El Tribunal Supremo confirma la retirada del esca?o a Laura Borr¨¤s

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la presidenta de Junts y expresidenta del Parlamento catal¨¢n, Laura Borr¨¤s, contra el acuerdo de la Junta Electoral Central que anul¨® su credencial de diputada auton¨®mica tras ser condenada el pasado marzo por delitos de corrupci¨®n. El Supremo concluye que la pena que le fue impuesta entonces ¡ªcuatro a?os y medio de c¨¢rcel, 13 de inhabilitaci¨®n y multa de 36.000 euros por falsedad en documento oficial y prevaricaci¨®n administrativa¡ª conllevan la aplicaci¨®n del art¨ªculo 6.2.b) y el art¨ªculo 4 de la Ley Electoral General (LOREG) y son, por tanto, incompatibles con el desempe?o del cargo de diputada. Confirma, as¨ª, la p¨¦rdida del esca?o por parte de Borr¨¤s.

El alto tribunal expone que esos art¨ªculos de la ley electoral responden a ¡°la necesidad de una mayor protecci¨®n de las instituciones p¨²blicas, pues la sociedad contempor¨¢nea reclama que el ejercicio de cargos p¨²blicos de base representativa no sea desempe?ado por quienes hayan sido penalmente condenados a pena de inhabilitaci¨®n especial, independientemente del ¨¢mbito de la Administraci¨®n P¨²blica en que hubiera tenido lugar la comisi¨®n del delito¡±.

La sentencia que conden¨® a Borr¨¤s en marzo de 2023 consideraba probado que la dirigente de Junts, cuando dirig¨ªa la Instituci¨® de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2018, troce¨® contratos, de forma ilegal, para adjudic¨¢rselos a dedo a un inform¨¢tico amigo suyo, Isa¨ªas Herrero. La retirada del esca?o se basa en el art¨ªculo 6.2.B de la LOREG, que establece que son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos contra la Administraci¨®n P¨²blica cuando se le haya impuesto la pena de inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico, como era le caso de Borr¨¤s. Aunque la condena recayera sobre la expresidenta del Parlament cuando ya estaba ejerciendo el cargo para el que fue elegida, hay ya una jurisprudencia consolidada del Supremo que fija que, en estos casos, se da una ¡°inelegiblidad sobrevenida¡± que implica la p¨¦rdida del esca?o. Si se ha accedido al cargo representativo y durante el ejercicio del cargo se incurre ¡°sobrevenidamente¡± en una causa de inelegibilidad, opera como supuesto de incompatibilidad y, por tanto, de cese, explica el tribunal. Es el mismo argumento que se aplic¨® al expresidente de la Generalitat Quim Torra o al exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodr¨ªguez para retirarles sus actas de diputados.

¡°Estamos, por tanto, no ante la invalidez de la elecci¨®n, sino ante un impedimento para seguir ejerciendo el cargo electivo, tras haber accedido al esca?o¡±, remarca el tribunal. Asimismo, indica que no hay necesidad de la intervenci¨®n del Parlament ni de que su respectivo reglamento de funcionamiento prevea tal causa de p¨¦rdida de la condici¨®n de diputado por inelegibilidad sobrevenida. Dicha causa puede ser apreciada por la propia C¨¢mara; pero, de no hacerlo y ¡°ante su pasividad¡±, puede actuar la Administraci¨®n electoral aplicando directamente la LOREG, indican los magistrados. El Supremo sostiene, adem¨¢s, que la retirada del esca?o se puede aplicar aunque la condena no sea firme (est¨¢ pendiente de recurso ante el alto tribunal), y descarta tambi¨¦n cuestionar la ¡°proporcionalidad y legitimidad¡± de esa medida.

La condena de Borr¨¤s es una de las que ha sobrevolado las negociaciones del pacto entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro S¨¢nchez, en el que la presidenta del partido ha participado activamente. El delito de Borr¨¤s no tiene ning¨²n v¨ªnculo con el proc¨¦s y, por tanto, se quedaba desde el principio fuera de la amnist¨ªa que planteaban los socialistas, pero Junts y la propia Borr¨¤s alegan que su condena responde a un caso de lawfare, una instrumentalizaci¨®n de la justicia para fines pol¨ªticos. ¡°No he podido tener un juicio justo y, por tanto, no he podido tener una sentencia justa¡±, denunci¨® Borr¨¤s tras ser juzgada, para acusar al Tribunal Superior catal¨¢n de ¡°parcial¡±, ¡°politizado¡± y dedicado ¨²nicamente a ¡°defender la unidad de Espa?a¡±.

Finalmente, Junts ha conseguido que el concepto de lawfare se incluya en el documento de pacto pol¨ªtico firmado con el PSOE, pero no en la proposici¨®n de ley, por lo que la presidenta del partido no ser¨¢ amnistiada. No obstante, en su sentencia condenatoria por prevaricaci¨®n y falsedad, el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) solicit¨® al Gobierno que le conceda un indulto parcial para que no ingrese en prisi¨®n.