Uso y abuso de la mayor¨ªa absoluta en el Senado

La derecha de este pa¨ªs, con el PP a la cabeza, ha radicalizado su discurso y su estrategia pol¨ªtica ante la frustraci¨®n porque el resultado del 23-J no le permitiera llegar al Gobierno con Vox como ten¨ªan previsto, cuestionando la legitimidad de una mayor¨ªa parlamentaria en el Congreso que respalda al Gobierno de coalici¨®n progresista y ejerce su potestad legislativa.

La irrespirable atm¨®sfera que genera este permanente intento del PP y Vox de acoso y derribo al Gobierno, acompa?ado de invocaciones grandilocuentes a la defensa de la Constituci¨®n, el Estado de derecho o la integridad de Espa?a, aleja cada vez m¨¢s a la ciudadan¨ªa del inter¨¦s por la pol¨ªtica y da?a los pilares de la democracia y la credibilidad de las instituciones que deben gobernarla.

El objetivo de este art¨ªculo es denunciar lo que est¨¢ ocurriendo en el Senado. En el que la mayor¨ªa absoluta de que dispone el grupo parlamentario popular se est¨¢ ejerciendo desde el abuso partidista de los fines de esta instituci¨®n, vulnerando el papel que le otorga la Constituci¨®n respecto a la otra C¨¢mara legislativa y alimentando de forma permanente el bloqueo o el conflicto con el Gobierno.

La Presidencia del Senado se ha olvidado que representa al conjunto de la instituci¨®n y ejerce como l¨ªder de la mayor¨ªa absoluta del PP para, en tan solo unos meses, provocar un choque directo entre esta C¨¢mara y el Congreso en la tramitaci¨®n del procedimiento legislativo, que viene determinado claramente por el art¨ªculo 90 de la Carta Magna.

Lo que afirmo se concreta, en primer lugar, en la modificaci¨®n del Reglamento del Senado, sin consenso, para negarse a la tramitaci¨®n de urgencia de una norma que impulsa el Congreso (la amnist¨ªa) y tramitarla de forma ordinaria (cuesti¨®n recurrida por inconstitucional por mi grupo parlamentario y admitida a tr¨¢mite por el Tribunal Constitucional).

En segundo lugar, cabe identificarlo en la decisi¨®n de la mayor¨ªa absoluta del PP en la Mesa del Senado, tambi¨¦n sin consenso alguno, de cuestionar, con la inestimable ayuda de un informe ad hoc de la secretaria general, el procedimiento de tramitaci¨®n de la Proposici¨®n de ley de amnist¨ªa seguido por el Congreso, al que califica de ¡°reforma constitucional encubierta¡±.

El informe en cuesti¨®n en una clara, a mi juicio, extralimitaci¨®n de funciones, no se queda ah¨ª para dar munici¨®n a los contrarios a la amnist¨ªa, sino que, adem¨¢s critica al Tribunal Constitucional por falta de motivaci¨®n al inadmitir a tr¨¢mite el recurso de amparo de Vox por la tramitaci¨®n de esta proposici¨®n de ley; considera inconstitucional el art. 131.2 del Reglamento del Congreso, que est¨¢ vigente desde 1982; y acusa al Congreso de fraude y de seguir una tramitaci¨®n legislativa que califica, tambi¨¦n sin reparos, de inconstitucional.

El asunto es muy grave porque supone que la mayor¨ªa absoluta del PP en la Mesa se ejerce por su presidente desoyendo a sabiendas la Constituci¨®n y la doctrina del propio Tribunal Constitucional en la materia, que solo permiten inadmitir a tr¨¢mite una iniciativa legislativa enviada por el Congreso en casos extremos, evidentes y palmarios de inconstitucionalidad de la misma. Y ello porque, como la propia secretaria general reconoce en el informe que le encarga el presidente, en ning¨²n caso se da esta circunstancia en la Proposici¨®n de ley de amnist¨ªa, por lo que no puede bloquear su admisi¨®n a tr¨¢mite y como marca nuestra Carta fundamental solo cabe debatirla y devolverla al Congreso recomendando su veto o sugiriendo enmiendas. Pues bien, en el colmo de la contradicci¨®n, en la misma resoluci¨®n de la Mesa del Senado en que se admite a tr¨¢mite, se fundamenta y razona al mismo tiempo, siguiendo la argumentaci¨®n de la Secretar¨ªa General, su inconstitucionalidad, atacando el procedimiento seguido en el Congreso.

El tercer ejemplo del mal uso y abuso de la mayor¨ªa absoluta del PP en el Senado es la instrumentalizaci¨®n de la Comisi¨®n General de las Comunidades Aut¨®nomas, la m¨¢s importante de la C¨¢mara, para amplificar la cr¨ªtica pol¨ªtica a la Proposici¨®n de ley de amnist¨ªa mediante la invitaci¨®n a comparecer de los presidentes auton¨®micos alegando el presunto inter¨¦s auton¨®mico de esta medida de gracia, competencia exclusiva de las Cortes Generales. Esta posibilidad de aprobaci¨®n de un informe de contenido auton¨®mico por parte de esta Comisi¨®n, prevista en el Reglamento, solo se ha producido en toda la historia en tres ocasiones con la tramitaci¨®n de cuatro leyes: la de Presupuestos Generales del Estado para 1997 y la de acompa?amiento (en noviembre de 1996), la ley org¨¢nica de mejora de la calidad educativa (Lomce) y la ley de racionalizaci¨®n y sostenibilidad de la Administraci¨®n Local (Larsal), en estos dos ¨²ltimos casos en 2013. Ya me dir¨¢n d¨®nde est¨¢ la colisi¨®n con competencias auton¨®micas de esta potestad legislativa de amnistiar unos hechos de naturaleza penal relativos al denominado ¡°proc¨¦s¡± en Catalu?a.

El cuarto ejemplo de esta din¨¢mica lo podemos encontrar en la solicitud de informes a diversos organismos sobre esta misma proposici¨®n de ley, tambi¨¦n de forma unilateral y sin consenso, en abuso de su mayor¨ªa absoluta por parte del presidente y sin justificaci¨®n o fundamento legal alguno, concretamente a la Comisi¨®n de Venecia del Consejo de Europa (que ha concluido que la amnist¨ªa no conculca los principios constitucionales de igualdad o separaci¨®n de poderes, elemento troncal de la cr¨ªtica del PP), al Consejo General del Poder Judicial (cuyo informe era tan predecible como el ¨®rgano que lo emite carente de legitimidad por llevar cinco a?os caducado su mandato) y al Consejo Fiscal (que ya ha dicho que no va a emitirlo).

En definitiva, el mejor resumen de esta forma de proceder con una mayor¨ªa absoluta, lo explic¨® de forma contundente la portavoz del grupo parlamentario popular en el ¨²ltimo pleno del Senado, cuando afirm¨® sin ning¨²n empacho que, a diferencia de lo que sucede en el Congreso, en el Senado se hace ¡°lo que manda el PP¡±.

El PP confunde su mayor¨ªa absoluta en el Senado con el absolutismo parlamentario. Siendo grave este comportamiento, que supone un desprecio a las reglas del juego propias de una democracia, lo verdaderamente dram¨¢tico es la quiebra institucional que este comportamiento supone, que se lleva por delante elementos que nunca deben perder su car¨¢cter arbitral, como es el caso de los Servicios Jur¨ªdicos de la C¨¢mara. El da?o irreparable que se inflige al Senado, el descr¨¦dito al que se le somete como instituci¨®n, perdura m¨¢s all¨¢ del tiempo al que se vea sometido a este absolutismo parlamentario del Partido Popular.

Juan Espadas es portavoz del PSOE en el Senado y secretario general del PSOE andaluz.