El Supremo anula el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democr¨¢tica
El tribunal insta a que el Consejo Fiscal examine si la ex fiscal general es id¨®nea para el cargo por ser pareja del exjuez Garz¨®n
El Tribunal Supremo ha vuelto a poner en cuesti¨®n la pol¨ªtica de nombramientos del fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado este martes la designaci¨®n de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democr¨¢tica, una plaza reservada para fiscales de la m¨¢xima categor¨ªa y cuyo nombramiento corresponde al Gobierno a propuesta del jefe del ministerio p¨²blico. La decisi¨®n ha sido adoptada por mayor¨ªa (cuatro votos a uno) del tribunal, que ha acordado retrotraer las actuaciones para que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre si Delgado cumple los requisitos para el cargo o si, como sostienen las asociaciones de fiscales conservadoras, debe declararse su incompatibilidad porque su pareja, el exjuez Baltasar Garz¨®n, preside una fundaci¨®n que se dedica a los derechos humanos y la memoria hist¨®rica, los mismos temas que debe tratar Delgado en ese puesto.
Es la segunda vez que el Supremo anula una designaci¨®n discrecional sobre Delgado por parte de su sucesor al frente de la Fiscal¨ªa General: en noviembre pasado, la misma sala revoc¨® su ascenso a fiscal de sala (la m¨¢xima categor¨ªa de la carrera) por considerar que supuso un ejercicio de ¡°desviaci¨®n de poder¡±. Aquella decisi¨®n no tuvo entonces consecuencias pr¨¢cticas porque Delgado ya no era fiscal de sala de lo Militar, sino fiscal de sala de Memoria, una plaza de nueva creaci¨®n para la que fue designada en junio de 2023. Este es el nombramiento que ahora ha anulado el alto tribunal.
Los jueces, que han tomado la decisi¨®n en una reuni¨®n celebrada este martes, solo han adelantado por ahora el resultado de su deliberaci¨®n, pero la sentencia con los argumentos concretos en los que se basan no se conocer¨¢ hasta dentro de unos d¨ªas. Los ponentes ser¨¢n los magistrados Pablo Lucas y Antonio Fonseca-Herrero. Ambos han votado a favor de anular el nombramiento, una postura secundada tambi¨¦n por Luis D¨ªez-Picazo y Jos¨¦ Luis Requero. La magistrada Pilar Teso es la ¨²nica que se ha mostrado contraria a revocar la designaci¨®n.
En la deliberaci¨®n de este martes, el Supremo ha estimado los tres recursos presentados contra la designaci¨®n de Delgado, que ya desat¨® en su momento un duro enfrentamiento entre el fiscal general y las dos asociaciones conservadoras de fiscales. Ambas llegaron a pedir la dimisi¨®n de Garc¨ªa Ortiz y acabaron presentando dos de las tres impugnaciones que ahora ha resuelto el tribunal. La tercera la registr¨® el fiscal Luis Iba?ez, uno de los que aspiraba a la plaza que se adjudic¨® a Delgado.
La Fiscal¨ªa de Sala de Memoria es un puesto que nombra el Gobierno a propuesta del fiscal general, que tiene potestad para proponer a quien considere. Debe escuchar antes al Consejo Fiscal, pero la opini¨®n de este ¨®rgano no es vinculante. No obstante, las asociaciones conservadoras y el fiscal Ib¨¢?ez impugnaron la elecci¨®n de Garc¨ªa Ortiz porque este rechaz¨® que se examinara si exist¨ªa un conflicto de intereses en Delgado por ser la pareja del ex juez Garz¨®n.
El tribunal no se pronuncia sobre si Delgado era id¨®nea para el cargo, pero anula el real decreto del Gobierno por el que se la nombr¨® y obliga a Garc¨ªa Ortiz a consultar al Consejo Fiscal sobre si su sucesora cumple los requisitos para el puesto. En concreto, los jueces instan a que ese ¨®rgano se pronuncie sobre si concurre o no la prohibici¨®n prevista en el art¨ªculo 58.1 del Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal, que establece que los fiscales no podr¨¢n ejercer sus cargos ¡°en las Fiscal¨ªas que comprendan dentro de su circunscripci¨®n territorial una poblaci¨®n en la que su c¨®nyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por an¨¢loga relaci¨®n de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempe?o de su funci¨®n, a juicio del Consejo Fiscal¡±.
Este art¨ªculo es el que invocaron siete de los 12 miembros del Consejo Fiscal -los seis de la mayoritaria Asociaci¨®n de Fiscales (AF), de tendencia conservadora, y el vocal de la Asociaci¨®n Profesional Independiente de Fiscales (APIF)- para oponerse de entrada al nombramiento. Reclamaron al fiscal general que, antes de designar a Delgado, se examinara si era id¨®nea para ocupar esa plaza, pero Garc¨ªa Ortiz lo rechaz¨® porque, a su juicio, ese art¨ªculo del Estatuto no era aplicable al caso de Delgado y la Inspecci¨®n Fiscal hab¨ªa hecho, como ocurre en todos los nombramientos, un examen previo de todos los candidatos para analizar si concurren los requisitos legales y hab¨ªa establecido que s¨ª. Ese debate que fren¨® el fiscal general es el que impone ahora el Supremo. Fuentes judiciales explican que se ha tomado esa decisi¨®n porque existen ¡°indicios¡± de que pueda haber una incompatibilidad y el Consejo Fiscal debe pronunciarse.
La decisi¨®n del nombramiento queda as¨ª en manos del Consejo Fiscal, ya que las decisiones de este ¨®rgano respecto al r¨¦gimen de incompatibilidades s¨ª son vinculantes. Fuentes de la Fiscal¨ªa se?alan que se esperar¨¢ a recibir la sentencia del Supremo para decidir los siguientes pasos. En cualquier caso, la ejecuci¨®n corresponde al Consejo de Ministros, que es el que nombr¨® oficialmente a Delgado.
En una entrevista en el canal 24 horas, Garc¨ªa Ortiz ha admitido que el fallo del alto tribunal no le ha causado sorpresa. ¡°La l¨ªnea de exigencia de la Sala Tercera sobre los nombramientos del fiscal general es muy distinta a la jurisprudencia que manten¨ªa hasta ahora¡±, ha se?alado el fiscal general, quien asegura que sigue considerando que la incompatibilidad que denuncian los fiscales conservadores ¡°no existe¡±. ¡°Entiendo que los nombramientos son conformes a derecho, pero hemos sido corregidos por la Sala Tercera y tenemos que seguir su criterio. Los fallos se ejecutan, se asumen y tendremos que ver qu¨¦ dice la sentencia¡±, ha a?adido Garc¨ªa Ortiz, para quien Dolores Delgado ¡°es la mejor fiscal posible para encarnar la Fiscal¨ªa de sala de Memoria Democr¨¢tica¡±.
Valoraciones pol¨ªticas
La vicepresidenta primera, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, se ha mostrado prudente y no ha entrado a valorar la decisi¨®n del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democr¨¢tica. ¡°Respecto a los procedimientos judiciales, la Fiscal¨ªa General es aut¨®noma y, por tanto, corresponde a esa instituci¨®n tener que analizar la sentencia y ver cu¨¢les son las consecuencias que ello tiene¡±, ha afirmado Montero en los pasillos del Senado. La n¨²mero dos del Gobierno tambi¨¦n ha sido respetuosa con la admisi¨®n a tr¨¢mite por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la querella presentada por Alberto Gonz¨¢lez Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D¨ªaz Ayuso, contra la Fiscal¨ªa por la difusi¨®n de una nota de prensa que desment¨ªa las informaciones tergiversadas que el equipo de la pol¨ªtica del PP estaba vertiendo sobre el ministerio p¨²blico tras la apertura del procedimiento contra su pareja, actualmente imputado por fraude fiscal y falsedad documental. ¡°Me imagino que habr¨¢ sido a ra¨ªz de alg¨²n recurso que se puso contra la resoluci¨®n de la Fiscal¨ªa y, por tanto, ahora hay que dejar que los tribunales estudien el tema y digan qu¨¦ corresponde. No tengo nada que valorar, [mi] respeto a la justicia¡±, ha aseverado. Informa Jos¨¦ Marcos.
Para el PP, la decisi¨®n del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democr¨¢tica pone en evidencia ¡°un sistema clientelar de designaciones que practica Garc¨ªa Ortiz y que ha avalado S¨¢nchez¡±, seg¨²n fuentes del PP. Las mismas fuentes consideran que el fiscal general del Estado ha recibido ¡°otro varapalo por su sectarismo¡± y que ha actuado ¡°como si fuese un ministro m¨¢s del Ejecutivo¡±. ¡°Garc¨ªa Ortiz debe dimitir o ser cesado ya tras este nuevo dictamen de la Justicia en contra de sus decisiones arbitrarias¡±, han afirmado. Adem¨¢s, han a?adido que ¡°si la Fiscal¨ªa General del Estado depende de Pedro S¨¢nchez, como ¨¦l mismo dijo, la politizaci¨®n sin precedentes que estamos viendo en la Justicia es su responsabilidad¡±.
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