14 autonom¨ªas reclamar¨¢n 1.750 millones al cartel de los pa?ales para adultos por el fraude

Una docena larga de Gobiernos auton¨®micos exigir¨¢ en los tribunales al menos 1.751 millones a los fabricantes de pa?ales para adultos que crearon un cartel para aumentar sus precios de manera ilegal. Tras destaparse el fraude hace ocho a?os, el Tribunal Supremo ha confirmado recientemente las ¨²ltimas multas por 60 millones impuestas a las compa?¨ªas por la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ahora las regiones han reaccionado para recuperar el dinero hurtado a las arcas p¨²blicas.

Catalu?a dio el primer paso hace un a?o y medio al reclamar 526 millones y ahora Andaluc¨ªa avanza que su demanda superar¨¢ los 600 millones, la de Galicia rondar¨¢ los 350 millones, Pa¨ªs Vasco exigir¨¢ m¨¢s de 100 millones, Madrid al menos 80 millones, Murcia 50 millones, Baleares 27 millones y Asturias 18 millones. Junto a estas ocho regiones, la Comunidad Valenciana, las dos Castillas, Arag¨®n, Extremadura y Navarra confirman que demandar¨¢n al cartel en los tribunales, pero a¨²n est¨¢n peritando el fraude y carecen de la cifra concreta que pedir¨¢n.

La ¨²nica comunidad que ha decidido no reclamar el dinero defraudado es Cantabria, mientras que Canarias y La Rioja han rechazado aclarar a este diario si demandar¨¢n a las empresas por trucar el mercado. Del mismo modo, el Ministerio de Sanidad desconoce a¨²n si demandar¨¢ a la industria, pese a que antes de la descentralizaci¨®n de los sistemas sanitarios auton¨®micos, el Insalud estatal realiz¨® compras millonarias de este producto absorbente muy subvencionado y destinado a los pacientes con incontinencia urinaria grave. ¡°No tenemos nada atado ni seguro, Ingesa [Instituto Nacional de Gesti¨®n Sanitaria] sigue estudiando el asunto¡±, aduce un portavoz del Ministerio.

El cartel estuvo activo un total de 17 a?os, entre 1996 y 2013, hasta que una compa?¨ªa denunci¨® al resto y a s¨ª misma, acogi¨¦ndose al programa de clemencia de la CNMC, que le garantizaba eludir el pago de la multa por delatar el fraude. La patronal Fenin y siete empresas que copaban el 95% del mercado, entre ellas las multinacionales Essity, Grupo Hartmann, Laboratorios Indas y la delatora Procter and Gamble (Ausonia), montaron un sistema para inflar alrededor de un 50% el precio de los pa?ales para los sistemas p¨²blicos de salud, en connivencia con los mayoristas distribuidores y el Consejo General de Colegios de Farmac¨¦uticos para el reparto de la tarta de beneficios mediante acuerdos secretos.

Los tres eslabones de la cadena comercial concertaron la manipulaci¨®n del mercado a lo largo de 63 reuniones, pero con la crisis, el Gobierno en 2010 rebaj¨® un 20% el precio estipulado y tanto distribuidores como farmac¨¦uticos salieron del cartel. Finalmente, su participaci¨®n probada result¨® prescrita por solo un a?o, a juicio de la Direcci¨®n de Competencia de la CNMC.

¡°Reclamaremos hasta el ¨²ltimo euro¡±, precisan fuentes de la Consejer¨ªa de Sanidad madrile?a, que estas semanas culmina su demanda judicial. La mayor¨ªa de Gobiernos regionales ha mandado en lo que va de a?o numerosos burofaxes a las empresas para explicitar su inter¨¦s en recuperar el dinero, y as¨ª paralizar las posibles prescripciones de cinco a?os que alegar¨¢n las compa?¨ªas para evitar los pagos millonarios. ¡°De momento les hemos comunicado [a las compa?¨ªas] que estamos dispuestos a un acuerdo amistoso por los perjuicios causados, pero ninguna ha contestado y por tanto emprenderemos acciones legales¡±, confirman fuentes del Servicio de Salud balear.

La Audiencia Nacional censur¨® en una de sus sentencias la existencia del cartel, cuyas pr¨¢cticas anticompetitivas duraron casi dos d¨¦cadas: ¡°Es indiscutible la voluntad conjunta de hurtar, precisamente a la Administraci¨®n, en cuya actuaci¨®n se supone que confiaban, el conocimiento de los acuerdos adoptados y que supon¨ªan un importante incremento del precio que, a la postre, hab¨ªa de sufragar la Administraci¨®n misma¡±.

El letrado Albert Poch, de Redi Abogados, dirige las reclamaciones civiles por da?os del Servicio Vasco de Salud y de la Generalitat catalana, que lleva dos a?os tramit¨¢ndose en el Juzgado Mercantil 12 de Barcelona por las trabas procesales de las multinacionales: ¡°Este cartel es m¨¢s agresivo que el de los autom¨®viles [multado con 171 millones] al tener una sola v¨ªctima, que es la Administraci¨®n. Fue dise?ado para tirar del dinero p¨²blico y pese a la confirmaci¨®n por sentencias, las empresas siguen negando su existencia¡±.

La ley protege a las autonom¨ªas como v¨ªctimas del fraude y estas no est¨¢n obligadas a demandar a todas las compa?¨ªas del cartel, al ser solidaria la responsabilidad civil. Es decir, Catalu?a demand¨® a Essity y Hartmann, y si resultan condenadas, estas podr¨¢n pedir al resto del cartel el dinero correspondiente en una acci¨®n denominada ¡°de regreso¡±.

La mayor¨ªa de autonom¨ªas ha demandado y Cantabria es la ¨²nica que rechaza esta acci¨®n de reintegro. Est¨¢ por ver si los dirigentes y funcionarios c¨¢ntabros afrontar¨¢n un procedimiento contable de reintegro por alcance al incurrir en una omisi¨®n que menoscabe caudales p¨²blicos, seg¨²n las fuentes jur¨ªdicas consultadas.

El gasto en pa?ales para enfermos adultos sigue siendo hoy d¨ªa una partida millonaria y Andaluc¨ªa por ejemplo gast¨® 75 millones en 2023 para subvencionar 2,3 millones de paquetes de estos absorbentes destinados a sus hospitales y a trav¨¦s de las farmacias para los enfermos no hospitalizados que los necesitan. ¡°La aportaci¨®n en el precio puede rondar el 10% o m¨¢s, depende del tipo de pensionista. Para la Junta es una partida importante en efectos y accesorios del total de 2.400 millones en prestaci¨®n farmac¨¦utica en recetas¡±, confirma Carlos Garc¨ªa, subdirector de Farmacia del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El fraude se destap¨® gracias a que Procter and Gamble entreg¨® las pruebas del cartel a la CNMC y la multa de 128 millones se redujo a 60 millones al aplicar la clemencia al denunciante, multado con 68 millones y que sin embargo no se librar¨¢ de las reclamaciones de las Administraciones. La trama estuvo canalizada a trav¨¦s de Fenin, la Federaci¨®n de Empresas de Tecnolog¨ªa Sanitaria, que engloba a 270 fabricantes y distribuidores, y que fue multada por su ¡°participaci¨®n fundamental¡± en el cartel, al igual que cuatro de sus responsables.

Fenin destaca ahora que ¡°colabor¨® con las autoridades de competencia, acat¨® la resoluci¨®n de los tribunales y pag¨® la sanci¨®n¡±, pero por escrito niega la mayor: ¡°En ning¨²n momento fuimos parte de ning¨²n acuerdo contrario a las normas de competencia¡±, alega, a pesar de que tras la multa hace ocho a?os implement¨® procesos auditados por terceros como medida correctiva. Javier Mart¨ªn Oca?a, excoordinador del grupo de trabajo de absorbentes (GTAIO) de Fenin y hoy consejero delegado de Donte Group, ha rechazado comentar su sanci¨®n o pedir perd¨®n por su desempe?o sancionado. El Supremo anul¨® dos de las cuatro multas impuestas, a las exdirectivas Mar¨ªa Al¨¢ez y Margarita Alfonsel, hoy directora del Observatorio de la Sanidad del diario digital El Espa?ol, al no considerarlas directivas. Tanto Essity como Grupo Hartmann, Bimedica, Ontex, Texpol y Albasa han rechazado hacer comentarios sobre sus sanciones.

Al margen del Gobierno y las autonom¨ªas, los consumidores habituales de pa?ales podr¨ªan interponer demandas civiles individuales, pero es complicado dada la d¨¦cada transcurrida desde que termin¨® el cartel. ¡°El afectado tendr¨¢ que acreditar el desembolso extendido en el tiempo y con facturas¡±, apunta Miguel ?ngel Serrano, vicepresidente de la organizaci¨®n de consumidores Facua, que ve improbable interponer una demanda colectiva contra el cartel.

Los pa?ales absorbentes para adultos, destinados a unos 2,5 millones de consumidores, seguir¨¢n siendo un bien de consumo extendido, porque los m¨¦dicos los recetan en ocasiones para evitar roturas de caderas por carreras nocturnas dom¨¦sticas ante la incontinencia urinaria. La falta de competencia en la contrataci¨®n p¨²blica en Espa?a, que representa el 15% de su PIB, cuesta a las arcas p¨²blicas unos 48.000 millones al a?o, seg¨²n calcul¨® la CNMC en 2017. Su programa de clemencia para incentivar las denuncias de pr¨¢cticas anticompetitivas ha provocado 40 multas millonarias a diferentes sectores desde su inicio en 2007.

¡°La reclamaci¨®n por da?os derivada del cartel de absorbentes supone un precedente relevante para que las Administraciones p¨²blicas exijan los da?os causados por otros muchos carteles que afectan directamente a las arcas p¨²blicas. Para que no pase como en el cartel de los sobres de papel, dise?ado para perjudicar a las Administraciones, y en el que ninguna de ellas reclam¨® y dej¨® pasar el plazo para hacerlo¡±, alerta Poch.