El agujero de descontrol y opacidad del ¡®lobby¡¯ en Espa?a

El 11 de octubre de 2023, un representante de Iberdrola mantuvo una videoconferencia con Ditte Juul J?rgensen, directora general de Energ¨ªa de la Comisi¨®n Europea, en la que abordaron las pol¨ªticas de transici¨®n verde. La energ¨¦tica trabaja en la UE con un equipo de seis lobistas, encabezado por la abogada del Estado en excedencia Eva Chamizo. Este despliegue supone un coste de m¨¢s de 400.000 euros al a?o. Es posible conocer esta informaci¨®n porque figura en un registro de la UE, al igual que m¨¢s de 12.900 empresas y entidades de todo tipo ¡ªONG, sindicatos, patronales, fondos de inversi¨®n o grupos religiosos¡ª que buscan en la Comisi¨®n o la Euroc¨¢mara influencia a favor de sus intereses, as¨ª como consultoras que cabildean para sus clientes. Cualquiera que quiera ir a Bruselas a dejar huella tiene que apuntarse y dar cuenta de prop¨®sitos, recursos y actividades. ?Qui¨¦n es? ?Qu¨¦ leyes quiere condicionar? ?A qui¨¦n intenta convencer?

Todas esas exigencias se diluyen en Espa?a. Ninguna obligaci¨®n as¨ª se impone a la relaci¨®n de los lobbies con el Gobierno o con los diputados y senadores. Los d¨¦ficits de la regulaci¨®n del lobby, un t¨¦rmino que suele traducirse al espa?ol como ¡°grupo de presi¨®n¡± o ¡ªm¨¢s suave¡ª ¡°grupo de inter¨¦s¡±, generan un agujero de opacidad y descontrol que contrasta con la normativa no solo de la UE, sino tambi¨¦n de pa¨ªses como Francia y Alemania. Ahora el Gobierno ha vuelto a poner el foco en esta pol¨¦mica actividad con la aprobaci¨®n de un plan de regeneraci¨®n que recicla compromisos incumplidos.

Las carencias empiezan por la falta de un registro de lobbies tanto en el Gobierno como en el Congreso y el Senado. ¡°Los lobistas entran aqu¨ª como visitas personales¡±, resume una fuente de la C¨¢mara baja. De este d¨¦ficit se derivan otros. Si a trav¨¦s del registro europeo se puede saber que la consultora Llorente & Cuenca defiende en la UE los intereses de la patronal del biodi¨¦sel, no es posible consultar una informaci¨®n similar en el ¨¢mbito del Ejecutivo ni del Legislativo en Espa?a. Esta falta de registros dificulta a su vez calcular las dimensiones del sector y el peso de su actividad, que desarrollan empresas con sus propios departamentos de lobby, entidades de todo tipo y consultoras especializadas ¡ªAcento, por ejemplo¡ª o con ¨¢reas dedicadas a esta rama ¡ªLlorente & Cuenca o Atrevia, entre otras¡ª. Los ¡°asuntos p¨²blicos¡±, como tambi¨¦n se conoce a este trabajo, se han convertido en una frecuente salida de pol¨ªticos, con nombres destacados como los exministros Jos¨¦ Blanco (PSOE) y Alfonso Alonso (PP), ambos al frente de Acento.

Las lagunas alcanzan a la conceptualizaci¨®n. El Gobierno no cuenta con una definici¨®n de lobby. El C¨®digo de Conducta de las Cortes s¨ª recoge una: es la entidad o individuo que se re¨²ne con un cargo p¨²blico para influir. ¡°Pero es una definici¨®n vaga, que no distingue inter¨¦s lucrativo y no lucrativo. Si cre¨¢ramos un registro, generar¨ªa dudas¡±, admite la citada fuente del Congreso. Dicho c¨®digo, aprobado en 2020 con Meritxell Batet como presidenta del Congreso y Pilar Llop del Senado, prev¨¦ la creaci¨®n de un registro mediante la modificaci¨®n de los reglamentos de las C¨¢maras, que sigue pendiente. Mientras tanto, fija la obligaci¨®n de los parlamentarios de publicar sus reuniones con lobistas. ?Con qu¨¦ resultado? La Oficina de Conflictos de Inter¨¦s alert¨® en su informe sobre 2022 de que es ¡°altamente improbable¡± que el porcentaje de parlamentarios que consignaba reuniones, menos del 7%, se correspondiera con la realidad. En 2023 ese porcentaje baj¨®, seg¨²n la propia Oficina. No hay reglamento para sancionar a los incumplidores.

Mientras autonom¨ªas como Catalu?a, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha desarrollaban normas propias, los d¨¦ficits de regulaci¨®n estatal han llamado la atenci¨®n de instituciones internacionales. El Grupo de Estados contra la Corrupcio?n del Consejo de Europa subrayaba en su informe sobre 2022 los ¡°sucesivos retrasos¡± en la aprobaci¨®n de leyes, que entre otros aspectos deb¨ªan corregir la ¡°gran opacidad¡± de la influencia de los lobistas en el proceso legislativo. Nada ha cambiado. La OCDE, en un informe de agosto, da un toque a Espa?a por no seguir los movimientos de los cargos p¨²blicos salientes en sectores que ¡°antes regulaban¡±, apuntando a las puertas giratorias, asunto que tambi¨¦n ata?e al mundo del lobby.

¡°En un sistema de partidos fragmentado, con inestabilidad y mandatos cortos, los cargos p¨²blicos tienen poco tiempo para especializarse y consultan cada vez m¨¢s con expertos. Ante la evidencia de que ah¨ª han entrado con fuerza los grupos de inter¨¦s, urge una regulaci¨®n que aporte transparencia¡±, analiza Eva Silv¨¢n, directora de la consultora Silv¨¢n & Miracle. Una norma, seg¨²n a?ade, reducir¨ªa adem¨¢s la moralizaci¨®n del debate sobre conflictos de inter¨¦s: ¡°Ser¨ªa el contexto id¨®neo para evitar pol¨¦micas como la de Alberto Garz¨®n [exl¨ªder de IU, que renunci¨® a fichar por Acento tras un revuelo pol¨ªtico], o para que al menos la discusi¨®n tuviera un anclaje¡±.

Con compromisos y planes, pero sin ley

La posibilidad de regular los lobbies colea desde la Transici¨®n, cuando Manuel Fraga quiso meter los ¡°grupos legi?timos de intereses¡± en el art¨ªculo 77 de la Constituci¨®n. No pas¨®. Hace diez a?os el Congreso aprob¨® una iniciativa de CiU instando a la regulaci¨®n. Desde entonces, solo ha habido amagos. Los gobiernos de Pedro S¨¢nchez han sido los m¨¢s reiterativos en el compromiso, sin concretarlo. La ley de lobbies aparece en: el pacto de gobierno de PSOE y Unidas Podemos de diciembre de 2019; el Plan de Gobierno Abierto 2020-2024; su sucesor, que cubre hasta 2028 y est¨¢ pendiente de aprobaci¨®n; el Plan Normativo de 2022; una adenda de 2023 al Plan de Recuperaci¨®n, Transformaci¨®n y Resiliencia. El Consejo de Ministros lleg¨® a aprobar en 2022 un anteproyecto de ley, que no dio tiempo ni a llevar al Congreso. ¡°Incluso sin adelanto electoral [a julio de 2023], iba tarde¡±, se?ala un profesional del sector, que atribuye las dificultades de esta legislaci¨®n a la ¡°falta de voluntad pol¨ªtica¡± y a los recelos de sindicatos, patronales y colegios profesionales, que ¡ªse?ala la fuente¡ª pretenden evitar la etiqueta de lobby y perder la singularidad que les da aparecer en la Constituci¨®n.

Ahora, el nuevo plan del Gobierno prev¨¦ dos normas sobre lobbies. Una es la reforma de los reglamentos de las C¨¢maras, que afectar¨ªa a las Cortes y deber¨ªan acometer el Congreso y el Senado. La otra, un proyecto de ley del Gobierno, que afectar¨ªa a la Administraci¨®n General del Estado. A pesar de partir del Consejo de Ministros, el plan se detiene m¨¢s en la reforma de los reglamentos, que no es de su competencia, que en el proyecto de ley, que s¨ª deber¨ªa partir del Gobierno para luego llegar a las Cortes. Sobre esa futura ley, no hay detalle en el plan. EL PA?S pregunt¨® a los ministerios de Transformaci¨®n Digital y Funci¨®n P¨²blica (?scar L¨®pez) y Presidencia (F¨¦lix Bola?os), sin obtener detalle. No aclararon si la intenci¨®n era recuperar el anteproyecto de 2022, que recog¨ªa la creaci¨®n de un registro, reglas para ordenar las relaciones con los lobistas y dos a?os de prohibici¨®n a los cargos salientes de ejercer actividades ¡°de influencia¡± en sectores en los que han trabajado como pol¨ªticos.

¡°Acogemos favorablemente el plan, pero en realidad incluye medidas que ya est¨¢n en otras iniciativas. Y nos preocupa que no est¨¦ calendarizado¡±, afirma Irene Mat¨ªas, vicepresidenta de la Asociaci¨®n de Profesionales de las Relaciones Institucionales. Joan Navarro, soci¨®logo especializado en grupos de inter¨¦s, ve ¡°inadecuado¡± que el plan se centre en las reformas que competen a las Cortes y sea ¡°ambiguo¡± sobre las ¡°obligaciones¡± del Gobierno. Aunque celebra que se reabra la cuesti¨®n sobre los lobbies, cuya regulaci¨®n lleva ¡°al menos diez a?os de retraso¡±, cree ¡°dudoso¡± que prospere tanto por los antecedentes como por la dificultad de conseguir mayor¨ªas parlamentarias.