Las ¡®villas miseria¡¯ de los temporeros rebrotan del fuego

En apariencia es solo una nave industrial de un pol¨ªgono de Lepe (Huelva), pero lo que se esconde tras su puerta verde evidencia que con voluntad se pueden encontrar alternativas para los asentamientos chabolistas de temporeros. En sus 313 metros cuadrados, la Asociaci¨®n Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (Asnuci) ha construido un albergue temporal para 40 jornaleros. Est¨¢ casi listo. Falta la cocina, pero las habitaciones de la planta baja, para mujeres, y la de arriba, para hombres, tienen ya literas y armarios. Hay dos zonas de duchas, cuatro lavadoras, sal¨®n y comedor. Se ha levantado en plena pandemia, con la ¨²nica ayuda de aportaciones de particulares en una campa?a en redes sociales que ha recaudado 100.000 euros. ¡°Lo hemos hecho nosotros ante la inacci¨®n de las administraciones. Es un gesto para demostrar que se pueden encontrar soluciones: no valen las excusas¡±, explica Seydou Diop, portavoz de Asnuci y uno de los principales promotores del proyecto.

Fotogaler¨ªa | Las m¨²ltiples aristas de los asentamientos chabolistas

Este alojamiento es la excepci¨®n en Andaluc¨ªa, donde existen 119 asentamientos chabolistas: 40 en la provincia de Huelva y 79 en Almer¨ªa. En ellos viven unas 13.000 personas, seg¨²n los datos trasladados por la ONG onubense Asociaci¨®n Multicultural de Mazag¨®n y Almer¨ªa Acoge a la Comisi¨®n de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha pedido a la Comisi¨®n que investigue la situaci¨®n. Los poblados se han ido levantando desde finales de los 90 y se han asentado al albur de la industria hortofrut¨ªcola que empez¨® a asimilar mano de obra extranjera a comienzos del siglo XXI.

Javier P¨¦rez, coordinador de Cepaim en Andaluc¨ªa, explica que ¡°en Almer¨ªa, los asentamientos siempre han sido permanentes por el tipo de agricultura, y [en ellos] viven familias, con mujeres y ni?os; en Huelva, al principio, se levantaban solo para lo que duraba una campa?a, pero ahora ya viven todo el a?o y cada vez hay m¨¢s masificaci¨®n¡±. La situaci¨®n es la misma, o peor, que hace 25 a?os: carecen de agua potable, luz o recogida de basuras. No hay censos oficiales, pero los c¨¢lculos de las diferentes asociaciones que trabajan con ellos coinciden en que entre el 60% y el 80% de sus habitantes est¨¢n en situaci¨®n irregular.

La estancia m¨¢xima en el albergue de Lepe es de seis meses, lo que dura una campa?a. No es una obra de beneficencia y Diop lo deja muy claro. Diop explica que ¡°para entrar hay que ser socio de Asnuci y pagar 96€ de fianza. Es un alquiler y hay que pagar el agua y la luz¡±. E incide: ¡°Dicen que vivimos en chabolas porque queremos ahorrar dinero y eso no son m¨¢s que prejuicios, a nadie le gusta vivir as¨ª¡±.

Diop sabe de lo que habla. Lleg¨® hace cuatro a?os a Espa?a desde Senegal y vivi¨® en los asentamientos de Lepe. ¡°Me he roto el alma para salir de esta situaci¨®n¡±, explica. Ahora sigue trabajando en el campo como mediador e int¨¦rprete. Frente a su albergue se levanta otro. Lo empez¨® a construir el Ayuntamiento de Lepe en 2005 para alojar a temporeros y en 2011 se abandon¨® tras una inversi¨®n de m¨¢s de un mill¨®n de euros. Ahora lo ocupan un centenar de jornaleros. Uno de ellos, Francisco Braima, de 64 a?os, asegura: ¡°No queremos nada gratis, pero yo en tres meses no he ganado ni 2.000 euros. ?C¨®mo voy a pagar un alquiler?¡±. Y recuerda el miedo que pas¨® en los incendios de asentamientos del verano pasado. ¡°Cuando todo arde, vienen a interesarse, pero luego todo sigue igual. Nadie ayuda¡±, lamenta.

Frente a ese segundo albergue se asoman algunas chabolas de un poblado vecino, iguales a las que a 60 kil¨®metros rodean a Yousseff Alsisi, que descarga arena en una carretilla. Est¨¢ amasando un rudimentario preparado de cemento para enlosar la superficie de otra infravivienda. ¡°Bastan cinco minutos para que todo arda y una semana para ponerlo en pie¡±, dice con una triste sonrisa.

Alsisi ayuda a levantar chabolas desde que el 19 de febrero un incendio arras¨® con la mitad de su asentamiento en Palos de la Frontera (Huelva). El fuego redujo a la nada no solo las endebles construcciones, sino tambi¨¦n el futuro de muchos de sus habitantes, que vieron arder su documentaci¨®n y el dinero ahorrado. ?l reconstruy¨® la suya el 2 de marzo, tal y como ha marcado en el asfalto de la entrada. ¡°Me cost¨® 250 euros¡±, relata. Es lo que suma el precio de los pal¨¦s (a dos euros cada uno), los cartones y la mezcla para el cemento.

Como no tiene papeles, Alsisi no puede encontrar trabajo: ¡°Mis vecinos me pagan unos 20 euros por construirles las casas¡±. Fousseynu Tounkara y Fanoumou Camara, de Mal¨ª, no tienen dinero para poner en pie la suya y duermen a la intemperie cuando no consiguen que alg¨²n compa?ero les haga hueco. No muy lejos, en Lucena del Puerto, hay otros 13 asentamientos en pie. En el de Santa Catalina, el ghan¨¦s Ato tiene un peque?o bar, donde hay una iglesia y se ofrecen clases de espa?ol. Por las tardes su local se llena de compatriotas que acuden a tomar una cerveza por un euro y ver partidos de f¨²tbol. Morales advierte de que ¡°no hay que olvidar que estas personas son vecinos de sus municipios y que los poblados, aunque est¨¦n alejados, son ya barrios¡±.

A 550 kil¨®metros de ah¨ª, en el otro extremo de Andaluc¨ªa, la escena en N¨ªjar (Almer¨ªa), el municipio m¨¢s pobre de Espa?a, es similar. El campamento de Atochares est¨¢ construido a base de pl¨¢sticos, maderas y unos pocos ladrillos. Una isla invisible donde residen unas 800 personas en dos barrios. Al sur viven personas de origen magreb¨ª. Al norte, subsaharianos, que vieron c¨®mo su ¨¢rea ardi¨® el 13 de febrero. Esta semana, quienes no iban a trabajar en los invernaderos se afanaban en reconstruir sus casas sobre las cenizas. Richard y Yao, de Ghana, pon¨ªan cemento entre bloques de hormig¨®n guiados por tiral¨ªneas. A su alrededor, escombros y pal¨¦s con sacos de cemento y ladrillos. Apenas cuentan con el apoyo de algunos colectivos ciudadanos y la solidaridad del resto del asentamiento. ¡°Cualquier ayuda es bienvenida¡±, dicen con una dignidad a prueba de fuego junto a decenas de bicis, casi el ¨²nico medio de transporte de estos vecinos.

Nadia Azougagh, activista del colectivo La Resistencia, cuenta que aqu¨ª ¡°la situaci¨®n es dram¨¢tica: ellos son la base de la riqueza de la provincia [la agricultura almeriense factura 3.500 millones de euros anuales] y se ven obligadas a vivir en situaciones infrahumanas¡±. Alrededor de un t¨¦, en el interior de una precaria pero limpia y acogedora caba?a de pl¨¢stico, Azougagh relata historias plagadas de p¨¦simas condiciones laborales y la imposibilidad de acceder a una vivienda digna. El secretario general de Andaluc¨ªa Acoge, Jos¨¦ Miguel Morales, reconoce que ¡°la ausencia de albergues, el d¨¦ficit de pisos de alquiler o el racismo inmobiliario a la hora de arrendar a migrantes y la estacionalidad de las campa?as explica la proliferaci¨®n de estos campamentos¡±. En N¨ªjar, el portal Idealista ofrece solo tres habitaciones para compartir ¡ªa unos 250 euros mensuales¡ª y 24 viviendas, solo seis por debajo de 500 euros al mes. La cifra es pr¨¢cticamente el salario que, con suerte, obtienen mensualmente quienes trabajan a diario.

Espiral de excusas

El padr¨®n es la puerta de entrada a los derechos y para arrancar la complej¨ªsima tarea de regularizaci¨®n, un proceso lleno de obst¨¢culos, muchos insalvables sin ese primer paso. El empadronamiento es un derecho y una obligaci¨®n que la justicia ha avalado en el caso de las chabolas. Los ayuntamientos, sin embargo, se muestran reticentes con la excusa del posible efecto llamada. ¡°Ser¨ªa reconocer una irregularidad¡±, explica Miguel Mora, alcalde de Lucena del Puerto, que con poco m¨¢s de 3.000 habitantes acoge una docena de poblados chabolistas, el que m¨¢s en Huelva.

El mosaico de vecinos y realidades que habitan en los asentamientos hace que ya no sea posible una ¨²nica alternativa para su erradicaci¨®n. Las entidades sociales hablan de incentivar el alquiler social, la instalaci¨®n de m¨®dulos prefabricados junto a invernaderos o la construcci¨®n de albergues, entre otras ideas que llevan d¨¦cadas sin que nadie las ejecute. Todas las soluciones pasan por una acci¨®n coordinada y conjunta de las administraciones implicadas ¡ªmunicipal, auton¨®mica y estatal¡ª, las empresas hortofrut¨ªcolas y las entidades sociales, pero en el ¨²ltimo cuarto de siglo todas ofrecen una espiral de excusas infinita para asumir o liderar la erradicaci¨®n de los asentamientos.

En 2020, la Junta de Andaluc¨ªa libr¨® por la covid una partida de 2,2 millones de euros para los ayuntamientos con asentamientos con objeto de que garantizasen el suministro de agua potable, electricidad o recogida de basuras. N¨ªjar fue el municipio m¨¢s beneficiado: m¨¢s de 700.000 euros, pero sus soluciones han sido solo parches puntuales, casi siempre con la mediaci¨®n de las ONG. En el resto de casos la situaci¨®n es similar y, este a?o, la ayuda econ¨®mica se ha reducido a la mitad y sus destinatarios volver¨¢n a ser las asociaciones. El Gobierno central tambi¨¦n ha concedido subvenciones para la atenci¨®n social, seg¨²n la Delegaci¨®n del Gobierno, a trav¨¦s de los programas de ayuda humanitaria.

La iniciativa de Lepe

El duro informe del relator de Naciones Unidas de hace un a?o y el anuncio por parte de Bruselas de que la UE investigar¨¢ la situaci¨®n de sus habitantes han empezado a provocar cambios leves. El Ayuntamiento de Lepe (Huelva, 27.880 habitantes), el epicentro del cultivo de la fresa que en la provincia emplea a 160.000 personas y que en el primer trimestre de 2020 factur¨® 428 millones de euros, parece dispuesto a tomar la iniciativa con un ambicioso plan para erradicar el chabolismo, que el 8 de marzo fue aprobado por unanimidad de sus grupos municipales (PP, PSOE y Cs).

La iniciativa contempla ceder suelo municipal para levantar un complejo de alojamiento temporal a cambio del pago de un canon para 500 personas y tiene un coste de 600.000 euros. ¡°Los migrantes residir¨ªan durante dos a?os para avanzar en la regularizaci¨®n de su situaci¨®n y conforme se fueran instalando se ir¨ªan derribando las chabolas con la intenci¨®n de que no vuelvan a levantarse m¨¢s¡±, explica Jes¨²s Toronjo, teniente de alcalde. El plan incluye otras iniciativas que necesita del sector privado y del resto de administraciones, que a¨²n no se han involucrado. Las asociaciones, esc¨¦pticas por lo general, muestran cierto optimismo. Desde Cepaim, P¨¦rez se?ala que se trata de ¡°un proyecto grande, que si consigue un objetivo peque?o ya ser¨¢ bueno¡±.

La concienciaci¨®n tambi¨¦n est¨¢ arraigando en buena parte del sector empresarial, aunque la patronal onubense del sector de los frutos rojos (Interfresa) y la de los productores almerienses (Coexphal) no consideran que los asentamientos sean su problema y miran hacia las administraciones. ¡°Nosotros ya contribuimos dando empleo y pagando impuestos desorbitados¡±, subraya Juan Colomina, consejero delegado de la asociaci¨®n de Almer¨ªa. En Huelva, Interfresa trata de integrar los principios rectores en materia de Derechos Humanos de la ONU y ha ampliado su equipo de mediadiores. Algunos empresarios se han comprometido a acoger en las viviendas de sus fincas a los temporeros con permiso de trabajo procedentes de asentamientos. Quienes no tienen si situaci¨®n regularizada, deben seguir en la econom¨ªa sumergida. Un portavoz del Equipo de Atenci¨®n al Inmigrante (Edati) de la Guardia Civil explica que ¡°la explotaci¨®n est¨¢ al orden del d¨ªa¡±. Y uno de los agentes que ofrece ayuda en sus visitas peri¨®dicas a los asentamientos a?ade que ¡°no denuncian m¨¢s porque pierden lo poco que reciben y quedan sin protecci¨®n social¡±. Por su parte, Noureddine Hmaimsa, que pas¨® dos a?os entre chabolas en La Paula (N¨ªjar) tras llegar all¨ª en 2006 con apenas 15 a?os asegura que ¡°salir de ah¨ª es muy dif¨ªcil¡±. Hoy reside en el pueblo y ejerce de voluntario de Cruz Roja en su tiempo libre.

Hmaimsa es un ejemplo de que hay futuro m¨¢s all¨¢ del barro de las calles de chabolas. El albergue de Diop es otro atisbo de esperanza. Mientras, en los paisajes chamuscados en los que se han convertido los poblados de Palos y Atochares casi un mes despu¨¦s de sus incendios, a media ma?ana, solo se oye el repiqueteo de martillos ensamblando pal¨¦s o las palas mezclando cemento. Camara y Fousseynu deambulan sin rumbo entre fam¨¦licos andamios que evidencian la voluntad de sus vecinos de permanecer ah¨ª ante la falta de alternativas. Es un m¨ªsero armaz¨®n de fr¨¢gil madera que ni siquiera se pueden permitir estos dos amigos malienses. ¡°?Podr¨¢s conseguir que nos ayuden a levantar nuestra chabola?¡±, preguntan junto a su parcela calcinada.

Cada vez m¨¢s mujeres

¡°Si lo llego a saber no me quedo¡±. Es la conclusi¨®n que comparten la decena de mujeres que quedan por la ma?ana en asentamiento del Huerto de las Veredas, en Lucena del Puerto. Ellas llegaron hace dos a?os como parte del contingente de temporeras marroqu¨ªes contratadas en origen, pero decidieron quedarse en Huelva, pensando que les ser¨ªa f¨¢cil encontrar un trabajo para seguir mandando dinero a su familia. Despu¨¦s de este tiempo, sin papeles y sin apenas conocer el idioma apenas tienen c¨®mo subsistir. Solo en Lucena puede haber m¨¢s de un centenar viviendo en los poblados. ¡°Algunas tienen aqu¨ª a sus maridos, otras deben emparejarse porque por su cultura no est¨¢ bien visto que vivan solas, aunque algunas lo hacen¡±, explica Keltouma, mediadora de Huelva Acoge, que tambi¨¦n muestra su preocupaci¨®n por el aumento de la trata derivado de la permanencia de los asentamientos y de los casos de agresiones sexuales. En el de Baldifresa, en Palos, cada a?o se triplica el n¨²mero de mujeres, reconoce Antonio Regidor, responsable del centro de d¨ªa que Accem tiene en un pol¨ªgono frente al asentamiento. Ah¨ª pueden ducharse, hacer la colada en las cuatro lavadoras de las que disponen, llenar agua, recargar sus m¨®viles, desayunar y merendar o solicitar ayuda para tr¨¢mites personales.