¡°Equivocao¡±, pero aforado

Se contaba, como chiste, que el 23-F, cuando el tejerazo, el Rey le dijo a Pujol ¡°tranquil, Jordi, tranquil, son de la Guardia Civil¡±. Ambos esperaban que, tras ese susto, disfrutar¨ªan tranquila e indefinidamente de sus respectivas privilegiadas situaciones, uno blindado con su omert¨¤ y otro con un halo de nebuloso silencio reverencial. Y as¨ª ha sido casi toda su vida, hasta que, ya en la vejez, han tenido que replegarse musitando unas peculiares confesiones t¨¢cticas carentes de arrepentimiento, imprecisas e incre¨ªbles.

Desde una perspectiva democr¨¢tica, el poder indefinido, clientelar o din¨¢stico, es malsano e inconveniente. Abre la puerta a excesos, arbitrariedades e irregularidades. Genera en quienes lo disfrutan un estado de soberbia e irrealidad, y la convicci¨®n de ser impunes para siempre, menospreciando los flecos, los perjuicios, las huellas que, con sus presuntos desafueros, se van dejando a la espalda. El rey Juan Carlos siempre tuvo esa convicci¨®n, disfrut¨® de ese estado, porque la Constituci¨®n dice que la persona del Rey es inviolable y no est¨¢ sujeta a responsabilidad. Los actos del Rey ser¨¢n siempre refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros correspondientes. Y a?ade que de los actos del Rey ser¨¢n responsables las personas que los refrenden. Est¨¢ claro que una Constituci¨®n democr¨¢tica no deber¨ªa amparar actos ilegales del monarca ajenos a su funci¨®n como jefe de Estado, pertenecientes a su vida privada, patrimonial o ¨ªntima. Pero no es as¨ª. Estos actos privados, aunque sean ilegales, est¨¢n, en todo caso, amparados por el privilegio de la inviolabilidad constitucional. Es un retazo de la historia medieval que hemos heredado.

As¨ª volvi¨® a Espa?a la instituci¨®n mon¨¢rquica, como parte inevitable del paquete de la Transici¨®n, pese a las justificadas suspicacias que provocaba la anacr¨®nica instituci¨®n, y especialmente la dinast¨ªa hist¨®rica. Por eso fue aceptado el rey Juan Carlos, aunque tambi¨¦n ayud¨® su apariencia de excelente representante de la nueva Espa?a democr¨¢tica, joven, alto, rubio, pol¨ªglota y campechano, aunque sus dotes oratorias nunca fueron sobresalientes. Hubo dem¨®cratas que se sintieron republicanos, pero juancarlistas.

Nadie sospechaba del joven Borb¨®n que hab¨ªa de rodearse de amistades poco recomendables, implicadas en operaciones financieras sospechosas o irregulares. Pese a la eficacia del nebuloso silencio reverencial, fueron surgiendo rumores de comportamientos impropios de un monarca, al margen de otros de su vida ¨ªntima que, como tales, no procede comentar. Todo ello acabo en el famoso ¡°lo siento mucho, me he equivocao, no volver¨¢ a ocurrir¡± en abril del 2012, y su renuncia y abdicaci¨®n el 19 de junio, dos a?os despu¨¦s.

Empieza un proceso c¨¦lebre hist¨®rico, que podr¨ªa conducir a un juicio oral sin precedentes

Con la abdicaci¨®n se produjo una situaci¨®n hasta entonces no prevista. El exrey estaba en peligro. Hab¨ªa dejado de ser inviolable, ya no hab¨ªa ministros que refrendasen sus actos. Era un ciudadano m¨¢s, sin privilegios ni fueros. Pod¨ªa ser acusado o demandado ante un juzgado ordinario, como cualquier otro ciudadano, por los actos presuntamente irregulares que realizara desde el 19 de junio de 2014. Esas hipot¨¦ticas demandas civiles o acusaciones penales podr¨ªan alcanzar a la parte de los negocios, comisiones, operaciones financieras presuntamente irregulares que, tras la abdicaci¨®n, hubiera seguido practicando o hubiera iniciado. Y, por lo que despu¨¦s hemos sabido, no era un peligro te¨®rico.

Por eso la m¨¢quina legislativa acudi¨® con urgencia a su auxilio. Se tramitaba en el Congreso una ley de racionalizaci¨®n del sector p¨²blico con alguna referencia al sector judicial. Los grupos parlamentarios hab¨ªan presentado sus enmiendas. El PP, con UPN y Foro Asturias, presentaron sorpresivamente una enmienda que no ten¨ªa nada que ver con la ley debatida. La enmienda consist¨ªa en otorgar al rey abdicado un fuero civil y penal, o sea, que solo podr¨ªa ser enjuiciado ante el Tribunal Supremo. La indignaci¨®n de los grupos parlamentarios de la oposici¨®n, sorprendidos por la tramposa artima?a gubernamental, fue tan intensa y airada como in¨²til. Perdieron la votaci¨®n. En 20 d¨ªas, el Gobierno del PP hab¨ªa confeccionado para el exrey un fuero privilegiado que necesitaba urgentemente.

Ahora, con el proceso ante el Supremo por los presuntos negocios del tren de la Meca, reviven los flecos y huellas de aquel uso desmedido de la impunidad que se consideraba indefinida. Empieza un proceso c¨¦lebre hist¨®rico, que podr¨ªa conducir a un juicio oral de trascendencia sin precedentes. Pero el juicio de la opini¨®n p¨²blica no se detendr¨¢ en el AVE del desierto. Los antiguos rumores que luego fueron noticias escandalosas, las aventuras cineg¨¦ticas y financieras, todo aquello en que se hab¨ªa equivocao, estallar¨¢ en un juicio paralelo que expresar¨¢ un reproche moral necesario, reciente e hist¨®rico, severo e inevitable.