El Gobierno acelera el pago de la deuda para inversiones a la Generalitat de Catalu?a

Figuraba en los Presupuestos Generales de este a?o, pero el Govern catal¨¢n tem¨ªa que, superado el ecuador del ejercicio, no se cumpliera el compromiso. La comisi¨®n bilateral entre el Gobierno y la Generalitat sirvi¨® el pasado lunes para desbloquear una transferencia de 200 millones de euros a Catalu?a y ponerle fecha: 100 millones en septiembre y otros dos traspasos de 50 millones en los meses siguientes. El Ejecutivo desencallaba as¨ª la ejecuci¨®n de una sentencia del Tribunal Supremo de hace cuatro a?os que dio la raz¨®n al Govern y reconoci¨® una deuda de 759 millones asumida por el Ejecutivo de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero por el incumplimiento en 2008 de la Disposici¨®n Adicional Tercera del Estatut.

Durante la preparaci¨®n de la ¨²ltima comisi¨®n bilateral, se habl¨® ¡ªsin compromisos cerrados¡ª de la posibilidad de que el resto de la deuda, o una parte sustancial, vaya en las cuentas p¨²blicas de 2022, seg¨²n fuentes del Govern.

Con la inclusi¨®n de esos 200 millones de euros el Gobierno no solo asume una sentencia judicial y mantiene el clima de deshielo con la Generalitat. Tambi¨¦n intenta dar se?ales del inter¨¦s en mejorar las inversiones en infraestructuras en Catalu?a, una de las reivindicaciones de la Administraci¨®n auton¨®mica que ha encontrado mayor abrigo de la sociedad civil catalana. A esos 200 millones deben a?adirse los cerca de 2.000 millones de euros para obra p¨²blica catalana en 2021, el 16,5% del total de la inversi¨®n por territorios.

Ese porcentaje no alcanza el 19% de la aportaci¨®n catalana a la econom¨ªa espa?ola, pero es uno de los porcentajes m¨¢s altos de los ¨²ltimos a?os. Seg¨²n c¨¢lculos de la Generalitat, entre 2013 y 2020 apenas alcanz¨® de promedio un 10% (pese a que el a?o pasado se invirtieron 957 millones, la cifra m¨¢s alta del periodo), sobre todo por el gran diferencial entre los Presupuestos y la liquidaci¨®n.

Uno de los puntos de conflicto permanente en las negociaciones que han mantenido los gobiernos del Estado y de la Generalitat en los ¨²ltimos a?os ha sido la aplicaci¨®n de la Disposici¨®n Adicional Tercera del Estatut. Fue una medida introducida para compensar la menor financiaci¨®n en infraestructuras que Catalu?a entend¨ªa como un castigo de los sucesivos ejecutivos centrales. Las formaciones catalanas y el Gobierno de Zapatero acordaron as¨ª incluir en el Estatut la obligatoriedad de que, por un periodo de siete a?os, entre 2007 y 2013, la inversi¨®n territorializada del Estado en Catalu?a fuera al menos equivalente a la contribuci¨®n de la comunidad aut¨®noma al PIB nacional, siempre entre el 18,5% y el 19%.

Gran actividad constructora

Espa?a viv¨ªa aquellos a?os anteriores al mazazo de la Gran Recesi¨®n con gran fulgor inversor. Y Catalu?a recib¨ªa los ¨²ltimos coletazos de recursos para acabar la l¨ªnea de alta velocidad hasta Barcelona (2008) y la ¨²ltima ampliaci¨®n del aeropuerto de El Prat, inaugurada en 2009.

En 2007, el primer ejercicio del periodo pactado, todo fue seg¨²n lo previsto. El Estado invirti¨® 3.710 millones de euros en Catalu?a, el equivalente al 18,85% de su peso econ¨®mico. Pero no ocurri¨® lo mismo en 2008, ni en 2009, ni en a?os posteriores. Los c¨¢lculos realizados por la Generalitat elevaron a 3.080 millones el volumen total de inversiones que en esos seis a?os de vigencia temporal de la medida se dejaron de invertir en Catalu?a respecto a lo pactado. Es la cuant¨ªa que el lunes a¨²n esgrim¨ªa el vicepresidente catal¨¢n, Jordi Puigner¨®.

Pero esa cifra obedece m¨¢s a una reivindicaci¨®n pol¨ªtica que a una obligaci¨®n del Estado. En 2010 el Tribunal Constitucional ya hab¨ªa culminado su sentencia sobre el Estatut y una de las cuestiones que cercenaba era el compromiso a realizar un porcentaje determinado de inversiones en una comunidad aut¨®noma que condicionase el conjunto de los Presupuestos Generales.

En 2008, el Gobierno invirti¨® en Catalu?a 3.411 millones de los 4.079 millones de euros que fijaban los c¨¢lculos. Pese al fallo del Constitucional, en una comisi¨®n bilateral Estado-Generalitat de julio de 2011 el Gobierno socialista asumi¨® como buenos los 759 millones de incumplimiento demandados por la Generalitat. No se lleg¨® a pagar nunca y el Govern lo llev¨® a los tribunales. La Audiencia Nacional dio en primera instancia la raz¨®n al entonces Gobierno del PP, que se negaba a asumir la deuda. Se basaba en la sentencia previa del Constitucional, pero tambi¨¦n en una de las alegaciones utilizadas por el Ejecutivo: aunque la cuant¨ªa se acord¨® en la comisi¨®n bilateral, no se hab¨ªa pactado en la de infraestructuras, que consideraba que era la comisi¨®n creada a tal efecto.

El Tribunal Supremo, en un fallo de 2017, rebati¨® a la Audiencia y dio la raz¨®n a la Generalitat, al considerar que un acuerdo de la bilateral ¡°s¨ª que compromete al Ejecutivo estatal en tanto ha llegado efectivamente a un acuerdo con el auton¨®mico en el ¨¢mbito propio de dicha adicional¡±. Es de esa cuant¨ªa de la que salen los 200 millones pactados el lunes que, de hecho, ya tienen un visto bueno anterior: En septiembre de 2018, la comisi¨®n mixta para asuntos econ¨®micos entre el Estado y Catalu?a pact¨® que 200 millones de la cuant¨ªa acordada ser¨ªa asumida en los Presupuestos de 2019, que nunca se aprobaron.