Cinco a?os en el laberinto del poder judicial: ¡°Lo que est¨¢ pasando es una anomal¨ªa democr¨¢tica sin parang¨®n en ning¨²n pa¨ªs de Europa¡±

Han pasado tantos a?os ya que casi nos hemos acostumbrado a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ¨®rgano de gobierno de los jueces, no se renueve. Debi¨® hacerse en diciembre de 2018. Pero no sucedi¨® entonces, ni en 2019, ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022, ni en 2023¡­ No hab¨ªa pasado antes: un ¨®rgano constitucional encallado y con un mandato caducado durante cinco a?os y medio. Parece que ahora hay una nueva oportunidad de acuerdo, que el PP y el PSOE han vuelto a negociar mientras la Uni¨®n Europa presiona y pide una propuesta sobre la mesa para seguir mediando, pero no est¨¢ claro que vaya a llegar a buen puerto. De fondo, el ultim¨¢tum dado por Pedro S¨¢nchez: si no hay acuerdo antes de final de mes cambiar¨¢ la ley. Mientras tanto, la carrera judicial est¨¢ llegando a su punto m¨¢ximo de hartazgo y pide un acuerdo con urgencia. Todos son conscientes de la situaci¨®n de excepci¨®n que se est¨¢ viviendo, y que no puede prolongarse m¨¢s. ¡°Lo que est¨¢ pasando es una anomal¨ªa democr¨¢tica de una gravedad extraordinaria, extrema¡±, es una frase que repiten casi palabra por palabra todas las asociaciones de jueces.

¡±Es urgente y necesario que haya un acuerdo ya entre el PSOE y el PP¡±, dice Mar¨ªa Jes¨²s del Barco, portavoz de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria. ¡°Los partidos tienen la responsabilidad legal de decidir y de renovar el Consejo. Que lo hagan. Es su obligaci¨®n. Este problema no se puede seguir arrastrando. Lo que est¨¢ pasando afecta a la imagen de los jueces, al d¨ªa a d¨ªa de nuestro trabajo¡­ Esto no se sostiene, y hay que salir de una vez de este pozo¡±. ¡°Esta situaci¨®n es una anomal¨ªa sin parang¨®n en ning¨²n pa¨ªs de Europa¡±, se?ala Sergio Oliva, portavoz de la asociaci¨®n Francisco de Vitoria.¡±Todo el sistema se basa en la buena fe de los partidos, no puede convertirse en un arma de boicot del PP¡±, a?ade Edmundo Rodr¨ªguez, portavoz de la progresista Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD). ¡°Va a costar mucho arreglar estos cinco a?os de deterioro institucional¡±. ¡°La situaci¨®n es absolutamente insostenible para la justicia en Espa?a y la prueba de que el sistema ha fracasado¡±, se?ala Fernando Portillo, portavoz y presidente del Foro Judicial Independiente. ¡°Y ha causado un da?o que ya veremos si es reversible. La imagen que ha quedado ante la ciudadan¨ªa es la de un CGPJ que est¨¢ al servicio de los partidos y no del buen gobierno de los jueces¡±. La APM tiene casi 1.500 afiliados. La centrada Francisco de Vitoria tiene 950. Jueces y Juezas para la Democracia, 500. Y el Foro Judicial Independiente, 350. Hay unos 5.500 jueces y magistrados en Espa?a, as¨ª que, seg¨²n estos datos aportados por las propias asociaciones, el 60% estar¨ªa afiliado a alguna de ellas.

?C¨®mo hemos llegado hasta aqu¨ª? Jueces y Juezas para la Democracia apunta que siempre hay problemas cuando el Partido Popular est¨¢ en la oposici¨®n, que es quien siempre se niega a cumplir la ley. La APM dice que no culpa a ning¨²n partido, sino a los dos, por incumplir con su obligaci¨®n legal y constitucional de ponerse de acuerdo. Los hechos: el Consejo General del Poder Judicial se ha renovado en tiempo en forma a lo largo de la democracia siempre salvo en cuatro ocasiones: y en tres de ellas fue el PP quien se neg¨® a alcanzar un acuerdo estando en la oposici¨®n, ante la perspectiva de perder representaci¨®n en el ¨®rgano de gobierno de los jueces.

Pas¨® en noviembre de 1995 (con Felipe Gonz¨¢lez en el Gobierno y Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar como l¨ªder de la oposici¨®n) y la situaci¨®n llev¨® incluso a la dimisi¨®n de seis vocales. Finalmente, se renov¨® en junio de 1996. En noviembre de 2006, con Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero como presidente y Mariano Rajoy en la oposici¨®n, se produjo el retraso m¨¢s largo hasta el actual: un a?o y 10 meses. El secretario general del PP, ?ngel Acebes, dijo que no ser¨ªan c¨®mplices en la ocupaci¨®n de la justicia por parte del PSOE y de los nacionalistas m¨¢s radicales.

Ahora, en el caso m¨¢s largo y m¨¢s grave hasta la fecha el PP se ha negado a renovar durante cinco a?os y medio. Una situaci¨®n in¨¦dita. Hubo un acuerdo en 2018 que se frustr¨® cuando se publicaron los whatsapps de Ignacio Cosid¨®, portavoz popular en el Senado, vanaglori¨¢ndose de que la elecci¨®n de Manuel Marchena como presidente permitir¨ªa controlar ¡°desde atr¨¢s¡± la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Casi se lleg¨® a otro acuerdo en 2022¡­ que acab¨® muriendo cuando sucedi¨® algo que nada ten¨ªa que ver con la renovaci¨®n del Consejo: la reforma del delito de sedici¨®n por parte del Gobierno.

Por empezar por el principio: el Consejo General del Poder Judicial no forma parte del Poder Judicial: es el ¨®rgano de gobierno de los jueces. Su composici¨®n est¨¢ determinada en la Constituci¨®n, en el art¨ªculo 122: est¨¢ presidido por el presidente del Tribunal Supremo y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco a?os (de forma que el periodo no coincide con los mandatos legislativos). De ellos, 12 se tienen que nombrar entre jueces y magistrados, pero la Constituci¨®n no dice c¨®mo: se remite a la ley. Sobre los otros ocho s¨ª es clara: deben ser abogados y juristas de reconocida competencia y nombrados cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado por una mayor¨ªa muy reforzada, de tres quintos. Se trataba as¨ª de que los partidos llegaran a un consenso sobre personas con una trayectoria intachable que pudieran ser aceptados por todas las tendencias pol¨ªticas.

La primera Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, de 1980, estableci¨® que los 12 vocales jueces fueran elegidos por los propios jueces. En 1985, durante el gobierno socialista de Felipe Gonz¨¢lez y ante el conservadurismo de una judicatura reci¨¦n salida de la dictadura, el sistema se cambi¨®: los 12 vocales se elegir¨ªan tambi¨¦n por el Congreso y el Senado con mayor¨ªa de tres quintos. La entonces Alianza Popular vot¨® en contra y recurri¨® la ley al Tribunal Constitucional, que aval¨® la constitucionalidad de la norma, pero advirtiendo de que el nuevo sistema, si no se aplicaba bien, pod¨ªa suponer la politizaci¨®n del ¨®rgano y comprometer su apariencia de imparcialidad y autonom¨ªa.

La elecci¨®n por las c¨¢maras legislativas de los 12 vocales jueces y magistrados ¡°puede ser, en efecto, una v¨ªa de acceso al Consejo de posibles tensiones pol¨ªticas propias del ¨¢mbito parlamentario pero impropias de un ¨®rgano que ha de garantizar la independencia de jueces y magistrados¡±, dec¨ªa aquella sentencia del Constitucional. ¡°El riesgo de politizaci¨®n del Consejo se incrementa si se considera que la elecci¨®n de los vocales del Consejo por las C¨¢maras puede llevar a que los jueces elegidos sean considerados por la opini¨®n p¨²blica como portavoces de los intereses de los partidos que les propusieron¡±.

A partir de ah¨ª el sistema nuevo, con partidarios y detractores, ha funcionado hasta hoy. Y, cuando ha gobernado el PP, no lo ha cambiado teniendo mayor¨ªas parlamentarias suficientes para hacerlo.

El modelo es el siguiente: las asociaciones presentan sus propuestas de nombre y, sobre esa lista, los partidos se ponen de acuerdo. Los nombres actuales llevan sobre la mesa desde agosto de 2018. Eran 50 en ese momento, de los que, cinco a?os despu¨¦s, a¨²n hay unos 35 que podr¨ªan ser elegidos, que no se han jubilado y siguen en la carrera.

¡°Hay algo sorprendente, y es que ninguno de los presidentes de las C¨¢maras, ni del Congreso ni del Senado, haya convocado durante estos cinco a?os plenos para forzar una votaci¨®n y desbloquear la situaci¨®n¡±, opina del Barco, de la APM. ¡°Quiz¨¢ no hubiera servido para nada, pero desde luego habr¨ªa sido un elemento de presi¨®n. Lo que hab¨ªa que hacer era buscar salidas para esta situaci¨®n absolutamente an¨®mala¡±. Es una opini¨®n bastante compartida por las fuentes consultadas: que el Parlamento pod¨ªa haber hecho m¨¢s por visibilizar la grave anomal¨ªa que se est¨¢ produciendo.

?C¨®mo se han vivido desde dentro estos cinco a?os? ¡°Hemos seguido trabajando de forma intensa¡±, asegura ?lvaro Cuesta, vocal propuesto por el PSOE y en el cargo desde 2013. ¡°Y hemos tratado de gestionar con eficacia todo lo que afecta a la carrera judicial. Quiero reivindicar muy especialmente todo lo que se hizo durante la covid¡±. Ante la situaci¨®n tan an¨®mala que supon¨ªa la no renovaci¨®n, el presidente del ¨®rgano, Carlos Lesmes, dimiti¨® en octubre de 2022. La vocal progresista Concha S¨¢ez lo hizo en marzo de 2023. Pero no lograron mucho. Cuesta intent¨® que lo hicieran unos cuantos m¨¢s. ¡°Pero no hubo acuerdo¡±, recuerda. ¡°A algunos les parec¨ªa una decisi¨®n demasiado radical, irresponsable. Algunos se?alaron que pod¨ªa ser incluso delictivo¡­ No me secund¨® nadie, y creo que el gesto, individualmente, no sirve. La prueba est¨¢ en que dimitieron Concha S¨¢ez y Carlos Lesmes y aqu¨ª seguimos. En todo caso, tienen que renovar ya. Lo que est¨¢ pasando es propio de una democracia fallida, es una situaci¨®n de extrema gravedad. Adem¨¢s, es injusto con los jueces. Porque si algo me ha quedado claro durante todos estos a?os en el Consejo es que en Espa?a tenemos una carrera judicial de excelencia, independiente y que pone un celo extraordinario en su funci¨®n¡±.

¡°Desde luego estamos viviendo una anomal¨ªa institucional que ha provocado que nuestra situaci¨®n como vocales no haya sido nada c¨®moda¡±, se?ala Juan Mart¨ªnez Moya, juez y vocal propuesto por el PP . ¡°Me he sentido legitimado en mi ejercicio, pero muy inc¨®modo. Los temas del gobierno del poder judicial son temas de Estado, y deben estar por encima de las luchas partidistas. Pero estamos asistiendo a una situaci¨®n de mucho deterioro y se ha producido un da?o muy ¨Dgrande que pone en riesgo la confianza de los ciudadanos en la justicia. El Parlamento debe ejercer sus funciones con responsabilidad y decidir¡±.

?Hay que cambiar la ley? El PSOE defiende a ultranza el modelo actual. El PP, que hay que regresar a que sean los jueces quienes elijan a los 12 vocales judiciales aunque ¨Daunque hay que volver a recordar que no lo cambiaron ni gobernando con mayor¨ªa absoluta¨D. Tres asociaciones, la APM, la Francisco de Vitoria y el Foro defienden tambi¨¦n la elecci¨®n por parte de los jueces. JJpD apuesta por el sistema actual, pero con algunos cambios para que una situaci¨®n de bloqueo como la actual no pueda volver a producirse.

Pero, en todo caso, APM, Francisco de Vitoria y JJpD son claros en un punto: renu¨¦vese el ¨®rgano ya, con la m¨¢xima celeridad, porque el propio sistema democr¨¢tico est¨¢ en juego, y luego ya hablaremos de posibles reformas y de cambios de modelo. Pero c¨²mplase la ley vigente sin m¨¢s retrasos ni excusas.

Una primera reforma de la que se habla tratar¨ªa de impedir que algo as¨ª pueda volver a ocurrir. ¡°La ley tiene que cambiarse para que una vez se cumplan los mandatos de cinco a?os cesen de inmediato todos los vocales para que no haya ninguna tentaci¨®n de bloqueo¡±, defiende Rodr¨ªguez, de la JJpD. ¡°Pueden quedar una, dos o tres personas para asuntos de tr¨¢mite, pero sin ninguna competencia m¨¢s. Y habr¨¢ que buscar f¨®rmulas como que si en un plazo determinado no se eligen los vocales, la decisi¨®n se tome por mayor¨ªa absoluta en vez de la reforzada de tres quintos de las C¨¢maras. Lo que no puede volver a pasar es algo as¨ª¡±.

Por otro lado, est¨¢ la cuesti¨®n de qui¨¦n elige a los 12 vocales jueces. ¡°Nosotros defendemos que la elecci¨®n siga siendo parlamentaria porque nos parece m¨¢s democr¨¢tico que la soberan¨ªa popular participe en la elecci¨®n del ¨®rgano de gobierno de un poder del Estado, pero incluso manteniendo el sistema actual se pueden revisar procedimientos para que la ciudadan¨ªa no tenga la sensaci¨®n de que los pol¨ªticos quieren controlar a la justicia¡±, se?ala JJpD.

¡°Yo he cre¨ªdo siempre y sigo creyendo en este modelo de Consejo, en la elecci¨®n parlamentaria¡±, opina el vocal Cuesta. ¡°Creo que el ¨®rgano de gobierno de un poder del Estado no puede quedar en manos de un sector profesional. Pero hay que ver lo que se hace para que no pueda volver a producirse una situaci¨®n como la actual. Y si se trata de mejorar el modelo, se pueden hacer muchas cosas como que el Parlamento haga una valoraci¨®n mucho m¨¢s profunda de los candidatos o que el sistema de nombramientos del Consejo est¨¦ mucho m¨¢s objetivado. Pasados 45 a?os de trayectoria constitucional, claro que se pueden plantear cambios, y podemos aprender de los errores cometidos¡±.

Las otras tres asociaciones judiciales abogan por un cambio en la f¨®rmula. ¡°Nosotros creemos que el modelo actual ha fracasado¡±, opina Sergio Oliva, de Francisco de Vitoria. ¡°Lo que hemos visto todos, a lo largo de las ¨²ltimas d¨¦cadas, es que los partidos quieren tener su cuota de poder en el Consejo General del Poder Judicial sea como sea. Hay una evidente falta de apariencia de independencia e imparcialidad. Ya avis¨® el Tribunal Constitucional de que el sistema pod¨ªa pervertirse si se usaban criterios partidistas. Y ha sucedido tal cual. El sistema parlamentario podr¨ªa ser v¨¢lido, pero su ejecuci¨®n no lo ha sido. Se ha pervertido el sistema porque los partidos pol¨ªticos empezaron a repartirse cromos y a buscar a gente af¨ªn. Los pol¨ªticos no han estado a la altura de las circunstancias. Y luego las consecuencias las pagan los jueces de base, que se ven afectados por el desprestigio de la imagen de la justicia¡±.

¡°Se repite siempre que la judicatura es muy conservadora, pero la realidad de la carrera judicial no es la de 1980¡å, se?ala Oliva, algo en lo que est¨¢n de acuerdo la APM y el Foro, que aseguran que, en 2024, los jueces son ideol¨®gicamente diversos. ¡°Nosotros defendemos un sistema mixto en el que los ocho juristas sean elegidos por las C¨¢maras y los 12 jueces, por los jueces. As¨ª se hace en pa¨ªses como Portugal, Francia o Italia. Y habr¨ªa f¨®rmulas para que la elecci¨®n entre los jueces no la copen las asociaciones, y sus c¨²pulas, y se garantice la pluralidad y siempre haya presencia de no asociados; ser¨ªa cuesti¨®n de analizar la mejor f¨®rmula¡±.

¡°El modelo actual no funciona¡±, se?ala Portillo, portavoz y presidente del Foro, los ¨²nicos que defienden un cambio legal antes de la renovaci¨®n actual ¡°para no perpetuar los problemas¡±. ¡°Un sistema que permite que se produzca un bloqueo de cinco a?os y medio no es el correcto¡±, argumenta. ¡°Yo planteo una cosa: el Consejo tiene muchas competencias como ¨®rgano administrativo, gubernativo, de funcionamiento interno de la carrera. ?No tiene sentido que, teniendo esto en cuenta, podamos ser los propios jueces los que elijamos a los 12 vocales judiciales cuando ya hay 8 elegidos por el Parlamento? Es un ¨®rgano t¨¦cnico para un poder del Estado t¨¦cnico: por eso a los jueces se les piden una serie de conocimientos y no se les vota. ?Qu¨¦ inter¨¦s tienen los pol¨ªticos en elegir a quienes van a decidir sobre las excedencias y licencias y asuntos del d¨ªa a d¨ªa de los jueces? Ninguno. ?Qu¨¦ les interesa? Los nombramientos de la c¨²pula judicial, del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia. Ah¨ª est¨¢ la clave de todo. Ese es el tesoro oculto¡±.

Pero, sobre todo, el Foro pide objetivar mucho m¨¢s los nombramientos y quitar discrecionalidad al Consejo General del Poder Judicial, se elija como se elija. ¡°Nosotros queremos que sean los jueces quienes elijamos, con las correcciones que sean necesarias para garantizar la diversidad ideol¨®gica, pero lo que nos parece crucial es la objetivaci¨®n de los criterios por los que alguien asciende, y que ser¨ªa clave tambi¨¦n, por ejemplo, para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres, a las que a¨²n les cuesta llegar a las c¨²pulas de poder¡±.

Hay quien propone tambi¨¦n v¨ªas mixtas: que los jueces voten un n¨²mero determinado de vocales, m¨¢s de 12, y que sobre ellos elija el Parlamento. O que, ante la falta de acuerdo para renovar el ¨®rgano, se pase a un sorteo que impida el bloqueo eterno.

En todo caso, hay un mensaje casi un¨¢nime: hay que acabar ya, de una vez por todas, con lo que se ha convertido en una de las mayores anomal¨ªas que se han vivido desde la reinstauraci¨®n de la democracia. La ley tiene que cumplirse, el Consejo General del Poder Judicial se tiene que renovar y se debe recuperar, como sea, la credibilidad de la instituci¨®n y su apariencia de independencia e imparcialidad.