?Vuelve el sentido com¨²n?
El reconocimiento del castellano como lengua de ense?anza en la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica es una victoria; en esta encrucijada hist¨®rica, Junts deber¨¢ aclararse y decidir si opta por la confrontaci¨®n o lo hace por la inteligencia
Al d¨ªa siguiente de que la huelga del 23-M mostrara las limitaciones de la defensa numantina de la inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica y de las llamadas a la desobediencia en el asunto del 25% de castellano en las escuelas, los partidos de gobierno independentistas (ERC y Junts) y la oposici¨®n de izquierdas no independentista (PSC y comunes) decidieron dar un paso hist¨®rico en la regulaci¨®n de las lenguas oficiales en el sistema educativo por medio de una modificaci¨®n expr¨¦s de la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica. Si tras el plant¨®n de Junts esta modificaci¨®n logra abrirse camino, ser¨¢ la primera vez en la historia reciente de Catalu?a que la legislaci¨®n catalana reconozca con todas las letras que el castellano tambi¨¦n es lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo, en los t¨¦rminos que establezca el proyecto educativo de cada centro y siempre de acuerdo con la necesidad de asegurar el pleno dominio de las dos lenguas oficiales al finalizar la escolaridad obligatoria.
En la proposici¨®n de ley registrada el 24 de marzo de 2022 resuenan las palabras del Tribunal Constitucional en aquella lejana sentencia de 1994 que valid¨® el papel del catal¨¢n como ¡°centro de gravedad¡± del sistema educativo ¡°siempre que ello no determine la exclusi¨®n del castellano como lengua docente, de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la comunidad aut¨®noma¡±. La legislaci¨®n catalana nunca excluy¨® expresamente el castellano como lengua docente, pero la verdad es que tampoco lo reconoci¨® expl¨ªcitamente, a diferencia de lo que ocurri¨® con las lenguas extranjeras, que seg¨²n la Ley de Educaci¨®n vigente pueden utilizarse ¡°para impartir contenidos curriculares¡±.
Si esta modificaci¨®n de la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica llega a buen puerto la legislaci¨®n catalana se podr¨¢ alinear con tres elementos que hasta ahora campaban por separado: las exigencias constitucionales, expresadas ya en 1994, mucho antes de las sentencias del 25%; las instrucciones que el Departamento de Educaci¨®n env¨ªa a los centros educativos, que prev¨¦n la posibilidad de impartir contenidos curriculares en castellano; y la realidad de muchos centros, en los que ya se utiliza con normalidad el castellano como lengua vehicular sin que ello ponga en peligro la adquisici¨®n del catal¨¢n por parte de todos los alumnos. Y hay todav¨ªa un bonus track: despu¨¦s de la aprobaci¨®n de la Ley de Educaci¨®n de Baleares, la modificaci¨®n de la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica permitir¨ªa que los tres grandes territorios del ¨¢mbito ling¨¹¨ªstico catal¨¢n, con expresiones m¨¢s o menos expl¨ªcitas, reconozcan de manera simult¨¢nea el papel del castellano como lengua de ense?anza y aprendizaje por primera vez en la historia de la Espa?a auton¨®mica.
Al parecer, Junts no ha resistido la presi¨®n de su ala m¨¢s recalcitrante ni las acusaciones de alta traici¨®n que le han llovido desde el independentismo m¨¢s ardiente. El reconocimiento del castellano como lengua de ense?anza en la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica es una victoria del sentido com¨²n; en esta encrucijada hist¨®rica, Junts deber¨¢ aclararse y decidir si opta por la confrontaci¨®n o lo hace por la inteligencia.
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