Espa?a fuerza la salida de al menos dos esp¨ªas de EE UU por infiltrarse en el CNI
El Gobierno protest¨® ante la embajadora de Estados Unidos por la acci¨®n hostil contra el servicio de inteligencia espa?ol
El descubrimiento de que dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fueron sobornados por facilitar informaci¨®n clasificada como secreta a Estados Unidos ha creado una situaci¨®n in¨¦dita entre Madrid y Washington. La ministra de Defensa, Margarita Robles, de quien depende el CNI, convoc¨® a su despacho tras el verano a la embajadora estadounidense en Madrid, Julissa Reynoso, para pedirle explicaciones por una acci¨®n que se considera hostil e ins¨®lita entre dos pa¨ªses aliados. Tambi¨¦n el ministro de Asuntos Exteriores, Jos¨¦ Manuel Albares, llam¨® a la representante de la Administraci¨®n Biden en Madrid y le traslad¨® el malestar del Ejecutivo, seg¨²n fuentes gubernamentales. Al menos dos agentes estadounidenses destinados en la Embajada de Estados Unidos en Madrid, implicados directamente en la captaci¨®n de los esp¨ªas del CNI, han sido expulsados discretamente de Espa?a.
La operaci¨®n, que culmin¨® hace dos meses con la detenci¨®n de dos agentes del servicio secreto espa?ol comenz¨® antes del verano, cuando en un control de seguridad del CNI se descubri¨® que hab¨ªan accedido a informaci¨®n clasificada que no necesitaban para su trabajo ni estaban autorizados a conocer. La investigaci¨®n interna confirm¨® que al menos uno de los agentes, un cuadro intermedio del centro de inteligencia, hab¨ªa sido captado por esp¨ªas estadounidenses para que les consiguiera informaci¨®n secreta a demanda a cambio de una fuerte suma de dinero. Se trata, seg¨²n fuentes pr¨®ximas al CNI, de un jefe de ¨¢rea, una de las secciones que forman parte de la divisi¨®n de inteligencia, mientras que el otro detenido es su ayudante.
Cuando el CNI dio por concluida su investigaci¨®n, la directora del servicio secreto, Esperanza Casteleiro, denunci¨® los hechos ante la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional, que a su vez traslad¨® el caso a la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Consider¨® que esta ¨²ltima era la competente para estudiarlo y, como finalmente hizo, present¨® la correspondiente denuncia ante el juez de guardia de los juzgados de instrucci¨®n de la plaza de Castilla.
Fue en ese momento, explican las fuentes consultadas, cuando el Gobierno decidi¨® comunicar los hechos de los que hab¨ªa tenido conocimiento a Estados Unidos y trasladarle su protesta. Se trataba de un asunto muy grave, pues la captaci¨®n de agentes secretos del Estado anfitri¨®n para que traicionen a su propio pa¨ªs se considera una acci¨®n abiertamente hostil, que se practica con gobiernos enemigos o adversarios, pero nunca con amigos y aliados. Fuentes de los servicios de inteligencia espa?oles no acaban de comprender lo sucedido. ¡°?Para qu¨¦ tienen que pagar los americanos si les damos todo lo que nos piden?¡±, se preguntan. La colaboraci¨®n y el intercambio de informaci¨®n son permanentes, insisten las mismas fuentes, y las ocasiones en que Espa?a se niega a compartir una informaci¨®n de inter¨¦s para Washington ¡°se cuentan entre una y ninguna¡±.
Las fuentes consultadas explican que, cuando la embajadora Reynoso fue convocada por la ministra Robles, asegur¨® con toda rotundidad que ella no estaba al corriente de los hechos y que los agentes estadounidenses que hab¨ªan captado a los esp¨ªas espa?oles trabajaban al margen de la titular de la Embajada. Dijo que se trataba de un programa que se puso en marcha antes que llegara a la Casa Blanca el actual presidente Joe Biden y, por razones que desconoc¨ªa, se hab¨ªa mantenido hasta ahora. Reynoso, agregan las mismas fuentes, pidi¨® disculpas por lo sucedido, que dejaba en una situaci¨®n embarazosa a la propia Embajada, y prometi¨® la m¨¢xima colaboraci¨®n con la investigaci¨®n en curso.
Los ministerios de Defensa y Exteriores acordaron la expulsi¨®n de al menos dos esp¨ªas estadounidenses ¡ªalgunas fuentes aseguran que han sido m¨¢s¡ª implicados en la captaci¨®n y compra de los agentes del CNI, que se hizo de manera discreta, ya que Washington se apresur¨® a retirarlos. Por su parte, el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 22 de Madrid, a quien correspondi¨® la causa por reparto, declar¨® secretas las diligencias y orden¨® la detenci¨®n de los dos esp¨ªas denunciados y el registro de sus domicilios. Ambos ingresaron en el m¨®dulo de la prisi¨®n de Estremera (Madrid) reservado para el personal de los cuerpos y fuerzas de seguridad y los funcionarios de prisiones que cumplen condena o prisi¨®n preventiva y que se encuentran aislados del resto de los reclusos. No obstante, el ayudante fue puesto el mes pasado en libertad con cargos, mientras que su superior contin¨²a en prisi¨®n.
La detenci¨®n de este ¨²ltimo, seg¨²n fuentes del CNI, ha causado una fuerte conmoci¨®n entre sus compa?eros, ya que se trata de un agente muy veterano y ampliamente conocido en el centro. Tanto ¨¦l como su subordinado est¨¢n acusados de un delito de revelaci¨®n de secretos y podr¨ªan ser condenados a una pena de entre seis y 12 a?os de c¨¢rcel, seg¨²n el art¨ªculo 584 del C¨®digo Penal. Este ¨²ltimo castiga al ¡°espa?ol que, con el prop¨®sito de favorecer a una potencia extranjera, asociaci¨®n u organizaci¨®n internacional, se procure, falsee, inutilice o revele informaci¨®n clasificada como reservada o secreta, susceptible de perjudicar la seguridad nacional o la defensa nacional¡±.
No es la primera vez que el servicio secreto espa?ol denuncia a alguno de sus agentes por traici¨®n. En 2007, el CNI denunci¨® al exesp¨ªa Roberto Fl¨®rez, que hab¨ªa trabajado para el centro entre 1992 y 2004, despu¨¦s de que se encontrara documentaci¨®n clasificada en un local y dos apartamentos de su propiedad en Puerto de la Cruz (Tenerife). Tambi¨¦n se le incaut¨® de una carta dirigida a los servicios secretos rusos en la que se ofrec¨ªa a trabajar para ellos a cambio de un primer pago de 200.000 d¨®lares. Aunque no se pudo probar que la entrega de documentos secretos se hubiera consumado, la Audiencia Provincial de Madrid lo conden¨® en 2010 a una pena de 12 a?os de c¨¢rcel, que el Tribunal Supremo rebaj¨® posteriormente a nueve.
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