En defensa de las y los fiscales

Desde la promulgaci¨®n de la Constituci¨®n Espa?ola de 1978, 17 personas ¡ª14 hombres y 3 mujeres¡ª han desempe?ado la responsabilidad de ser fiscal general del Estado. Ninguno de ellos se ha salvado de ser objeto de importantes censuras durante su mandato. De hecho, en el mundo jur¨ªdico circula la broma (o no tanto) de que las responsabilidades p¨²blicas m¨¢s dif¨ªciles en Espa?a, en el sentido de ser objeto de furibundas cr¨ªticas, incluidas las m¨¢s arbitrarias e irracionales, son tres: presidente del Gobierno, entrenador de la selecci¨®n nacional de f¨²tbol y fiscal general del Estado.

Hagamos, sin embargo, un ejercicio de memoria: ?alguien recuerda hoy los r¨ªos de tinta que levantaron la marcha de fiscales generales como Eligio Hern¨¢ndez, en 1994; Eduardo Torres-Dulce, en 2014; o, incluso en fecha mucho m¨¢s reciente, Dolores Delgado, en 2022?

?D¨®nde nace ese lastre que arrastra cada fiscal general desde el d¨ªa siguiente a su toma de posesi¨®n? Sin ninguna duda, del art¨ªculo 124.4 de la Constituci¨®n, que recoge: ¡°El fiscal general del Estado ser¨¢ nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, o¨ªdo el Consejo General del Poder Judicial¡±. La vinculaci¨®n, en cuanto al nombramiento, del fiscal general con el Gobierno se convierte en la justificaci¨®n de toda cr¨ªtica a las decisiones acertadas o desacertadas que haya tomado cualquier fiscal general. Casi 46 a?os despu¨¦s de promulgado nuestro texto constitucional, ya podemos decir que hay una insatisfacci¨®n generalizada en el ¨¢mbito social, en el ¨¢mbito pol¨ªtico y tambi¨¦n en el jur¨ªdico en lo relativo a la forma de nombramiento del fiscal general. Los partidos pol¨ªticos, que son los ¨²nicos legitimados para resolverlo, deber¨ªan gastar sus energ¨ªas, m¨¢s que en socavar la instituci¨®n del ministerio fiscal como burda excusa para conseguir sus objetivos pol¨ªticos, en esforzarse en encontrar f¨®rmulas que permitan un mayor consenso para abordar una necesaria reforma constitucional en esta materia.

Hay otra reflexi¨®n que ahora cobra particular importancia. A pesar del pimpamp¨²n al que han sido sometidos todos los fiscales generales del Estado desde 1979, eso no ha afectado a la instituci¨®n del ministerio fiscal; esta se ha modernizado, vigorizado y aumentado su prestigio p¨²blico como muy pocas instituciones democr¨¢ticas en Espa?a. El a?o 2007 figura como una fecha refundacional para los fiscales. La instituci¨®n, a partir de ese momento, dio un paso importante hacia una mayor autonom¨ªa e independencia del Poder Ejecutivo al impedir a este tomar la decisi¨®n de cese unilateral del fiscal general por motivos pol¨ªticos, autorizando ¨²nicamente causas objetivas de revocaci¨®n del cargo. Al mismo tiempo, se acogi¨® decididamente el principio de especializaci¨®n como la mejor alternativa para pelear con una delincuencia cada vez m¨¢s sofisticada y transnacional. El resultado ha sido espectacular.

El ministerio fiscal ocupa hoy por derecho propio una posici¨®n de liderazgo y de merecido prestigio en muchas materias (violencia sobre la mujer, discapacidad, trata de personas y extranjer¨ªa, seguridad vial, criminalidad inform¨¢tica, entre otras muchas). Esta nueva posici¨®n no nos la han regalado, nos la hemos ganado con nuestro trabajo y estando unidos en la defensa de nuestra autonom¨ªa.

Desde hace un tiempo, sin embargo, se vislumbran nubes muy negras en el ecosistema judicial. Seamos claros a las/los fiscales no nos preocupa que en un asunto concreto el tribunal no asuma nuestro criterio, ni tampoco nos alarma el hecho de que en un asunto con trascendencia medi¨¢tica el dictamen del fiscal sea criticado por los medios de comunicaci¨®n. Cuesti¨®n distinta es, sin embargo, que como forma de presionar y castigar a un fiscal por su actuaci¨®n en un caso concreto, se haga escarnio de su apariencia f¨ªsica, se dude p¨²blicamente de su solvencia profesional aunque venga acreditada con una trayectoria incuestionable, o, incluso, se insin¨²e sin ambages y sin contar con base alguna que ese fiscal sirve a oscuros intereses pol¨ªticos.

En los ¨²ltimos tiempos, tres fiscales, grandes profesionales, han vivido estas experiencias que, aqu¨ª viene lo verdaderamente importante, no solo son injustas y desagradables para ellos, sino que van dirigidas a torpedear el funcionamiento de una instituci¨®n fundamental para la justicia en Espa?a. Los fiscales tenemos que estar unidos para defender la autonom¨ªa que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir y cuyas cotas queremos ampliar; solo estando unidos seremos realmente fuertes. Por ¨²ltimo, la sociedad debe saber que las y los fiscales no servimos intereses pol¨ªticos, que nuestros ¨²nicos principios son el de legalidad e imparcialidad; que la instituci¨®n est¨¢ dotada de un sistema de pesos y contrapesos que funciona y es eficaz; que tenemos mecanismos legales que nos permiten denunciar presiones si las hubiera y que por ende esa confianza que han depositado en nosotras/os y que percibimos no va a ser defraudada. Que el ruido y la furia no les confunda. Estamos por y para la sociedad.