Las claves de la amnist¨ªa: dos meses para aplicar una ley que renuncia a juzgar a Puigdemont para superar las ¡°tensiones¡± del ¡®proc¨¦s¡¯

La proposici¨®n de ley de amnist¨ªa pactada entre el PSOE y sus socios parlamentarios dedica 12 p¨¢ginas a la exposici¨®n de motivos y 10 al articulado (16 art¨ªculos divididos en tres t¨ªtulos, dos disposiciones adicionales y una disposici¨®n final). El texto justifica la medida de gracia como ¡°un paso necesario para superar las tensiones¡± institucionales y sociales surgidas en los a?os del proc¨¦s y ¡°eliminar algunas de las circunstancias que provocan la desafecci¨®n que mantiene alejada de las instituciones estatales a una parte de la poblaci¨®n¡±. La norma amnist¨ªa ¡°los actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable ejecutados en el marco de las consultas independentistas celebradas en Catalu?a el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, siempre que hubieren sido realizados entre los d¨ªas 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023¡å. Y da a los tribunales un plazo de dos meses, tras la aprobaci¨®n de la ley, para aplicarla.

Estas son las claves jur¨ªdicas de la proposici¨®n de ley:

¡°Abordar circunstancias pol¨ªticas excepcionales¡±. La exposici¨®n de motivos sostiene que la amnist¨ªa es la ¡°facultad legislativa¡± que el ordenamiento configura como ¡°un medio adecuado para abordar circunstancias pol¨ªticas excepcionales que, en el seno de un Estado de Derecho, persigue la consecuci¨®n de un inter¨¦s general¡±; en ¨¦l incluye ¡°la necesidad de superar y encauzar conflictos pol¨ªticos y sociales arraigados, en la b¨²squeda de la mejora de la convivencia y la cohesi¨®n social, as¨ª como de una integraci¨®n de las diversas sensibilidades pol¨ªticas¡±. Con esta ley org¨¢nica, a?ade la exposici¨®n de motivos, las Cortes Generales acuden ¡°a un mecanismo constitucional que refuerza el Estado de Derecho para dar una respuesta adecuada m¨¢s de diez a?os despu¨¦s del comienzo del proceso independentista, cuando ya se han superado los momentos m¨¢s acusados de la crisis y toca establecer las bases para garantizar la convivencia de cara al futuro¡±. ¡°De esta manera, al asumir las Cortes Generales esta decisi¨®n de pol¨ªtica legislativa, no solo no invaden otros espacios, sino que, muy al contrario y en uso de sus competencias, asumen la mejor v¨ªa de las posibles para abordar, desde la pol¨ªtica, un conflicto pol¨ªtico¡±.

¡°Superar tensiones¡±. La aprobaci¨®n de la ley se entiende como ¡°un paso necesario para superar las tensiones¡± institucionales y sociales surgidas en los a?os del proc¨¦s y ¡°eliminar algunas de las circunstancias que provocan la desafecci¨®n que mantiene alejada de las instituciones estatales a una parte de la poblaci¨®n¡±. Unas consecuencias que, seg¨²n el documento, podr¨ªan agravarse en los pr¨®ximos a?os ¡°a medida que se sustancien procedimientos judiciales que afectan no solo a los l¨ªderes de aquel proceso (que son los menos) sino tambi¨¦n a los m¨²ltiples casos de ciudadanos e incluso a empleados p¨²blicos que ejercen funciones esenciales en la administraci¨®n auton¨®mica y local y cuyo procesamiento y eventual condena e inhabilitaci¨®n producir¨ªa un trastorno grave en el funcionamiento de los servicios en la vida diaria de sus vecinos y, en definitiva, en la convivencia social¡±. Lo que el legislador pretende es ¡°excepcionar la aplicaci¨®n de normas vigentes¡± a unos hechos acontecidos en el contexto del proceso independentista catal¨¢n en aras del inter¨¦s general, ¡°consistente en garantizar la convivencia dentro del Estado de Derecho, y generar un contexto social, pol¨ªtico e institucional que fomente la estabilidad econ¨®mica y el progreso cultural y social tanto de Catalu?a como del conjunto de Espa?a, sirviendo al mismo tiempo de base para la superaci¨®n de un conflicto pol¨ªtico¡±.

Qu¨¦ se amnist¨ªa. La ley amnist¨ªa los actos tipificados como delitos, o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable, vinculados a la consulta celebrada en Catalu?a el 9 de noviembre de 2014 y al refer¨¦ndum de 1 de octubre de 2017 cometidos entre el 1 de enero de 2012 y este lunes, 13 de noviembre de 2023. Esto incluye los actos cometidos con la intenci¨®n de reivindicar, promover o procurar la secesi¨®n o independencia de Catalu?a, as¨ª como los que hubieran contribuido a la consecuci¨®n de tales prop¨®sitos. En todo caso, se?ala el texto, se entender¨¢n incluidos los actos tipificados como delitos de usurpaci¨®n de funciones p¨²blicas o de malversaci¨®n dirigidos a financiar, sufragar o facilitar la realizaci¨®n de las conductas del 9-N y el 1-O. Tambi¨¦n, los actos de desobediencia, des¨®rdenes p¨²blicos, atentado contra la autoridad o resistencia que hubieran sido ejecutados con el prop¨®sito de permitir la celebraci¨®n de esas consultas, incluidos los actos tipificados como delitos de prevaricaci¨®n o cualquier otro que hubiera consistido en la aprobaci¨®n o ejecuci¨®n de leyes, normas o resoluciones por autoridades o funcionarios p¨²blicos que hayan sido realizados con el prop¨®sito de permitir, favorecer o coadyuvar a la celebraci¨®n de las consultas. Se amnist¨ªan tambi¨¦n las acciones realizadas por la polic¨ªa en el curso de actuaciones dirigidas a dificultar o impedir la realizaci¨®n de cualquiera de los actos determinantes de responsabilidad penal o administrativa comprendidos en la ley.

Qui¨¦n se beneficiar¨¢ de la medida. Los impulsores de la ley calculan que ser¨¢n amnistiadas m¨¢s de 300 personas que colaboraron en el proc¨¦s o participaron en los disturbios posteriores a la sentencia de 2019, adem¨¢s de los 73 polic¨ªas implicados en procesos judiciales por las cargas del d¨ªa del refer¨¦ndum ilegal del 1-O. Con la amnist¨ªa, el Estado renuncia a perseguir a Carles Puigdemont y a los otros miembros de su Govern huidos con ¨¦l a Bruselas; se extinguir¨¢ la condena de inhabilitaci¨®n que siguen teniendo que cumplir Oriol Junqueras y otros condenados por el Supremo y se borrar¨¢n sus antecedentes penales; y nunca se juzgar¨¢ a los antiguos altos cargos de la Generalitat acusados de malversaci¨®n por los preparativos del refer¨¦ndum ilegal y la promoci¨®n internacional del proc¨¦s con fondos p¨²blicos. Tambi¨¦n queda, en principio, dentro de la amnist¨ªa la causa de Tsunami Democr¨¤tic que investiga el juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n en la Audiencia Nacional y que afecta a Puigdemont y Marta Rovira, as¨ª como el procedimiento por terrorismo contra los CDR, sobre el que ya se hab¨ªa abierto juicio oral en la Audiencia Nacional. El acuerdo alcanza igualmente a la causa abierta en el Tribunal de Cuentas por el dinero p¨²blico desviado de forma irregular para la consulta del 1-O (la Fiscal¨ªa reclama 3,4 millones a una treintena de encausados). Tambi¨¦n ser¨¢n amnistiados los polic¨ªas y guardias civiles procesados por delitos de lesiones en el 1-O, en torno a 73 agentes, seg¨²n c¨¢lculos de los negociadores.

Qu¨¦ queda excluido de la amnist¨ªa. La ley deja fuera los actos dolosos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte, aborto o lesiones al feto, la p¨¦rdida o la inutilidad de un ¨®rgano o miembro, la p¨¦rdida o inutilidad de un sentido, la impotencia, la esterilidad o una grave deformidad. Tambi¨¦n se excluyen los delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes con arreglo al art¨ªculo 3 del Convenio para la Protecci¨®n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, ¡°siempre que superen un umbral m¨ªnimo de gravedad¡±, que no se precisa. Tampoco se amnist¨ªan los actos tipificados como delitos de terrorismo ¡°siempre y cuando haya reca¨ªdo sentencia firme y hayan consistido en la comisi¨®n de alguna de las conductas descritas en el art¨ªculo 3 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017¡å. Esta exigencia de que haya reca¨ªdo sentencia firme permite, en principio, aplicar la amnist¨ªa a los CDR y a Carles Puigdemont y Marta Rovira aunque hayan sido imputados por terrorismo en la causa del Tsunami Democr¨¤tic.

Efectos sobre la responsabilidad penal, administrativa y contable. Ser¨¢n eliminados los antecedentes penales de quienes ya fueron condenados y quedar¨¢n sin efecto las ¨®rdenes de busca y captura e ingreso en prisi¨®n, as¨ª como las ¨®rdenes nacionales, europeas e internacionales de detenci¨®n. La entrada en vigor de la ley implicar¨¢ el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas sobre cualquiera de los beneficiarios, incluso cuando se plantee un recurso o una cuesti¨®n de inconstitucionalidad contra la ley de amnist¨ªa. En el caso de los procedimientos administrativos, se archivar¨¢n de forma definitiva los procedimientos abiertos para hacer efectivas las responsabilidades administrativas en que se hubiera incurrido. Tambi¨¦n quedar¨¢n extinguidas las responsabilidades civiles y contables, incluidas las que est¨¦n siendo objeto de procedimientos tramitados ante el Tribunal de Cuentas. Pero la medida no se extiende a los casos sobre los que ya haya sentencia firme y ejecutada, lo que deja fuera la responsabilidad contable de la consulta del 9-N, por la que Mas y otros condenados tuvieron que abonar cinco millones de euros: ese dinero no se les devolver¨¢.

Tramitaci¨®n preferente y urgente. Los tribunales y los ¨®rganos administrativos o contables correspondientes aplicar¨¢n la amnist¨ªa, ¡°con car¨¢cter preferente y urgente¡±, cualquiera que fuera el estado de tramitaci¨®n de la causa. Esa decisi¨®n tendr¨¢n que adoptarla en el plazo m¨¢ximo de dos meses, ¡°sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendr¨¢n efectos suspensivos¡±. En el ¨¢mbito penal, si el caso est¨¢ en la fase de instrucci¨®n o intermedia se decretar¨¢ el sobreseimiento libre, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes. De aplicarse durante la fase de juicio oral, el tribunal dictar¨¢ auto de sobreseimiento libre o sentencia absolutoria. En el caso de sentencias no firmes la ley establece varias opciones en funci¨®n de si ya se ha presentado o no recurso, pero, en todo caso, al resolver el recurso contra la sentencia, el tribunal declarar¨¢ de oficio que los actos tipificados como delitos cometidos por la persona encausada quedan amnistiados. De aplicarse durante la fase de ejecuci¨®n de las penas, los ¨®rganos judiciales a los que correspondi¨® el enjuiciamiento en primera instancia revisar¨¢n las sentencias firmes para aplicar la amnist¨ªa, incluso en el supuesto de que la pena impuesta estuviera suspendida, la persona condenada se hallara en libertad condicional o se haya concedido un indulto.