Un Govern en pie de guerra con los juristas

Las cr¨ªticas abiertas del president Quim Torra para que sea destituido el secretario general del Parlament, Xavier Muro, cuyo cese exigi¨® por negarse a publicar una parte de las resoluciones contra la Monarqu¨ªa que hab¨ªa aprobado la C¨¢mara el pasado d¨ªa 7, es el ¨²ltimo episodio de un desencuentro que se arrastra desde 2016: el choque entre un Gobierno catal¨¢n situado al l¨ªmite de la legalidad ¡ªtraspas¨¢ndolo en la ¨²ltima fase del proc¨¦s¡ª y unos juristas que se niegan a cruzar esa l¨ªnea y a que les arrastre la estrategia pol¨ªtica del independentismo m¨¢s radical. El enfrentamiento se ha llevado por delante en este tiempo al anterior secretario general del Parlament, Pere Sol, y al letrado mayor, Antoni Bayona, que renunciaron al cargo ante la presi¨®n que sufrieron.

El secretario general ¡°es el jefe superior de todo el personal y de todos los servicios del Parlamento y cumple las funciones t¨¦cnicas de apoyo y asesoramiento de los ¨®rganos rectores, asistido por los letrados¡±, seg¨²n estipula el art¨ªculo 249 del reglamento de la C¨¢mara auton¨®mica. La lectura de ese precepto y la necesaria separaci¨®n de poderes bastar¨ªa para rebatir la petici¨®n de Torra, que el d¨ªa 10 escribi¨® en Twitter que el secretario general ¡°tiene el deber de obedecer al Pleno¡± y que deb¨ªa publicar ¨ªntegramente las resoluciones, aunque dudara de su constitucionalidad.

El president olvid¨® que el secretario general act¨²a, seg¨²n el reglamento, ¡°bajo la direcci¨®n del presidente y de la Mesa del Parlament¡±. Y, sobre todo, Torra obvi¨® que el Tribunal Constitucional ha dictado desde 2015 tres sentencias y cinco autos advirtiendo al secretario general de los l¨ªmites competenciales de la C¨¢mara en el debate pol¨ªtico. Por eso, el Bolet¨ªn Oficial del Parlament del pasado 10 de agosto que public¨® ¡ªparcialmente¡ª las resoluciones contra la Monarqu¨ªa finalizaba con una postdata de Muro que recordaba su ¡°deber¡± de ¡°impedir o paralizar cualquier actuaci¨®n jur¨ªdica o material que pueda suponer el incumplimiento¡± de la doctrina constitucional.

Muro est¨¢ en la diana pol¨ªtica de Torra y de Junts per Catalunya desde el inicio de la legislatura. El presidente de la Generalitat no ha olvidado todav¨ªa que el secretario general orden¨® cumplir una orden de la Junta Electoral Central que en enero le destituy¨® de su condici¨®n de diputado. O que meses atr¨¢s se neg¨® a que algunos de los diputados de Junts en prisi¨®n preventiva votasen en las sesiones del Parlament, en cumplimiento de lo acordado por el juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Y, sobre todo, la lista de Carles Puigdemont no perdona que Muro no avalara en enero de 2018 la investidura telem¨¢tica desde Bruselas del expresident fugado.

Las decisiones trascendentales del secretario general casi siempre han tenido el respaldo del presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), que es quien lo propone a la Mesa, que lo nombra. Junts per Catalunya ha interpretado en estos dos a?os y medio de legislatura que existe una suerte de pinza entre Torrent y Muro. De ah¨ª los llamamientos a rebasar los m¨¢rgenes del Tribunal Constitucional.

ERC ya vivi¨® las consecuencias de esos excesos con la anterior presidenta de la C¨¢mara, Carme Forcadell, condenada a 11 a?os y medio de c¨¢rcel por el Supremo en el juicio al proc¨¦s. Nada hace pensar que vaya a ceder ante Junts per Catalunya, que ha pedido la cabeza de Muro, algo que se debatir¨¢ en una reuni¨®n de la Mesa ma?ana martes.

En las aciagas sesiones del 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando se aprobaron las llamadas leyes de desconexi¨®n salt¨¢ndose el procedimiento parlamentario, Muro advirti¨® a Forcadell de la ilegalidad de lo que estaba ocurriendo, pero no se le hizo caso. El secretario general se neg¨® a publicar esas leyes por ser claramente inconstitucionales, aunque eso no impidi¨® que aparecieran en el Bolet¨ªn Oficial del Parlament sin la firma de Muro. Varios integrantes de aquella Mesa est¨¢n pendientes de sentencia, acusados de desobediencia.

Junts pide ahora que la Mesa desautorice a Muro y se le ordene que se publiquen ¨ªntegramente las resoluciones aprobadas. Si se negara, se reclama su destituci¨®n, ¡°considerando que la reiteraci¨®n de este tipo de actuaciones por parte del secretario general es una alteraci¨®n de las condiciones y circunstancias que dieron lugar a su nombramiento¡±.

Todo apunta a que no prosperar¨¢ la petici¨®n y no se publicar¨¢n los fragmentos de las resoluciones suprimidos, como el que denuncia la existencia de una ¡°Monarqu¨ªa delincuente¡± o el que define el refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre como ¡°la voluntad expresada por el pueblo de Catalu?a¡±. Tampoco se publicaron frases que aseveran que ¡°el ¨²nico camino para superar este r¨¦gimen mon¨¢rquico¡± es constituir una rep¨²blica catalana, o la que acusa al Rey de haber ¡°participado en la represi¨®n del pueblo catal¨¢n¡±, pese a que Esquerra Republicana vot¨® a favor.

Muro fue nombrado secretario general en noviembre de 2016, en sustituci¨®n de Pere Sol, que argument¨® motivos personales en su renuncia; en aquel momento, el Tribunal Constitucional estaba investigando a Sol despu¨¦s de que este avalara las conclusiones de una comisi¨®n parlamentaria que apostaba por la unilateralidad.

Del mismo modo, en junio de 2018, dimiti¨® el letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, cuando hizo p¨²blico un comunicado en el que denunciaba la presi¨®n de los partidos independentistas para seguir ejerciendo su labor. En la carta hablaba de que en la anterior legislatura y al inicio de la presente se produjeron ¡°unos escenarios pol¨ªticos especialmente dif¨ªciles para los operadores jur¨ªdicos¡±. Dos a?os despu¨¦s, parece que casi nada ha cambiado.