El Gobierno insta a Arag¨®n a reunirse para revisar la derogaci¨®n de la ley de memoria de PP y Vox o la llevar¨¢ al Constitucional
¡°Estas leyes vulneran los derechos humanos e invisibilizan a las v¨ªctimas de la dictadura franquista¡±, ha dicho el ministro de Memoria Democr¨¢tica, ?ngel V¨ªctor Torres.
El Gobierno ha instado este martes a Arag¨®n ¨Ddonde PP y Vox gobiernan en coalici¨®n¨D a revisar la derogaci¨®n de la ley de memoria que aprob¨® el pasado 15 de febrero. De lo contrario, en un plazo no superior a seis meses, el Ejecutivo acudir¨¢ directamente al Tribunal Constitucional. La decisi¨®n se produce cuatro d¨ªas despu¨¦s de que la ONU instara a Espa?a a adoptar ¡°las medidas necesarias¡± contra las mal llamadas leyes de concordia que otros gobiernos auton¨®micos de PP y Vox tambi¨¦n pretenden llevar a cabo. Esta decisi¨®n, por tanto, es un aviso a navegantes a la Comunidad Valenciana y Castilla y Le¨®n que han anunciado proyectos de leyes similares. El ministro de Pol¨ªtica Territorial y Memoria Democr¨¢tica, ?ngel V¨ªctor Torres, ha informado de que el Gobierno activar¨¢ el art¨ªculo 33.2 de la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional, un mecanismo que emplaza a ambas administraciones a un di¨¢logo bilateral para que ese texto se modifique atendiendo a lo que dicen los relatores de la ONU.
Torres ha anunciado esta decisi¨®n en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que conlleva que se celebre una reuni¨®n bilateral con el Ejecutivo aragon¨¦s, el ¨²nico que ha aprobado por el momento la que ha bautizado como ¡°ley de concordia¡±, para que revise esta norma. ¡°Si el Gobierno de Arag¨®n se negara, seguir¨ªamos los pasos con el Tribunal Constitucional¡±, ha dicho el ministro. La reuni¨®n bilateral entre Arag¨®n y el Gobierno se enmarca dentro de los plazos y tr¨¢mites previos que tiene el Ejecutivo antes de acudir al ¨®rgano de garant¨ªas. Cuando una normativa auton¨®mica no se ajusta a la estatal ¨Dcomo entiende en este caso el Gobierno de Pedro S¨¢nchez¨D se debe establecer siempre un di¨¢logo con los ejecutivos auton¨®micos para que la cambien. Si estos se opusieran, entonces s¨ª se impondr¨¢ el recurso en el Tribunal Constitucional.
El presidente de Arag¨®n, Jorge Azc¨®n (PP), ha calificado la convocatoria de la bilateral para abordar la norma aragonesa como ¡°electoralismo¡±. ¡°Son intereses pol¨ªticos del Partido Socialista, pero la bilateral es mucho m¨¢s seria¡±, ha asegurado el mandatario, que comparte Ejecutivo con la ultraderecha de Vox. ¡°Vuelve a ocurrir. Llegan las elecciones y al Partido Socialista. A Pedro S¨¢nchez le gusta resucitar a Franco. Esto no es serio. La bilateral tiene que convocarse para hablar de los problemas reales de los aragoneses (...) para mejorar la financiaci¨®n de nuestra comunidad aut¨®noma, para hablar de las infraestructuras hidr¨¢ulicas que est¨¢n pendientes, (...) las infraestructuras viales (...) o el impulso necesario que tiene que tener el corredor cant¨¢brico Mediterr¨¢neo¡±. ¡°Querer convocar una bilateral para hablar de lo que le interesa en campa?a electoral al Partido Socialista. Ya no enga?an a nadie¡±, ha zanjado. Tambi¨¦n el vicepresidente de la comunidad, Alejandro Nolasco (Vox), ha rechazado la celebraci¨®n de la bilateral y la posibilidad de recurrir ante el Constitucional en caso de que persista el desacuerdo entre administraciones. ¡°Lo pueden llevar al Constitucional, al Consejo Jedi o a Marte si quieren. Nosotros no vamos a bajarnos de ah¨ª ni vamos a dar marcha atr¨¢s¡±, ha afirmado el n¨²mero dos del Gobierno aut¨®nomo.
El ministro Torres ha explicado esta ma?ana que el objetivo con el Gobierno de Arag¨®n es ¡°aclarar¡± de ¡°sentido com¨²n¡± esta ley para que se cambie. ¡°Estas leyes vulneran los derechos humanos e invisibilizan a las v¨ªctimas de la dictadura franquista¡±, ha dicho. Torres, tras recibir el informe de la ONU, ha enviado un expediente con la misma intenci¨®n a los presidentes auton¨®micos y de los parlamentos auton¨®micos de Castilla y Le¨®n y de Comunidad Valenciana. ¡°La ultraderecha impone su tesis al PP¡±, ha afirmado Torres, al tiempo que ha criticado la carta que el presidente auton¨®mico de Arag¨®n, Jorge Azc¨®n, ha enviado al secretario general de la ONU, Ant¨®nio Guterres, donde comunicaba que el informe de la ONU conten¨ªa ¡°informaci¨®n sesgada e interesada suministrada por el Gobierno de Espa?a¡±.
Esta tarde, en el Senado, en una declaraci¨®n con preguntas, Torres ha afirmado que el plazo habitual que tienen las autonom¨ªas para responder a si quieren dialogar antes de acudir al Constitucional es de siete d¨ªas. ¡°En el caso de que no contestes, aunque espero que diga s¨ª, seguiremos con el proceso, [acudir al Constitucional]¡±.
La ofensiva judicial del Gobierno contra las llamadas ¡°leyes de concordia¡± de PP y Vox se produce cuatro d¨ªas despu¨¦s del informe de la ONU, firmado por Fabian Salvioli, relator especial sobre la promoci¨®n de la verdad, la justicia, la reparaci¨®n y las garant¨ªas de no repetici¨®n; Aua Bald¨¦, relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, y Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Los tres analizaron los proyectos impulsados por PP y Vox en Castilla-Le¨®n, Arag¨®n y la Comunidad Valenciana, y han asegurado en su informe que ¡°las llamadas leyes de concordia podr¨ªan transgredir la obligaci¨®n del Estado espa?ol de garantizar la preservaci¨®n de la memoria hist¨®rica de graves violaciones de derechos humanos¡±, ya que, se?alan, ¡°ordenan la supresi¨®n de m¨²ltiples entidades, proyectos, sitios web y actividades de memoria hist¨®rica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislaci¨®n estatal y auton¨®mica vigente en la materia¡±.
Para la ONU, esas iniciativas del PP y Vox all¨¢ donde gobiernan juntos, ¡°pueden acarrear l¨ªmites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las v¨ªctimas¡± de la Guerra Civil y la dictadura franquista; ¡°obstaculizan o suprimen la subvenci¨®n de proyectos¡± en la materia y ¡°pueden invisibilizar¡±, advierten, ¡°las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el r¨¦gimen dictatorial franquista¡±.
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