Los cinco magistrados que marcan (a su pesar) la agenda p¨²blica en Catalu?a

Tumbaron, hace unas semanas, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que vetaba a los coches m¨¢s contaminantes en el ¨¢rea de Barcelona y que era uno de los proyectos estrella de la alcaldesa Ada Colau. Anularon el decreto del presidente de la Generalitat, Pere Aragon¨¨s, que retrasaba las elecciones auton¨®micas del pasado 14 de febrero de 2021. Un a?o antes, concluyeron que el Gobierno catal¨¢n deb¨ªa impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano en una sentencia que ha hecho tambalearse la inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica y que a¨²n debe ejecutarse. En el pasado, tumbaron la mayor privatizaci¨®n aprobada por la Generalitat, relacionada con la gesti¨®n del agua, en una decisi¨®n con repercusiones econ¨®micas millonarias.

Los cinco magistrados que integran la Secci¨®n Quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) marcan, a su pesar, la agenda p¨²blica. Aunque los nombres cambian con el tiempo, sus actuales integrantes son Mar¨ªa Fernanda Navarro, Jos¨¦ Francisco Sospedra, Pedro Luis Garc¨ªa, Eduardo Paricio y Manuel Santos. Todos ellos adoptan decisiones desde sus despachos en la Via Laietana -en un edificio alquilado a La Caixa donde penetra con facilidad el estruendo del tr¨¢fico- que tienen una especial trascendencia pol¨ªtica, social y econ¨®mica.

La raz¨®n de ese poder no buscado es fruto del reparto de materias entre las cinco secciones de la sala -en total suma 26 magistrados- que decide sobre los recursos que ciudadanos, empresas y entidades presentan contra la administraci¨®n. La lista de tareas es inmensa, pero en resumen la Primera se encarga de tributos; la Segunda, de medio ambiente y urbanismo; la Tercera, de trabajo, salud y seguridad social; la Cuarta, de funci¨®n p¨²blica; y la Quinta, de una ristra de asuntos (farmacia, turismo, comercio, juegos y espect¨¢culos) con una coletilla final que es clave: ¡°Resto de materias¡±.

Esa expresi¨®n, ¡°resto de materias¡±, convierte a la Secci¨®n Quinta en una suerte de caj¨®n de sastre adonde llegan asuntos que, aunque son m¨ªnimos en n¨²mero (una tercera parte de los esfuerzos de la sala se dedican a tributos), tienen una gran repercusi¨®n. Javier Aguayo, presidente de la sala de lo contencioso-administrativo, asume que los conflictos que gestiona la secci¨®n generan m¨¢s impacto medi¨¢tico y, tambi¨¦n, m¨¢s ¡°estr¨¦s social¡±, un ruido del que los magistrados tratan de aislarse. ¡°Resolvemos sobre la actuaci¨®n de las administraciones con criterios jur¨ªdicos, no de oportunidad. La ley proh¨ªbe pronunciarnos sobre aspectos en los que hay discrecionalidad; no podemos, por ejemplo, decidir si en una v¨ªa hay que ir a 60 u 80 kil¨®metros por hora¡±, explica Aguayo preguntado por las voces que acusan al tribunal de cruzar los l¨ªmites de la divisi¨®n de poderes y discurrir por los derroteros de la pol¨ªtica.

Hace unos d¨ªas, tras conocer la sentencia sobre la ZBE -una de las m¨¢s ambiciosas de Europa, con casi 100 kil¨®metros cuadrados- la teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, Janet Sanz, apunt¨® al tribunal. ¡°La sentencia incorpora m¨¢s elementos pol¨ªticos e ideol¨®gicos que jur¨ªdicos¡±, dijo. La resoluci¨®n concluye que la ordenanza aprobada por el consistorio no se ajusta a derecho, pero no cuestiona la necesidad de actuar contra la contaminaci¨®n.

Sin aludir al caso particular de los veh¨ªculos contaminantes, Aguayo explica que, en ocasiones, la administraci¨®n incumple tr¨¢mites que, en caso de ser recurridos por alguna parte, provocan la nulidad de esos actos. Y esa nulidad tiene consecuencias que, a veces, son gigantes. Admite el magistrado que existe un debate jur¨ªdico interno en el seno del Tribunal Supremo sobre cu¨¢les deben ser los efectos de una resoluci¨®n declarada nula cuando se trata solamente de defectos de forma.

La sentencia sobre el catal¨¢n, dictada por la Secci¨®n Quinta en diciembre de 2020, tambi¨¦n levant¨® ampollas. Cuando el Tribunal Supremo la declar¨® firme el pasado enero, el president Pere Aragon¨¨s critic¨® que los magistrados no se limitaron a rechazar tal o cual medida sino que ¡°entr¨® a legislar sobre porcentajes¡±. La sentencia, que est¨¢ pendiente de ejecuci¨®n -algunas entidades ya lo han pedido- establece un m¨ªnimo del 25% de castellano, pero no dice cu¨¢l debe ser el porcentaje a aplicar o las medidas que debe adoptar la administraci¨®n. En otras comunidades aut¨®nomas, los asuntos de Educaci¨®n son ¡°una materia absolutamente residual¡±, dice Aguayo. En Catalu?a, en cambio, la pugna jur¨ªdica por el uso de lenguas oficiales hace que se haya convertido en un asunto central tambi¨¦n para la Secci¨®n Quinta.

Aunque Aguayo no pertenece a esa secci¨®n, presidi¨® el tribunal que adopt¨® ambas decisiones (ZBE y catal¨¢n). La normativa prev¨¦ que el presidente de la sala de lo contencioso-administrativo est¨¢ presente en asuntos de especial relevancia pol¨ªtica y social. Por el mismo motivo, Aguayo tambi¨¦n particip¨® en la decisi¨®n de mantener la convocatoria electoral del 14 de febrero de 2021 para garantizar el derecho al voto. Lo anulado es de nuevo un acto administrativo (el decreto del Govern que suspend¨ªa los comicios), pero las consecuencias van mucho m¨¢s all¨¢.

En el ¨¢mbito contencioso, la justicia es rogada, o sea a petici¨®n de las partes. En la ZBE, los recurrentes fueron gremios vinculados al motor y asociaciones de transportistas. En el catal¨¢n, el Ministerio de Educaci¨®n del PP. Y en la suspensi¨®n del 14-F, partidos pol¨ªticos y particulares. Aguayo admite que ¡°la judicializaci¨®n de la pol¨ªtica es un fen¨®meno recurrente¡± que ha contribuido a dar protagonismo a las decisiones de la sala que preside. ¡°Era siempre un ¨¢mbito desconocido frente al penal, que siempre ha tenido m¨¢s visibilidad¡±, dice Aguayo,que tambi¨¦n ve en esa mayor conflictividad un aspecto positivo de avance democr¨¢tico. ¡°Los ciudadanos tienen cada vez m¨¢s capacidad para cuestionar las decisiones de la administraci¨®n y acuden a los tribunales¡±.