Temporeros abandonados a su suerte en Palos de la Frontera, donde viven en asentamientos chabolistas que son pasto de las llamas
El ¨²ltimo informe del Consejo de Europa censura ¡°la inacci¨®n de las autoridades ante la situaci¨®n humanitaria¡± de los inmigrantes. Las ONG piden que se regularice a sus habitantes y viviendas alternativas
Sabali est¨¢ acostumbrado a convivir con el fuego. Desde que lleg¨® al asentamiento de Baldifresa, en Palos de la Frontera, hace cuatro a?os, su chabola ha sido engullida hasta en cinco ocasiones por las llamas de los incendios que casi cada temporada se suceden en este poblado. El ¨²ltimo, el pasado 13 de mayo, acab¨® con el 70% de las infraviviendas que se empezaron a construir all¨ª hace m¨¢s de 20 a?os. La diferencia respecto de otros fuegos, es que desde hace dos a?os, el Ayuntamiento de este municipio onubense no permite construir sobre tierra quemada, por lo que los temporeros migrantes tienen que rehacer sus casas en las zonas que las brasas han respetado, sin apenas distancia entre las que siguen en pie, favoreciendo que las llamas se propaguen m¨¢s f¨¢cilmente cuando prendan de nuevo.
¡°La m¨ªa estaba en esa zona¡±, dice Sabali, se?alando a una explanada envuelta en tiz¨®n de la que sobresalen neum¨¢ticos, latas y coches calcinados. La estructura de su futura vivienda est¨¢ casi terminada. Falta revestirla de cart¨®n y aislarla con m¨¢s pl¨¢stico. Saca una llave para abrir el candado que cuelga de una cadena con la que protege la puerta de entrada. Dentro, cuatros sof¨¢s desvencijados entre las vigas de madera construidas con pales, son lo ¨²nico de delata que eso ser¨¢ pronto lo m¨¢s parecido a un hogar. ¡°Este a?o el pal¨¦ est¨¢ muy caro. Dos euros cada uno. He utilizado 50, con esos 200 euros podr¨ªa haberme alquilado una habitaci¨®n, pero lamentablemente, en Palos no hay disponibles para tantos como somos¡±, explica se?alando al resto de chabolas ¡ªmuchas todav¨ªa esqueletos a medio construir¨D que se extienden sobre un terreno desolado y desolador, arrasado por el fuego, pero tambi¨¦n por el hacinamiento y el abandono.
Sabali hoy no trabaja y por eso puede avanzar en la construcci¨®n de su vivienda. La mayor¨ªa de las casi 200 personas que a¨²n siguen en el asentamiento ¡ªel incendio ha acelerado la marcha de muchos de ellos a otras campa?as agr¨ªcolas¨D est¨¢ apurando los ¨²ltimos d¨ªas de la temporada de los frutos rojos y se han ido al tajo. ¡°Volver¨¦ ma?ana, que es en lo que he quedado con el jefe¡±, dice este senegal¨¦s de 29 a?os. Sabali no tiene la documentaci¨®n en regla todav¨ªa y trabaja para distintos empleadores que le pagan entre 45 y 47 euros por una jornada de seis horas y media. Lo que cobra est¨¢ por debajo del ¨²ltimo convenio del campo firmado este mismo a?o entre la patronal y CC OO, que fija el salario en 51,10 euros.
La situaci¨®n de Sabali ejemplifica las condiciones sociolaborales en las que sobreviven los trabajadores migrantes en los asentamientos chabolistas de Huelva y que el Grupo de Expertos en Acci¨®n contra la Trata de Seres Humanos (Greta), dependiente del Consejo de Europa, ha denunciado en su ¨²ltimo informe publicado el pasado 12 de junio. En ¨¦l se manifiesta la ¡°profunda preocupaci¨®n por la inacci¨®n de las autoridades ante la situaci¨®n humanitaria que dura muchos a?os y que genera un alto riesgo de tr¨¢fico de personas¡±, en referencia a los poblados chabolistas y al trance de ser explotados laboralmente. Los miembros del Greta visitaron la provincia onubense en 2022 y la eligieron por ser ¡°una de las principales regiones productoras de fresa¡±.
En ese recorrido estuvieron acompa?ados por representantes de Cruz Roja, Mujeres en Zona de Conflicto, C¨¢ritas y Accem, que, hasta junio del a?o pasado, tal y como se?ala el propio informe, ten¨ªa un centro de d¨ªa frente al asentamiento de Palos al que los migrantes acud¨ªan para rellenar garrafas de agua, hacer la colada, ducharse y recargar sus m¨®viles. Esta iniciativa, sufragada por el Gobierno con fondos europeos desde 2008, dej¨® de subvencionarse y ni la Junta de Andaluc¨ªa ni el Ayuntamiento de Palos quisieron financiarlo despu¨¦s. Muchos de los vecinos del poblado echan de menos ese apoyo que, como explica Francisco Villa, su responsable en Huelva, ¡°no es solo el servicio que les prest¨¢bamos, sino una forma para ellos de salir de la monoton¨ªa del poblado, de poder hablar y sentirse escuchados, de poder demostrarnos su val¨ªa¡¡±. Una de sus principales labores ahora es identificar a quienes pueden ser beneficiarios del Ingreso M¨ªnimo Vital o de alguna otra ayuda y tramit¨¢rsela para que puedan salir del asentamiento, explica Villa.
Abu Bakr, malin¨¦s de 36 a?os, y Suso, gambiano de 34, preguntan a Alejandro, uno de los voluntarios de Accem, si el centro va a volver a abrir. Llevan tres semanas trabajando en su nueva chabola. Es la tercera que levantan, una por cada incendio que calcin¨® la anterior. Este a?o han trabajado en los invernaderos menos que otras campa?as. ¡°Los jefes dicen que es que hay poca agua¡±, sonr¨ªe ir¨®nico Suso. Depende del jefe cobran 48 o 50 euros. ¡°El convenio ha subido y nos pagan igual que a los que s¨ª tienen papeles¡±, sostienen. ¡°Si nos pagan menos, les decimos que se queden con su empresa y nosotros nos buscamos otro trabajo, pero hay compa?eros que necesitan el dinero s¨ª o s¨ª y no pueden hacer lo mismo¡±, afirma Suso, que reconoce que si el lomo de fresas va cargado a veces s¨ª les exigen que trabajen una o dos horas m¨¢s de las seis y media permitidas.
M¨¢s inspecciones laborales
El informe del Greta cuestiona que los inspectores de Trabajo no puedan acudir a los asentamientos y que los casos de explotaci¨®n laboral que all¨ª se detecten solo puedan denunciarlos la Guardia Civil. Los expertos reclaman m¨¢s inspectores y mayor dotaci¨®n en los juzgados para poder hacer frente a estos casos. Desde el Gobierno espa?ol se hizo hincapi¨¦ al Consejo de Europa en ¡°su extrema preocupaci¨®n¡± por la situaci¨®n en los asentamientos y en su compromiso por incrementar las acciones de prevenci¨®n en la provincia onubense, aumentando la plantilla de inspectores y el n¨²mero de inspecciones, hasta el punto, se recoge en el informe, de que en 2022, este fue uno de los territorios en los que m¨¢s se ha luchado contra la trata de seres humanos, con 5793 inspecciones.
Desde el Ministerio de Trabajo indican a este diario que la Inspecci¨®n de Trabajo y Seguridad Social ha llevado a cabo 2.201 actuaciones en el sector agrario de la provincia de Huelva entre enero y mayo de este a?o. En total se han registrado 98 infracciones y las sanciones impuestas suman casi 551.000 euros. En materia de econom¨ªa irregular, se han registrado 66 infracciones que han supuesto sanciones por un valor de 194.600 euros. El empleo aflorado suma 45 casos.
Un inspector de trabajo que prefiere no dar su nombre se?ala los condicionantes legales que rodean su trabajo y que limitan su esfera de actuaci¨®n en el caso de los asentamientos. ¡°Solo podemos denunciar los casos de los trabajadores en situaci¨®n irregular que est¨¢n empleados en los invernaderos si los pillamos trabajando, y solo podr¨ªamos actuar en una situaci¨®n de chabolismo si al llegar a una finca constat¨¢ramos que un trabajador vive en un asentamiento cuando en su contrato de trabajo est¨¢ incluida la obligaci¨®n del empresario de proveerle de una vivienda, pero eso es complicado de detectar porque la mayor¨ªa de quienes viven en los asentamientos no tiene contrato de trabajo¡±, se?ala.
¡°Hay m¨¢s bares que vivienda disponible¡±
¡°La situaci¨®n de los asentamientos es una realidad con muchas aristas y se necesitan soluciones reales. Se han incrementado las inspecciones, s¨ª, y hay una mayor implicaci¨®n por parte de las empresas y las administraciones, pero eso no suficiente, ni debe ser la ¨²nica respuesta. Es necesario sensibilizar a la sociedad porque la mayor¨ªa de los que viven en los asentamientos podr¨ªa hacerlo perfectamente fuera de all¨ª y se necesitan pol¨ªticas migratorias que vayan m¨¢s all¨¢ de la regularizaci¨®n a trav¨¦s de un contrato de trabajo, y eso implica la colaboraci¨®n de todos, mientras tanto la situaci¨®n no hace sino empeorar y agravarse¡±, advierte Mar¨ªa Mac¨ªas, presidenta de C¨¢ritas Huelva.
Dotaci¨®n de vivienda digna y regularizaci¨®n son dos de las premisas fundamentales para erradicar el problema de los asentamientos. Dentro de esas alternativas migratorias se ha planteado por parte de las ONG y de CC OO que puedan regularizarse por la v¨ªa de la situaci¨®n de vulnerabilidad -que contempla la ley de Extranjer¨ªa-, a los jornaleros que viven en los asentamientos, m¨¢s all¨¢ de los plazos ordinarios regulados en esa norma.
Las ONG consultadas no comparten la afirmaci¨®n de que la mayor¨ªa de los habitantes de los asentamientos est¨¦n en situaci¨®n de irregularidad administrativa. ¡°Existe esa percepci¨®n, pero hay muchos que s¨ª que tienen la documentaci¨®n, pero que se ven obligados a vivir en los poblados porque no encuentran nada para alquilar y tambi¨¦n est¨¢n los que eligen vivir all¨ª porque no quieren estar alejados de un n¨²cleo urbano y compartir habitaci¨®n con otras personas, la realidad es compleja y las soluciones no son sencillas, pero el problema requiere de una respuesta coordinada, tambi¨¦n con los empresarios¡±, se?ala Villa.
Sabali, Suso y Abu Bakr est¨¢n en la primera situaci¨®n. ¡°En una casa de cuatro personas podemos colaborar cada uno con 150 euros y tener agua y electricidad, eso es mejor a que cualquier d¨ªa el fuego nos pueda hacer da?o, porque estas viviendas son como gasolina, pero es que hay m¨¢s bares que casas en Palos y el Ayuntamiento tampoco hace nada¡±, dice Suso, sin parar de hincar con un martillo los clavos que sobresalen de uno de los pal¨¦s.
Huelva es la segunda provincia con el alquiler m¨¢s caro de Andaluc¨ªa y, a diferencia de Ja¨¦n, no tiene albergues municipales para acoger a los temporeros de la fresa. La orden de contrataci¨®n en origen, Gecco, s¨ª obliga a los empresarios a ofrecer viviendas dignas a las jornaleras que cruzan el Estrecho, pero ese condicionante no viene estipulado en el convenio para el resto de contratos. ¡°Eso es una de las demandas que venimos peleando, porque la escasez de vivienda la padecemos nosotros tambi¨¦n que nos cuesta encontrar pisos para los programas de refugiados. Habr¨ªa que adoptar medidas para conseguir m¨¢s vivienda¡±, indica Villa.
Lepe, Moguer y Lucena del Puerto, tres de los cuatro municipios donde se levantan los asentamientos chabolistas de la provincia, han firmado acuerdos con el resto de las administraciones para construir soluciones habitacionales para los jornaleros. Una respuesta que, aun as¨ª, es insuficiente para las ONG ¨D¡±solo con albergues no se soluciona el problema¡±, advierte Mac¨ªas¨D, pero que s¨ª evidencia un atisbo de sensibilizaci¨®n con este problema, que brilla en comparaci¨®n con la nula respuesta de Palos.
Un problema de los due?os de los terrenos, seg¨²n el alcalde de Lepe
Su Ayuntamiento, gobernado por el popular Carmelo Romero desde 1995, no ha movido ni un dedo por apoyar a quienes llevan siendo sus vecinos desde hace dos d¨¦cadas, en un asentamiento que se levanta justo enfrente de un pol¨ªgono donde est¨¢n la mayor¨ªa de naves que almacenan la fresa que ellos ayudan a recoger. En el ¨²ltimo incendio, como en los anteriores, el consistorio no habilit¨® ning¨²n espacio para que las personas afectadas pudieran pernoctar ni se les busc¨® alojamiento alternativo. Romero sostuvo tras el incendio que ese era un problema de los propietarios de los terrenos sobre los que se levanta el poblado y del ¡°Gobierno de Pedro S¨¢nchez que no les proporciona papeles¡±. Fueron algunos empresarios quienes ofrecieron sus naves, ¡°aunque muchos de los realojados se han ido yendo a otras campa?as agr¨ªcolas¡±, indica Villa, mientras el resto de afectados buscaron refugio en las chabolas de otros compa?eros.
Palos es el ¨²nico municipio que no ha presentado ninguna iniciativa para erradicar el chabolismo en la localidad, pese a tener un super¨¢vit de 27 millones. La ¨²nica decisi¨®n que ha tomado es la de apostar un coche de polic¨ªa en lo alto de la explanada donde se extiende el poblado para asegurarse de que no se construyen m¨¢s chabolas en las zonas quemadas por el fuego.
Fofana, senegal¨¦s de 40 a?os es uno de esos vecinos invisibles para el Ayuntamiento de Palos. Lleva 12 a?os en ese asentamiento. La construcci¨®n de su chabola est¨¢ estancada porque no hay cart¨®n suficiente para todas las infraviviendas que se est¨¢n levantando, duerme al raso. ?l evidencia la cronificaci¨®n del chabolismo en la provincia y la falta de soluciones por parte de las administraciones y los empresarios, un tanto sorprendente si se tiene en cuenta que las previsiones econ¨®micas para Huelva dictaminan que su PIB crecer¨¢ en 2023 un 2,2%, por encima del 1,8% pronosticado para Espa?a.
Riesgo de explotaci¨®n sexual
El informe del Greta también advierte de los casos de explotación sexual y del riesgo de que puedan caer en redes de trata a los que se exponen las mujeres que residen en los asentamientos, de acuerdo con la información trasladada por las ONG que colaboraron con los expertos del Consejo de Europa en su visita a Huelva, aunque se “no se han identificado casos de víctimas de trata” en los poblados. “Hay vacíos legales en la orden Gecco en donde el Ministerio no es competente y es la Junta la que debería actuar”, explica Ana Martín, portavoz de Mujeres en Zona de Conflicto, otra de las ONG que acompañó a los miembros del Greta, para explicar por qué acaban muchas mujeres marroquíes en los asentamientos. “Hay falta de información previa para que ellas decidan primero si quieren venir a trabajar a España y una vez aquí a qué pueden atenerse”, señala. Martín denuncia que a muchas de las jornaleras que vienen con el programa de contratación en origen, caen en el engaño de quienes les incitan a que se queden más allá de los meses que contempla la orden y, al final, son utilizadas para enganchar campañas en otras provincias, sin derechos ni protección. “Ellas ya son un colectivo vulnerable, y al llegar aquí sufren más vulnerabilidad”, recalca. Martín reivindica la existencia de un servicio de mediación dependiente de la Junta, que es la que tiene las competencias en esta materia, -más allá del que prestan las propias empresas-, dotado de personas suficientes para poder estar presentes y ayudar a estas mujeres en el momento en el que les surgen las dudas sobre su futuro. “No basta con cursos, o con pasarse una vez al mes, hay que acompañarlas en todo momento”, recalca.
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