¡®Caso Bego?a G¨®mez¡¯: instrucci¨®n penal y pol¨ªtica

El titular del Juzgado de Instrucci¨®n N¨²mero 41 de Madrid ha dictado este mi¨¦rcoles un auto en el que cita como investigada a la esposa del presidente del Gobierno, al apreciar indicios de la posible comisi¨®n de un delito de tr¨¢fico de influencias. La causa existe bas¨¢ndose en una denuncia presentada por la organizaci¨®n Manos Limpias, tras constituirse esta en acusaci¨®n popular junto con Vox y otros colectivos. El juzgado de instrucci¨®n extrajo de la denuncia, de factura muy mejorable y con muchas imputaciones gen¨¦ricas o inveros¨ªmiles, dos posibles infracciones: corrupci¨®n privada y tr¨¢fico de influencias. La Audiencia Provincial de Madrid restringe el alcance de las diligencias al tr¨¢fico de influencias, pero considerando confirmados los indicios para esta infracci¨®n.

El sistema de instrucci¨®n penal en Espa?a es muy peculiar en comparaci¨®n con nuestro entorno. Subsiste, por un lado, la figura del juez de instrucci¨®n, a pesar de que en otros pa¨ªses lo habitual es que la investigaci¨®n inicial en materia criminal est¨¦ a cargo de la Fiscal¨ªa. Se pretende en Espa?a, desde hace d¨¦cadas, que al inicio de cada legislatura se anuncia la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ¡ªque data de 1882¡ª para cambiar el sistema de instrucci¨®n a este modelo. Y, por otro lado, hay un acceso muy amplio al proceso penal para las acusaciones: no s¨®lo existe acusaci¨®n particular, sino que la Constituci¨®n establece el ejercicio de la acci¨®n popular como un derecho de la ciudadan¨ªa. En este sistema, el juez de instrucci¨®n ¡ªimparcial¡ª no puede iniciar el proceso por s¨ª mismo, sino que debe esperar una notitia criminis, esto es, noticia de la apariencia de la posible comisi¨®n de un delito, pero despu¨¦s preside y dirige la investigaci¨®n.

Este proceso empez¨® como tantos otros, con normalidad: recibida la denuncia ¡ªpuesto que los hechos en ella contenidos pod¨ªan tener apariencia de delito (de muchos delitos, desde luego)¡ª, hubo que iniciar unas primeras diligencias iniciales para contrastar los textos period¨ªsticos con alg¨²n elemento adicional ¡ªcomo exige la jurisprudencia, ya que no admite imputaciones gen¨¦ricas o basadas en meras informaciones aparecidas en la prensa¡ª, interrogando inicialmente a dos de los periodistas. Despu¨¦s de este paso, ya se pod¨ªa o bien continuar la investigaci¨®n o sobreseer las diligencias. Una vez notificada, el ministerio p¨²blico recurri¨® directamente en apelaci¨®n el auto de apertura de diligencias, por considerar que los hechos no eran susceptibles de ser subsumidos bajo ninguna figura delictiva.

Ah¨ª el proceso ¡ªen lo que se ha podido saber una vez que la Audiencia levant¨® el secreto de sumario y seguido con mucha atenci¨®n justo durante una campa?a electoral a la que las fuerzas pol¨ªticas atribuyen mucha relevancia¡ª empez¨® a no ser tan normal. M¨¢s ex¨®tico que el representante del ministerio fiscal muestre una diligencia inusitada en relaci¨®n con unas determinadas diligencias ¡ªa lo que tiene perfecto derecho, como es obvio¡ª es que el instructor dicte una providencia quej¨¢ndose amargamente del hostigamiento por el ministerio fiscal, y que se usen en las resoluciones t¨¦rminos muy claramente fuera de lugar.

M¨¢s sorprendente que la atenci¨®n prioritaria que le dan las fuerzas pol¨ªticas y la prensa a este caso puede parecer, conociendo la pr¨¢ctica, es que un instructor mantenga, en contra del criterio de la Fiscal¨ªa y de un informe de la Guardia Civil, una investigaci¨®n de esta clase. En todo caso, es la Audiencia la que ha confirmado tan recientemente en parte la tesis del instructor de que ya hay indicios suficientes para empezar a investigar. Esto acaba de empezar, y no es necesario concretar demasiado qu¨¦ delito se investiga; pero tampoco debe tratarse de meras conjeturas, como consider¨® la Fiscal¨ªa que era el caso aqu¨ª. Deber¨¢ aparecer alg¨²n comportamiento de la investigada que hubiera supuesto influir indebidamente en un funcionario p¨²blico, prevali¨¦ndose de una relaci¨®n privilegiada, hasta el momento no definido en la investigaci¨®n.

Y lo que no es normal en absoluto, sino un esperpento y una verg¨¹enza, es que una organizaci¨®n que, seg¨²n dio por probado la sentencia condenatoria ¡ªuna condena revertida en el ¨²ltimo momento por el Tribunal Supremo, que absolvi¨® a la principal figura del grupo¡ª se dedicaba sistem¨¢ticamente a prostituir la acusaci¨®n popular para extorsionar a toda clase de personas, pueda estar montando este proceso. Si la pol¨ªtica ya interfiere en los procesos penales, permitir que gente de esa clase enturbie a¨²n m¨¢s un proceso de tanta relevancia p¨²blica es abrir las puertas al desbarajuste.