La Comisi¨®n Europea destaca el ¡°progreso significativo¡± de Espa?a con la renovaci¨®n del Poder Judicial

Espa?a ha hecho un ¡°progreso significativo¡± con el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco a?os bloqueado. Es la conclusi¨®n de la Comisi¨®n Europea en su an¨¢lisis anual sobre la salud del Estado de Derecho de los pa¨ªses miembros. Bruselas hab¨ªa definido ese asunto como un problema ¡°prioritario¡± a resolver y advirti¨® en informes anteriores de que estaba afectando seriamente al funcionamiento de la justicia. La Comisi¨®n, que medi¨® para que el Gobierno de Pedro S¨¢nchez y el PP firmasen finalmente el acuerdo hace un mes, solo dar¨¢ por cerrado del todo el cap¨ªtulo cuando se encargue al nuevo CGPJ la preparaci¨®n de una propuesta para cambiar en el futuro el sistema de elecci¨®n de los vocales. Es la condici¨®n que figuraba en el acuerdo rubricado el 25 de junio por el ministro de Justicia, F¨¦lix Bola?os, y el dirigente del PP Esteban Gonz¨¢lez Pons, con presencia de la vicepresidenta de la Comisi¨®n Europea Vera Jourov¨¢.

El informe de Bruselas no emite ninguna opini¨®n sobre la ley de amnist¨ªa a los encausados del proc¨¦s independentista catal¨¢n: se limita a ¡°hacer una descripci¨®n¡±, ha precisado Jourova en una peque?a reuni¨®n con periodistas, y a apuntar que la Comisi¨®n sigue analizando esa norma.

La vicepresidenta y el comisario de Justicia, Didier Reynders, han puesto este mi¨¦rcoles a Espa?a como ejemplo de que el acuerdo es posible cuando se pone el foco en mejorar el Estado de Derecho. La renovaci¨®n del CGPJ, un asunto sobre el que la Comisi¨®n apercib¨ªa cada a?o a Espa?a, es un paso adelante. El informe mantiene otras de sus recomendaciones, como la de separar los mandatos del fiscal general del Estado y del Gobierno, ¡°teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonom¨ªa de la fiscal¨ªa¡±, aunque destaca ¡°algunos avances¡± en el fortalecimiento del estatuto del fiscal general. Tambi¨¦n hay ¡°algunos avances¡± en el abordaje de los ¡°desaf¨ªos¡± relacionados con la duraci¨®n de las investigaciones y los procesamientos para hacer m¨¢s eficaz el manejo de casos de corrupci¨®n.

No se ha mejorado nada, sin embargo, en uno de los elementos que la Comisi¨®n ve fundamentales para analizar la ¡°salud democr¨¢tica¡± de un Estado: la adopci¨®n de una legislaci¨®n sobre los lobbies (grupos de inter¨¦s), la creaci¨®n de un registro p¨²blico de lobbistas y el fortalecimiento de las normas sobre conflictos de intereses y declaraci¨®n de bienes de altos cargos. Tampoco se ha avanzado en robustecer el acceso a la informaci¨®n, en particular mediante la revisi¨®n de la ley de secretos oficiales, otra de las recomendaciones que hace el Ejecutivo comunitario.

Sin valorar la amnist¨ªa

El informe no emite ninguna opini¨®n ni recomendaci¨®n sobre la ley de amnist¨ªa, que est¨¢ ya en vigor. Se limita a describir que ha ¡°generado controversia¡± y recuerda que la Comisi¨®n de Venecia emiti¨® un dictamen sobre ella. En ese dictamen, el organismo asesor adscrito al Consejo de Europa ¡ªuna instituci¨®n que no forma parte de la UE pero en el que esta basa muchas de sus recomendaciones relacionadas con la justicia¡ª aval¨® el objetivo general de las leyes de amnist¨ªa ¡ªla b¨²squeda de la convivencia y la reconciliaci¨®n¡ª aunque pidi¨® acotar de forma m¨¢s estrecha su ¨¢mbito temporal y constat¨® que hab¨ªa ahondado la divisi¨®n de la sociedad espa?ola.

La ley de amnist¨ªa, indica tambi¨¦n ahora el informe de la Comisi¨®n, ¡°se llev¨® adelante mediante un procedimiento de urgencia, que s¨®lo permiti¨® una consulta limitada al p¨²blico¡±. Y a?ade: ¡°La ley de amnist¨ªa fue objeto de una gran controversia en Espa?a, relacionada con las circunstancias pol¨ªticas que rodearon su proceso de adopci¨®n y su contenido, incluidas manifestaciones y declaraciones p¨²blicas de distintas partes interesadas, as¨ª como una amplia correspondencia dirigida a la Comisi¨®n Europea¡±. ¡°La Comisi¨®n se ha puesto en contacto con las autoridades espa?olas para recibir aclaraciones sobre la ley de amnist¨ªa, que est¨¢ analizando¡±, dice.

Recuerda as¨ª que Bruselas pidi¨® m¨¢s informaci¨®n a Espa?a sobre la medida legal y que queda pendiente que su departamento de Justicia determine si la norma es acorde con los tratados y reglas europeos de los que es guardiana la Comisi¨®n Europea. Es el procedimiento habitual, y ese estudio no tiene por qu¨¦ terminar en un informe si se concluye que el an¨¢lisis es positivo, precisan fuentes comunitarias. Bruselas est¨¢ tambi¨¦n ¡°pendiente¡± de las cuestiones prejudiciales (consultas a la justicia europea) que puedan plantear los jueces espa?oles.

Presiones a jueces y periodistas

La Comisi¨®n destaca, como hizo el a?o pasado, que ¡°en unos pocos¡± Estados miembros existe ¡°preocupaci¨®n¡± por una ¡°presi¨®n indebida¡± sobre el poder judicial por parte de los pol¨ªticos o gobernantes. ¡°El riesgo de que las declaraciones p¨²blicas de Gobiernos y pol¨ªticos puedan afectar a la confianza p¨²blica en la independencia judicial ha generado preocupaci¨®n en Eslovaquia, Italia y Espa?a¡±, dice el informe.

Entra tambi¨¦n en un debate ahora muy caliente en Espa?a, el de la publicidad estatal: ¡°No se han tomado medidas para aumentar la transparencia y equidad en la asignaci¨®n de la publicidad estatal en Hungr¨ªa, Croacia, Malta y Espa?a¡±. El Gobierno ha planteado recientemente una reforma para hacer ese elemento m¨¢s transparente, en l¨ªnea con el reglamento europeo de medios que tiene que aplicar.

¡°Los periodistas contin¨²an enfrent¨¢ndose a desaf¨ªos cada vez mayores en el desempe?o de sus actividades profesionales¡±, se?ala el informe. Desde la publicaci¨®n del Informe sobre el Estado de Derecho de 2023, se han activado siete nuevas alertas para Espa?a en la Plataforma para la Promoci¨®n de la Protecci¨®n del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas, vinculada al Consejo de Europa, relacionadas con ataques a la seguridad f¨ªsica y la integridad de los periodistas, acoso e intimidaci¨®n a periodistas, detenci¨®n y encarcelamiento de periodistas y otros actos con efectos amedrentadores sobre la libertad de prensa. Una de esas alertas de la plataforma que recoge el informe (sin mencionar a los medios damnificados), se emiti¨® por las amenazas y publicaci¨®n de datos personales de informadores de EL PA?S y elDiario.es por parte de Miguel ?ngel Rodr¨ªguez, jefe de Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D¨ªaz Ayuso (PP). El Gobierno regional contest¨® a preocupaci¨®n mostrada por la plataforma presumiendo de que respeta a la libertad de prensa.

Recomendaciones

La Comisi¨®n Europea emite seis recomendaciones a Espa?a, en la media con otros Estados miembros, para que termine de resolver los puntos pendientes sobre lobbies, fiscal general y manejo de los casos de corrupci¨®n. Y recuerda: ¡°Sobre la base del acuerdo de 25 de junio de 2024 [entre Gobierno y PP], recomienda finalizar la renovaci¨®n del Consejo del Poder Judicial y hacer avanzar el proceso con vistas a adaptar el procedimiento de nombramiento de sus jueces miembros, teniendo en cuenta las pautas europeas sobre los Consejos del Poder Judicial¡±. Bruselas pide que se haga la propuesta para analizar como se puede modificar el sistema de elecci¨®n actual, aunque no entra a determinar c¨®mo. Tampoco hay una norma europea generalizada. El Partido Popular quiere, por ejemplo, que los jueces elijan directamente a los jueces, pero los t¨¦cnicos comunitarios remarcan que ese no tiene por qu¨¦ ser el mecanismo. Adem¨¢s, lo que pide Bruselas a Espa?a es que presente una propuesta sobre c¨®mo se podr¨ªa hacer.

¡°La falta de renovaci¨®n del Consejo del Poder Judicial ha tenido un impacto negativo en el trabajo del Tribunal Supremo y en el sistema judicial en su conjunto, y se espera que el acuerdo de 25 de junio de 2024, si se aplica plenamente, mejore la situaci¨®n¡±, dice el informe de Bruselas. Un Consejo en funciones ya no pod¨ªa proceder a los nombramientos para los altos cargos judiciales, incluido el Tribunal Supremo, sigue. Y remarca que hasta julio de 2024, en el momento de la adopci¨®n del informe, hab¨ªa 27 vacantes en el Tribunal Supremo, ocho vacantes de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, 30 vacantes de presidentes de Audiencias Provinciales, dos vacantes de presidente de Sala de la Audiencia Nacional y 26 vacantes de presidentes de Salas de Tribunales Superiores de Justicia. En total, hab¨ªa 99 puestos judiciales pendientes de nombramiento.