Familias expulsadas de sus tierras en Ja¨¦n exigen que se las devuelvan: ¡°Nos echaron para que Franco cazara¡±

Ha pasado ya medio siglo, pero a Mar¨ªa Jos¨¦ Asensio, de 58 a?os, no deja de perseguirle el recuerdo amargo que vivi¨® en primera persona cuando apenas ten¨ªa nueve a?os y que acabar¨ªa marcando su vida y condenando a miles de personas al desarraigo y a la emigraci¨®n: las m¨¢quinas de la potente administraci¨®n forestal franquista empezaron a derribar las casas de la aldea de Las Canalejas, en la Sierra de Segura de Ja¨¦n, en la Andaluc¨ªa profunda.

Las expropiaciones se justificaron inicialmente para plantar pinos y evitar la erosi¨®n en la cuenca del pantano del Tranco, construido unos a?os antes, y m¨¢s tarde por la declaraci¨®n del Coto Nacional de Caza de Cazorla y Segura, antecesor de lo que hoy es el parque natural m¨¢s grande de Espa?a, declarado como tal en 1986.

¡°Echaron a las personas de sus casas para plantar pinos y meter all¨ª a animales para la caza¡±, se?ala, con dolor, Mar¨ªa Jos¨¦ Asensio. Su familia fue la ¨²ltima en salir de manera forzosa de Las Canalejas, y todo porque su padre, que era el cartero, ya no ten¨ªa a quien entregar las cartas.

Desde el a?o 1951 y hasta 1979, al amparo de las leyes del franquismo, en torno a 5.000 serranos nativos se vieron obligados a un destierro forzoso por las pol¨ªticas expropiatorias del r¨¦gimen franquista. Eran familias que, durante generaciones, hab¨ªan mantenido un modo ancestral de vida en armon¨ªa con la naturaleza y alumbrando un patrimonio etnogr¨¢fico que en poco tiempo se convirti¨® en un valle de ruinas.

Unos 200 serranos que sufrieron en sus carnes ese expolio se reencontraron el 16 de septiembre en Coto R¨ªos (el poblado de colonizaci¨®n al que trasladaron a algunos de ellos) para reclamar dignidad y para festejar la recuperaci¨®n de las im¨¢genes de sus patrones, la Inmaculada y el Ni?o Jes¨²s, salvadas por los vecinos de las ruinas de la iglesia de Las Canalejas.

Como Atilano Rescalvo, hijo de Fidela y Sinforiano, que se march¨® con 16 a?os de Los Centenares y ahora vive en Zaragoza; o Jacinto Jim¨¦nez, de 73 a?os, que ha llegado al reencuentro desde Gerona; o los hermanos septuagenarios Fructuoso y Antonio Garc¨ªa, de La Pobla de Farnals (Valencia), que lamentaban con sus paisanos ¡°la manera tan dolorosa¡± en la que fueron obligados a irse.

¡°Esto fue un atropello cometido por el franquismo, que nos ech¨® de nuestras casas para crear un Coto de Caza para que Franco viniera a cazar; ahora lo que tienen que hacer es pedir perd¨®n p¨²blicamente¡±, expone Antonio Ojeda que, tras emigrar a Catalu?a, vive en Espeluy (Ja¨¦n), otro de los poblados de colonizaci¨®n construidos para albergar a estas familias desahuciadas.

El pasado 31 de marzo la Diputaci¨®n de Ja¨¦n aprob¨®, por unanimidad, una moci¨®n instando a las administraciones p¨²blicas a ¡°reconocer la memoria, la lucha y la dignidad de las familias expulsadas de las aldeas perdidas de la Sierra de Segura, como forma de reparaci¨®n del da?o moral causado¡±. Para Ildefonso Ruiz, exdiputado provincial de Ciudadanos e impulsor de esta declaraci¨®n, ¡°la expropiaci¨®n fue una historia de lenta asfixia de la administraci¨®n, que comenz¨® negando a los serranos servicios b¨¢sicos como la sanidad o las comunicaciones y continu¨® con una persecuci¨®n a los vecinos a los que se multaba por hacer sus labores ancestrales como pastorear o recoger le?a¡±.

Inicialmente, en la moci¨®n se ped¨ªa tambi¨¦n que las administraciones ¡°exploren las f¨®rmulas legales que permitan abordar una reversi¨®n de las propiedades arrebatadas de manera forzosa, de manera que se contribuya al mantenimiento de una parte del patrimonio tradicional jiennense¡±. Sin embargo, este punto desapareci¨® finalmente en aras a buscar el consenso y ante la negativa del PP, partido que gobierna en Andaluc¨ªa y que rechaza la devoluci¨®n de lo expropiado el siglo pasado.

En cualquier caso, son muchos los serranos que entienden que la dignidad plena solo podr¨¢n recuperarla si el Estado les devuelve lo que se les quit¨®. ¡°La lucha no ha terminado. El ayuntamiento va a ser beligerante para que se revierta el desprop¨®sito que supuso la expropiaci¨®n y la exclusi¨®n de estas familias¡±, subraya Antonio Rodr¨ªguez, alcalde de Santiago-Pontones (municipio al que pertenecen estas aldeas), que en junio logr¨® el primer gobierno municipal para la formaci¨®n Ja¨¦n Merece M¨¢s. Rodr¨ªguez insiste en que, de no haber reversi¨®n, ¡°debe haber un acto de desagravio p¨²blico hacia los vecinos¡±. Un desagravio, apunta, que deber¨ªa pasar al menos por frenar la desaparici¨®n total de estas aldeas.

Solo la casa de la familia Guijarro ha evitado por el momento la demolici¨®n de su vivienda gracias a que en 1979 se negaron a firmar el acta de expropiaci¨®n. Algo que no ha podido evitar el calvario que vive esta familia desde que en 2018 la Consejer¨ªa andaluza de Medio Ambiente les notific¨® un expediente sancionador por ocupaci¨®n ilegal, resoluci¨®n que en mayo de 2022 se resolvi¨® por parte de un Juzgado de Ja¨¦n que orden¨® el desahucio forzoso de la casa y una multa de 2.200 euros.

¡°Vamos a seguir luchando mientras nos quede un hilo de sangre en nuestras venas¡±, indica Enrique Guijarro, de 67 a?os, convertido ahora en s¨ªmbolo de la resistencia vecinal en las llamadas aldeas perdidas. ¡°?Es que es incompatible un parque natural con la convivencia de las personas en su interior?¡±, se pregunta Guijarro, que esgrime contar con escrituras de sus propiedades y anuncia un pr¨®ximo recurso judicial para frenar un desahucio que ahora impide a los 40 miembros de su familia acceder a su vivienda que lleva tres siglos en pie.

La delegada de Medio Ambiente en Ja¨¦n, Mar¨ªa Jos¨¦ Lara, con la que se reunieron recientemente, se?al¨® que la administraci¨®n auton¨®mica acata esa sentencia de desahucio y no puede atender la petici¨®n de amparo de los Guijarro. En cambio, la familia s¨ª recibi¨® el aliento de sus paisanos retornados el ¨²ltimo fin de semana a Coto R¨ªos, que posaron con una pancarta donde pod¨ªa leerse: ¡°Todos somos familia Guijarro¡±.

Para el investigador Javier Morote, que est¨¢ realizando un trabajo documental sobre las aldeas perdidas y la di¨¢spora segure?a, ¡°es preciso que se recupere la memoria de las injusticias que se cometieron con los serranos, que fueron tratados como ciudadanos de tercera¡±.

A su juicio, el expediente que amenaza la vivienda de la familia Guijarro es un atentado contra el patrimonio hist¨®rico andaluz al ser una vivienda del siglo XVIII y un ¡°valios¨ªsimo ejemplo de arquitectura tradicional serrana, en peligro de extinci¨®n¡± que, seg¨²n dice, deber¨ªa ser catalogada como Bien de Inter¨¦s Cultural (BIC).