El veto a los nombramientos discrecionales del CGPJ deja ya 85 vacantes en la c¨²pula judicial

El retraso de casi cinco a?os en la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ¨Dpor la resistencia del PP en este tiempo a pactar con el PSOE¨D y la prohibici¨®n legal ¨Davalada este lunes por el Tribunal Constitucional¨D de que, mientras tenga el mandato vencido, este organismo realice nombramientos discrecionales ha ido dejando en la c¨²pula judicial un reguero de sillas vac¨ªas y de puestos ocupados de forma interina. Seg¨²n datos del ¨®rgano de gobierno de los jueces, son ya 84 las vacantes que se acumulan entre el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores auton¨®micos y las audiencias provinciales. Dentro de una semana ser¨¢n 85, porque el 9 de octubre est¨¢ prevista la jubilaci¨®n forzosa del presidente de la Audiencia Provincial de Castell¨®n. Esta cifra representa el 42,5% de los alrededor de 200 altos cargos cuya designaci¨®n depende del pleno del CGPJ.

El Tribunal Supremo es el ¨®rgano m¨¢s afectado, ya que todos sus magistrados son designados de forma discrecional, por lo que cada juez que se jubila, fallece o renuncia deja un puesto sin cubrir. Ya est¨¢n vac¨ªas 23 de sus 79 plazas. La sala m¨¢s diezmada es la Tercera (de lo Contencioso-Administrativo), la encargada de resolver los recursos contra decisiones del Gobierno, el Congreso, el Senado o del propio Consejo General del Poder Judicial, que tiene sin cubrir 12 de sus 33 plazas; la Sala Cuarta (de lo Social), competente para los pleitos entre trabajadores y empresas, acumula seis vacantes (de un total de 13 puestos), mientras que las bajas en lo Militar ascienden a tres (de ocho plazas) y las de lo Civil (que deber¨ªa tener 10 jueces) y lo Penal (con 15 plazas) tienen cada una un puesto vac¨ªo.

En el resto de ¨®rganos, los puestos vacantes no se traducen en sillas vac¨ªas, pero s¨ª en altos cargos que siguen ejerciendo con el mandato caducado o presidencias de altos tribunales que son ocupadas de forma interina por otros magistrados. ¡°Unos tienen el derecho a dejar un cargo para el que se comprometieron por un tiempo determinado y al que ahora est¨¢n atados y otros han accedido a un puesto que no han buscado solo para no dejar al tribunal tirado las la jubilaci¨®n de un compa?ero. El Poder Judicial no puede funcionar as¨ª¡±, ilustra el presidente de una audiencia provincial cuyo mandato expir¨® hace meses.

Al margen de los 23 puestos sin cubrir del Supremo, los dem¨¢s ¨®rganos judiciales acumulan 61 altos cargos vacantes: uno en la Audiencia Nacional, 36 en tribunales superiores de justicia y 24 en audiencias provinciales (25 a partir del pr¨®ximo d¨ªa 9). La situaci¨®n afecta ya a las 17 comunidades aut¨®nomas, desde las nueve vacantes que suma Andaluc¨ªa (entre ellos la presidencia del TSJ y de las audiencias provinciales de Sevilla, M¨¢laga, Huelva, Ja¨¦n y C¨¢diz); a las ocho de Castilla y Le¨®n (incluidos los presidentes del tribunal superior y de las audiencias de Burgos, ?vila, Zamora y Palencia); y plazas relevantes en todas las comunidades, como los presidentes de los TSJ de Catalu?a, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, La Rioja y Murcia.

El aval del Tribunal Constitucional a la ley veta los nombramientos al actual CGPJ aleja cualquier posibilidad de solucionar la situaci¨®n por otra v¨ªa que no sea la renovaci¨®n del ¨®rgano de gobierno de los jueces. ¡°Esto es un barco sin rumbo, hay que enderezarlo ya¡±, advierte un magistrado del Supremo, para quien la salida m¨¢s directa es la dimisi¨®n en bloque de todos o parte de los vocales que quedan en el CGPJ. ¡°Es casi una obligaci¨®n moral, no queda otra¡±, insiste este juez. Esta opini¨®n es compartida por otros miembros del Supremo consultados, aunque algunos ponen el foco en el Congreso y el Senado para que convoquen las votaciones de los candidatos que ya hay propuestos, la soluci¨®n por la que tambi¨¦n ha apostado la Sala de Gobierno del alto tribunal cuando se ha pronunciado al respecto.

Las asociaciones judiciales no han querido este lunes valorar la decisi¨®n del Constitucional a la espera de conocer los argumentos recogidos en la sentencia y en los votos particulares, pero todas comparten que, una vez acordado que la ley que proh¨ªbe los nombramientos es constitucional, hay que renovar el Consejo de forma inmediata. Y suman un argumento a favor del desbloqueo: el fracaso de la investidura de Alberto N¨²?ez Feij¨®o cierra cualquier opci¨®n de modificar el sistema de elecci¨®n de los jueces antes de renovar el ¨®rgano de gobierno, como ped¨ªa el PP. ¡°Es evidente que ya no va a haber modificaci¨®n de la ley org¨¢nica en ese sentido, por lo que los presidentes de las dos C¨¢maras tienen que convocar la votaci¨®n¡±, se?ala Mar¨ªa Jes¨²s del Barco, la presidenta de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, de tendencia conservadora y la mayoritaria de la carrera.

Del Barco, para quien la divisi¨®n en bloque de los vocales del CGPJ no garantizar¨ªa ¡°a estas alturas¡± la renovaci¨®n obligada del ¨®rgano, entiende que la prioridad ahora es formar Gobierno, pero advierte que el desbloqueo del Consejo no puede seguir esperando ¡°a otras elecciones, a un cambio de mayor¨ªas o a que se produzca el cambio en el sistema de elecci¨®n de los jueces¡±.

¡°Renovaci¨®n inmediata¡±

Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), que aglutina al ala progresista de la carrera, hace un llamamiento para que la renovaci¨®n se produzca de forma ¡°inmediata¡±, en la actual legislatura, aunque Pedro S¨¢nchez no consiga formar Gobierno y haya que ir a nuevas elecciones. ¡°Que fracase la investidura no impide a las Cortes renovar. Ser¨ªa un acto de responsabilidad el que se convocaran las votaciones en ambas C¨¢maras¡±, se?ala su portavoz, Edmundo Rodr¨ªguez, que pide ¡°lealtad institucional¡±, en referencia, sobre todo, al PP, cuya resistencia ha impedido hasta ahora desbloquear el CGPJ. ¡°La decisi¨®n del Constitucional confirma que un ¨®rgano constitucional caducado no puede tener otras funciones que las indispensables para seguir funcionando. Se ha acabado el tiempo que la Constituci¨®n le dio para poder actuar. Esto debe servir para desterrar esta pr¨¢ctica en la que se han instalado algunos partidos de prorrogar a su conveniencia los mandatos del Poder Judicial¡±, subraya el portavoz de JJPD.

La Asociaci¨®n Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda en representaci¨®n y tendencia conservadora moderada, tambi¨¦n llama a renovar ¡°de forma inmediata¡±, aunque no gustaba la reforma legal avalada por el tribunal de garant¨ªas. ¡°Cre¨® un problema grave, las vacantes, sobre otro que ya exist¨ªa, como es la falta de renovaci¨®n del Consejo¡±, se?ala su portavoz, Jorge Fern¨¢ndez Vaquero, que sostiene que la relevancia de esta sentencia no se agota en la situaci¨®n que ahora vive el Poder Judicial, sino que puede ¡°proyectarse¡± sobre otros ¨®rganos en el futuro. ¡°Se abre una v¨ªa de control indirecto del Poder Legislativo y el Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Por incumplimiento de funciones propias, del Congreso y del Senado, el legislador puede anular el control que ejerce el Poder Judicial. Esto no es una consecuencia necesaria del fallo, pero s¨ª habr¨¢ que estudiarlo detenidamente, como tambi¨¦n saber si este fallo tiene implicaciones sobre otros ¨®rganos constitucionales como el propio Tribunal Constitucional¡±, advierte Fern¨¢ndez Vaquero.