Con Pedro S¨¢nchez investido presidente del Gobierno, uno de los primeros compromisos por cumplir del nuevo Consejo de Ministros ser¨¢ tramitar la futura ley de amnist¨ªa, pieza clave en la negociaci¨®n con las fuerzas independentistas catalanas. La iniciativa parlamentaria tiene ahora por delante un camino que puede durar meses, e incluye tanto su tramitaci¨®n en las Cortes como su posterior aplicaci¨®n en los tribunales que han conocido de causas relacionadas...

Con Pedro S¨¢nchez investido presidente del Gobierno, uno de los primeros compromisos por cumplir del nuevo Consejo de Ministros ser¨¢ tramitar la futura ley de amnist¨ªa, pieza clave en la negociaci¨®n con las fuerzas independentistas catalanas. La iniciativa parlamentaria tiene ahora por delante un camino que puede durar meses, e incluye tanto su tramitaci¨®n en las Cortes como su posterior aplicaci¨®n en los tribunales que han conocido de causas relacionadas con el proc¨¦s, jalonado de los previsibles recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional para intentar retrasar la aprobaci¨®n de la ley o frenar su efecto una vez aprobada. Aunque la proposici¨®n de ley da dos meses a los tribunales para aplicarla, la tramitaci¨®n parlamentaria y los posibles recursos ante el Constitucuonal har¨¢n dif¨ªcil que la norma sea plenamente efectiva antes de un a?o.

El PSOE dio el primer paso de la medida de gracia el pasado lunes, al registrar su grupo en el Congreso la proposici¨®n de ley, en solitario y con car¨¢cter de urgencia. Una calificaci¨®n que acorta los plazos parlamentarios a la mitad. El segundo se producir¨¢ la semana pr¨®xima, cuando la Mesa de la C¨¢mara baja reciba el texto para su aceptaci¨®n tras examinarla los letrados de las Cortes. En ese momento, el PP podr¨¢ elevar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional para intentar que la Mesa no acepte la proposici¨®n de ley y la frene. Pero solo lograr¨¢ dejar en suspenso el proceso de tramitaci¨®n si el Partido Popular solicita medidas cautelares y el tribunal de garant¨ªas se las concede, una opci¨®n improbable.

El Constitucional sent¨® un precedente el a?o pasado cuando fren¨® la tramitaci¨®n parlamentaria de la reforma legal que desbloqueaba su propia renovaci¨®n , pero juristas consultados recuerdan que, en ese caso, lo que se paraliz¨® fue la tramitaci¨®n de dos enmiendas que el Ejecutivo hab¨ªa incorporado, por tr¨¢mite de urgencia, a un proyecto de ley sobre otro asunto. Lo que el PP aleg¨® es que ese procedimiento vulneraba el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos p¨²blicos a trav¨¦s de sus representantes ¡ªlos diputados¡ª, un derecho blindado por el art¨ªculo 23.2 de la Constituci¨®n. ¡°Ese precedente ya fue extra?o, aunque hab¨ªa una base. Pero, en el caso de la amnist¨ªa, no s¨¦ qu¨¦ base legal se va a encontrar para frenar la tramitaci¨®n parlamentaria de una proposici¨®n de ley presentada por uno o varios grupos¡±, se?ala un jurista consultado. Los magistrados progresistas se opusieron frontalmente a esa suspensi¨®n, pero entonces estaban en minor¨ªa. Tras la ¨²ltima renovaci¨®n, son mayor¨ªa y se da por hecho que no prosperar¨ªa una medida cautelar similar.

Pero para los populares, la ley es inconstitucional y van a tratar por todos los medios que no se tramite. ¡°Analizaremos cualquier v¨ªa que frene la ley. No habr¨¢ ning¨²n solo paso que podamos dar que dejemos de hacer¡±, advierten fuentes de la direcci¨®n del PP. El recurso ante el Constitucional podr¨ªa interponerse tanto cuando la norma llegue a la Mesa, la semana pr¨®xima, como en cualquier otra fase del camino parlamentario. Pero, si el tribunal de garant¨ªas se pronunciase de manera desfavorable para el PP en un primer momento, los populares admiten que no tendr¨ªa mucho sentido volver a pedir un pronunciamiento similar despu¨¦s, salvo que haya alg¨²n cambio en la norma o en su tramitaci¨®n que les dieran pie a impugnarla de nuevo. Los populares pueden tambi¨¦n tratar de buscar un resquicio para acudir a la justicia europea.

¡°Todav¨ªa no conocemos la ley de amnist¨ªa en su totalidad. Conocemos el trozo socialista. No conocemos las enmiendas de Junts, no conocemos las enmiendas de Esquerra y no conocemos las de Bildu. Primero vamos a ver la ley entera y vamos a ver qu¨¦ tramitaci¨®n sigue¡±, indic¨® este jueves Esteban Gonz¨¢lez Pons, vicesecretario general del partido, en los pasillos del Congreso. En caso de que no se presente tal recurso o que, como es previsible, el Constitucional resuelva seguir con el proceso, la mayor¨ªa progresista de la Mesa empujar¨¢ para que la norma contin¨²e avanzando y se fijar¨¢ un d¨ªa para debatir en pleno la toma en consideraci¨®n de la ley, esto es, para que la tramitaci¨®n siga su curso. Este tr¨¢mite requiere de mayor¨ªa absoluta ¡ªal tratarse de una ley org¨¢nica¡ª, y esa votaci¨®n saldr¨¢ previsiblemente adelante con 178 apoyos: los de PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu y BNG.

Tras este paso, los grupos parlamentarios podr¨¢n presentar enmiendas. Normalmente se establece un plazo de 15 d¨ªas, pero al ser de urgencia ese margen puede reducirse a la mitad. Despu¨¦s, pasar¨¢ por ponencia y comisi¨®n en el Congeso. Todos esos pasos suelen durar como m¨ªnimo un mes, pero el tiempo puede alargarse si coincide con enero, que es inh¨¢bil, aunque la Mesa podr¨ªa convertirlo en h¨¢bil para acelerar. Habr¨¢ un ¨²ltimo filtro, el del debate de la totalidad de la norma en pleno, que de nuevo contar¨ªa ¡ªseg¨²n se prev¨¦¡ª, con la misma mayor¨ªa absoluta que en su toma en consideraci¨®n. Y de ah¨ª, probablemente hacia febrero, la ley pasar¨¢ al Senado, territorio del PP, que cuenta con mayor¨ªa absoluta en esta c¨¢mara.

Los populares modificaron el reglamento del Senado el pasado martes para dilatar su tramitaci¨®n, de forma que cualquier proposici¨®n de ley tenga un plazo de dos meses ¡ªen lugar de 20 d¨ªas¡ª para ser debatida, aunque sea calificada de urgencia. La Mesa del Senado, pese a tener mayor¨ªa popular y a la petici¨®n del l¨ªder de Vox, Santiago Abascal, de que el PP paralice el texto en ese punto, no se puede negar a tramitarla. Si lo hiciera, el texto volver¨ªa intacto al Congreso autom¨¢ticamente en 20 d¨ªas. Fuentes populares de la C¨¢mara alta ya han asegurado que la Mesa calificar¨¢ la norma y no paralizar¨¢a el proceso.

Tambi¨¦n en el Senado se convocar¨¢n las respectivas comisiones ¡ªa las que el PP pretende llevar expertos e informes que avalen su rechazo a la medida de gracia¡ª, y habr¨¢ margen para plantear enmiendas. ¡°Hemos constituido un grupo de trabajo en el Senado para coordinar el seguimiento de la ley de amnist¨ªa desde el registro de la iniciativa del PSOE en el Congreso. Recopilaremos documentos e informes y coordinaremos mensajes¡±, inform¨® este viernes el grupo parlamentario popular en la C¨¢mara alta. El PP podr¨¢ sacar adelante una enmienda a la totalidad de la ley, que ser¨ªa aprobada con su mayor¨ªa absoluta en pleno unos dos meses despu¨¦s de recibirla el Senado, ya por abril o mayo. Luego la norma volver¨¢ al Congreso, que podr¨¢ levantar ese veto total con los 178 votos favorables a la norma y darle ya el visto bueno definitivo. Cuando esto ocurra, ser¨¢ publicada en el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE), sancionada por Felipe VI, y entrar¨¢ en vigor.

Turno de los tribunales

En ese momento llegar¨¢ el turno de los jueces. Para hacerse efectiva, la amnist¨ªa tiene que ser aplicada por cada tribunal que ya haya dictado sentencia o que tenga abierto un procedimiento afectado por la medida de gracia. La proposici¨®n de ley establece que los tribunales aplicar¨¢n la amnist¨ªa ¡°con car¨¢cter preferente y urgente¡±, de oficio o a petici¨®n de las partes y en un plazo m¨¢ximo de dos meses.

Que el tribunal aplique la ley significa que los jueces dicten resoluciones que dejen sin efecto los procedimientos abiertos afectados por la amnist¨ªa, sea cual sea la fase en la que se encuentre. Para dictar estas resoluciones es para lo que, en principio, se establece el plazo de dos meses, aunque en cuanto la ley entre en vigor habr¨¢ ya consecuencias inmediatas, como el alzamiento de las medidas cautelares que se hubieran dictado en cualquiera de los procedimientos incluidos en la amnist¨ªa. Esto implicar¨¢ tambi¨¦n que se levanten las ¨®rdenes de detenci¨®n y entrada en prisi¨®n que pesan sobre los fugados de la justicia espa?ola, incluido Carles Puigdemont.

El resto de consecuencias de la norma, como el fin de la ejecuci¨®n de las penas, el sobreseimiento definitivo de los procedimientos o la eliminaci¨®n de los antecedentes penales, se deber¨ªan ir dictando en los dos meses que marca la ley. Lo mismo ocurrir¨¢ en los procesos administrativos, civiles o contables. Una vez que la norma est¨¦ aprobada, el PP, Vox o las comunidades aut¨®nomas podr¨¢n presentar recursos de inconstitucionalidad, pero eso no suspende la aplicaci¨®n de la amnist¨ªa por parte de los tribunales ni alarga los dos meses de plazo que fija la proposici¨®n de ley.

Sin embargo, los jueces s¨ª tienen en su mano un instrumento para frenar en gran parte los efectos de la medida de gracia: cuando les toque aplicar la norma, pueden alegar que tienen dudas sobre su constitucionalidad o sobre si la ley es compatible con el derecho europeo, para lo que pueden plantear una cuesti¨®n de inconstitucionalidad ante el tribunal de garant¨ªas o una cuesti¨®n prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE. Y estas cuestiones s¨ª suspenden la aplicaci¨®n de la amnist¨ªa al procedimiento concreto para el que se presenten. Esto implica, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, que los jueces que abran esta v¨ªa no dictar¨¢n la resoluci¨®n definitiva de sobreseimiento de esa causa mientras el Constitucional o el TJUE no se pronuncien. El Constitucional va a recibir, previsiblemente, un aluvi¨®n de recursos y de cuestiones de inconstitucionalidad, pero desde el entorno del tribunal se ha lanzado el mensaje de que se dar¨¢ prioridad a estos casos, si bien no prev¨¦ que pueda resolver antes de seis meses.

Mientras llegan las sentencias sobre esas cuestiones, la amnist¨ªa solo ser¨¢ efectiva a medias, lo que implicar¨¢, por ejemplo, que si el Tribunal Supremo, como es previsible, acude al Constitucional, los condenados por la sentencia del proc¨¦s de octubre de 2019 que a¨²n siguen cumpliendo una pena de inhabilitaci¨®n, como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, seguir¨¢n inhabilitados, lo que les impedir¨ªa presentarse a unas elecciones o acceder a un cargo p¨²blico. Para otros casos, como el de Carles Puigdemont o aquellos procedimientos que a¨²n no hayan llegado a juicio o se haya dictado condena, los perjuicios de la suspensi¨®n ser¨¢n menores, pero seguir¨¢n encausados.