El fiscal del Estado afirma que dimitir ser¨ªa ¡°una concesi¨®n a los delincuentes¡±
Garc¨ªa Ortiz defiende el borrado de sus comunicaciones: ¡°Tengo derecho a proteger mis datos y de los que soy custodio¡±
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El fiscal general del Estado soport¨® este martes en el Senado el imponente apedreamiento verbal del PP, secundado por Vox, que por momentos rebas¨® la frontera del insulto. La senadora popular Pepa Pardo lleg¨® a acusar a ?lvaro Garc¨ªa Ortiz de actuar ¡°al m¨¢s puro estilo de un vulgar delincuente¡±, mientras Paloma G¨®mez, de Vox, sentenciaba que ¡°tiene la vida y el prestigio totalmente destrozados¡±. Garc¨ªa Ortiz evit¨® el enfrentamiento directo tras subrayar que ¨¦l no puede ¡°entrar al combate pol¨ªtico¡±, pero se defendi¨® con ardor. No piensa dimitir porque eso constituir¨ªa, aleg¨®, ¡°una concesi¨®n a los delincuentes¡±. Reiter¨® que siempre ha borrado ¡°regularmente¡± los datos de sus dispositivos electr¨®nicos. Y apelando a una directiva europea que as¨ª lo prescribe, remach¨®: ¡°Tengo derecho a proteger mis datos personales y de los que soy custodio¡±.
Una semana despu¨¦s de que la juez decana de Madrid y un fiscal del Supremo participasen en un acto organizado por el PP en el Congreso para criticar al Gobierno, la senadora popular Pardo reconvino a Garc¨ªa Ortiz por entrar a la comisi¨®n del Senado donde se iba a celebrar su comparecencia acompa?ado de miembros del PSOE. El resto de los integrantes de su bancada jale¨® la protesta con ese suced¨¢neo de aplauso que se practica en las comisiones de las Cortes: golpeando los pupitres. Entre ellos, la portavoz del grupo popular, Alicia Garc¨ªa, y su sombra en las sesiones de la C¨¢mara alta, el veterano Javier Arenas, ninguno de los cuales pertenece a la comisi¨®n, pero que acudieron a arropar a la oradora.
En un discurso le¨ªdo de principio a fin, Pardo no dio tregua al fiscal. Incluso le neg¨® la bienvenida para afearle que haya estado meses demorando la comparecencia solicitada por el PP. La senadora popular obvi¨® por completo la intervenci¨®n inicial de Garc¨ªa Ortiz, que durante 45 minutos hab¨ªa repasado las actuaciones de la Fiscal¨ªa ¡ªese era el motivo que figuraba en el orden del d¨ªa¡ª en cuestiones de lo m¨¢s diverso, de la violencia de g¨¦nero a los delitos de odio, la corrupci¨®n o el acoso a menores en las redes sociales.
Pardo no se detuvo ni en uno solo de esos asuntos. Entr¨® directamente a exigir la dimisi¨®n del m¨¢ximo responsable del Ministerio P¨²blico por su imputaci¨®n en el Tribunal Supremo, acusado de revelar datos del fraude fiscal del novio de la presidenta madrile?a ¡°con el ¨²nico objetivo de destruir a una adversaria pol¨ªtica¡±, apostill¨® la senadora. Entre continuas descalificaciones ¡ª¡°indecencia¡±, ¡°servilismo¡±, ¡°no tiene la m¨ªnima dignidad¡±¡¡ª o la atribuci¨®n a ¨¦l de decisiones de otras instancias ¡ªcomo el archivo de la causa por el asesinato de Miguel ?ngel Blanco¡ª, la representante del PP lo acus¨® desde ¡°imponer la censura a los medios de comunicaci¨®n¡± hasta ¡°dinamitar el Estado de derecho¡±. Cuando le lleg¨® el turno, el socialista Jos¨¦ Mar¨ªa Oleaga exclam¨®: ¡°Ha superado todos los l¨ªmites de lo que yo hab¨ªa visto¡±.
Garc¨ªa Ortiz comenz¨® su r¨¦plica con una precisi¨®n: el fiscal general del Estado siempre ha obedecido a una ¡°leg¨ªtima designaci¨®n del Gobierno¡± y, por tanto, enfatiz¨®, su nombramiento no puede ser considerado como un ¡°asalto a las instituciones¡±. Lament¨® por ¡°innecesarios¡± algunos ataques ¡ªen una intervenci¨®n posterior ya hablar¨ªa de ¡°insultos¡±¡ª aunque condescendi¨® con el ¡°derecho¡± de los senadores a lanzarlos. Y advirti¨® de que su posici¨®n no le permit¨ªa bajar al barro y meterse en el cuerpo a cuerpo: ¡°Yo no me puedo defender, salir al campo pol¨ªtico y contestar. Si aterrizase en la arena pol¨ªtica, perder¨ªa la neutralidad¡±. Por eso mismo, ¡°criticar al fiscal general del Estado es muy f¨¢cil, lo puede hacer hasta un ni?o de cuatro a?os¡±, asever¨®.
Garc¨ªa Ortiz a¨²n ten¨ªa una segunda precisi¨®n inicial: tampoco le est¨¢ permitido hacer comentarios sobre diligencias judiciales en marcha. Hecha esa salvedad, no eludi¨® el debate sobre su ins¨®lita situaci¨®n tras haber sido imputado por el Supremo. Y se mostr¨® muy rotundo al insistir en que no piensa dimitir porque eso equivaldr¨ªa a una ¡°concesi¨®n a los delincuentes¡±. Para explicar esa afirmaci¨®n, se refiri¨® a grupos como los narcotraficantes que ¡°como vean un ¨¢pice de debilidad en la Fiscal¨ªa, van a aprovecharlo¡±.
¡°Para m¨ª ser¨ªa m¨¢s c¨®modo marcharme, desde el punto de vista profesional, familiar y personal¡±, asegur¨®, antes de a?adir otro argumento para justificar su permanencia en el cargo: ¡°defender mis valores y las instituciones¡±. En ese momento dej¨® caer el ¨²nico reproche a compa?eros de profesi¨®n: confes¨® su ¡°perplejidad¡± por las manifestaciones p¨²blicas de algunos fiscales que, seg¨²n ¨¦l, contribuyen a reforzar los ataques que sufre.
El fiscal se extendi¨® luego en explicar una de sus actuaciones m¨¢s cuestionadas, el borrado de los datos de sus dispositivos electr¨®nicos. Apel¨® a las leyes nacionales y europeas de protecci¨®n de datos que recomiendan su destrucci¨®n peri¨®dica. No solo reivindic¨® el ¡°derecho¡± a defender su ¡°intimidad¡±, sino que recalc¨® que en sus tel¨¦fonos y su correo electr¨®nico hay mucha otra informaci¨®n sensible que concierne a terceras personas.
Garc¨ªa Ortiz evit¨® cualquier cr¨ªtica al juez del Supremo que instruye la causa contra ¨¦l, ?ngel Hurtado, pero desliz¨® algunos comentarios generales. Relat¨® que se ha visto obligado a cambiar de tel¨¦fono y cancelar su cuenta privada de correo electr¨®nico por, seg¨²n dijo, el acoso sufrido tras divulgarse en las diligencias judiciales los n¨²meros y las direcciones. Tambi¨¦n denunci¨® ser v¨ªctima de lo que en derecho se llama la ¡°inversi¨®n de la carga de la prueba¡±. ¡°La inocencia se presume. Por ser fiscal general del Estado no lo soy m¨¢s, pero tampoco menos. Ning¨²n ciudadano est¨¢ obligado a demostrar su inocencia¡±, concluy¨®.
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