El PSOE se?ala a los exdirectores del Servicio Andaluz de Salud como los responsables penales del abuso de los contratos de emergencia

El PSOE de Andaluc¨ªa se?ala a Miguel ?ngel Guzm¨¢n y Diego Vargas, los dos gerentes que tuvo el Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2019 y 2023, como presuntos responsables directos de la adjudicaci¨®n a dedo de 300 millones de euros a trav¨¦s de contratos de emergencia entre 2020 y 2023, la mayor¨ªa de ese monto ¡ª240 millones¡ª cuando la cobertura legal para su aplicaci¨®n ya estaba derogada. Seg¨²n la querella presentada por los socialistas, esas contrataciones a dedo supusieron un menoscabo a las arcas p¨²blicas auton¨®micas de m¨¢s de 24 millones de euros.

Tanto a Guzm¨¢n como a Vargas el PSOE les atribuyen los delitos continuados de prevaricaci¨®n, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, falsedad en documento p¨²blico y organizaci¨®n criminal, seg¨²n esa denuncia que est¨¢ investigando la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. La querella, adelantada por Diario de Sevilla y a la que ha tenido acceso EL PA?S, los se?ala por haber sido quienes firmaron los contratos de emergencia millonarios, si bien se deja claro lo siguiente: ¡°Parece lo evidente que no sea posible mantener vivo durante dos a?os y medio un sistema paralelo de contrataci¨®n p¨²blica a dedo, por m¨¢s de 240 millones de euros, sin el pleno conocimiento, consentimiento y aquiescencia de las m¨¢s altas instancias del Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa¡±.

Guzm¨¢n fue director gerente del SAS entre 2019 y 2022, a?o en el que asumi¨® la Viceconsejer¨ªa de Salud, y estuvo en el punto de mira a comienzos de 2024, cuando, apenas tres meses despu¨¦s de dejar su cargo en la Junta, anunci¨® su intenci¨®n de fichar por la aseguradora Asisa que, precisamente, hab¨ªa sido adjudicataria de 43,67 millones entre 2020 y 2022 a trav¨¦s de la contrataci¨®n de emergencia. En la denuncia, el PSOE hace referencia a su cargo como director m¨¦dico del Hospital Vithas M¨¢laga antes de asumir su puesto en el SAS y destaca que la sociedad Vithas M¨¢laga Internacional fue adjudicataria de contratos expr¨¦s en las provincias de M¨¢laga, Sevilla, Granada y Almer¨ªa por un total de 20,2 millones de euros entre 2021, 2022 y 2023; y en 2020, de dos contratos por 2,2 millones.

Tras ser nombrado viceconsejero en 2022, Guzm¨¢n fue sustituido por Diego Vargas al frente del SAS. Ambos dimitieron de sus respectivos puestos el 27 de diciembre de 2023, en lo que la oposici¨®n interpret¨® como una asunci¨®n por parte del Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP) de su responsabilidad al frente del caos en la gesti¨®n sanitaria y el deterioro de la sanidad p¨²blica andaluza y una forma de blindar a su consejera de Salud entonces, Catalina Garc¨ªa.

Un 10% de bajada en la licitaci¨®n ordinaria

Las posibles responsabilidades penales est¨¢n siendo investigadas por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, seg¨²n confirmaron fuentes judiciales el pasado mi¨¦rcoles. El auto de diligencias previas, dictado por el Juzgado de Instrucci¨®n N¨²mero 13 de Sevilla que lleva la causa, se ha incoado en virtud de un presunto delito de prevaricaci¨®n administrativa, ¡°sin perjuicio de lo que se pueda determinar durante la fase de instrucci¨®n de la causa¡±, de acuerdo con esas mimas fuentes. Mientras se dirimen las consecuencias criminales de la presunta adjudicaci¨®n al margen de la ley de los contratos de emergencia, el PSOE ha puesto cifra al menoscabo econ¨®mico derivado de que se otorgaran 240 millones por esa v¨ªa m¨¢s all¨¢ de la vigencia de la Instrucci¨®n de 18 de Junio de 2021 de la Consejer¨ªa de Hacienda. Esa instrucci¨®n pon¨ªa fin al per¨ªodo excepcional durante el cual la administraci¨®n, para hacer frente al covid, hab¨ªa podido hacer adjudicaciones sin concurrencia competitiva y publicidad. Ese menoscabo para las arcas p¨²blicas lo cifran los socialistas en, al menos, 24 millones.

En la querella se llega a esta cifra ¡°indiciaria¡± aplicando la premisa de que, ¡°cuando se aplica la Ley de Contratos del Sector P¨²blico y las empresas compiten entre ellas, la baja media sobre los precios de partida es siempre, como m¨ªnimo, del 10%¡±. Ese porcentaje se obtiene a partir de los an¨¢lisis que en el documento se realizan de otras licitaciones p¨²blicas de 2015 en cada una de las provincias andaluzas, utilizando los precios de contrataci¨®n del SAS. Tambi¨¦n se incluye la contrataci¨®n con publicidad y libre concurrencia realizada por M¨¢laga en 2021 ¡ªen paralelo a la contrataci¨®n de emergencia que era el mecanismo habitual empleado por la administraci¨®n sanitaria ese a?o y los dos siguientes¨D. El precio de licitaci¨®n de uno de los lotes se estipul¨® en 1.532,35 euros, siendo el ofertado y adjudicado final de 1.378,38, un porcentaje de baja del 10,5%, mientras que el precio de los contratos de emergencia para el tipo de intervenci¨®n objeto del contrato era de 1.743,4, seg¨²n el ejemplo recogido en la denuncia.

Ese porcentaje aplicado a los 242 millones de euros que se destinaron a los contratos de emergencia cuando la normativa que los amparaba ya no estaba en vigor ¡°arroja una presunta e indiciaria lesi¨®n al caudal p¨²blico andaluz de m¨¢s de 24 millones de euros¡±, indica el documento.

Adem¨¢s de enumerar las supuestas irregularidades en los contratos de emergencia millonarios y en sus sucesivas pr¨®rrogas, la querella subraya que ninguna de esas adjudicaciones se traslad¨® al Consejo de Gobierno para su conocimiento, un tr¨¢mite exigido en el art¨ªculo 120 de la Ley de Contratos P¨²blicos, que amparaba el procedimiento de emergencia durante el primer estado de alarma. ¡°Nada de lo anterior fue comunicado a Consejo de Gobierno para toma de raz¨®n, incumpliendo as¨ª clamorosamente el deber legal impuesto por el tan citado art¨ªculo 120 de la Ley de Contratos del Sector P¨²blico: se limitaron los responsables a comunicar los primeros 70 millones de euros y el resto, hasta 242 millones, lo mantuvieron en total opacidad¡±, dice la denuncia. Alude al primer contrato que el SAS realiz¨® por la v¨ªa de emergencia, de 70 millones de euros, el 20 de enero de 2021, el ¨²nico que podr¨ªa haber quedado respaldado por el marco normativo que regulaba la contrataci¨®n expr¨¦s.