10 a?os de ¡®proc¨¦s¡¯: la herida abierta de Catalu?a
El desaf¨ªo independentista que puso en vilo a toda Espa?a ech¨® a andar hace una d¨¦cada y explot¨® hace un lustro, pero sus efectos permanecen. EL PA?S recorre los momentos cruciales de un viaje que acab¨® en incendio
Hace ahora diez a?os arranc¨® en Catalu?a la mayor operaci¨®n contra el orden constitucional democr¨¢tico desde el golpe del 23-F: el proc¨¦s independentista, una mezcla de movimiento popular y construcci¨®n pol¨ªtica comandada parad¨®jicamente contra el Estado desde una instituci¨®n del Estado ¡ªla Generalitat¡ª y que lleg¨® a tener en vilo a toda Espa?a. Una d¨¦cada despu¨¦s, con algunos de los l¨ªderes de aquella operaci¨®n condenados ¡ªe indultados por el Gobierno tras pasar m¨¢s de tres a?os en prisi¨®n¡ª y el resto huidos de la justicia, el pulso ha cesado, aunque la apuesta soberanista sigue presente en buena parte de la sociedad catalana y sus instituciones contin¨²an amagando con la desobediencia a los tribunales. Mientras, el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos y la Generalitat tratan de dar forma a una mesa de di¨¢logo sobre lo que han acordado en llamar ¡°conflicto pol¨ªtico¡±. Este es un recorrido por esos 10 a?os de fiebre nacionalista que dejaron Catalu?a partida en dos.
TENSI?N POL?TICA
Antes del salto al vac¨ªo
el pacto fiscal
El proc¨¦s fue lanzado oficialmente por el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, el 20 de septiembre de 2012. Ese d¨ªa Mas llega a La Moncloa para plantear al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, una exigencia que tiene un aire de ultim¨¢tum: el ¡°pacto fiscal¡±, un modelo de financiaci¨®n especial para Catalu?a similar al concierto vasco y navarro. Rajoy se niega. Nada m¨¢s salir de la reuni¨®n, Artur Mas dice en rueda de prensa: ¡°No tiene sentido obcecarse en un camino que est¨¢ cerrado. Constatando que esto no ha ido bien, ser¨ªa un error insistir. Catalu?a tiene que hacer una profunda reflexi¨®n y tomar decisiones¡±. Una semana despu¨¦s convoca elecciones; y, el 27 de septiembre, el Parlament acuerda celebrar una ¡°consulta¡± soberanista en la legislatura siguiente. Lo que en ese momento se bautiza como ¡°el derecho a decidir¡±. Mas anuncia: ¡°Primero hay que intentarlo de acuerdo con las leyes, y, si no se puede, hacerlo igualmente¡±. El camino rupturista del proc¨¦s est¨¢ abierto.
El contexto inmediato en el que la Converg¨¨ncia de Artur Mas decide tomar ese camino es el de una brutal crisis econ¨®mica que hab¨ªa llevado a la Generalitat a aplicar profundos recortes sociales (contestados en la calle con protestas incesantes) y a acudir finalmente al Estado para recibir un rescate de 5.000 millones (acababa de hacerlo, tres semanas antes de la reuni¨®n con Rajoy). En paralelo, los casos de corrupci¨®n del partido hegem¨®nico de Catalu?a comenzaban a convertirse en causas judiciales.
Las Diadas multitudinarias
Presi¨®n en la calle
Nueve d¨ªas antes de la reuni¨®n entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat, el 11 de septiembre de 2012, se produce la primera Diada multitudinaria de la serie de Diadas multitudinarias del proc¨¦s. Fueron ocho grandes manifestaciones en total, entre 2012 y 2019, con m¨²ltiples formatos escenogr¨¢ficos pero una constante: la enorme afluencia de personas (especialmente hasta 2017) y su car¨¢cter netamente independentista. Y la de 2012 es la fundamental, no s¨®lo por su alcance ¡ªde una marcha que en a?os anteriores hab¨ªa convocado a unos pocos miles de personas se pasa ese d¨ªa a 600.000 seg¨²n los c¨¢lculos de EL PA?S; mill¨®n y medio, seg¨²n la Guardia Urbana¡ª sino por lo que tiene de inesperada. Una explosi¨®n independentista en toda regla.
A la manifestaci¨®n asiste el Gobierno catal¨¢n casi en pleno. Mas no acude por decoro institucional, aunque la respalda p¨²blicamente y la usa como amenaza: ¡°Si no hay acuerdo [sobre el pacto fiscal], el camino de Catalu?a hacia la libertad est¨¢ abierto¡±. La principal organizadora es la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una asociaci¨®n creada apenas seis meses antes y encabezada por una a¨²n desconocida Carme Forcadell. La ANC y ?mnium se convertir¨ªan en los a?os siguientes en los principales movilizadores del proc¨¦s en la calle, de forma concertada ¡ªseg¨²n sentenci¨® el Supremo¡ª con el Gobierno de la Generalitat. Sus manifestaciones derivar¨ªan en 2017 en tumulto; sus l¨ªderes acabaron en prisi¨®n.
Catalu?a, soberana
Arranca la larga batalla con el Constitucional
Las elecciones de noviembre de 2012 visten de independentista la tradicional mayor¨ªa nacionalista del Parlament, y en enero de 2013 esa mayor¨ªa aprueba una resoluci¨®n que otorga al ¡°pueblo de Catalu?a¡± la condici¨®n de ¡°sujeto pol¨ªtico y jur¨ªdico soberano¡±. No era ni mucho menos la primera vez que la C¨¢mara auton¨®mica proclamaba para s¨ª (con distintas f¨®rmulas) una soberan¨ªa diferenciada de la del conjunto de los espa?oles. Pero el contexto ha cambiado en 2013, la amenaza es real, y el Gobierno de Rajoy impugna la resoluci¨®n ante el Tribunal Constitucional, que la anular¨ªa un a?o m¨¢s tarde. Es el inicio de un rosario de sucesivas resoluciones y decretos anulados por el tribunal ante la indiferencia de la Generalitat: la batalla de la desobediencia, que se prolonga durante a?os sin consecuencias penales hasta que ya en 2017, en la fase final de sprint hacia el refer¨¦ndum del 1-O, da lugar a una catarata de advertencias a los principales dirigentes del Govern y el Parlament. Carles Puigdemont se har¨ªa fotografiar junto a las notificaciones desatendidas del Constitucional y esta frase: ¡°No dejaremos de ir adelante¡±.
En sus respuestas al desaf¨ªo independentista, el Constitucional siempre argument¨® lo mismo: que la soberan¨ªa no se puede despiezar, porque es ¡°de todo el pueblo espa?ol¡±; y que quien quiera cambiar eso puede intentarlo, pero por el cauce debido ¡ªproponiendo una reforma de la Constituci¨®n¡ª, no a trav¨¦s de una ¡°inaceptable v¨ªa de hecho¡± para alterar las reglas de juego de toda la ciudadan¨ªa por la puerta de atr¨¢s.
La consulta del 9-N
El Gobierno decide mirar hacia otro lado
Apoy¨¢ndose en esa declaraci¨®n de soberan¨ªa, Artur Mas anuncia a finales de 2013 que el 9 de noviembre de 2014 se celebrar¨¢ en Catalu?a una consulta de autodeterminaci¨®n. El mismo d¨ªa del anuncio, Rajoy comparece para afirmar: ¡°Esa consulta es inconstitucional y no se va a celebrar. Les garantizo que no se celebrar¨¢¡±. Pero se celebra. La Generalitat ¡ªaunque en el ¨²ltimo momento la deja en manos de voluntarios y le resta car¨¢cter vinculante¡ª se pasa un a?o entero prepar¨¢ndola en todos sus detalles, y el Gobierno a cada paso responde lo mismo: ¡°No se celebrar¨¢¡±. Hasta que, cuatro d¨ªas antes de la fecha de la consulta, y cuando el Tribunal Constitucional ya ha ordenado su suspensi¨®n, el ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, afirma por sorpresa en rueda de prensa que no se va a impedir un ¡°ejercicio de libertad de expresi¨®n¡± de la ciudadan¨ªa, siempre y cuando la Generalitat, como instituci¨®n, no promueva directamente la votaci¨®n, algo que en realidad lleva un a?o haciendo.
El 9-N votan, seg¨²n sus organizadores, 2,3 millones de personas (un tercio del censo) y gana el s¨ª con un 80,7%. La Catalu?a independentista se vuelca en su consulta, pero la mayor¨ªa de la poblaci¨®n la ignora, y con ese dato en la mano Rajoy concluye: ¡°No ha habido consulta, fue un simulacro, un profundo fracaso del proyecto independentista¡±. El 9-N ¡ªque deja im¨¢genes como las de Artur Mas, el heredero pol¨ªtico de Jordi Pujol, fundido en un abrazo con David Fern¨¢ndez, de la antisistema CUP¡ª es el embri¨®n del refer¨¦ndum que, este s¨ª con car¨¢cter vinculante, culminar¨¢ el salto al vac¨ªo tres a?os despu¨¦s: el 1-O. Por el camino, en julio de ese a?o 2014, Jordi Pujol, padre de la patria, ha confesado su fraude fiscal.
El ¨®rdago
18 meses para la secesi¨®n
Artur Mas se sube a lomos del resultado del 9-N para anunciar, en enero de 2015, que vuelve a adelantar las elecciones y que estas ser¨¢n un ¡°plebiscito¡± sobre la independencia. Pero no pone fecha para ya, sino a nueve meses vista ¡ªel 27 de septiembre¡ª, as¨ª que todo ese a?o es una largu¨ªsima precampa?a con un ¨²nico asunto de debate: independencia s¨ª o no. A esos comicios concurrir¨¢n por primera vez en una lista ¨²nica, Junts pel S¨ª, dos partidos anta?o irreconciliables: Converg¨¨ncia y ERC. Artur Mas y Oriol Junqueras. Si ganan, prometen, materializar¨¢n una ¡°hoja de ruta¡± que supone declarar la independencia de Catalu?a en 18 meses. Ese compromiso relevant¨ªsimo se adquiere en un texto de folio y medio firmado por ambos y por los l¨ªderes de la ANC y ?mnium. Su primera v¨ªctima es CiU: Uni¨® salta del barco y certifica el fin de la hist¨®rica coalici¨®n gobernante catalana.
El independentismo gana esas elecciones ¡°plebiscitarias¡± en n¨²mero de esca?os, pero no en votos. Aun as¨ª, Mas y Junqueras consideran que el resultado los legitima para poner en marcha su hoja de ruta, y lo hacen. El 9 de noviembre de 2015, el Parlament aprueba una resoluci¨®n de ruptura abierta que declara el ¡°inicio del proceso de creaci¨®n del Estado catal¨¢n independiente¡±, insta a desobedecer al resto de instituciones espa?olas (empezando por el Constitucional) y conmina a la Generalitat a cumplir s¨®lo las leyes emanadas de la C¨¢mara auton¨®mica.
Artur Mas, impulsor durante tres a?os de todo este atropellado plan, es acto seguido arrollado por ¨¦l. La CUP tiene la llave de la mayor¨ªa y pone como condici¨®n que Mas ¡ªencarnaci¨®n a sus ojos, pese a todo, de la Converg¨¨ncia corrupta y burguesa de los recortes sociales¡ª no revalide el cargo. En su lugar es investido alguien que, al contrario que aquel, no es independentista de nueva hornada sino irreductible y desde siempre: Carles Puigdemont. ¡°Hemos enviado a Mas a la papelera de la historia¡±, escribe la CUP en el epitafio pol¨ªtico del arquitecto del proc¨¦s.
Drama en el Parlament
Las leyes de ruptura
La Generalitat ha emprendido la marcha hacia la prometida independencia expr¨¦s, y ya est¨¢ volcada, dicen en aquellos d¨ªas sus dirigentes, en levantar las ¡°estructuras de Estado¡±. En su discurso, el refer¨¦ndum es ¡°pantalla pasada¡±, algo ya superado con la victoria electoral de 2015. Y, sin embargo, seg¨²n se va consumiendo el plazo de los 18 meses, la promesa de otra votaci¨®n vuelve a estar sobre la mesa. ¡°O refer¨¦ndum o refer¨¦ndum¡±, anuncia Puigdemont para salvar la moci¨®n de confianza de septiembre de 2016, y todo el independentismo se pone de nuevo a ello. Destino: 1 de octubre de 2017.
En los meses siguientes se da a conocer el grueso del contenido de la Ley del Refer¨¦ndum (que no fija un m¨ªnimo de participaci¨®n y establece que con un solo voto m¨¢s a favor que en contra se considerar¨¢ ganado) y de la Ley de Transitoriedad Jur¨ªdica y Fundacional de la Rep¨²blica. En esta se anuncia, entre otras cosas, que ninguna decisi¨®n de la asamblea constituyente podr¨¢ ser impugnada; se entrega a la Generalitat la titularidad de los bienes del Estado; y se pone a los jueces bajo control del poder pol¨ªtico. Una ley que el Gobierno de Rajoy califica como ¡°propia de un r¨¦gimen autocr¨¢tico¡±, sin poder frenarla.
Ambas normas son aprobadas por el rodillo independentista en las fren¨¦ticas sesiones del 6 y 7 de septiembre de 2017 en el Parlament: un punto de no retorno en el proc¨¦s y un shock para la oposici¨®n catalana y particularmente para los grupos de izquierda, que hasta entonces han tratado de hacer equilibrios ante el fen¨®meno soberanista. Todas las m¨¢scaras, si alguna quedaba, caen esos dos d¨ªas: no hay espacio en las instituciones catalanas para quienes no se suban al barco de la ruptura. Las leyes que dictan la secesi¨®n son publicadas minutos antes de su debate, sin tiempo para presentar enmiendas ni debatir nada, las advertencias de los propios letrados del Parlament son ignoradas y los diputados de la oposici¨®n terminan con los brazos en alto, suplicando a Forcadell ¡ªpresidenta de la C¨¢mara¡ª, mir¨¢ndose unos a otros sin creer que lo inconcebible est¨¢ ocurriendo. Pero ocurre, y el barco pone rumbo al 1-O sin mirar atr¨¢s.
El p¨¢nico del mes de octubre
Fracaso y afirmaci¨®n del Estado
En ese momento, el Estado tiene menos de un mes para intentar evitar la demolici¨®n del orden constitucional en Catalu?a. ¡°Empieza el mambo¡±, resume la CUP. La Fiscal¨ªa se querella contra el Govern y la Mesa del Parlament y cita como imputados a cientos de alcaldes, mientras Polic¨ªa y Guardia Civil, en una carrera contra el reloj, buscan urnas y papeletas para impedir el refer¨¦ndum. Hacienda interviene el presupuesto de la Generalitat para evitar el desv¨ªo de fondos. A partir del 20 de septiembre ¡ªseg¨²n relat¨® dos a?os m¨¢s tarde el Tribunal Supremo¡ª el desaf¨ªo institucional se convierte en tumulto social y la violencia hace acto de presencia: la principal estampa de esa deriva (no la ¨²nica) es la concentraci¨®n de 40.000 personas para protestar contra el registro judicial de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa, que acaba con la secretaria del juzgado saliendo por la azotea. La Generalitat, concluy¨® el Supremo, alent¨® deliberadamente esos d¨ªas entre los catalanes un sentimiento de agravio y hostilidad que deriv¨® en ¡°movilizaci¨®n sediciosa¡±. El 28 de septiembre, los mandos de los Mossos avisan al Govern de que temen una explosi¨®n de violencia entre polic¨ªas y votantes el 1-O. Puigdemont decide seguir adelante.
Llega as¨ª el 1 de octubre y el desastre para el Estado. Las urnas, el santo grial buscado durante semanas por los servicios secretos, aparecen en los colegios, listas para la votaci¨®n. Una juez ha ordenado a las fuerzas de seguridad adoptar ¡°todas aquellas medidas que impidan la consecuci¨®n del refer¨¦ndum, sin afectar la normal convivencia ciudadana¡±. Ante esa instrucci¨®n, los Mossos, mayoritariamente, se inhiben o se retiran de los colegios, y polic¨ªas y guardias civiles cargan en varios momentos contra las personas que, a las puertas de los centros, intentan bloquearles el paso. El refer¨¦ndum se celebra: vota menos gente que el 9-N, el s¨ª a la independencia arrasa y el Govern convierte el resultado en ¡°mandato¡±.
Espa?a se sume entonces en una mezcla de p¨¢nico y desconcierto. Cientos de empresas abandonan atropelladamente Catalu?a para instalarse en otras comunidades. El d¨ªa 3, mientras grupos de independentistas cercan los hoteles en varios municipios para exigir ¡ªy conseguir¡ª la expulsi¨®n de los polic¨ªas antidisturbios, el Rey comparece para reclamar a ¡°los leg¨ªtimos poderes del Estado¡± la restauraci¨®n del orden constitucional. La aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n est¨¢ en boca de todos, pero no llega. El d¨ªa 8, cientos de miles de personas salen a la calle en Barcelona para defender la Constituci¨®n y la unidad de Espa?a, la manifestaci¨®n antisoberanista m¨¢s grande vista nunca en Catalu?a. El 10, Puigdemont, desde la tribuna del Parlament, declara la independencia e, inmediatamente, deja en suspenso sus ¡°efectos¡±. Todo es tan confuso que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, env¨ªa sendas cartas al president pidi¨¦ndole que aclare si ha declarado la independencia o no. Si la respuesta es no, viene a decir Rajoy ante las c¨¢maras, no habr¨¢ consecuencias. Pero Puigdemont responde con evasivas y el 27 de octubre, despu¨¦s de tres d¨ªas de infarto, el Parlament vota la declaraci¨®n de independencia definitiva. Justo a continuaci¨®n el Gobierno, avalado por el Senado y con el apoyo del PSOE, activa el 155 e interviene la autonom¨ªa de Catalu?a. La fiebre ha llegado a su pico y queda lo m¨¢s dif¨ªcil: la bajada.
Juzgados y pr¨®fugos
El fin de la quimera
Oriol Junqueras, cinco consejeros del Govern y la presidenta del Parlament fueron enviados a prisi¨®n por una juez de la Audiencia Nacional tras ser destituidos del cargo (los l¨ªderes de la ANC y ?mnium hab¨ªan corrido el mismo destino semanas antes). Todos ser¨ªan juzgados a?o y medio despu¨¦s por el Supremo y condenados a penas de entre nueve y 13 a?os por sedici¨®n (cuatro de ellos, tambi¨¦n por malversaci¨®n). Pasaron, en total, entre 39 y 44 meses en la c¨¢rcel, hasta que fueron indultados por el Gobierno de Pedro S¨¢nchez. El president Puigdemont y tres consejeros, por el contrario, huyeron a B¨¦lgica y all¨ª permanecen cinco a?os despu¨¦s, pr¨®fugos (una cuarta consejera huida regres¨® hace un a?o). El Tribunal Supremo lleva desde entonces enfrascado en una batalla con la justicia belga para conseguir su entrega, que deber¨¢ ser resuelta por el Tribunal de Justicia de la UE.
En su sentencia, dictada el 14 de octubre de 2019, el Supremo lleg¨® a la conclusi¨®n de que el proc¨¦s no hab¨ªa ido en serio. Los acusados, dijeron los jueces, hab¨ªan enga?ado al pueblo catal¨¢n enarbolando una ¡°quimera¡± que sab¨ªan imposible ¡ªla independencia de Catalu?a¡ª y confiando en que, en el ¨²ltimo momento, el Estado ceder¨ªa a la presi¨®n y negociar¨ªa un refer¨¦ndum. Por el camino hab¨ªan pulverizado, eso s¨ª, todo el ordenamiento legal. Durante el juicio, ninguno de los principales acusados se retract¨® de nada. Jordi Cuixart dijo algo que repetir¨ªan m¨¢s adelante varios de ellos: ¡°Lo volveremos a hacer¡±.
El riesgo de recidiva
Un agitador al mando
Los dos a?os que van desde la aplicaci¨®n del 155 a la sentencia del Supremo muestran la dificultad de gestionar el d¨ªa despu¨¦s de esa ¡°enso?aci¨®n¡± colectiva que, seg¨²n el tribunal, fue el proc¨¦s. Los independentistas decepcionados eran miles, y muchos no estaban dispuestos a renunciar a aquello por lo que llevaban a?os trabajando. Las elecciones de diciembre de 2017, convocadas por Rajoy, hab¨ªan arrojado la victoria hist¨®rica de un partido creado expresamente para combatir al nacionalismo catal¨¢n, Ciudadanos, pero la mayor¨ªa parlamentaria sigui¨® en manos del independentismo, que invisti¨® en 2018 a un presidente con una larga trayectoria de escritos supremacistas y antiespa?oles: Quim Torra. Un convencido que declar¨® su pleites¨ªa al fugado Puigdemont y prometi¨® no aflojar en el plan separatista. Su desaf¨ªo se ci?¨® al ¨¢mbito de la ret¨®rica y la apropiaci¨®n partidista de las instituciones ¡ªel espacio p¨²blico fue inundado con el s¨ªmbolo independentista del lazo amarillo¡ª, y a la postre le costar¨ªa la inhabilitaci¨®n por desobediencia.
Pero la ret¨®rica de Torra tuvo otras consecuencias. La furia de un sector del independentismo, organizada en torno a los comit¨¦s de defensa de la rep¨²blica (CDR) que hab¨ªan sido alentados por el president (¡°apret¨¢is, y hac¨¦is bien en apretar¡±), degener¨® en 2018 en un intento de asalto al Parlament, repelido por los Mossos. Ese fue el primer aviso: la amenaza de recidiva estaba ah¨ª, latente. La constataci¨®n llegar¨ªa en octubre de 2019, tras la sentencia del Supremo, cuando las calles de Barcelona se incendiaron con violentos disturbios que duraron una semana y pusieron en jaque al Gobierno de Pedro S¨¢nchez.
El Estado pasa p¨¢gina
Indultos y mesa de di¨¢logo
El proc¨¦s, entendido como una operaci¨®n de desmontaje del edificio constitucional por parte de las instituciones de Catalu?a, muri¨® cuando pas¨® del ¨¢mbito pol¨ªtico al de las consecuencias: el penal. Pero el pulso permanente al Estado, ahora de baja intensidad y con los partidos independentistas enfrentados entre s¨ª, contin¨²a vivo. ¡°Gracias a lo que hicimos¡±, resumi¨® Junqueras en una entrevista a EL PA?S en enero de 2020, ¡°nos hemos ganado el derecho a repetirlo¡±. A Torra lo sustituy¨® Pere Aragon¨¨s, que encarna la actual apuesta pragmatica de su partido, ERC: la v¨ªa rupturista no se descarta para un futuro sin fecha, pero en el presente se aboga por un indefinido ¡°di¨¢logo con el Estado¡±. Un camino compartido por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que en 2021 indult¨® a los nueve presos del proc¨¦s ¡°por utilidad p¨²blica¡± y cre¨® una mesa de di¨¢logo sobre el ¡°conflicto pol¨ªtico¡± catal¨¢n, sin definirlo tampoco. ERC es un aliado parlamentario imprescindible. La mesa avanza a trompicones y, en paralelo, el Govern mantiene su desaf¨ªo, a veces ret¨®rico, a veces no. La negativa a aplicar las sentencias que obligan a impartir un m¨ªnimo de asignaturas en castellano en las escuelas ¡ªnegativa aceptada en la pr¨¢ctica por el Ejecutivo central¡ª es el ¨²ltimo episodio. Diez a?os despu¨¦s, el ¨®rdago de Artur Mas es historia, pero sigue agazapado en los discursos oficiales.
