El juez reprocha al fiscal general que haya hecho ¡°desaparecer pruebas que le puedan incriminar¡±

El magistrado ?ngel Hurtado, instructor de la causa por revelaci¨®n de secretos abierta al fiscal general del Estado, ha dictado este martes un auto en el que establece que a partir de ahora los anexos de los oficios que realice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no se entreguen a las partes personadas, sino que queden a disposici¨®n de las mismas para su consulta en la secretar¨ªa del tribunal. En el escrito, Hurtado reprocha a ?lvaro Garc¨ªa Ortiz que haya hecho ¡°desaparecer pruebas que le puedan incriminar¡±, en referencia al borrado de los mensajes que realiz¨® ?lvaro Garc¨ªa Ortiz tras ser encausado por revelaci¨®n de secretos. El instructor admite que el borrado del tel¨¦fono ¡°carece de relevancia penal¡±, pero advierte de que ¡°tampoco se debe ignorar que no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucci¨®n penal¡±.

Es la primera vez que el juez se pronuncia sobre la decisi¨®n de Garc¨ªa Ortiz de borrar el contenido de su tel¨¦fono m¨®vil cuando ya estaba siendo investigado por revelaci¨®n de secretos. En su declaraci¨®n ante el juez como investigado el pasado 29 de enero, Garc¨ªa Ortiz asegur¨® que ha cambiado seis veces de tel¨¦fono en los cuatro a?os que lleva al frente de la Fiscal¨ªa General y que habitualmente borra contenido del m¨®vil por seguridad y por ser ¡°una obligaci¨®n legal¡±, ya que tiene informaci¨®n sensible que afecta a multitud de investigaciones penales y a instituciones del Estado.

El instructor, seg¨²n deja entrever en el auto de este martes, no se cree esa explicaci¨®n y acusa al fiscal general del Estado de no colaborar con la justicia: ¡°Es una evidencia que el investigado ha hecho desaparecer pruebas que podr¨ªan encontrarse en sus terminales m¨®viles, y, aunque ha dado distintas explicaciones para hacerlo, de haber mostrado alg¨²n grado de colaboraci¨®n con el esclarecimiento de los hechos, bien pod¨ªa haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparici¨®n, y no aprovechar para realizarlo el d¨ªa 16 de octubre de 2024, cuando es notorio que este Tribunal Supremo se declara competente para conocer de la causa, a ra¨ªz de auto de 15 de octubre¡±.

El auto de este martes marca un salto cualitativo en la tensi¨®n creciente entre el instructor y el fiscal general. Hasta ahora, Hurtado hab¨ªa asegurado en varios escritos que considera que hay indicios suficientes para actuar contra Garc¨ªa Ortiz y ha obviado declaraciones de testigos favorables a la defensa. Pero no hab¨ªa lanzado reproches tan duros ni acusaciones tan directas contra el fiscal general. El instructor ¡°presume¡± que los tel¨¦fonos borrados por Garc¨ªa Ortiz son aquellos con los que este ¡°ha desplegado su actividad delictiva¡± y le reprocha que haya sido necesario realizar una serie de medidas ¡°de investigaci¨®n tecnol¨®gica en b¨²squeda de dispositivos m¨®viles¡± en las que, ¡°previsiblemente, el propio investigado debi¨® haberse representado la posibilidad de encontrar datos relativos a terceros, que no hab¨ªa raz¨®n para descartar que ofrecieran informaci¨®n que contribuyese a ese esclarecimiento de los hechos¡±.

En el auto, el magistrado transcribe un pasaje de la exposici¨®n de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) en la que se hace referencia a que, igual que el investigado tiene derecho a hacer desaparecer pruebas, la justicia lo tiene para buscarlas. ¡°Desde que surge en su mente la idea del delito, o por lo menos desde que, pervertida su conciencia, forma el prop¨®sito deliberado de cometerle, estudia cauteloso un conjunto de precauciones para sustraerse a la acci¨®n de la justicia y coloca al Poder p¨²blico en una posici¨®n an¨¢loga a la de la v¨ªctima, la cual sufre el golpe por sorpresa, indefensa y desprevenida¡±. ¡°Para restablecer, pues, la igualdad en las condiciones de la lucha (...)¡±, contin¨²a ese extracto incorporado por el instructor, ¡°menester es que el Estado tenga alguna ventaja en los primeros momentos siquiera para recoger los vestigios del crimen y los indicios de la culpabilidad de su autor¡±.

La decisi¨®n que ha motivado este auto, no entregar a las partes los anexos de los informes de la UCO, la ha tomado tras la queja de Garc¨ªa Ortiz ante la Sala Penal y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por la difusi¨®n de datos personales, como su direcci¨®n postal, n¨²meros de tel¨¦fono y DNI. A partir de ahora, se?ala el juez, solo se entregar¨¢ el documento con el informe oficial de la Guardia Civil, y los anexos que la complementan quedar¨¢n a disposici¨®n de las partes en la secretar¨ªa del juzgado.

El juez se refiere a las citas que se han hecho al art¨ªculo 236 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial cuando dice que jueces, fiscales y letrados de la Administraci¨®n de Justicia, conforme a sus competencias, podr¨¢n adoptar las medidas necesarias para suprimir datos personales de resoluciones y documentos ¡°siempre que no sean necesarios para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva¡±, y sin que en ning¨²n caso, pueda producirse indefensi¨®n a las partes.