El acuerdo entre el PSOE y Junts elogia a la Generalitat por hacer propuestas ¡°desde la lealtad¡± durante el ¡®proc¨¦s¡¯

El acuerdo entre el PSOE y Junts para garantizar la investidura de Pedro S¨¢nchez ¡ªfirmado en Bruselas, donde el l¨ªder de Junts, Carles Puigdemont, permanece fugado desde 2017¡ª hace un ¡°relato sint¨¦tico de hechos¡± que supone una relectura del proc¨¦s catal¨¢n. Una lectura que es esencialmente diferente ...

El acuerdo entre el PSOE y Junts para garantizar la investidura de Pedro S¨¢nchez ¡ªfirmado en Bruselas, donde el l¨ªder de Junts, Carles Puigdemont, permanece fugado desde 2017¡ª hace un ¡°relato sint¨¦tico de hechos¡± que supone una relectura del proc¨¦s catal¨¢n. Una lectura que es esencialmente diferente a la que en 2019 hizo el Tribunal Supremo y que en buena medida asume el lenguaje, la narrativa y la versi¨®n de los hechos de los partidos independentistas.

En el origen del proc¨¦s, el texto pactado por el PSOE y Junts no coloca al Gobierno catal¨¢n, sino a los jueces del Tribunal Constitucional y al PP; en el desarrollo, elogia unas propuestas hechas ¡°desde la lealtad y el marco legal¡± por parte de la Generalitat que, ¡°lamentablemente¡±, no fueron atendidas. Y, en el desenlace, se?ala que, ¡°a ra¨ªz de lo acontecido¡±, se iniciaron m¨²ltiples causas judiciales; sin explicar que eso sucedi¨® porque se hab¨ªan cometido delitos.

La conclusi¨®n a la que llegan los dos partidos firmantes es que todo ello aconseja legislar a partir de ahora para resolver ese ¡°conflicto pol¨ªtico hist¨®rico¡±. Y a?aden que los futuros acuerdos deber¨¢n ¡°responder a las demandas mayoritarias del Parlament de Catalu?a¡±, hoy por hoy con mayor¨ªa independentista. No se dice que el l¨ªmite de esos acuerdos deba ser la Constituci¨®n.

El origen: entre 1716 y 2010

El proc¨¦s es presentado as¨ª: ¡°Una parte importante de la sociedad catalana ha protagonizado en los ¨²ltimos a?os una gran movilizaci¨®n en favor de la independencia¡±. Y afirma que ese per¨ªodo ¡°no puede comprenderse sin la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, a ra¨ªz fundamentalmente de un recurso del PP contra el Estatut aprobado por el Parlament, por las Cortes Generales y en refer¨¦ndum¡±. Es decir, a la hora de se?alar responsabilidades o buscar explicaciones, el PSOE y Junts se?alan expresamente las del PP y el Tribunal Constitucional, que en 2010 anul¨® 14 art¨ªculos del Estatut ¡ªpor considerar que vulneraban la Constituci¨®n, norma superior a cualquier otra en el ordenamiento jur¨ªdico espa?ol¡ª, interpret¨® 27 y aval¨® los otros 204. La movilizaci¨®n independentista, prosigue el acuerdo, fue una ¡°reacci¨®n¡± a esa sentencia.

Esa tesis de que la sentencia del Estatut hizo inevitable la reacci¨®n de la Generalitat es un argumento defendido desde siempre por los partidos independentistas. Junto a otros de origen m¨¢s remoto, como la supuesta afrenta sufrida con los decretos de Nueva Planta dictados por Felipe V ¡ªen 1716¡ª que ¡°abolieron las constituciones e instituciones seculares de Catalu?a¡±; una supuesta afrenta que tambi¨¦n figura en el acuerdo firmado ahora por el PSOE.

La ¡°lealtad¡± de la Generalitat

El PSOE y Junts sostienen que durante a?os, ya en pleno proc¨¦s, la Generalitat intent¨® resolver el ¡°conflicto¡± desde ¡°la lealtad y el marco legal vigente¡±.

¡°En ese per¨ªodo, se aprobaron diferentes propuestas por parte del Parlament y del Govern de Catalunya en materia fiscal, as¨ª como la solicitud de delegaci¨®n de la competencia para la autorizaci¨®n de referendos o la organizaci¨®n de una consulta al amparo de una ley auton¨®mica¡±, dice el documento. Y concluye: ¡°Lamentablemente, los gobiernos de entonces no favorecieron la negociaci¨®n pol¨ªtica y ninguna de estas propuestas, hechas desde la lealtad y el marco legal vigente, fue considerada¡±.

A esas exigencias de la Generalitat se opuso el PSOE en su d¨ªa. Los socialistas no aclaran si, por ejemplo, ahora ven conveniente y legal ceder a Catalu?a la competencia para autorizar referendos, pero en el acuerdo s¨ª lamentan que no se hiciera entonces.

Dos referendos con ¡°participaci¨®n masiva¡±

Despu¨¦s de que las propuestas ¡°leales y legales¡± cayeran en saco roto, se pas¨®, se deduce, a las ilegales y desleales, aunque estas el texto no las califica. Las numerosas resoluciones de ruptura, partidas presupuestarias y medidas encaminadas a avanzar hacia la independencia aprobadas por el Parlament y anuladas por el Constitucional entre 2013 y 2017 ni siquiera se mencionan. Tampoco los plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017, en los que fueron aprobadas las leyes de desconexi¨®n dinamitando todos los procedimientos parlamentarios. Y no hay ni una referencia a las dos declaraciones de independencia: la anunciada ¡ªy suspendida¡ª por Puigdemont el 10 de octubre y la votada en el Parlament el 27 de octubre. El acuerdo se detiene ¨²nicamente en los referendos, de los que se dice que ¡°las autoridades catalanas promovieron¡± ¡ªno organizaron¡ª una ¡°consulta popular¡± en 2014 y un refer¨¦ndum de independencia en 2017, ambos ¡°suspendidos y posteriormente anulados¡± por el Tribunal Constitucional.

Se afirma, adem¨¢s, que las dos votaciones registraron una ¡°participaci¨®n masiva en favor de la independencia¡±. En ambas el s¨ª arras¨®, pero en la consulta del 9-N particip¨® un tercio del censo; en el refer¨¦ndum de 2017, el 42% (y menos personas que en 2014), seg¨²n el Govern. Y ambas se realizaron sin ning¨²n tipo de garant¨ªas legales o controles (de hecho, en el 1-O hubo numerosos casos de personas que votaron dos veces y luego lo contaron a los periodistas).

¡°El intento del Gobierno de impedir el refer¨¦ndum dio lugar a unas im¨¢genes que nos impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras¡±, reza el documento firmado por el PSOE, aludiendo, sin citarlas, a las cargas policiales. Se oculta que fue un juez, no el Gobierno, quien orden¨® impedir el refer¨¦ndum.

Causas judiciales, pero no delitos

¡°Todo ello llev¨® a la aplicaci¨®n del 155¡å, afirma escuetamente el acuerdo. ¡°Y a ra¨ªz de lo acontecido se iniciaron m¨²ltiples causas judiciales, muchas de ellas a¨²n sin resolver, que afectan a un gran n¨²mero de personas¡±.

¡°Lo acontecido¡± en 2017, seg¨²n la sentencia del Tribunal Supremo, fueron delitos de desobediencia, malversaci¨®n agravada y sedici¨®n. Y, en los a?os siguientes, a esos delitos se sumaron los de des¨®rdenes p¨²blicos y otros. El PSOE no lo asume en su relato pactado con Junts. A continuaci¨®n, pone en plano de igualdad la sentencia del Supremo que conden¨® a los l¨ªderes del proc¨¦s con los pronunciamientos de organismos internacionales de naturaleza jur¨ªdico-pol¨ªtica, sin jurisdicci¨®n en Espa?a y que en ocasiones han reivindicado los partidos independentistas, como el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, el Comit¨¦ de Derechos Humanos de Naciones Unidas o la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Carles Puigdemont se ha ufanado este jueves de haber logrado cerrar un acuerdo que no obliga a los partidos independentistas a hacer autocr¨ªtica por el proc¨¦s y mucho menos a renunciar a retomarlo: ¡°No asumimos [en el documento] que hayamos cometido ning¨²n delito, no pedimos perd¨®n. Mantenemos la posici¨®n¡±.