El PP intentar¨¢ frenar en la Mesa del Congreso y en el Constitucional el primer paso de la amnist¨ªa

El PP y su l¨ªder, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, han advertido ya en varias ocasiones que utilizar¨¢n todos los instrumentos a su alcance para intentar obstaculizar al m¨¢ximo la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa a los l¨ªderes del proceso independentista en Catalu?a. Los populares se preparan ya para recurrir, en la Mesa del Congreso y ante el Tribunal Constitucional, los primeros tr¨¢mites de ese proyecto a¨²n no registrado, con la idea al menos de frenarlo. El PP no esperar¨¢ siquiera a que la proposici¨®n se debata o apruebe, y se dispone a interponer un primer recurso a que la Mesa de la C¨¢mara baja acepte la semana que viene ¨Dantes incluso de la sesi¨®n de investidura de Pedro S¨¢nchez¨D calificar esa proposici¨®n para su futuro debate. El PP llevar¨¢ esa decisi¨®n ante el Constitucional con un recurso en amparo para solicitar con medidas cautelar¨ªsimas que se pare su discusi¨®n. El Constitucional tiene ahora una mayor¨ªa progresista. La Mesa del Congreso fijar¨¢ con toda probabilidad este pr¨®ximo lunes el debate de investidura de S¨¢nchez para el mi¨¦rcoles 15 y con votaci¨®n el jueves 16.

La Presidencia del Congreso a¨²n no ha comunicado formalmente su determinaci¨®n de que la investidura del candidato socialista, Pedro S¨¢nchez, se celebre en primera sesi¨®n y votaci¨®n entre el mi¨¦rcoles 15 y el jueves 16 de noviembre, casi 10 d¨ªas antes del l¨ªmite fijado en el d¨ªa 27 para evitar una repetici¨®n electoral. La Mesa de la C¨¢mara tiene previsto reunirse este pr¨®ximo lunes, casi al mismo tiempo en que est¨¢ programado por el PSOE registrar con sus partidos aliados la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa a una serie de dirigentes independentistas catalanes, tal y como se ha pactado con ERC y Junts para permitir que S¨¢nchez pueda continuar como presidente del Gobierno.

El l¨ªder de Junts, Carles Puigdemont, hab¨ªa exigido en los contactos discretos y secretos con los interlocutores del PSOE que esa proposici¨®n no solo se registrase en el Congreso antes de la investidura, sino incluso que se calificase, que en el lenguaje parlamentario quiere decir aceptar para su futuro debate. Esa autorizaci¨®n la tiene que adoptar la Mesa del Congreso, su ¨®rgano de gobierno, y es algo m¨¢s que un gesto burocr¨¢tico o administrativo, porque significa ya una primera posici¨®n y votaci¨®n pol¨ªtica. En la Mesa actual hay una mayor¨ªa progresista de cinco componentes (tres del PSOE y dos de Sumar) frente a cuatro del PP.

No hay ninguna duda de cu¨¢l ser¨¢ la posici¨®n a favor de tramitar cuanto antes el primer debate de esa proposici¨®n por parte de la mayor¨ªa progresista de la Mesa, ni tampoco de la oposici¨®n de los miembros del PP. Pero el PP pretende usar ya ese primer paso en su estrategia de paralizar cuanto se pueda esa futura norma. Si la actual Mesa del Congreso acepta que siga su curso el proyecto, como todo parece indicar, con la primera nota aclaratoria t¨¦cnica favorable tambi¨¦n del letrado mayor y secretario general de la C¨¢mara, el PP plantear¨¢ una ¡°reconsideraci¨®n¡± o recurso de esa actuaci¨®n ante la propia Mesa; se exigir¨¢ a continuaci¨®n un informe m¨¢s detallado del letrado mayor como experto jur¨ªdico de ese ¨®rgano y, si este contin¨²a en la misma l¨ªnea, se llevar¨¢ esa actuaci¨®n en un recurso de amparo ante el Constitucional para que fije la postura definitiva. Ante una proposici¨®n del mismo tipo presentada por ERC en marzo de 2021, la Mesa y el letrado mayor de entonces ¨Dadem¨¢s del PSOE con apoyo entonces del PP y Vox¨D la rechazaron por inconstitucional.

El PP sabe que no tiene grandes posibilidades de que ninguno de esos recursos en el Congreso y ante el Constitucional prospere, pero le pueden facilitar m¨¢s tiempo y m¨¢s escenarios para exponer su oposici¨®n a esa amnist¨ªa. En el camino, el debate se tensar¨¢ en todos esos ¨®rganos, y tambi¨¦n en la Mesa del Congreso. El PP ya vot¨® la semana pasada en contra, algo que suced¨ªa por primera vez, del nombramiento del nuevo letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, con el argumento de que lo consideran muy pr¨®ximo al actual Gobierno porque ejerci¨® hasta hace unos d¨ªas como subsecretario del Ministerio de Pol¨ªtica Territorial. Galindo es letrado y cumple con los requisitos necesarios para acceder a ese relevante cargo y cont¨® en el pasado con el apoyo del PP para ser nominado a tres puestos de director de departamento en el Congreso. Ahora el PP le ha situado bajo sospecha. Oficialmente, el PP a¨²n no le considera simpatizante del PSOE y se argumenta para el voto en contra que el Gobierno no les sonde¨® para explorar otros candidatos de consenso. Pero en privado s¨ª se transmite que en sus notas o informes har¨¢ lo que le pida el Ejecutivo de S¨¢nchez.

Primer debate

La Mesa del Congreso tiende a aceptar y tramitar la inmensa mayor¨ªa de las propuestas e iniciativas de los diversos grupos, al menos para un primer debate, a no ser que sean ¡°evidente y palmariamente anticonstitucionales¡±, seg¨²n fuentes parlamentarias. ¡°La Mesa no hace el control de constitucionalidad¡±, agregan esas fuentes, para explicar que de oficio y de partida el letrado mayor suele anotar en casi todas las proposiciones que deben ser calificadas, como han hecho recientemente con iniciativas contra la nacionalidad de inmigrantes registradas por Vox y que planteaban algo m¨¢s que serias dudas. Pero tambi¨¦n es cierto que en el Congreso hay precedentes para casi todo.

En abril de 2004, el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar recurri¨® ante el Constitucional la tramitaci¨®n del llamado Plan Ibarretxe, encaminado a la autodeterminaci¨®n de Euskadi, y el TC rechaz¨® aquel recurso por 7 votos frente a cinco, con el argumento de que no deb¨ªa impedirse aquel debate hasta que la norma se hubiese aprobado definitivamente: ¡°La jurisdicci¨®n puede reaccionar contra la forma jur¨ªdica que resulte de esas intenciones, pero la intenci¨®n misma y su debate o discusi¨®n son inmunes en una sociedad democr¨¢tica a todo control jurisdiccional, singularmente si el debate se sustancia en un Parlamento, sede privilegiada del debate p¨²blico¡±.

El Constitucional, sin embargo, suspendi¨® por primera vez en la reciente historia parlamentaria un debate en el Senado, en diciembre de 2022, cuando el Ejecutivo de S¨¢nchez intent¨® a trav¨¦s de dos pol¨¦micas enmiendas renovar a dos magistrados de ese tribunal fuera de mandato. El PP recurri¨®, pidi¨® medidas cautelar¨ªsimas y el Alto tribunal, entonces con una mayor¨ªa conservadora de seis frente a cinco, impidi¨® aquella discusi¨®n.