El Gobierno empuja al PP a consensuar la posici¨®n de sus comunidades sobre el reparto de menores migrantes

La acogida de menores extranjeros que emigran a Espa?a sin sus padres promete abrir un nuevo frente entre el PSOE y el PP pero, sobre todo, poner en un brete interno a los populares. La situaci¨®n de colapso que vive Canarias, con m¨¢s de 5.500 ni?os tutelados, ha forzado un acuerdo in¨¦dito entre el Gobierno central y la comunidad aut¨®noma ¡ªgobernada por Coalici¨®n Canaria y PP¡ª para imponer por ley un reparto obligatorio de los menores por todo el territorio. La iniciativa supone cambiar la Ley de Extranjer¨ªa y ante las dudas razonables de poder contar con el respaldo de los socios catalanes ¡ªque consideran que la f¨®rmula les perjudica¡ª se necesita el apoyo del PP para salir adelante. Esto deja al partido de Alberto N¨²?ez Feij¨®o en una posici¨®n de dif¨ªcil encaje. Por un lado, las comunidades que piden la solidaridad de las otras porque no pueden acoger m¨¢s ni?os migrantes (Canarias, Ceuta y Melilla) est¨¢n gobernadas o cogobernadas por los populares; mientras que las que han de desplegar recursos para recibirlos, tambi¨¦n. El asunto es en s¨ª mismo complejo y sensible y adem¨¢s cuenta con el rechazo de plano de Vox que sostiene los gobiernos de cinco comunidades aut¨®nomas.

El acuerdo entre Canarias y el Ministerio de Pol¨ªtica Territorial implica que cuando alg¨²n territorio vea superada su capacidad de acogida en un 150% se active un mecanismo de reparto obligatorio de menores por todas las comunidades, un modelo que se intenta imponer en la UE con resultados que a¨²n est¨¢n por ver. En el caso espa?ol, que se aplicar¨ªa solo a los menores, que son competencia de las comunidades aut¨®nomas, los cupos se decidir¨ªan en base a una serie de criterios objetivos (renta, desempleo, poblaci¨®n, plazas ya destinadas a este perfil¡­) que se han estado aplicando desde 2022 para los repartos voluntarios. El problema es que ahora, aunque cada nueva acogida est¨¦ compensada econ¨®micamente, ni siquiera esos criterios tienen consenso. La propuesta cuenta, de primeras, con las reticencias de todas las comunidades gobernadas por los populares, adem¨¢s de Catalu?a.

La aprobaci¨®n del reparto urge a Canarias, pero el asunto ya est¨¢ salpicado por la estrategia pol¨ªtica y apenas quedan dos plenos en los que pueda incluirse esta reforma antes de las vacaciones.

En el Gobierno central asumen que la pelota est¨¢ en el tejado del PP, que su voto es fundamental porque se trata de una pol¨ªtica de Estado, pero han delegado en el presidente de Canarias Fernando Clavijo la misi¨®n de seducir a los populares. En Coalici¨®n Canaria consideran que ya se han empe?ado en dise?ar una soluci¨®n y que volcar la responsabilidad en el PP es una forma de que el PSOE pueda culpar a los populares si no sale adelante.

El asunto no es menor. En los bastidores se ha llegado a plantear que si el reparto no se aprueba por la negativa del PP estar¨ªa en riesgo el Ejecutivo de coalici¨®n canario y que Clavijo acabe dependiendo del PSOE para seguir gobernando. El entorno del presidente ni se plantea ese escenario: ¡°Tiene que salir¡±. El PSOE, mientras tanto, se niega a llevarlo a las Cortes si no cuenta con el favor declarado de los populares. Esta semana ser¨¢ clave. Ante el impasse, Clavijo ha pedido una reuni¨®n a todos los grupos parlamentarios el martes para que se posicionen. El ministro de Pol¨ªtica Territorial, ?ngel Victor Torres, ha escrito a los grupos para informarles de que ¨¦l estar¨¢ ¡°igualmente¡± en representaci¨®n del Gobierno.

En el Partido Popular no parece haber tanta urgencia. La direcci¨®n del partido se sacude la presi¨®n y se quita de en medio con el argumento de que todav¨ªa no conoce el texto del acuerdo que, en teor¨ªa, ha remitido a sus superiores el vicepresidente de Canarias Manuel Dom¨ªnguez.

Frente canario y ceut¨ª

El debate enfrentar¨¢ posiciones internas de forma inevitable. Una mayor¨ªa de barones populares se queja de que sus sistemas de acogida ya est¨¢n ¡°colapsados¡± y exigen m¨¢s fondos del Estado. Al otro lado, el Gobierno canario y el de Ceuta lideran un frente que presiona a sus compa?eros del partido, seg¨²n fuentes del PP de ambas autonom¨ªas. El argumento, forjado durante incontables crisis migratorias, es que sus territorios ¡°no dependan de la solidaridad, sino que se tomen medidas inmediatas con fuerza de ley¡±. Melilla, ahora con menos presi¨®n que Ceuta y las islas, pero beneficiaria del reparto, se alinea de momento con las comunidades reticentes al acuerdo.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha sido claro en sus intervenciones: ¡°Este asunto no puede estar sometido a la decisi¨®n que tome cada comunidad aut¨®noma, hay que hacerlo de manera consensuada y a trav¨¦s de la ley¡±. Por su parte, el vicepresidente canario se ha presentado, primero, contundente: ¡°Voy a defender, cueste lo que cueste, ante mi partido la modificaci¨®n legislativa para conseguir que haya derivaciones de migrantes¡±. Y, despu¨¦s, algo m¨¢s cr¨ªptico con los suyos y cr¨ªtico con el Gobierno, al que ha acusado de ¡°reventar¡± la negociaci¨®n. ¡°La realidad es que no hemos cerrado ning¨²n acuerdo [...] Hemos pedido que haya financiaci¨®n suficiente, que se declare la emergencia para poder llevar a cabo con urgencia las actuaciones de contrataci¨®n y adaptaci¨®n de espacios y hemos pedido que se convoque la Conferencia de Presidentes para llegar a un acuerdo¡±, dijo el pasado viernes. Hoy por hoy, los populares canarios admiten que no saben qu¨¦ votar¨ªa su partido en el caso de que la modificaci¨®n legal llegue al Congreso al mismo tiempo que quieren evitar que su posici¨®n se interprete como un ¨®rdago a G¨¦nova.

El PP no tendr¨¢ f¨¢cil armar una posici¨®n com¨²n en un asunto sensible que tensiona sobre todo a los Gobiernos de los populares con Vox (Extremadura, Castilla y Le¨®n, Comunidad Valenciana, Arag¨®n y Murcia), un socio que ha convertido a los menores extranjeros no acompa?ados en objetivo de sus ataques. El partido de Santiago Abascal ha advertido de que impedir¨¢ el traslado de menores a las comunidades donde cogobierna con el PP y que recurrir¨¢ ante el Tribunal Constitucional la modificaci¨®n legal pactada con Canarias.

M¨¢s all¨¢ de los ejecutivos con la extrema derecha, las comunidades del PP que m¨¢s menores recibir¨ªan con ese modelo de reparto tambi¨¦n muestran sus recelos. ¡°Es una pol¨ªtica de derivaci¨®n, no de inmigraci¨®n. Vamos a ver exactamente qu¨¦ significa ese acuerdo, ?en qu¨¦ condiciones se fijar¨ªa el reparto? No tenemos ning¨²n texto¡±, se quejan en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. ¡°El Gobierno de S¨¢nchez tendr¨¢ que hablar con las comunidades del PP y acordar con ellas. Tendr¨¢ que haber alg¨²n acuerdo en una mesa sectorial. Pedimos documentos claros y que haya reuniones para acordarlos. Si no hablan con nosotros, esto no funciona¡±, reclaman en el Ejecutivo de Isabel D¨ªaz Ayuso.

En la misma l¨ªnea que el madrile?o, el Gobierno de Andaluc¨ªa alerta de que su sistema est¨¢ ¡°colapsado¡± y reclama financiaci¨®n estatal porque ha acogido a 1.896 menores inmigrantes en lo que va de a?o ¡°a pulm¨®n¡±, con un coste de 3,5 millones de euros. El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla denuncia que Andaluc¨ªa ¡°no tiene ninguna informaci¨®n oficial¡± del acuerdo con Canarias y critica que el pacto se haya hecho ¡°de forma unilateral, sin informar al resto de comunidades¡±. Madrid y Andaluc¨ªa no llegan a oponerse frontalmente al acuerdo, sobre todo porque dicen desconocer el texto pactado, pero est¨¢n tambi¨¦n lejos de compartirlo.

G¨¦nova, de momento, evita definir una posici¨®n com¨²n de partido, consciente de que el asunto tensiona a sus comunidades. ¡°Cuando tengamos el texto, lo valoraremos¡±, afirma de forma lac¨®nica un portavoz de la vicesecretaria de Pol¨ªtica Social del PP, Ana Al¨®s, la encargada de esta materia. ¡°Todas las medidas van a llegar tarde. Vienen im¨¢genes que no van a ser ajenas a ning¨²n responsable pol¨ªtico¡±, advierten en el PP canario.

Cuatro comunidades piden la declaraci¨®n de emergencia

El plan de reparto para Canarias ha vuelto a poner sobre la mesa las reclamaciones de las comunidades aut¨®nomas sobre la atenci¨®n a los menores que emigran solos a Espa?a. En la ¨²ltima conferencia sectorial de infancia el malestar de la mayor¨ªa de los territorios con el Gobierno central llev¨® a suspender la aprobaci¨®n de un reparto de unos 400 ni?os que ya estaba pactado.

A punto se sentarse en la mesa con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, los representantes de las comunidades aut¨®nomas se enteraron, por la Cadena Ser y EL PA?S, de que el Ministerio de Pol¨ªtica Territorial y el Gobierno de Canarias hab¨ªan consensuado el texto final con el que se pretende establecer el obligatorio de menores. Acusaron de ¡°deslealtad institucional¡± al Gobierno central, pero las reclamaciones son m¨¢s amplias y muestran la dificultad de aunar posturas en la gesti¨®n de un tema conflictivo pol¨ªticamente.

En aquella reuni¨®n, celebrada el pasado 11 de junio en el Ministerio de Juventud e Infancia, cuatro autonom¨ªas (Catalu?a, Madrid, Melilla y La Rioja) emplazaron al Gobierno a declarar la situaci¨®n de emergencia, seg¨²n fuentes conocedoras del encuentro. La declaraci¨®n de emergencia facilita la tramitaci¨®n urgente de contratos y ya se ha activado en otros contextos migratorios, como los repuntes en Canarias, la llegada de refugiados ucranianos, o con la excepcionalidad de la pandemia.

Con una mesa formada por una mayor¨ªa de comunidades gobernadas por el PP ¡ª o en coalici¨®n con Vox¡ª, las cr¨ªticas arreciaron. Cinco territorios (Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, Catalu?a, Arag¨®n y Andaluc¨ªa) rese?aron que llevan meses acogiendo en sus centros a menores que fueron trasladados desde Canarias como si fuesen adultos. Esta denuncia ¡ªde la que ni la Fiscal¨ªa ni el Gobierno han dado explicaciones¡ª es una realidad constatada desde finales del a?o pasado cuando volvieron a dispararse las llegadas a Canarias. La estrategia de no congestionar las islas, llev¨® al Ministerio de Migraciones a trasladar con premura a cupos de cientos de personas a centros de acogida de toda la Pen¨ªnsula, pero una vez en ellos, salieron a la luz decenas de casos de ni?os a los que se hab¨ªa trasladado como si fuesen adultos y que tuvieron que ser acogidos por las comunidades en las que se encontraban. Este fallo en cadena ¡ªen el que Polic¨ªa, ONG, Fiscal¨ªa y ministerios tienen su parte de responsabilidad¡ª revela la paradoja de c¨®mo todo el cuidado, el tiempo y la negociaci¨®n pol¨ªtica que se requiere para trasladar formalmente a menores migrantes de las islas a la Pen¨ªnsula con todas las garant¨ªas, puede saltar por los aires en el d¨ªa a d¨ªa de la gesti¨®n.

Entre las quejas generalizadas hay otros asuntos como la falta de financiaci¨®n para acoger a los menores y el sistema con el que se compensar¨¢ el futuro refuerzo que exigir¨¢ el reparto o el desfase entre los datos que maneja el Gobierno sobre los menores acogidos y los que en realidad hay en los centros, una cuesti¨®n clave porque estos n¨²meros determinan el cupo que les corresponder¨¢.