El Govern eleva un 20% el precio de la vivienda social para incentivar a los promotores

La construcci¨®n de vivienda de protecci¨®n oficial (VPO) apenas alcanz¨® el a?o pasado las 945 unidades acabadas pese a la crisis habitacional que sufre Catalu?a. La administraci¨®n p¨²blica no acaba de apostar por nuevas promociones y la empresa privada no ve c¨®mo sacarle el beneficio: el coste del suelo lo dificulta. Tambi¨¦n el hecho de que la Generalitat sea la que fije el precio de venta y de alquiler de la VPO con unos valores que no han cambiado desde 2009. Para intentar incentivar un cambio de tendencia, el Govern ultima la elaboraci¨®n de un decreto que permita elevar los m¨®dulos ¡ªla f¨®rmula con la que se fijan los precios¡ª hasta un 20%.

Lo ha anunciado este lunes el secretario de Agenda Urbana y Territorio, Agust¨ª Serra, en un acto coorganizado por el Colegio de la Abogac¨ªa de Barcelona y Cohabitac, la coordinadora de fundaciones de vivienda social. Lo enmarc¨® en una estrategia con la que se pretende incentivar la participaci¨®n privada en el impulso de la vivienda social y que es transitoria hasta que el Govern cumpla su compromiso de unificar m¨®dulos. ¡°Tenemos que ajustar los precios de venta para que sean asequibles para las compa?¨ªas¡±, se?al¨® Serra. Despu¨¦s desde el Departamento de Territorio se se?al¨® que esa apuesta, que tendr¨¢ efectos sobre potenciales compradores o arrendatarios de pisos de protecci¨®n, ir¨¢ acompa?ada de ayudas para las familias m¨¢s vulnerables que no puedan pagar las rentas.

El actual sistema de m¨®dulos de la Generalitat establece tres tipos de promociones de VPO en Catalu?a, tanto de venta como de alquiler: r¨¦gimen especial (para rentas muy bajas), general (rentas bajas) y de precio concertado (ingresos moderados). A partir de esas categor¨ªas delimita los precios por cuatro agrupaciones de municipios, para las que actualmente se establecen precios m¨ªnimos de 1.137 euros por metro cuadrado hasta m¨¢ximos de 1.705 euros en el caso de los pisos de venta y, para los alquileres, de m¨ªnimos de 4,26 euros a m¨¢ximos de 6,4.

Suelo municipal

Fuentes inmobiliarias explican que, a falta de ver la redacci¨®n del decreto, la actualizaci¨®n es una buena medida, aunque su eficacia quedar¨ªa restringida a los municipios de zona A, donde quedan incluidos municipios de Barcelona y su ¨¢rea metropolitana y otros con alta presi¨®n residencial y altos precios.

Serra subraya que Catalu?a necesita impulsar el parque de vivienda social en los pr¨®ximos a?os para hacer frente a las necesidades habitaciones a las que se encuentra. Subray¨® la necesidad de actuar sobre el suelo y para ello reclam¨® una activa actuaci¨®n de los municipios, que habr¨ªan reconocido superficie para 192.000 viviendas de protecci¨®n, aunque para ello demand¨® agilidad y voluntad para poner a disposici¨®n ese suelo. ¡°Urgimos a los municipios a que hagan p¨²blico el patrimonio de suelo p¨²blico que tienen¡±, dijo Serra.

El informe presentado por Cohabitac muestra la precaria fotograf¨ªa en la que se encuentra la vivienda de alquiler social en Catalu?a: 47.155 pisos a los que se sumar¨ªan las ayudas directas para pagar los alquileres de 61.000 hogares.

M¨¢s ayudas y cr¨¦ditos

El 30% m¨¢s pobre de la poblaci¨®n catalana solo podr¨ªa asumir alquileres no superiores a los 436 euros mensuales (seg¨²n el principio de que la vivienda no puede copar m¨¢s del 30% de los ingresos). Ese es uno de los elementos que apunta el informe Retos y limitaciones de la promoci¨®n y la gesti¨®n de viviendas de alquiler social en Catalu?a presentado ayer. El informe demanda medidas para hacer posible que las entidades del sector social, sin ¨¢nimo de lucro, puedan asumir la promoci¨®n de VPO, que consideran que les cuesta, en el supuesto de que el suelo les salga gratis, en torno a 105.000 euros cada vivienda. Asimismo reclaman un IVA superreducido del 4%, frente al 10% que pagan actualmente, subvenciones a la gesti¨®n, pr¨¦stamos con mejores condiciones que las actuales y duplicar las ayudas a las viviendas de alquiler social y aumentar un 50% las de alquiler social asequible. Consideran que sin ese esfuerzo p¨²blico las entidades que forman parte de Cohabitac no podr¨¢n impulsar los pisos protegidos.