨ªa de un decreto ley.
El Ejecutivo tambi¨¦n reproch¨® a la iniciativa auton¨®mica una invasi¨®n de las competencias del Estado sobre legislaci¨®n, ordenaci¨®n de recursos y aprovechamientos hidr¨¢ulicos cuando las aguas discurran por m¨¢s de una comunidad aut¨®noma. Aleg¨® asimismo que se alteraban las normas del procedimiento administrativo com¨²n.
El tribunal ha rechazado estos argumentos, considerando que aparte la urgencia de las normas puestas en marcha, el gobierno de la Regi¨®n defini¨® la situaci¨®n ¡°de forma expl¨ªcita, razonada, y a trav¨¦s de una precisa referencia a una concreta coyuntura medioambiental que exige una r¨¢pida respuesta (la situaci¨®n cr¨ªtica del estado ecol¨®gico del Mar Menor, agravada por un grave episodio de hipoxia desde el 16 de agosto de 2021), situaci¨®n con la cual las medidas adoptadas guardan una evidente conexi¨®n de sentido¡±.
El Ejecutivo aut¨®nomo califica la sentencia de "varapalo al Gobierno de Espa?a"
El portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, ha explicado este miércoles que “la sentencia demuestra que el Gobierno de Fernando López Miras actúa siempre con rigor y cumpliendo la legalidad con el objetivo prioritario de defender el Mar Menor”. El Tribunal Constitucional “deja en evidencia al Gobierno de Pedro Sánchez”, añadió Ortuño, y queda patente “una vez más, que solo hace un uso político al Mar Menor”. En definitiva, “da un varapalo al Gobierno de España por el incumplimiento de sus obligaciones”. En cualquier caso, el Gobierno regional “va a seguir trabajando para proteger el Mar Menor y exigiendo al Gobierno de España que cumpla con su responsabilidad”, concluyó Marcos Ortuño.
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