Los barones del PP se abren a modificar las leyes de ¡°concordia¡± tras la ruptura con Vox

El PP es consciente de que la derogaci¨®n de las leyes de memoria auton¨®micas y su reemplazo por las llamadas leyes de ¡°concordia¡± se ha percibido como una victoria de Vox. As¨ª lo reconocen algunos l¨ªderes auton¨®micos populares, aunque recuerdan que, en realidad, la idea naci¨® en el PP durante la etapa de Pablo Casado, que fue el primero que defendi¨® que hab¨ªa que sustituir la legislaci¨®n vigente por otra bajo el nombre de ¡°concordia¡±. El l¨ªder del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, tambi¨¦n se hab¨ªa comprometido durante la campa?a de las elecciones generales a derogar la norma de memoria democr¨¢tica estatal. Pero una cosa era ese planteamiento y otra ha sido la puesta en marcha de estas iniciativas en las comunidades gobernadas por el PP y Vox, donde los ultras dejaron su impronta: los textos aprobados, que la ONU cuestion¨® en un informe el pasado mayo, evitan nombrar o condenar el franquismo. En consecuencia, una vez liberados de la atadura de Vox, que rompi¨® todos los Gobiernos con el PP el 11 de julio, los barones populares cambian el paso y se abren a modificar estas leyes, cuando no directamente desisten de aprobarlas.

Los Gobiernos de Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla y Le¨®n est¨¢n dispuestos a alterar sus planes sobre esta nueva legislaci¨®n, con distinto alcance, seg¨²n confirman fuentes de los tres Ejecutivos auton¨®micos a EL PA?S. En estos gabinetes est¨¢n muy pendientes, adem¨¢s, de la decisi¨®n que adopte el Tribunal Constitucional sobre el recurso que interpuso el Gobierno de Pedro S¨¢nchez contra la derogaci¨®n de la Ley de Memoria de Arag¨®n, porque el tribunal de garant¨ªas tendr¨¢ la ¨²ltima palabra.

Arag¨®n es la ¨²nica autonom¨ªa de las que pusieron en marcha este proceso contra las leyes de memoria que no tiene previstos cambios. El Gobierno aragon¨¦s aprob¨® una ley para derogar la anterior, pero no ha planteado una nueva norma, sino un plan. ¡°El Gobierno de Arag¨®n ha hecho lo que el Partido Popular dec¨ªa que hab¨ªa que hacer, nosotros nos presentamos a las elecciones diciendo lo que har¨ªamos con la Ley de Memoria y eso es lo que hemos hecho¡±, argument¨® el presidente Jorge Azc¨®n en una entrevista en EL PA?S. Pero sus colegas s¨ª tienen otras previsiones.

Tras la ruptura de Vox, el Gobierno de Mar¨ªa Guardiola en Extremadura desiste de derogar la norma de memoria auton¨®mica aprobada por el PSOE en 2018. ¡°En este momento no es una prioridad para el Gobierno de la Junta de Extremadura desarrollar y aprobar una nueva ley en dicho ¨¢mbito¡±, confirman fuentes del Ejecutivo extreme?o. ¡°Era uno de los 60 puntos recogidos en el acuerdo con Vox¡±, recuerdan estas fuentes, que a?aden que fueron los ultras quienes ¡°rompieron unilateralmente¡± ese pacto ¡°por un asunto de gesti¨®n migratoria que no estaba en el acuerdo de Extremadura¡±.

El punto 48 del acuerdo del PP y Vox para investir a Guardiola dec¨ªa: ¡°Ambas formaciones se comprometen a impulsar una nueva ley extreme?a que sirva a la reconciliaci¨®n y a la concordia real, y que derogue la Ley de Memoria Hist¨®rica y Democr¨¢tica de Extremadura aprobada en 2018¡å.

Guardiola apuesta, en cambio, por dejar sin efecto ese pacto con los ultras y mantener y cumplir la norma vigente. ¡°Estamos aplicando la legislaci¨®n actual, y vamos a seguir trabajando por la memoria de las personas que fueron asesinadas por sus ideas o por su vinculaci¨®n pol¨ªtica¡±, apuntan fuentes del Gobierno de Extremadura. ¡°Debemos hacerlo con seriedad y sin arbitrariedad, para que aquellos extreme?os que est¨¦n buscando a sus familiares puedan hacerlo dignamente¡±.

El Ejecutivo extreme?o admite que su decisi¨®n est¨¢ relacionada con la divisi¨®n que ha provocado el intento de acabar con la normativa en vigor. ¡°Nos parece esencial no generar crispaci¨®n ni estar en el oportunismo pol¨ªtico con temas tan sensibles¡±, enfatizan en el Gobierno de Guardiola. ¡°Todo es mejorable, por supuesto. Se puede seguir avanzando en un marco de reconciliaci¨®n, de paz y de convivencia que tenga en cuenta a todos. Hay que buscar los consensos en lugar de las etiquetas y los bandos. La Transici¨®n democr¨¢tica ten¨ªa ese esp¨ªritu, y se dieron pasos clave por el entendimiento¡±.

El Gobierno de la Comunidad Valenciana que preside Carlos Maz¨®n se encuentra en una situaci¨®n diferente, porque ya tiene aprobada la llamada Ley de Concordia que deroga la anterior Ley de la Memoria Democr¨¢tica de 2017. PP y Vox dieron luz verde a esa norma el 11 de julio, el mismo d¨ªa y solo unas horas antes de que la extrema derecha anunciara la ruptura de los Ejecutivos conjuntos. La nueva ley equipara las v¨ªctimas desde 1931 hasta la actualidad, incluyendo a las del terrorismo etarra, sin condenar el franquismo. Fuentes del Gobierno valenciano contraponen que la norma anterior equiparaba las v¨ªctimas desde el 31 con las de la Transici¨®n, porque extend¨ªa su aplicaci¨®n hasta 1982.

Sin embargo, aunque el Ejecutivo de Maz¨®n ya ha aprobado la ley, est¨¢ abierto a ¡°dialogar¡± con el Gobierno de Pedro S¨¢nchez para ¡°construir desde el di¨¢logo¡± el reglamento que tiene que desarrollar esa norma, seg¨²n fuentes del gabinete popular. ¡°Sin reglamento de desarrollo, no hay ley¡±, subrayan estas fuentes, que precisan que su voluntad de acuerdo tiene una condici¨®n: que el Gobierno retire la ¡°amenaza¡± de recurrir su ley ante el Tribunal Constitucional, igual que hizo con la de Arag¨®n.

El caso de Castilla y Le¨®n tambi¨¦n es distinto porque la ley de concordia que pactaron el PP y Vox se encuentra todav¨ªa en tramitaci¨®n parlamentaria. La proposici¨®n de ley presentada por ambos partidos el pasado marzo sustituye al decreto de memoria firmado por el PP en 2018. Fuentes del Gobierno de Castilla y Le¨®n afirman que ahora su voluntad es frenarla para ¡°esperar¡± al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el recurso contra la derogaci¨®n de la legislaci¨®n de memoria en Arag¨®n. ¡°Iremos punto a punto analizando y vamos a esperar a ver qu¨¦ ocurre con la decisi¨®n del Constitucional¡±, remachan en el gabinete de Alfonso Fern¨¢ndez Ma?ueco.

El principal problema al que se enfrentan estas nuevas normativas es un hipot¨¦tico varapalo del tribunal de garant¨ªas, que viene precedido de un informe de la ONU muy cr¨ªtico con los proyectos impulsados por PP y Vox en Castilla y Le¨®n, Arag¨®n y la Comunidad Valenciana. Ese an¨¢lisis, firmado por Fabian Salvioli, relator especial sobre la promoci¨®n de la verdad, la justicia, la reparaci¨®n y las garant¨ªas de no repetici¨®n; Aua Bald¨¦, relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, y Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, concluye que ¡°las llamadas leyes de concordia podr¨ªan transgredir la obligaci¨®n del Estado espa?ol de garantizar la preservaci¨®n de la memoria hist¨®rica de graves violaciones de derechos humanos¡±. El Gobierno de Arag¨®n se ha quejado de que los relatores no se entrevistaron con ellos para elaborar el informe, y el presidente Jorge Azc¨®n escribi¨® despu¨¦s una carta al secretario general de la ONU.

La direcci¨®n nacional del PP nunca vio con buenos ojos la aprobaci¨®n de estas leyes de ¡°concordia¡± por el ruido pol¨ªtico que provocaron, y algunos miembros de la c¨²pula apostaban por dejarlas morir lentamente en la tramitaci¨®n parlamentaria. Pero Vox presionaba desde dentro de los Gobiernos para ir hasta el final, as¨ª que G¨¦nova dej¨® hacer. Ahora, con los ultras desde fuera, los barones populares tienen m¨¢s margen de maniobra y se muestran partidarios de suavizarlas o, directamente, de meterlas en un caj¨®n.