¡®Lobbies¡¯, el poder en la sombra
Los grupos de presi¨®n, que se gastan millones de euros en condicionar decisiones pol¨ªticas, aseguran que buscan una mayor transparencia para su actividad
Un irritado lobby nuclear avisaba esta semana al Gobierno y a los ciudadanos de que si se retiran los beneficios que reciben las empresas por no emitir di¨®xido de carbono ¡°ser¨ªa imposible la continuidad de las centrales¡±. Otro destacado lobby de consumidores exig¨ªa sanciones para las el¨¦ctricas por la explosiva subida de la luz. Solo las tecnol¨®gicas, seg¨²n un informe de Corporate Europe Observatory and LobbyControl, tienen en Bruselas un regimiento de 612 empresas, grupos y asociaciones que ejercen presi¨®n en Europa y que se gastan 97 millones de euros al a?o para hacer llegar mensajes favorables al sector. Son, por encima de las farmac¨¦uticas, petroleras, la banca o la industria qu¨ªmica, las principales lobistas en un universo amplio, ¡°pero profundamente desequilibrado¡± del cabildeo institucional, seg¨²n el estudio.
Un elocuente ejemplo de ello est¨¢ en Espa?a. La capacidad de grandes corporaciones para transmitir sus, por otra parte, leg¨ªtimos mensajes, ha derivado en regulaciones o leyes que se han demostrado contrarias a normas europeas y han sido enmendadas en los tribunales tras largos y costosos procesos de reclamaci¨®n por parte de ciudadanos individuales. Porque, como ilustra Ignacio Molina, profesor de Ciencias Pol¨ªticas de la Universidad Aut¨®noma de Madrid e investigador del Instituto Elcano, ¡°una farmac¨¦utica se movilizar¨¢ cuando una regulaci¨®n amenace con tocar un c¨¦ntimo el precio de un medicamento, pero los ciudadanos no¡±. Como tampoco lo hacen cuando los Ayuntamientos lanzan consultas p¨²blicas sobre, por ejemplo, los planes urban¨ªsticos. ¡°Alegan promotores, constructores, etc¨¦tera, pero no son acciones que aprovechen mayoritariamente los ciudadanos¡±. Algo que ocurre, contin¨²a, por la poca calidad del debate democr¨¢tico: ¡°No nos hacemos preguntas sobre la captura del regulador por parte de intereses privados¡±.
Con su cultura de debates interminables para acordar lo imposible, Europa es la playa que los lobistas quieren encontrar bajo el asfalto. Los enormes presupuestos dedicados a la presi¨®n institucional tienen un impacto significativo en los pol¨ªticos: m¨¢s de 140 personas trabajan para las diez mayores tecnol¨®gicas cada d¨ªa en la capital belga, un lugar donde hay tantos lobistas (49.059) como espectadores caben en el estadio de Mestalla (y 1.594 tienen acceso directo al Parlamento). Pero los parlamentarios, funcionarios o asistentes comunitarios saben que no encontrar¨¢n a nadie detr¨¢s de una columna cuando caminen por el pasillo, porque su actividad se reconoce y regula desde los propios tratados de la Uni¨®n.
En Espa?a, un pa¨ªs con 73.197 cargos p¨²blicos seg¨²n el recuento de Maldita.es, ocurre todo lo contrario: el reconocimiento de los grupos de inter¨¦s sigue pendiente desde que se aprob¨® la Constituci¨®n de 1978. Lo sorprendente, explica Mar¨ªa Rosa Rotondo, presidenta de la Asociaci¨®n de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), es que establecer un terreno de juego donde fluyan las relaciones entre las partes interesadas y los representantes p¨²blicos es algo relativamente sencillo que goza de un amplio consenso social y hasta pol¨ªtico. ¡°El problema de regular a los lobbies es que implica que los pol¨ªticos se regulen a s¨ª mismos, porque ellos est¨¢n en la ecuaci¨®n¡±, ilustra.
L¨ªmites a la influencia
Empresas cada vez m¨¢s fuertes, sistemas anticompetencia cada vez m¨¢s desbordados y consumidores at¨®nitos se conjugan en un c¨®ctel que ha provocado que aumente la presi¨®n para establecer l¨ªmites a su influencia. El Grupo de Estados contra la Corrupci¨®n (Greco), dependiente del Consejo de Europa, ha instado una y otra vez al Ejecutivo a hacer cosas tan b¨¢sicas como enviar informaci¨®n detallada sobre los regalos o viajes a los que son invitados los diputados y senadores. Pero rendir cuentas hasta ese punto es algo que nadie parece tener interiorizado.
De la otra parte, los lobbies consultados dicen ser los primeros dispuestos a realizar ese ejercicio de transparencia. Cada vez son m¨¢s los despachos, asesor¨ªas, fundaciones, asociaciones, empresas o patronales las que se fijan en lo importante de la persuasi¨®n para defender intereses propios o ajenos. Y quieren estar en igualdad de condiciones con la competencia. Miguel Ferre, ex secretario de Estado de Hacienda entre 2012 y 2016, dirige el ¨¢rea de Asuntos P¨²blicos en la consultora Kreab: ¡°El lobby solo tiene sentido si se hace de forma transparente. Nosotros trabajamos con cotizadas, compa?¨ªas del Ibex, empresas familiares, multinacionales¡ Podemos realizar desde un servicio b¨¢sico ¡ªun seguimiento regulatorio¡ª hasta interceder en defensa de unos intereses ante una ley concreta. Cada cosa que hacemos la acompa?amos de un informe de impacto. Nuestros equipos son capaces de medir, por ejemplo, las consecuencias que un cambio regulatorio en un determinado impuesto tendr¨ªa para un determinado sector¡±. Defiende que los pol¨ªticos tienen as¨ª el mayor n¨²mero de puntos de vista posibles antes de tomar una decisi¨®n. ¡°Siempre desde un enfoque profesional y totalmente transparente¡±.
Esa ¨²ltima palabra es la m¨¢s repetida por los lobistas. Para Alfredo Gazpio, responsable de Asuntos P¨²blicos en Danone, ¡°los gobiernos y los parlamentos ya no tienen el monopolio de la toma de decisiones. Se ha producido una descentralizaci¨®n del poder. ?C¨®mo democratizamos el acceso al regulador por parte de los colectivos? Con transparencia¡±. Y liga el cabildeo con la ¡°empat¨ªa social¡± que pide la ministra Teresa Ribera a las el¨¦ctricas estos d¨ªas que arrecian las cr¨ªticas por los precios de la luz. ¡°Las empresas han pasado a ser un actor pol¨ªtico, a participar de la propia conversaci¨®n. Es una nueva manera de ver la econom¨ªa¡±. Manuel de la Fuente, socio de Asuntos P¨²blicos de la consultora Harmond, est¨¢ de acuerdo: ¡°El poder ya no est¨¢ enteramente en el sector p¨²blico: est¨¢n las ONG, las patronales, asociaciones, fundaciones, think tanks¡ eso requiere un abordaje integral. Ahora hay variables intangibles que afectan a la cuenta de resultados y muchas compa?¨ªas se dan cuenta de que los incendios se apagan en invierno. No siempre hay que tener relaciones interesadas: hay que pensar en el largo plazo, construyendo una cultura de transparencia, de normalidad democr¨¢tica entre regulados y reguladores¡±.
Pero algo tan saludable reclamado por los lobistas no parece sencillo. ¡°Hoy las cosas est¨¢n en proceso de cambio. Madrid, Catalu?a o Castilla-La Mancha tienen regulaciones buenas, completas, que deber¨ªan servir de reflexi¨®n¡±, insiste Rotondo. El Gobierno abri¨® este a?o una consulta p¨²blica para elaborar un anteproyecto de ley ¡°de transparencia e integridad en las actividades de los grupos de inter¨¦s¡±. Se recibieron 29 aportaciones: 18 de entidades privadas, 5 de entidades p¨²blicas y 6 de particulares. Y eso fue todo. Quiz¨¢ la ley sea una realidad dentro de dos o tres a?os, o nunca. Por otra parte, PSOE y PP presentaron dos propuestas para reformar el reglamento del Congreso. La de los socialistas incluye un r¨¦gimen sancionador a los diputados y a los lobbies, pero como m¨ªnimo no ver¨¢ la luz hasta dentro de un a?o.
Obligar a los grupos a inscribirse en un registro; establecer la ¡°huella legislativa¡± para que las leyes incluyan todas las aportaciones realizadas por grupos interesados o algo tan sencillo como hacer p¨²blicas las agendas de los decisores pol¨ªticos son herramientas que podr¨ªan contribuir a poner luz en la, hasta ahora, oscura actividad de persuasi¨®n. ¡°En el tema de la agenda no me valen las cr¨ªticas sobre que incumplir¨ªa la ley de protecci¨®n de datos por el infantilismo de argumentos como que podr¨ªa salir una cita con el dentista o una comida con la pareja. Hablamos de asuntos p¨²blicos¡±, antepone la presidenta de APRI. Tampoco apoya que los registros de lobbies sean voluntarios, como el de la CNMC, que sin embargo fue pionero en Espa?a, ¡°porque si lo es, solo se van a registrar quienes lo hagan bien¡±.
La CNMC tiene 500 inscritos y posee un c¨®digo de conducta publicado en el BOE. Tambi¨¦n tiene un canal de denuncias interno y confidencial. Desde la instituci¨®n defienden que ¡°no hay que demonizar, de entrada, la actividad. El buen lobby, entendido como la defensa por cauces legales y regulares de unos intereses concretos, es leg¨ªtimo y necesario, una forma de canalizar la participaci¨®n de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones¡±. Contra lo que s¨ª hay que luchar, admiten, es ¡°contra el mal lobby: contra el que pretende capturar a esos poderes a trav¨¦s de medios o estrategias irregulares o il¨ªcitas y quebrar el nexo entre el responsable p¨²blico y la b¨²squeda del inter¨¦s general¡±.
Isabel ?lvarez V¨¦lez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Comillas, es m¨¢s esc¨¦ptica: ¡°?Qu¨¦ diferencia hay entre que est¨¦s o no en un registro? Al poder pol¨ªtico le interesa conocer la opini¨®n de las organizaciones. Y no tenemos que presumir que la actividad sea sospechosa, pero el problema es c¨®mo regulamos esa actividad¡±. Ella cree m¨¢s ¨²tiles los c¨®digos de conducta y, sobre todo, el control y la fiscalizaci¨®n posterior.
Jos¨¦ L¨®pez Tafall, director de la patronal de automoci¨®n Anfac, siempre deja dossieres a los pol¨ªticos con los que se re¨²ne. Una huella por escrito. ¡°Detallamos nuestros posicionamientos con datos, estamos inscritos en todos los registros p¨²blicos. Nuestro papel es no enga?ar a nadie, y el suyo, la responsabilidad de hacer buenas normas¡±. Jos¨¦ Luis Mart¨ªnez Campuzano, desde la Asociaci¨®n Espa?ola de Banca; Humberto Arn¨¦s, director de Farmaindustria, y Jorge Marichal, presidente de la patronal hotelera CEHAT, se expresan en los mismos t¨¦rminos al definir su trabajo diario, igual que la patronal Fiab. E insisten en que reconocer y dialogar con asociaciones representativas ha salvado al pa¨ªs del caos durante la pandemia.
¡°En la definici¨®n de grupo de inter¨¦s entran muchos colectivos, pero hay que distinguir entre aquellos que la propia Constituci¨®n considera relevantes y aquellos que no. Los primeros son pilares del Estado social¡±, define Arn¨¦s. Marichal lo resume as¨ª: ¡°Est¨¢ muy bien escuchar a todo el mundo, pero hay cosas que tienen que sonarte en la cabeza m¨¢s que otras. 17.000 empresas tienen que sonar m¨¢s fuerte que 20. Me parece muy bien que esas 20 velen por sus intereses, pero hay algo que se llama inter¨¦s general que se ha demostrado que se defiende teniendo muy vertebradas a las organizaciones empresariales en los pa¨ªses para que se tomen medidas¡±. Otro tema que APRI pone sobre la mesa es la necesaria revisi¨®n de las ¡°puertas giratorias¡±, que pueden generar un potencial conflicto de intereses o un indebido tr¨¢fico de influencias. Propone endurecer la regulaci¨®n actual para un cargo pol¨ªtico cuando en los a?os anteriores haya sido lobista en materias que queden bajo su nueva responsabilidad.
Quiz¨¢, como reconoce un lobista, ¡°siga habiendo pol¨ªticos que venden sus contactos del Iphone¡±, y empresarios dispuestos a comprarlos. Quiz¨¢ el ¡°mamoneo institucional¡±, sea una cultura dif¨ªcil de erradicar en Espa?a. Transparentar ¡°cuesta trabajo¡±, reconoce Ana Gloria G¨®mez, de Dyndra, que naci¨® gracias a un grupo de investigadores de la Universidad de Granada para evaluar la transparencia de los ayuntamientos andaluces y ya tiene 1.500 analistas. ¡°Pese a todo, se nota que la cultura est¨¢ cambiando. Por obligaci¨®n, por la acci¨®n de instituciones superiores o por la presi¨®n de los ciudadanos¡±.
El ejemplo comunitario
Ante los ¨®rganos de la UE, donde se decide buena parte de la pol¨ªtica de gasto y la regulaci¨®n que pasar¨¢ a incorporar cada Estado miembro, B¨¦lgica, Alemania, Francia, Italia y Espa?a son, por este orden, los pa¨ªses con m¨¢s delegaciones acreditadas. Casi un tercio de las organizaciones que tienen un pie en la capital belga se gastan entre 100.000 y un mill¨®n de euros anuales en esa representaci¨®n. En el Parlamento Europeo hay un sistema de acreditaci¨®n espec¨ªfico para lobbistas y el reglamento de la Euroc¨¢mara incluye un c¨®digo de conducta que los obliga, sin ning¨²n matiz, a dejar claro a qui¨¦n representan. Pero fuera de las instituciones comunitarias y sin ninguna norma que obligue a los Estados a legislar sobre el asunto, los enfoques para regular el cabildeo son muy variados: Austria, Francia, Alemania, Irlanda, Lituania, Polonia y Eslovenia han impuesto requisitos de registro, mientras que B¨¦lgica, Italia, Pa¨ªses Bajos y Rumania ofrecen incentivos para que los grupos de presi¨®n se inscriban voluntariamente. ¡°Lo que Bruselas s¨ª puede hacer con los Estados miembros es ejercer cierta presi¨®n ahora que va a repartir los fondos Next Generation¡±, recuerda Mar¨ªa Rosa Rotondo.
De hecho, la Comisi¨®n ha evaluado la calidad de los Estados de derecho como uno de los aspectos a tener en cuenta en el reparto, y entre otras cosas llama la atenci¨®n a Espa?a ¡ªque por lo dem¨¢s sale bien parada en la fotograf¨ªa¡ª sobre la inexistente regulaci¨®n de los grupos de inter¨¦s.
Incluso aunque la llegue a haber, los expertos avisan de que puede quedarse en un brindis al sol si solo se centra, por ejemplo, en el Congreso y el Senado y no llega a todos los ¨®rganos de decisi¨®n de la Administraci¨®n. ¡°Si fuese lobbista no perder¨ªa el tiempo en invitar a cenar a un diputado, porque su capacidad para moldear el sistema legislativo es baj¨ªsima¡±, ilustra el profesor Ignacio Molina. ¡°En Bruselas y en EE?UU, en cambio, s¨ª est¨¢n en juego m¨¢s intereses. Aqu¨ª un lobbista se dirigir¨¢ al poder ejecutivo, y ese es un terreno muy t¨¦cnico¡±. Llevar la transparencia a todos los niveles, desde ministros a directores generales, contribuir¨ªa a que la ciudadan¨ªa asumiese la actividad como beneficiosa para el sistema.
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