El sector conservador del Constitucional gana un voto con la incorporaci¨®n de Jos¨¦ Mar¨ªa Mac¨ªas como magistrado
Con la decisi¨®n, adoptada por unanimidad, se mantiene la mayor¨ªa a favor del grupo progresista, por 7-5
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El Tribunal Constitucional ha dado este lunes su pl¨¢cet, por unanimidad, a la incorporaci¨®n de Jos¨¦ Mar¨ªa Mac¨ªas como nuevo miembro de la instituci¨®n, en un pleno destinado a verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al cargo. Mac¨ªas formar¨¢ parte del ¨®rgano de garant¨ªas a todos los efectos a partir del 31 de julio, cuando tomar¨¢ posesi¨®n en un acto interno del tribunal, pero el 6 de septiembre tendr¨¢ lugar otra convocatoria para la imposici¨®n de las insignias del cargo, con asistencia de autoridades de los ¨¢mbitos pol¨ªtico y judicial. Se ha dividido en dos esta secuencia de actos para evitar ausencias en raz¨®n de las fechas.
El pleno para acoger al nuevo miembro del Constitucional ha sido muy breve y se ha limitado a comprobar que Mac¨ªas cumple las condiciones que prev¨¦ el art¨ªculo 18 de la ley org¨¢nica que rige el funcionamiento de la instituci¨®n, y que establece que los miembros del ¨®rgano de garant¨ªas ¡°deber¨¢n ser nombrados entre ciudadanos espa?oles que sean magistrados, fiscales, profesores de Universidad, funcionarios p¨²blicos o abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con m¨¢s de quince a?os de ejercicio profesional o en activo en la respectiva funci¨®n¡±. Cumplido este primer tr¨¢mite, Mac¨ªas jurar¨¢ o prometer¨¢ ma?ana su cargo en Mallorca, residencia veraniega del rey Felipe VI. El nuevo magistrado del ¨®rgano de garant¨ªas procede del Consejo General del Poder Judicial, donde defendi¨® posiciones muy cr¨ªticas con respecto al actual Gobierno y en concreto contra la ley de amnist¨ªa.
La incorporaci¨®n de Jos¨¦ Mar¨ªa Mac¨ªas al Constitucional refuerza el sector conservador del tribunal, compuesto hasta ahora por cuatro magistrados: C¨¦sar Tolosa, Concepci¨®n Espejel, Enrique Arnaldo y Ricardo Enr¨ªquez. El grupo progresista, a su vez, est¨¢ integrado por siete: el presidente, C¨¢ndido Conde-Pumpido; la vicepresidenta, Inmaculada Montalb¨¢n, y los magistrados Ram¨®n S¨¢ez, Mar¨ªa Luisa Balaguer, Laura D¨ªez, Juan Carlos Campo y Mar¨ªa Luisa Segoviano. La correlaci¨®n de fuerzas var¨ªa, por tanto, al cambiar su actual 7-4 entre progresistas y conservadores, a un 7-5, pero sin alterar el predominio del primero de estos bloques. En caso de empate en alguna votaci¨®n, por otra parte, el presidente del Constitucional recupera el voto de calidad, ya que el n¨²mero de magistrados vuelve a ser par.
Mac¨ªas sustituye al catedr¨¢tico de derecho laboral Alfredo Montoya, que dimiti¨® hace m¨¢s de dos a?os por razones de salud. Su plaza no se hab¨ªa cubierto por la falta de entendimiento existente hasta ahora entre el Gobierno y el PP sobre la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial. El PSOE consideraba que los acuerdos no deb¨ªan afectar solo al ¨®rgano de garant¨ªas, donde le correspond¨ªa al PP efectuar la propuesta de nombramiento del sucesor de Montoya, por votaci¨®n del Senado.
Desde su renovaci¨®n en enero de 2023, el Constitucional ha resuelto algunos de los recursos de mayor calado pol¨ªtico que ten¨ªa pendientes, entre ellos los relativos a la ley del aborto de 2010, as¨ª como sobre la ley de eutanasia y la reforma educativa de la llamada ley Cel¨¢a. Tambi¨¦n ha decidido sobre los amparos relacionados con la p¨¦rdida del esca?o por parte del exdiputado de Podemos Alberto Rodr¨ªguez, o con las f¨®rmulas alternativas de juramento empleadas para acceder a los cargos de diputado o senador. Al final de este semestre, el tribunal tambi¨¦n ha resuelto los recursos contra la sentencia de los ERE, dictada por la Audiencia de Sevilla y ratificada luego por el Supremo.
Ahora el asunto de mayor calado pol¨ªtico al que el Constitucional deber¨¢ hacer frente es el conjunto de impugnaciones que han empezado a llegar o se ir¨¢n produciendo contra la ley de amnist¨ªa. De momento, el Supremo ya ha presentado una cuesti¨®n de inconstitucionalidad, que estima que el texto legal aprobado es discriminatorio, arbitrario y contrario al principio de igualdad. El PP, a su vez, anunci¨® un recurso de inconstitucionalidad que de momento no ha interpuesto. El ¨®rgano de garant¨ªas espera asimismo peticiones de amparo de los l¨ªderes del proc¨¦s que no lleguen a beneficiarse de la ley de amnist¨ªa, aunque para presentarlos deber¨¢n agotar primero la v¨ªa de la jurisdicci¨®n penal, que en el caso del Supremo ya tramita alguno de los presentados.
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