Pedro S¨¢nchez y Alberto N¨²?ez Feij¨®o prev¨¦n reunirse pr¨®ximamente, pero con las posturas totalmente enfrentadas. No habr¨¢ sin embargo ¡°comisi¨®n de trabajo¡± entre PSOE y PP para abordar la financiaci¨®n auton¨®mica, la reforma del art¨ªculo 49 de la Constituci¨®n, que sigue incluyendo el t¨¦rmino ¡°disminuidos¡±, y la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los populares rechazan el ofrecimiento que el presidente del Gobierno hizo el jueves, en la semana en la que el consejo cumpl¨ªa cinco a?os con el mandato caducado por la resistencia del PP a cerrar un pacto con los socialistas durante el ¨²ltimo lustro con distintas excusas.

Dos d¨ªas antes, el jefe de la oposici¨®n hab¨ªa contraatacado las acusaciones de bloquear el CGPJ con el anuncio de que impulsar¨¢ la sustituci¨®n de otro alto cargo de la Justicia vacante desde julio de 2022: la plaza del magistrado ?lvaro Montoya, que dimiti¨® de su puesto como miembro del Tribunal Constitucional por enfermedad. Su reemplazo corresponde al Senado, que aprueba en pleno el nuevo magistrado tras solicitar candidaturas a los Parlamentos auton¨®micos, como la de Montoya, propuesto en 2017 por los populares. A pocos d¨ªas de que empiece a debatirse la ley de amnist¨ªa en el Congreso, la resistencia en el seno del PP a cerrar cualquier acuerdo de Estado es total. En todo, menos en el Constitucional. ¡°Somos el ¨²nico contrapeso¡± al Gobierno en el Estado, resume un bar¨®n popular.

La sucesi¨®n de hechos arranc¨® el lunes. El portavoz del PP, Borja S¨¦mper, asegur¨® que su formaci¨®n solo renovar¨ªa el CGPJ si el Gobierno reformaba antes el sistema de elecci¨®n de sus vocales. El Consejo est¨¢ formado por 20 vocales: 12 jueces y 8 juristas de reconocido prestigio (m¨¢s un presidente, elegido a posteriori por los 20 vocales). A todos los designan el Congreso y el Senado, aunque, en el caso de los 12 jueces, las C¨¢maras deciden a partir de una lista de candidatos elaborada previamente por los propios jueces. La renovaci¨®n requiere el apoyo de tres quintos de las C¨¢maras, y, por tanto, el pacto entre los dos principales partidos, PSOE y PP, es imprescindible.

El PP reclama que los 12 vocales sean designados directamente por los miembros de la carrera judicial, quit¨¢ndole as¨ª todo poder decisorio al Parlamento. S¨¦mper puso la condici¨®n de que el PP solo aceptar¨¢ la renovaci¨®n cuando el actual sistema haya cambiado. Pero el PP se matiz¨®, horas despu¨¦s, a s¨ª mismo: los populares se abrieron a renovar el ¨®rgano con la ley vigente si ¡°simult¨¢neamente¡± se impulsa la nueva norma. Tambi¨¦n, durante esa jornada, Bruselas reiter¨® una vez m¨¢s que las fuerzas pol¨ªticas acuerden la renovaci¨®n, primero, y aborden dicha modificaci¨®n legislativa, si as¨ª lo estiman, despu¨¦s.

Al d¨ªa siguiente, el martes, Feij¨®o insisti¨® en esa postura y confirm¨® tambi¨¦n que su partido impulsar¨¢ ¡°en las pr¨®ximas semanas¡± una votaci¨®n en el Senado para intentar cubrir la ¨²nica vacante del Constitucional. Feij¨®o acus¨® a los socialistas de no haber introducido dicha votaci¨®n ¡°en el orden del d¨ªa¡± de la Mesa de la C¨¢mara alta durante la legislatura pasada, cuando el PSOE ten¨ªa mayor¨ªa. ¡°Han utilizado la baja de un magistrado enfermo para arrebatarnos una plaza que nos corresponde¡±, a?aden fuentes de su gabinete. Ahora, el Constitucional tiene mayor¨ªa de siete magistrados progresistas frente a cuatro conservadores.

El Senado designa a cuatro magistrados del Constitucional por mayor¨ªa de tres quintos de la que el PP no dispone en este momento. S¨ª tiene mayor¨ªa en la Mesa para impulsar esa votaci¨®n, aunque en la direcci¨®n popular no tienen todav¨ªa prevista la fecha. En el proceso de elecci¨®n de esos magistrados cada Parlamento regional puede presentar hasta dos candidatos. Esa propuesta de los territorios pasa a la Comisi¨®n de Nombramientos de la C¨¢mara alta y luego se vota definitivamente en el pleno de la C¨¢mara alta, que saca adelante el nombre por mayor¨ªa de tres quintos. En la pr¨¢ctica, suele haber un acuerdo previo entre los partidos pol¨ªticos para mantener el equilibrio de fuerzas y acordar un candidato de consenso. Pero en la legislatura pasada, el consenso fue infructuoso para reemplazar a Montoya.

El expresidente del Senado, el socialista Ander Gil, s¨ª impuls¨® el proceso y recibi¨® cuatro propuestas, tres de los socialistas y una del PP. El PSOE expres¨® hace un a?o que no se prestaba a cubrir la vacante del Constitucional mientras el Partido Popular mantuviese bloqueado el Poder Judicial. Cuatro territorios presentaron candidaturas en el anterior mandato: Galicia, Andaluc¨ªa, Extremadura y Arag¨®n. En Extremadura y Arag¨®n gobernaba el PSOE antes del 28-M, mientras que en Galicia y Andaluc¨ªa, que no celebraron elecciones auton¨®micas el pasado mayo, lo hace el PP. En el Parlamento andaluz el candidato votado fue el presentado por los socialistas, pues los populares no impulsaron ninguna candidatura y se abstuvieron.

Viejo conocido de Feij¨®o

Los nombres registrados durante la legislatura pasada son v¨¢lidos ahora. El PP tiene la mayor¨ªa de la Mesa de la C¨¢mara alta desde el 23-J, por lo que puede impulsar la votaci¨®n y tambi¨¦n puede volver a solicitar nuevas candidaturas. La pasada legislatura, la ¨²nica propuesta del PP registrada en el Senado fue la aprobada por el Parlamento Gallego: la del magistrado Jos¨¦ Luis Costa Pillado, viejo conocido de Feij¨®o.

El hoy l¨ªder del PP propuso a Costa Pillado como miembro del Consejo Consultivo de Galicia en 2008, cuando a¨²n estaba en la oposici¨®n. Desde entonces, la carrera del magistrado en Galicia ha estado salpicada de acusaciones de parcialidad. En 2014, fue aupado por Feij¨®o, ya como presidente de la Xunta, a presidente de este ¨®rgano, equivalente auton¨®mico al Consejo de Estado en sus funciones jur¨ªdicas. Con el magistrado en ese puesto, los populares aprobaron una reforma legal que otorg¨® a Costa Pillado el poder de nombrar y cesar letrados, un cambio que fue muy criticado tanto por la oposici¨®n pol¨ªtica como por la Asociaci¨®n Profesional de Letrados do Consello Consultivo, por mermar la independencia de estos funcionarios. Pero el peor momento lo vivi¨® Costa Pillado en Galicia cuando en 2016 fue investigado por tr¨¢fico de influencias en la Operaci¨®n C¨®ndor. Las acusaciones contra ¨¦l fueron finalmente sobrese¨ªdas, informa Sonia Vizoso. En el seno del PP a¨²n tienen que decidir si esta propuesta ¡°se mantendr¨¢ o no¡± de cara a la futura votaci¨®n.

Feij¨®o insiste en no ceder ante S¨¢nchez la renovaci¨®n del CGPJ porque el presidente del Gobierno quiere, entre otras cosas, ¡°colonizar las instituciones¡±. El ministro de la Presidencia y de Justicia, F¨¦lix Bola?os, exigi¨® este s¨¢bado al PP ejercer una ¡°oposici¨®n constructiva¡± y cesar en el ¡°bloqueo antidemocr¨¢tico¡± del Consejo. ¡°Necesitamos una justicia que recupere la normalidad institucional, y para eso necesitamos pactar con el principal partido de la oposici¨®n¡±, abund¨®. Un pacto que en la coyuntura actual queda muy lejos.