El a?o en el que estall¨® la crisis de la justicia

En tiempos de crispaci¨®n pol¨ªtica y en pleno ciclo electoral, el poder judicial estaba llamado a ser el pilar estable del sistema. Pero la justicia ha entrado en combusti¨®n en 2023, asolada por incendios con m¨²ltiples focos que le han llevado a protagonizar una de las crisis institucionales m¨¢s graves de la reciente etapa democr¨¢tica. El poder ejecutivo y el legislativo lo han situado en medio de la actualidad con medidas como la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa, los ataques a jueces por parte de representantes pol¨ªticos o la falta de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha cumplido cinco a?os con el mandato caducado. Pero los fuegos se han avivado tambi¨¦n desde dentro con pronunciamientos y movilizaciones ins¨®litas impulsadas, en casi todos los casos, por las asociaciones judiciales y fiscales conservadoras y por el CGPJ, liderado por un grupo de vocales propuestos por el PP que ejercen una oposici¨®n activa al Gobierno.

Nunca antes se hab¨ªa vivido un enfrentamiento tan palpable y sostenido en el tiempo entre el poder judicial y los otros dos poderes del Estado, sobre todo el ejecutivo. El choque no es nuevo y era previsible cierta tensi¨®n entre un Gobierno progresista de coalici¨®n y un poder de tendencia mayoritariamente conservadora y gobernado por un ¨®rgano elegido, en 2013, bajo la mayor¨ªa absoluta del primer Ejecutivo de Mariano Rajoy. Pero la confrontaci¨®n ha ido a m¨¢s y se ha desbocado en los ¨²ltimos meses, sobre todo a ra¨ªz de la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa a los encausados del proc¨¦s y las referencias al lawfare (persecuci¨®n judicial a los adversarios pol¨ªticos) recogidas en el acuerdo firmado entre Junts y el PSOE para la investidura de Pedro S¨¢nchez.

Esas dos medidas han provocado una respuesta cr¨ªtica sin precedentes por parte del poder judicial. La Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria y de tendencia conservadora, difundi¨® un comunicado en el que consider¨® que la amnist¨ªa es ¡°el principio del fin¡± de la democracia. Ese pronunciamiento lleg¨® cuando ni siquiera se conoc¨ªa el contenido de la proposici¨®n de ley pactada entre el PSOE y sus socios parlamentarios, solo la intenci¨®n de presentarla. Con la misma anticipaci¨®n se expres¨® el CGPJ, donde los vocales conservadores forzaron la celebraci¨®n de un pleno extraordinario del que sali¨® una declaraci¨®n institucional contra la medida de gracia. El texto, al que se opusieron los vocales progresistas del ¨®rgano, sostiene que la amnist¨ªa supone la ¡°abolici¨®n¡± del Estado de derecho y lo convierte ¡°en objeto de mercadeo al servicio del inter¨¦s personal¡± de S¨¢nchez.

Un pronunciamiento as¨ª dif¨ªcilmente habr¨ªa salido adelante con un ¨®rgano de gobierno de los jueces renovado. No solo porque no habr¨ªa la actual mayor¨ªa conservadora (diez frente a seis), sino porque no es habitual que el CGPJ entre en un enfrentamiento tan directo con el Ejecutivo. Ni siquiera lo fue con el actual Consejo en sus cinco a?os de mandato oficial o en los primeros de pr¨®rroga, bajo la presidencia de Carlos Lesmes, un magistrado conservador (ocup¨® altos cargos en los Gobiernos de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar) que gobern¨® el ¨®rgano con mano firme (¡°autoritaria¡±, seg¨²n se quejaban alguno de sus miembros) y fren¨® muchos arrebatos de los vocales m¨¢s impulsivos. Pero la dimisi¨®n de Lesmes, en octubre de 2022, liber¨® a su grupo de esa autoridad y dej¨® el liderazgo de este sector en manos de un n¨²cleo de vocales que exhiben en sus pronunciamientos e intervenciones p¨²blicas una clara animadversi¨®n hacia el Gobierno de coalici¨®n.

El bloqueo del CGPJ es la consecuencia m¨¢s grave de la polarizaci¨®n pol¨ªtica, pero, en los ¨²ltimos meses, ese Consejo agonizante se ha convertido tambi¨¦n en uno de los actores m¨¢s posicionados de ese enfrentamiento. Para ello ha sido clave el retraso en la renovaci¨®n, que ha ido descomponiendo el ¨®rgano y favorecido al ala m¨¢s conservadora y cr¨ªtica con el Ejecutivo, que ha ganado peso con las sucesivas salidas por dimisiones (dos), fallecimientos (uno) y jubilaciones (dos). Las bajas han ca¨ªdo todas del lado progresista (los vocales Victoria Cinto, fallecida en junio de 2022; Concepci¨®n S¨¢ez, quien dimiti¨® en marzo de este a?o; y Rafael Mozo, jubilado en julio) o en el sector m¨¢s moderado dentro de los conservadores (adem¨¢s de Lesmes, el vocal Rafael Fern¨¢ndez Valverde, que se jubil¨® el a?o pasado).

Un ejemplo de la evoluci¨®n del Consejo al que aluden miembros del ¨®rgano es lo ocurrido con la renovaci¨®n del fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz. El grupo m¨¢s cr¨ªtico de vocales propuestos por el PP ya se opuso a su nombramiento en su primera designaci¨®n, en julio de 2022, pero se impuso, por 12 votos a siete, el aval institucional defendido por Lesmes. Hace unas semanas, el grupo cr¨ªtico consigui¨® por primera vez que el Consejo rechazara la designaci¨®n de un fiscal general del Estado.

El propio presidente interino del ¨®rgano, Vicente Guilarte, designado en julio pasado por ser el vocal de m¨¢s edad (70 a?os), ha llamado al orden en p¨²blico a los suyos. ¡°Asumamos tambi¨¦n nuestra neutralidad, a menudo distorsionada, pues la independencia judicial es bidireccional: no a las injerencias suyas en lo nuestro, pero tampoco a las nuestras en lo suyo¡±, se?al¨® hace unas semanas en un acto en el que, en presencia del nuevo ministro de Justicia, F¨¦lix Bola?os, hab¨ªa pedido a los pol¨ªticos que dejaran al poder judicial fuera de su enfrentamiento partidista. ¡°Por favor, rebajen la tensi¨®n. D¨¦jennos en paz¡±, reclam¨®, d¨ªas despu¨¦s de que en el Congreso y el Senado se escucharan ataques directos contra algunos jueces en boca de parlamentarios de Junts, pero tambi¨¦n del PP.

Estos episodios han llevado a que Bola?os se haya afanado en sus primeros d¨ªas en el cargo en defender la independencia y la labor de los jueces en p¨²blico y en privado (lleg¨® a llamar a algunos de los magistrados del Supremo se?alados por la portavoz de Junts, M¨ªriam Nogueras). El cambio de ministro supone un intento por parte del Gobierno de tender puentes y pacificar las relaciones entre los tres poderes. Para ello ser¨¢ clave la renovaci¨®n del CGPJ, que el PSOE y el PP se han comprometido a abordar en los pr¨®ximos d¨ªas, aunque la condici¨®n impuesta por los populares de reformar el sistema de elecci¨®n para que los jueces elijan directamente a los 12 vocales jueces, sin intervenci¨®n de las Cortes, complica el pacto. Pero incluso con el CGPJ renovado, el Gobierno tendr¨ªa enfrente al ala m¨¢s conservadora de la carrera, liderada por la mayoritaria APM, a la que est¨¢n afiliados alrededor de 1.340 de los 5.343 miembros de la judicatura (datos a 1 de enero de 2023), y que est¨¢ en pie de guerra por la amnist¨ªa y las comisiones de investigaci¨®n del Congreso en la que los independentistas pretenden que se cite a declarar a jueces a los que se?alan de ejercer lawfare.

Estos dos asuntos provocaron hace unas semanas protestas sin precedentes ante tribunales de toda Espa?a, impulsadas por los jueces decanos que ampararon su iniciativa en el comunicado suscrito por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo el mismo d¨ªa que el PSOE registrara la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa. ¡°El Estado de derecho en el que se fundaron la Uni¨®n Europea y nuestro orden constitucional exige el absoluto respeto a la divisi¨®n de poderes¡±, se?al¨® el alto tribunal, que tendr¨¢ que estudiar la aplicaci¨®n de la medida de gracia a los l¨ªderes independentistas encausados por el proc¨¦s. El malestar en el Supremo ven¨ªa ya abonado, adem¨¢s, por la precariedad que atraviesa el ¨®rgano debido al veto legal a nombrar nuevos magistrados mientras el CGPJ no se renueve. El a?o acaba con 86 vacantes en la c¨²pula judicial, 24 de ellas en el Supremo, que ha emitido varios comunicados en los que considera ¡°insostenible¡± la situaci¨®n.

El malestar laboral se ha extendido a todas las capas de la Administraci¨®n de Justicia y llevaron a la anterior titular de esa cartera, Pilar Llop, juez de carrera, a acabar el mandato asfixiada por movilizaciones de pr¨¢cticamente todos los operadores jur¨ªdicos, que reclamaban mejoras salariales y laborales. Llop consigui¨® cerrar un acuerdo con los letrados de la Administraci¨®n de Justicia (con incrementos de sueldo de hasta 450 euros al mes) y frenar en el ¨²ltimo momento una huelga de jueces, pero Bola?os ha heredado el conflicto que mantienen abiertos otros cuerpos, sobre todo el de los funcionarios, con los que el nuevo equipo de Justicia ya ha empezado a negociar para intentar cerrar uno de los frentes que pueden ahondar en la crisis de la justicia.