Colau alega que no intervino en las subvenciones a entidades afines y pide al juez que archive el caso

Ada Colau no ha esperado al 4 de marzo, fecha en la que debe declarar como investigada, para dar su versi¨®n sobre las presuntas irregularidades en las subvenciones concedidas a dedo por el Ayuntamiento de Barcelona a entidades afines a la alcaldesa. Sus abogados han presentado un escrito, al que ha accedido EL PA?S, en el que defienden la ¡°absoluta legalidad¡± de las ayudas, solicitan el archivo inmediato de la causa y denuncian la falta de ¡°fundamento y rigor¡± de la querella impulsada por la Asociaci¨®n para la Transparencia y la Calidad Democr¨¢tica (ATCD). Apoyado en una decena de informes, el alegato intenta erigir un muro de protecci¨®n alrededor de Colau, que no tuvo, sostienen, ¡°ni una sola intervenci¨®n en la tramitaci¨®n de las subvenciones¡±.

A finales de diciembre, un juez de Barcelona admiti¨® a tr¨¢mite una querella de la ATCD -entidad con despacho en Barcelona, pero sin actividad conocida- que se dirige exclusivamente contra Colau por cinco delitos: prevaricaci¨®n, fraude, malversaci¨®n, negociaciones prohibidas a funcionarios y tr¨¢fico de influencias. La entidad acusa a la alcaldesa de haber regado con una ¡°lluvia de dinero p¨²blico¡± a entidades ¡°amigas o ideol¨®gicamente afines¡± con las que ella y otros miembros de su gobierno hab¨ªan mantenido relaciones personales y profesionales antes de llegar al poder, en 2015. Cuatro entidades est¨¢n en la diana: el Observatorio DESC, Ingenieros sin Fronteras, la Alianza contra la Pobreza Energ¨¦tica y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de la que Colau fue fundadora y portavoz durante cinco a?os.

La querella sostiene que la amistad y la afinidad ideol¨®gica de Colau y las entidades es la base de la prevaricaci¨®n. La alcaldesa lo niega en su escrito. ¡°Una determinada sensibilidad pol¨ªtica de un gobierno municipal hacia los graves problemas sociales que generan la pobreza y la carencia de vivienda¡± no puede inhabilitarle para conceder subvenciones a entidades que ¡°luchan para disminuir las consecuencias de esas lacras¡±.

Como primera medida, el juez acord¨® llamar a declarar como investigada a Colau, que se niega a dimitir pese a que el c¨®digo ¨¦tico de su partido, Barcelona en Com¨², indica el camino de salida a cualquier cargo investigado por corrupci¨®n. Sus abogados, ?lex Sol¨¤ y Olga Tubau, han pedido que ¡°se deje sin efecto¡± esa citaci¨®n, que consideran ¡°precipitada¡±, y se d¨¦ carpetazo a una investigaci¨®n que, opinan, no deber¨ªa ni haber comenzado. Fuentes judiciales admiten que es poco probable que esa petici¨®n prospere, ya que la toma de declaraci¨®n del investigado es la diligencia m¨ªnima indispensable incluso si se quiere dar carpetazo r¨¢pido al asunto. Colau ha mostrado a los letrados su disposici¨®n a dar explicaciones en la Ciudad de la Justicia, pero prefiere que el juez disponga previamente de la documentaci¨®n.

¡°No hay una sola frase en la que se identifique un acto singular de participaci¨®n de Colau en la tramitaci¨®n de las subvenciones¡±, dice el texto, que arma el blindaje en torno a la alcaldesa sobre una premisa: no se le puede atribuir le responsabilidad ¡°simplemente en atenci¨®n a su cargo¡±, y menos ¡°dentro de la compleja organizaci¨®n¡± municipal. Los informes aportados al juez detallan que las subvenciones siguen un extenso recorrido burocr¨¢tico, con filtros de control y fiscalizaci¨®n antes, durante y despu¨¦s. Colau, ironizan los letrados, no tiene ¡°libre disponibilidad de los fondos del Ayuntamiento para lo que quiera y para quien quiera, como si de su econom¨ªa dom¨¦stica se tratara¡±.

En julio de 2021, la Fiscal¨ªa de Barcelona ya archiv¨®, de forma motivada, una denuncia muy similar presentada por la plataforma Abogados Catalanes por la Constituci¨®n. Ese es uno de los argumentos centrales de la defensa de Colau. El recurso presentado contra el auto de admisi¨®n a tr¨¢mite critica que la querella haya omitido esa circunstancia (lo que atenta contra la ¡°buena fe procesal¡±) y contenga ¡°p¨¢rrafos ¨ªntegros que son una copia literal¡± de la primera denuncia, se?al de que ambas entidades ¡°han compartido informaci¨®n sobre los hechos¡±.

La Fiscal¨ªa constat¨® los estrechos v¨ªnculos entre el equipo de gobierno de Colau y las entidades subvencionadas. La alcaldesa y Jaume Asens, exteniente de alcalde, hab¨ªan sido miembros del Observatorio DESC. Eloi Badia, concejal, hab¨ªa trabajado como Project manager de Ingenierios sin Fronteras. Aquella investigaci¨®n, sin embargo, descart¨® la existencia de un ¡°trato de favor¡± porque las entidades ya recib¨ªan ayudas bajo el anterior gobierno, en manos de Xavier Trias (CiU), tambi¨¦n a dedo.

Ayudas a dedo

El hecho de que las subvenciones hayan sido adjudicadas de forma directa (sin concurso p¨²blico) es nuclear. La ley estatal, de 2003, contempla como ¡°excepcional¡± la concesi¨®n directa y solo en tres supuestos muy concretos. Uno de ellos, el que afecta a este caso, es que haya ¡°razones de inter¨¦s p¨²blico, social, econ¨®mico o humanitario¡± justificadas. La querella afirma que las entidades beneficiadas ¡°carecen de inter¨¦s p¨²blico¡±. Los abogados de Colau sostienen todo lo contrario: tienen una ¡°capacidad singular¡± para desarrollar los proyectos ¡°sin que hayan aparecido en estos a?os entidades equivalentes que realicen labores similares¡± y con la misma eficacia.

Las subvenciones se han vehiculado mediante convenios bianuales con el Observatorio DESC, del que participan las otras entidades. El primero (2014-16) se firm¨® bajo el mandato de Trias. En ocho a?os, el Ayuntamiento ha adjudicado subvenciones por 1,2 millones a las cuatro entidades bajo sospecha. La querella menciona ayudas irregulares, solo en los dos ¨²ltimos a?os, por 80 millones. En su archivo, la Fiscal¨ªa indic¨® que otras 270 entidades y organismos han recibido ayudas a dedo, un procedimiento ¡°discutible o no, pero que era el utilizado por el ayuntamiento con frecuencia¡±.

El escrito resguarda de nuevo a Colau al se?alar que ella ni valor¨® la singularidad de los proyectos ni aprob¨® los convenios, una funci¨®n que recae en la concejal de Derechos Sociales. Las subvenciones, finalmente, las aprueba la Comisi¨®n de Gobierno (concejales y tenientes de alcalde) a quienes tampoco corresponde el an¨¢lisis de la legalidad de los expedientes y a quienes resulta ¡°imposible¡± tener control directo sobre todos ellos: cada semana se tramitan unos 40-50 de media.

Critica que la querella ¡°exagera¡± lo que son meras observaciones de la Intervenci¨®n. Sugiere sin pruebas que un reconocimiento de cr¨¦dito con DESC (el Ayuntamiento no pag¨® a tiempo) sirvi¨® para camuflar una subvenci¨®n. Y reprocha que ponga bajo sospecha ayudas en cooperaci¨®n (Per¨², Mozambique) para las que el Ayuntamiento tiene competencia en virtud de la Carta Municipal. Se cuestione si es procedente asignar recursos a informes sobre compostaje en Tunduru (Maputo), ciudad de Mozambique, ¡°que ni siquiera fue colonia espa?ola, en relaci¨®n a las necesidades de los ciudadanos de Barcelona¡±.