Las dificultades del Ministerio de Educaci¨®n para hacer cumplir el 25% de castellano: solo dos inspectores y competencias limitadas

La Alta Inspecci¨®n del Estado es la encargada de vigilar que las escuelas catalanas apliquen la sentencia del 25% de castellano. Pero el Ministerio de Educaci¨®n no lo va a tener f¨¢cil para realizar esta supervisi¨®n: tiene que lidiar con problemas t¨¦cnicos (solo cuenta con dos inspectores en Catalu?a), competenciales (no pueden entrar en los colegios) y pol¨ªticos (no abrir nuevos frentes con sus socios de ERC). Con este panorama, el Gobierno central ha optado por un perfil bajo y sin prisas para hacer que se cumpla la sentencia, y de hecho as¨ª lo solicit¨® al tribunal hace unos d¨ªas. Por todo ello, en la comunidad educativa catalana hay serias dudas de que en el escaso mes y medio de curso pendiente se vea alg¨²n cambio en el modelo educativo.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) emiti¨® este lunes una resoluci¨®n que insta a la Generalitat a ejecutar ¡ªen un plazo de 15 d¨ªas¡ª la sentencia que obliga a aplicar un 25% de castellano en las aulas de todos los centros educativos catalanes, lo que se traduce en una asignatura m¨¢s en esta lengua. Asimismo, el tribunal exige a la Alta Inspecci¨®n del Estado que ¡°verifique¡± su cumplimiento, pero concede al Govern ¡°libertad¡± para elegir c¨®mo hacerlo. El Govern ya ha anunciado un recurso de s¨²plica en el que pedir¨¢ tambi¨¦n, como medida cautelar, la suspensi¨®n de este plazo.

¡°Las sentencias est¨¢n para cumplirlas y los pronunciamientos de los tribunales han de acatarse¡±, asegur¨® este martes la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodr¨ªguez, quien al mismo tiempo subray¨® que las lenguas cooficiales suponen una ¡°riqueza cultural¡± del pa¨ªs, y que no deben ser usadas ¡°como una fuente de enfrentamiento, ni como arma arrojadiza entre unos y otros¡±. ¡°La Alta Inspecci¨®n actuar¨¢ dentro de sus competencias y la jurisprudencia para dar cumplimiento al mandato del tribunal¡±, afirm¨® ayer un portavoz del Ministerio de Educaci¨®n. El h¨¢ndicap es ver c¨®mo lo hace. El ¨¢rea que preside Pilar Alegr¨ªa debe lidiar, en primer lugar, con limitaciones legales.

El Tribunal Constitucional se?al¨® en 2018 ¡ªprecisamente a ra¨ªz de un recurso de la Generalitat contra la Ley Wert¡ª que ¡°corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos ling¨¹¨ªsticos en el sistema educativo, pero tambi¨¦n que tal funci¨®n ha de desplegarse sin desbordar las competencias¡± de las comunidades. Asimismo, la sentencia del TC recordaba que la funci¨®n de la Alta Inspecci¨®n se centraba en ¡®¡¯la correcta interpretaci¨®n de las normas estatales¡±, que su papel era de ¡°vigilancia, pero no un control gen¨¦rico¡± y que no pod¨ªa sustituir los mecanismos auton¨®micos, como el cuerpo de inspectores de la Generalitat. Con estos argumentos, el TC consideraba que la intenci¨®n del anterior ministro Jos¨¦ Ignacio Wert de usar la Alta Inspecci¨®n para comprobar la escolarizaci¨®n en castellano de aquellos alumnos que lo ped¨ªan de forma administrativa (no judicial) ¡°desbordaba¡± las funciones del cuerpo estatal.

Otra limitaci¨®n que debe afrontar el ministerio es que solo cuenta con dos inspectores en Catalu?a que deben supervisar unos 5.000 centros educativos. Aunque estos inspectores no pueden entrar en los colegios, ¡°s¨ª pueden pedir informes¡±, indican fuentes ministeriales. Falta por ver si Educaci¨®n se decide a usar a los inspectores de la Generalitat para estas tareas de supervisi¨®n.

Una batalla aplazada a septiembre

El tercer problema es m¨¢s pol¨ªtico, con ERC presionando al Gobierno para que no solicite la ejecuci¨®n de la sentencia ni haga ning¨²n movimiento que acelere los plazos. Las relaciones entre el Gobierno y Esquerra ya est¨¢n muy enrarecidas por el caso del espionaje a l¨ªderes independentistas por parte del CNI y por una mesa de di¨¢logo encallada, que no permite al Govern poner a debate sus reclamaciones y aspiraciones soberanistas.

En todo caso, el ministerio, a trav¨¦s de la Abogac¨ªa del Estado, debe presentar un escrito ante el tribunal abundando la f¨®rmula que emplear¨¢ para supervisar el cumplimiento de la sentencia. Pero de momento se muestran expectantes para ver qu¨¦ decide el tribunal sobre el recurso de la Generalitat y fuentes ministeriales aseguran que no lo presentar¨¢n hasta que esto se resuelva. Con todo, el plazo para ejecutar la sentencia finaliza el 30 de mayo, a tres semanas del fin de curso y en plena ¨¦poca de jornada intensiva en la p¨²blica, de ex¨¢menes y evaluaciones. Ello hace prever que la batalla por el 25% se traslade a septiembre.

Mientras, ERC, PSC y En Com¨² Podem urgieron a Junts a firmar ya la reforma de ley de pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica que considera por primera vez al castellano como lengua de ¡°aprendizaje¡±. Los tres grupos creen que con la reforma se puede barrar el paso a la aplicaci¨®n del 25% y que da respuesta a la petici¨®n de los tribunales. Los comunes querr¨ªan forzar ya la votaci¨®n, pero ERC y el PSC prefieren que el pacto salga reforzado y fijarla para el pleno del d¨ªa 24. El S¨ªndic de Greuges difundi¨® un comunicado en el que rechaz¨® que los jueces puedan determinar el modelo educativo.

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