La Audiencia Nacional declara prescritas las acusaciones contra la exjefa etarra Anboto por el asesinato de Miguel ?ngel Blanco

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha declarado prescritas las acusaciones contra la etarra Mar¨ªa Soledad Iparraguirre, alias Anboto, por el secuestro y asesinato en 1997 de Miguel ?ngel Blanco, concejal del PP en Ermua (Bizkaia). El tribunal, que da la raz¨®n a la Fiscal¨ªa, marca as¨ª el camino a seguir respecto a las imputaciones que tambi¨¦n penden sobre otros dos exjefes de ETA (Mikel Albisu, Mikel Antza; e Ignacio Miguel Gracia Arregui, I?aki de Renter¨ªa), procesados el pasado abril junto a Anboto y Jos¨¦ Javier Arizcuren, Kantauri, por el atentado contra el edil popular.

A trav¨¦s de una resoluci¨®n fechada este mi¨¦rcoles, los magistrados aceptan el recurso del abogado de Iparraguirre, al que se sum¨® la Fiscal¨ªa. Estos defend¨ªan que, desde que se cometi¨® el crimen (el 13 de julio de 1997) hasta que se dirigi¨® la querella contra Anboto, hab¨ªan trascurrido casi 25 a?os, cuando el plazo de prescripci¨®n era de 20. En opini¨®n del tribunal, no les queda otra que archivar el caso contra la exjefa etarra: ¡°De lo contrario, se vulnerar¨ªan los principios de legalidad, de seguridad jur¨ªdica, de irretroactividad de normas sancionadores no favorables y de prohibici¨®n de la arbitrariedad de los poderes p¨²blicos¡±.

La Audiencia Nacional insiste en que toma esta decisi¨®n, ¡°precisamente, en defensa del Estado de Derecho que otros han intentado arrebatarnos a trav¨¦s de actos de subversi¨®n del orden constitucional, de desestabilizaci¨®n de las estructuras pol¨ªticas o econ¨®micas y de aterrorizaci¨®n social (no del todo superados)¡±.

Esta resoluci¨®n inflige un enorme rev¨¦s a las acusaciones populares (entre ellas, el PP), que quer¨ªan que se aplicara una ley que entr¨® en vigor en 2010 y que declar¨® imprescriptibles los delitos de terrorismo con resultado de muerte. La Sala de lo Penal rechaza esta argumentaci¨®n de forma tajante: ¡°No encontramos resoluciones actuales [en nuestro ordenamiento jur¨ªdico y en nuestra jurisprudencia] que proclamen la vigencia de la tesis de retroactividad de normativa penal que se proclama; esto es, aquella que considera que una ampliaci¨®n del plazo de prescripci¨®n pueda aplicarse inmediatamente a la persecuci¨®n penal de hechos que no hab¨ªan prescrito en el momento de su entrada en vigor¡±.

¡°Hemos de acogernos a lo establecido en la ley penal y la jurisprudencia que la interpreta, en evitaci¨®n de las funestas consecuencias que origin¨® la llamada doctrina Parot que luego fue revocada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)¡±, insiste la resoluci¨®n, firmada por los magistrados Juan Francisco Martel, Francisca Mar¨ªa Ramis y Ferm¨ªn Javier Echarri. Los jueces se refieren as¨ª a la resoluci¨®n de 2013 del TEDH que declar¨® que Espa?a y el Tribunal Supremo hab¨ªan vulnerado derechos fundamentales y la propia Constituci¨®n al interpretar de forma retroactiva que se pod¨ªa aumentar el tiempo de estancia en prisi¨®n de ciertos reos al aplicar los beneficios penitenciarios sobre el total de la pena impuesta en lugar de sobre el periodo m¨¢ximo de cumplimiento efectivo.

La Audiencia Nacional acogi¨® el pasado 23 de septiembre dos vistas para debatir los recursos de Anboto, Antza y Renter¨ªa por su procesamiento por el asesinato de Miguel ?ngel Blanco. La resoluci¨®n conocida este mi¨¦rcoles se refiere solo a la primera de ellas. El tribunal tiene pendiente emitir un segundo dictamen sobre los otros dos terroristas. En el caso de Kantauri, tambi¨¦n acusado, el caso se dirigi¨® contra ¨¦l en 2016, antes de que se cumplieran los 20 a?os desde el atentado.

En julio de 2022, el magistrado Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, que ha dirigido el Juzgado Central de Instrucci¨®n 6 hasta su jubilaci¨®n este septiembre, cit¨® a declarar como imputados a Antza, Kantauri y Anboto tras recibir un contundente informe de la Guardia Civil que se?alaba a estos exdirigentes de la banda como ¨²ltimos responsables del atentado contra el concejal del PP de Ermua. Entonces, el juez ya declar¨® los hechos prescritos para Renter¨ªa, pero la Sala de lo Penal revoc¨® esta decisi¨®n en febrero de 2023 y reintrodujo a dicho terrorista en la causa (con el objetivo de decidir sobre este tema m¨¢s adelante, como ha ocurrido).

La instrucci¨®n se mantuvo viva hasta abril de 2024, cuando se proces¨® a los cuatro exmiembros de la c¨²pula de ETA (Antza, Kantauri, Anboto y Renter¨ªa) por el crimen de 1997. El instructor puso sobre la mesa la tesis de que, pese a que no fueron los autores materiales del atentado contra el edil, ten¨ªan el dominio absoluto del grupo armado y pod¨ªan haber evitado su muerte. Es decir, seg¨²n el sumario, estos habr¨ªan se?alado a Blanco como objetivo y, adem¨¢s, no frenaron su asesinato durante los d¨ªas que estuvo secuestrado, pese a que pod¨ªan haberlo hecho.

Entre otros indicios, la investigaci¨®n se apoya en el testimonio de dos antiguos etarras que declararon como testigos protegidos y que explicaron c¨®mo funcionaba ETA y sus entresijos. Estos arrepentidos detallaron que la banda funcionaba con una estructura muy ¡°jerarquizada¡± y que los comandos deb¨ªan recibir ¨®rdenes precisas de la c¨²pula para atacar a pol¨ªticos. ¡°?Sabe qui¨¦n dio la orden [para matar a Blanco]?¡±, les pregunt¨® el magistrado Garc¨ªa-Castell¨®n. ¡°No, pero seguro que fue el comit¨¦ ejecutivo de ese momento. No lo creo, s¨¦ que seguro fue el comit¨¦ ejecutivo¡±, destac¨® uno de ellos. ¡°Al tratarse de un pol¨ªtico, la decisi¨®n se tomar¨ªa por el aparato pol¨ªtico [...] La responsabilidad fue compartida y eman¨® desde la direcci¨®n de ETA¡±, respondi¨® el otro testigo protegido. ¡°El comando no podr¨ªa haber llevado a cabo el asesinato [tras el secuestro] si no hubiera recibido las ¨®rdenes del comit¨¦ ejecutivo, puesto que hab¨ªa impuestas unas condiciones, que el comando no ten¨ªa por qu¨¦ saber si se hab¨ªan cumplido o no [...] Finalmente lo asesinaron, y eso cont¨® con la aprobaci¨®n de la direcci¨®n de ETA, seguro¡±.