El juez investiga a un empresario y su hijo por vender contratos falsos al menos a 60 personas en situaci¨®n irregular en Murcia

Al menos 60 personas que resid¨ªan en situaci¨®n irregular en Espa?a ¡°compraron¡± entre 2019 y 2020 en una asesor¨ªa de Murcia contratos de trabajo para solicitar con ellos permisos de residencia legales. Pagaron cantidades que oscilan entre los 2.000 y los 6.500 euros y algunos de ellos lograron de esta forma sus papeles. El Juzgado de Instrucci¨®n N¨²mero 8 de Murcia acaba de finalizar la fase de instrucci¨®n de este caso y considera que hay claros indicios para continuar el proceso contra un total de 18 personas: el due?o de la asesor¨ªa y su hijo, media docena de testaferros y representantes de empresas sin actividad a nombre de las que cursaban los falsos contratos, y una decena de inmigrantes que cayeron en las redes de la trama.

Seg¨²n el auto por el que esta semana el juzgado ha notificado a las partes su intenci¨®n de seguir adelante con la causa y abrir juicio oral, el cabecilla de esta trama es el due?o de la asesor¨ªa que, junto con uno de sus hijos, ¡°ha utilizado a todo el mundo, a inmigrantes, empresas, testaferros, etc¨¦tera, con el ¨²nico fin de enriquecerse personalmente¡±. Y lo ha hecho, se?ala el auto al que ha tenido acceso EL PA?S, ¡°abusando de la penuria y miseria de ciudadanos d¨¦biles y desesperados¡± y ¡°llegando a presentarse en la sede judicial como una especie de redentor o mes¨ªas salvador¡±. As¨ª, el juez incide en que, durante su declaraci¨®n en la fase de instrucci¨®n, este hombre reconoci¨® que ofrec¨ªa contratos a personas extranjeras para darles ¡°una oportunidad¡±, y se mostr¨® ¡°como una figura paternal¡±, algo similar a lo que declar¨® su hijo, que es abogado y que, seg¨²n las investigaciones, era la persona que se encargaba de cobrar, ya fuera en met¨¢lico o a trav¨¦s de transferencias bancarias, por los contratos.

La investigaci¨®n judicial apunta a que el modo de proceder era similar en todos los casos: el due?o de la asesor¨ªa ofrec¨ªa a la persona en situaci¨®n irregular la posibilidad de pagar por un contrato para que pudiera solicitar un permiso de residencia. En algunos casos, los inmigrantes, todos ellos de origen magreb¨ª, abonaban una primera cuota al recibir el contrato y el resto, si consegu¨ªan regularizarse. En sus declaraciones durante la fase de instrucci¨®n, muchos de ellos se?alaron que el propio empresario les hab¨ªa dicho que no iban a trabajar en ninguna compa?¨ªa, que el contrato por el que estaban pagando serv¨ªa solo para pedir los papeles y que trabajar¨ªan una vez conseguidos los permisos.

Los contratos, seg¨²n recoge el auto, se suscrib¨ªan con varias empresas del sector de la construcci¨®n y agr¨ªcolas, pero que ten¨ªan nula o escasa actividad. Fue precisamente eso lo que hizo saltar las alarmas en Extranjer¨ªa, dado el elevado n¨²mero de solicitudes de permisos de residencia vinculados a las mismas empresas.

Para el juez, que durante tres meses ha contado con el apoyo de una jueza de refuerzo para poder agilizar la instrucci¨®n de esta causa, hay claros indicios de que los imputados cometieron delitos contra los derechos de los trabajadores, de pertenencia a organizaci¨®n criminal o a grupo criminal, de falsedad documental, de estafa, de blanqueo de capitales, y de usurpaci¨®n del estado civil.

Sobre la imputaci¨®n de los inmigrantes que pagaron por los contratos, el auto aclara que la mayor¨ªa de ellos dijeron sentirse enga?ados por el asesor pero, ¡°no obstante, se aprecia dolo de falsedad al aceptar, si bien por su estado de necesidad, la presentaci¨®n de contratos sabedores de que eran irreales¡±.