El PP obvia dos resoluciones de la Audiencia Nacional para acusar al fiscal general de alinearse con ETA

El PP ha azuzado de nuevo la tesis de que el fiscal general del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, se ha alineado con la extinta ETA. En las ¨²ltimas dos semanas, la formaci¨®n conservadora ha ignorado dos dict¨¢menes de la Audiencia Nacional que contradicen su teor¨ªa y le ha vuelto a reprochar a Garc¨ªa Ortiz que el ministerio p¨²blico haya defendido que han prescrito las imputaciones contra tres exjefes de la organizaci¨®n terrorista por su supuesta implicaci¨®n en el secuestro y asesinato en 1997 de Miguel ?ngel Blanco, concejal del PP en Ermua (Bizkaia). ¡°?Estar¨¢ del lado de las v¨ªctimas o del de los verdugos?¡±, le critic¨® este lunes la senadora popular Pepa Pardo, que obvi¨® que tres magistrados han respaldado la posici¨®n defendida por la Fiscal¨ªa en este tema.

La principal fuerza de la oposici¨®n, liderada por Alberto N¨²?ez Feij¨®o, hace meses que ha colocado a Garc¨ªa Ortiz en la diana con el objetivo de desgastar tambi¨¦n al Gobierno. En esta l¨ªnea, este martes, el PP aprovech¨® la comparecencia del fiscal general en el Senado ¡ªadonde acudi¨® para informar de la ¨²ltima memoria de su departamento¡ª para cargar contra el m¨¢ximo representante del ministerio p¨²blico. La senadora Pepa Pardo arremeti¨® principalmente contra ¨¦l por su imputaci¨®n por un supuesto delito de revelaci¨®n de secretos en el caso del novio de Isabel D¨ªaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero la parlamentaria no se qued¨® ah¨ª y recuper¨® las acusaciones de connivencia con ETA.

¡°Memoria democr¨¢tica es hacer todo lo posible por esclarecer los m¨¢s de 300 asesinatos sin resolver de ETA. ?Y qu¨¦ ha hecho usted? Un p¨¢rrafo ha dedicado en su memoria¡±, arranc¨® la pol¨ªtica del PP, que le censur¨® entonces que ¡°un fiscal bajo sus ¨®rdenes¡± propusiese el archivo de la causa contra tres exjefes de la banda por prescripci¨®n. ¡°?Estar¨¢ del lado de las v¨ªctimas o del de los verdugos?¡±, prosigui¨® la popular, que a?adi¨®: ¡°?Qu¨¦ indecencia y qu¨¦ inmoralidad! Usted no puede seguir ni un minuto m¨¢s en su cargo¡±.

Daniel Portero, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y presidente de la asociaci¨®n Dignidad y Justicia, lanz¨® unos ataques similares la pasada semana: ¡°Estamos asistiendo en directo a la degradaci¨®n de la carrera fiscal y a la perversi¨®n de la figura del ministerio p¨²blico del Estado, que est¨¢ dejando de ser del Estado para convertirse en la correa de transmisi¨®n del presidente del Gobierno, que por mantenerse en la poltrona se traga los votos de sangre de quienes asesinaron a mi padre y a cientos de personas inocentes y heroicas¡±, afirm¨® en una nota de prensa.

Ese duro tono ya ha sido usado antes en este mismo tema. En 2022, el senador Luis Santamar¨ªa se dirig¨ªa as¨ª al fiscal general al abordar el mismo asunto: ¡°?Por qu¨¦ no quiere usted que sean juzgadas las personas que fueron los autores intelectuales del asesinato de Miguel ?ngel Blanco? Pues para sostener la mayor¨ªa de Gobierno que sostiene a su jefe, el se?or S¨¢nchez¡±, le cuestion¨® el parlamentario, que lo acus¨® de mantener una ¡°actitud de complicidad o colaboraci¨®n¡± con la banda terrorista.

Mientras el PP se afana en atacar a Garc¨ªa Ortiz por el criterio t¨¦cnico que se ha defendido en la causa sobre el asesinato de Miguel ?ngel Blanco, los populares obvian que existen ya dos resoluciones de la Audiencia Nacional que respaldan la posici¨®n del ministerio p¨²blico. De esta forma, los conservadores evitan hacer cualquier cr¨ªtica a los magistrados que firman esos dict¨¢menes.

El pasado octubre, tres jueces de la Audiencia Nacional (Juan Francisco Martel, Francisca Mar¨ªa Ramis y Ferm¨ªn Javier Echarri) declararon prescritas las acusaciones contra tres exjefes de ETA (Mar¨ªa Soledad Iparraguirre, alias Anboto; Mikel Albisu, Mikel Antza; e Ignacio Miguel Gracia Arregui, I?aki de Renter¨ªa), que hab¨ªan sido procesados el abril anterior por el atentado contra Miguel ?ngel Blanco. El tribunal concluy¨® que la causa no se hab¨ªa dirigido contra ellos hasta casi 25 a?os despu¨¦s del crimen, cuando el plazo de prescripci¨®n era de 20.

Seg¨²n sendas resoluciones de estos magistrados, la posici¨®n de la Fiscal¨ªa era la correcta y, de no haberse archivado el proceso contra estos tres exjefes de la banda terrorista, se estar¨ªan ¡°vulnerando los principios de legalidad, de seguridad jur¨ªdica, de irretroactividad de normas sancionadores no favorables y de prohibici¨®n de la arbitrariedad de los poderes p¨²blicos¡±. Es m¨¢s, el tribunal remachaba que deb¨ªa adoptarse esta decisi¨®n, ¡°precisamente, en defensa del Estado de derecho que otros han intentado arrebatarnos a trav¨¦s de actos de subversi¨®n del orden constitucional, de desestabilizaci¨®n de las estructuras pol¨ªticas o econ¨®micas y de aterrorizaci¨®n social (no del todo superados)¡±.

Tras esta resoluci¨®n de la Audiencia Nacional, el PP y la asociaci¨®n Dignidad y Justicia recurrieron al Tribunal Supremo para tratar de revocar el archivo por prescripci¨®n. La mayor¨ªa de la junta de fiscales de la secci¨®n Penal del Supremo (13 de 16) votaron la pasada semana a favor de adherirse a esas alegaciones al considerar, seg¨²n explic¨® la agencia Europa Press, que la Audiencia se extralimit¨® al adoptar su decisi¨®n porque carec¨ªa de competencias para ello. Sin embargo, debido a las discrepancias entre los jefes de la secci¨®n, la decisi¨®n de sumarse a los recursos ha quedado en manos de la teniente fiscal del Supremo, Mar¨ªa ?ngeles S¨¢nchez Conde. Lo apruebe o no, el alto tribunal resolver¨¢ despu¨¦s sobre el fondo del asunto.