El juez pide a la Junta de Andaluc¨ªa los contratos de emergencia sanitarios que remiti¨® al Consejo de Gobierno

El juez Javier Santamar¨ªa, que instruye el caso de los contratos de emergencia sanitarios adjudicados a dedo por la Junta de Andaluc¨ªa (PP), ha reclamado informaci¨®n sobre los expedientes remitidos al Consejo de Gobierno. El magistrado quiere conocer qu¨¦ expedientes envi¨® el Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2021 y 2023 al Consejo de Gobierno que preside Juan Manuel Moreno. ¡°As¨ª como cualquier documentaci¨®n obrante en sus archivos relativos a dichos expedientes: informes jur¨ªdicos, consultas a la Intervenci¨®n, comunicaciones con proveedores y borradores de contratos que hayan sido objeto de tramitaci¨®n para acuerdos del Consejo de Gobierno¡±, detalla el magistrado en su reciente oficio dirigido a la asesor¨ªa jur¨ªdica de la Consejer¨ªa de Salud y Consumo.

Es decir, el magistrado quiere escrutar y comprender bajo qu¨¦ motivos se aprobaron ciertos expedientes con los contratos millonarios de emergencia que se elevaron al Consejo de Gobierno hasta el a?o pasado. La c¨²pula del Ejecutivo auton¨®mico acord¨® en 2020 sustituir el control previo del gasto de los expedientes por el control financiero permanente, que no escrutaba los documentos antes de su abono.

En paralelo, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n busca aclarar si los tres directores generales del SAS investigados por prevaricaci¨®n ¡ªla actual y sus dos predecesores¡ª dictaron resoluciones ¡°injustamente contrarias a la legalidad¡±, dado que estas decisiones derivaron en los contratos de emergencia millonarios que se elaboraron ¡°sin presuntamente habilitaci¨®n legal ni presupuestaria¡±, reza un escrito incorporado a la causa. Esto es, el ministerio p¨²blico quiere indagar los contratos para aclarar si ten¨ªan o no cobertura legal.

La defensa del exdirector del SAS Diego Vargas recurri¨® ante el Juzgado de Instrucci¨®n 13 la entrega de informaci¨®n al juzgado por parte de la C¨¢mara de Cuentas y a continuaci¨®n Anticorrupci¨®n ha contestado al argumentar por qu¨¦ es necesaria. La Fiscal¨ªa quiere aclarar las cinco resoluciones que elevaron la contrataci¨®n de emergencia hasta los 242 millones, entre el 20 de enero de 2021 y el 17 de mayo de 2023. ¡°La documental [requerida por la Fiscal¨ªa] tiene por objeto investigar unos concretos hechos de apariencia delictiva (¡­) a trav¨¦s de las citadas resoluciones y contratos singulares suscritos por los directores gerentes del SAS han sido injustamente contraria a la legalidad, y no una revisi¨®n general de la contrataci¨®n efectuada por la Junta¡±, subrayan los fiscales delegados de Anticorrupci¨®n en su escrito firmado el este martes.

En paralelo, a trav¨¦s de sus oficios, el juez busca detalles de la aprobaci¨®n por parte de la c¨²pula de la Junta de sustituir el control previo de determinados gastos y servicios por el control financiero permanente. Tras la petici¨®n masiva de informaci¨®n para estudiar todos los contratos de emergencia por parte de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, el juez ha accedido y ha firmado siete oficios dirigidos al SAS, su asesor¨ªa jur¨ªdica, la Intervenci¨®n General de la Junta, la Intervenci¨®n delegada en el SAS, la Secretar¨ªa de la Junta Consultiva de Contrataci¨®n P¨²blica del Estado y la C¨¢mara de Cuentas andaluza.

Mientras, la causa tiene visos de seguir creciendo pese a que la Junta lo tild¨® de ¡°querella pol¨ªtica¡±, y la acusaci¨®n popular que ejerce el PSOE andaluz ¡ªque present¨® la querella inicial que desencaden¨® la investigaci¨®n¡ª ha reclamado al juez una bater¨ªa de nuevas medidas. Entre ellas, le pide que obligue al SAS a entregar m¨¢s documentaci¨®n, incluidos todos los informes jur¨ªdicos del SAS y los expedientes completos de contrataci¨®n de servicios m¨¦dicos con empresas privadas desde 2015 hasta la actualidad, tanto por emergencia como por cualquier otra modalidad, para as¨ª comparar los precios de los servicios antes y despu¨¦s de la pandemia.

La tesis que subyace en esta petici¨®n es averiguar si bajo la excusa de la emergencia sanitaria por la covid-19 se inflaron los precios para que la Administraci¨®n pagara m¨¢s por los servicios que ya se prestaban antes. Entre la documentaci¨®n, el SAS deber¨¢ entregar todos los expedientes y facturas emitidas por las empresas para cada servicio de cada contrato de emergencia. Es decir, miles de documentos.

El PSOE sostiene que la Administraci¨®n pudo no haber comprobado si los hospitales realizaron o no los servicios contratados por la Administraci¨®n, incluidos las intervenciones y operaciones m¨¦dicas de cada cl¨ªnica privada. ¡°En el contexto de descontrol total provocado por la ausencia de procedimiento, este ser¨ªa el ¨²nico medio de investigar la posibilidad de que las cl¨ªnicas privadas hayan podido facturar servicios realmente no prestados¡±, reza el escrito.

En paralelo, los socialistas piden la declaraci¨®n como testigo de la interventora central del SAS, Victoria L¨®pez, como autora de los informes definitivos de control de cumplimiento entre 2021 y 2023. Los socialistas reclaman al juez asimismo que la Intervenci¨®n General del Estado (IGAE) examine la prolija documentaci¨®n a trav¨¦s de sus peritos especializados, para que dictaminen si ha habido da?o a los fondos p¨²blicos y en tal caso su dimensi¨®n econ¨®mica.