Euskadi aborda el debate sobre los terceros grados a etarras
La inmensa mayor¨ªa de los presos etarras asumen la legalidad penitenciaria y 41 de 131 se han beneficiado
El proceso de normalizaci¨®n de Euskadi, con sus limitaciones, sigue su curso. Los 141 presos etarras son una secuela de la etapa terrorista que protagonizaron, como lo es la memoria de sus 853 v¨ªctimas mortales y de las de otras violencias. La inmensa mayor¨ªa de los 141 presos etarras ¡ª131 en c¨¢rceles vascas, 6 en Navarra y 4 en Francia¡ª se acoge a la legalidad penitenciaria en contraste con su hist¨®rico rechazo. El uso que el PP y Vox hacen del terrorismo para desgastar al Gobierno de Pedro S¨¢nchez por sus pactos parlamentarios con EH-Bildu ¡ªel ¨²ltimo episodio fue en octubre por la transposici¨®n de la directiva europea sobre la reducci¨®n de las penas cumplidas por los etarras en Francia¡ª tapa con su ruido medi¨¢tico los debates en Euskadi.
Alejado del ruido pol¨ªtico y medi¨¢tico, el debate vasco marcha por otros derroteros, con la novedad de que las competencias de instituciones penitenciarias han pasado del PNV al PSE-EE, tras las pasadas elecciones auton¨®micas. Sobre una poblaci¨®n penitenciaria vasca de 1.725 presos, hay 131 etarras, a los que se a?aden 6 en la c¨¢rcel de Pamplona y 4 en Francia, cifras muy alejadas de los 800 reclusos de la organizaci¨®n terrorista en la etapa de gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero.
La cifra de 141 disminuir¨¢ progresivamente, efecto derivado de la disoluci¨®n de ETA. En pocos a?os ser¨¢n escasas decenas: los condenados por el C¨®digo Penal de 2003, que elev¨® de 30 a 40 a?os la pena m¨¢xima a cumplir, y que, seg¨²n Etxerat ¡ªorganizaci¨®n de apoyo a los presos etarras¡ª afecta a unos 60 de ellos. La nueva consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, la socialista Mar¨ªa Jes¨²s San Jos¨¦, ha insistido en que los presos etarras cumplir¨¢n sus condenas y que reforzar¨¢ la motivaci¨®n para acceder a los terceros grados, que permiten a los presos salir de prisi¨®n mientras termina la pena.
El debate se centra hoy, por tanto, en esa concesi¨®n de los terceros grados, intensificada con el traspaso, hace tres a?os, de la competencia de instituciones penitenciarias a la comunidad vasca, como ya ejerce la catalana. De la mencionada cifra de 131 presos etarras que cumplen condena en las c¨¢rceles vascas, 41 est¨¢n en tercer grado. Los terceros grados los concede la junta de tratamiento de las prisiones, aunque pueden paralizarse por un recurso de la Fiscal¨ªa que dirime el juez de vigilancia penitenciaria.
El a?o 2022 fue el primero que el Gobierno vasco tuvo la competencia en instituciones penitenciarias y concedi¨® 451 terceros grados, de los que 32 fueron para presos de ETA. En 2023, de 443, 21 fueron para los presos etarras. Y en 2024, de 395 lo fueron 24. Son siete desde que, en junio, se produjo el relevo en instituciones penitenciarias del PNV al PSE.
La nueva consejera respaldar¨¢ los terceros grados para los presos etarras si, una vez cumplidos los tiempos m¨ªnimos de condena fijados legalmente, re¨²nen los requisitos del art¨ªculo 72.6 de la Ley General Penitenciaria: signos inequ¨ªvocos de abandono del terrorismo; reconocimiento de la autor¨ªa del atentado, del da?o causado a las v¨ªctimas y a la sociedad, responsabilidad civil y colaboraci¨®n con la justicia. ¡°El tercer grado no es un derecho. Hay que gan¨¢rselo¡±, se?ala la consejera, que recalca la reinserci¨®n y convivencia como objetivos, finalizado el terrorismo.
La inmensa mayor¨ªa de los presos etarras en c¨¢rceles vascas ¡ªla excepci¨®n es de una decena, seg¨²n algunas estimaciones¡ª se acogen a la legalidad penitenciaria desde que ETA se disolvi¨® hace m¨¢s de seis a?os y est¨¢n intensificando una evoluci¨®n hacia la reinserci¨®n, recogida en los expedientes de seguimiento individual que elaboran los educadores sociales y psic¨®logos. Esa evoluci¨®n se ha reforzado tras el acercamiento de los presos etarras a las c¨¢rceles vascas y a ella contribuye el reconocimiento de la izquierda abertzale a las v¨ªctimas de ETA. Una evoluci¨®n positiva, pero insuficiente por la inexistente autocr¨ªtica por su pasada complicidad con el terrorismo.
En una reciente intervenci¨®n p¨²blica, la magistrada In¨¦s Soria, principal asesora penitenciaria del Gobierno vasco, valoraba el reconocimiento de la legalidad penitenciaria por los presos etarras, en contraste con su hist¨®rico rechazo, y subrayaba c¨®mo en sus textos manuscritos, que se adjuntan a su expediente, reconocen el da?o causado de manera personalizada. Eso, a diferencia de su pasado reciente, en que segu¨ªan f¨®rmulas uniformes. Soria propone, a la vez, mejorar el acceso de las v¨ªctimas que lo deseen a conocer el proceso del victimario.
Covite, la asociaci¨®n vasca de v¨ªctimas m¨¢s representativa, considera insuficiente el cumplimiento de estos requisitos para que los presos etarras accedan al tercer grado. ¡°?Por qu¨¦ he de creer lo que dice una carta de un tipo que es reivindicado por la izquierda abertzale y que les proh¨ªbe expresamente arrepentirse?¡±, se?alaba recientemente Consuelo Ord¨®?ez, presidenta de la organizaci¨®n, que propon¨ªa una reforma legal para que los presos etarras se arrepientan p¨²blicamente para acceder al tercer grado. Y situaba como referente la v¨ªa Nanclares de acceso al tercer grado para presos p¨²blicamente arrepentidos, que estaba vigente con ETA activa.
Txema Urquijo, propulsor de la v¨ªa Nanclares con Maixabel Lasa desde la Direcci¨®n de V¨ªctimas del Pa¨ªs Vasco, recuerda que aquella f¨®rmula ten¨ªa un componente ¨¦tico y que sus encuentros restaurativos ¡ªentre v¨ªctimas y victimarios¡ª pretend¨ªan la reparaci¨®n a las v¨ªctimas mientras que la v¨ªa que hoy sigue el Gobierno vasco es el simple cumplimiento de la legalidad.
Considera que el actual Ejecutivo auton¨®mico se ajusta a la legalidad penitenciaria. ¡°La ley exige a los presos colaborar con la justicia, pero no cita expresamente ni la delaci¨®n ni el arrepentimiento que es un sentimiento. Hay varias formas de colaborar con la justicia, seg¨²n han dictaminado los tribunales como la disidencia con el terrorismo. La ley no es taxativa e instituciones penitenciarias debe seguir, como dice, un tratamiento individualizado con los presos etarras y valorar su evoluci¨®n¡±.
Urquijo estima tambi¨¦n que, como se?ala Covite, ¡°la existencia de instrucciones de control por la izquierda abertzale es un freno a la evoluci¨®n individualizada de los presos etarras y eso obliga a instituciones penitenciarias a extremar el celo al valorar lo que dice la ley¡±.
In¨¦s Soria se?ala que las instituciones penitenciarias trabajan por, seg¨²n su opini¨®n, hacer que lo legalmente posible sea lo deseable. En esa l¨ªnea, Instituciones Penitenciarias insiste en valorar la reciente evoluci¨®n de los presos etarras al asumir una legalidad penitenciaria que rechazaban hist¨®ricamente y cuya asunci¨®n muestra la victoria de la democracia sobre el terrorismo. Adem¨¢s, considera mejor que los presos para salir de la c¨¢rcel reconozcan el da?o causado, aunque no lo publiciten, a que cumplan ¨ªntegramente sus condenas sin reconocer nada.
La cuesti¨®n de los presos etarras, como la memoria y la educaci¨®n sobre el reto terrorista, evidencia como cuesti¨®n de fondo la autocr¨ªtica pendiente de la izquierda abertzale sobre su pasada complicidad con ETA. Pese a los ruidosos ataques de la derecha pol¨ªtico y medi¨¢tica, PSE y PNV mantienen la presi¨®n sobre los abertzales cerr¨¢ndoles el paso al Gobierno vasco, pese a que son la segunda fuerza de Euskadi, mientras no realice esa autocr¨ªtica.
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