El juez pregunta a la Guardia Civil si puede recuperar los mensajes del fiscal general

El magistrado ?ngel Luis Hurtado, instructor del Tribunal Supremo, ha preguntado este martes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil si puede recuperar los mensajes del tel¨¦fono del fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, que ¡°pudieran haber existido asociados¡± a los dos n¨²meros de m¨®vil que utilizaba. El juez hace este movimiento despu¨¦s de que los agentes confirmaran la pasada semana que Garc¨ªa Ortiz ¡°cambi¨® de terminal telef¨®nico¡± el 23 de octubre de 2024, siete d¨ªas despu¨¦s de que el alto tribunal abriese la causa para investigarlo por la denuncia presentada por Alberto Gonz¨¢lez Amador, novio de Isabel D¨ªaz Ayuso (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid.

Paralelamente, el instructor de la causa contra el fiscal general ha ordenado a dos operadoras telef¨®nicas (Movistar y Vodafone) que faciliten el tr¨¢fico de las llamadas emitidas y recibidas entre el 8 y el 14 de marzo de 2024 (el periodo bajo sospecha), as¨ª como los titulares de las l¨ªneas entre las que se produjeron estas comunicaciones. A su vez, el magistrado ordena que se aporten los paquetes de datos emitidos y recibidos.

Con esta iniciativa, el juez ?ngel Hurtado prosigue con su b¨²squeda de indicios contra el fiscal general. De momento, la UCO no ha encontrado pruebas que demuestren que Garc¨ªa Ortiz dio la orden de filtrar un correo electr¨®nico enviado por la defensa de Gonz¨¢lez Amador al ministerio p¨²blico el pasado 2 de febrero, donde se admit¨ªa que la pareja de Ayuso hab¨ªa cometido un fraude fiscal y se propon¨ªa llegar a un acuerdo para evitarle la entrada en prisi¨®n. El contenido de este email (as¨ª como una copia del mismo) se public¨® en varios medios entre la noche del 13 de marzo y la ma?ana del 14, y sirvi¨® para desmontar un bulo que estaba difundiendo el equipo de la presidenta regional ¡ªcon su jefe de gabinete, Miguel ?ngel Rodr¨ªguez, a la cabeza¡ª. Los populares propagaron la mentira de que era la Fiscal¨ªa quien hab¨ªa ofrecido el pacto, pero que despu¨¦s lo hab¨ªa retirado por ¡°¨®rdenes de arriba¡±, como si fuera una especie de chantaje con fines pol¨ªticos para desgastar a la dirigente del PP.

El periodo bajo sospecha

Otro discusi¨®n prosigue en el seno del procedimiento. La Asociaci¨®n Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), personada como acusaci¨®n popular, ha reclamado al juez que ampl¨ªe el periodo de tiempo que ha puesto bajo sospecha (del 8 al 14 de marzo), lo que supondr¨ªa poder intervenir y analizar m¨¢s mensajes y llamadas del fiscal general. APIF quiere que se intercepten las comunicaciones desde el 20 de febrero hasta la fecha en que se incauto el m¨®vil de Garc¨ªa Ortiz ¡ªse le aprehendi¨® el 30 de octubre durante el registro de su despacho¡ª. Pero el magistrado ha rechazado esa pretensi¨®n.

¡°Aunque haya habido comunicaciones desde el 20 de febrero (d¨ªa en que se judicializa por Fiscal¨ªa la denuncia contra Gonz¨¢lez Amador), es muy fr¨¢gil la sospecha que permita relacionarla con alguna que pudiera tener que ver con la din¨¢mica delictiva que se investiga¡±, dice el juez Hurtado en su resoluci¨®n para descartar la medida, donde a?ade que ¡°son menos las razones¡± para extender el plazo en d¨ªas posteriores al 14 de marzo.

El magistrado descarta igualmente la solicitud de las defensas, que instaron a limitar el plazo bajo sospecha a unas 12 horas: aproximadamente, desde las 22.00 del 13 de marzo a las 10:20 del 14 de marzo ¡ªes decir, desde que se publican las primeras noticias tergiversadas que aseguran que la Fiscal¨ªa ha ofrecido un pacto a Gonz¨¢lez Amador; y hasta que el ministerio p¨²blico difunde una nota de prensa para desmentirlo¡ª. ¡°[Este periodo] es solo el momento en que tiene lugar la presumible divulgaci¨®n [del email del novio de Ayuso], la cual no se puede entender sino como el desenlace final de una serie de acontecimientos coordinados y encaminados a ella, que tuvieron que tener lugar con anterioridad a la propia divulgaci¨®n¡±, afirma el juez.